TA CAQ - 18001333300120190006401-(14-09-2022)
Detalles
- Título
- TA CAQ - 18001333300120190006401-(14-09-2022)
- Autor
- Tribunal Administrativo del Caquetá
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
-Sala Primera de DecisiónMAGISTRADO PONENTE: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE
Florencia, catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2.022)
SENTENCIA N° 148
Expediente No. 18 001 33 33 001 2019 00064-01
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Elizabeth Huergo Pérez Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPAsuto: Reconomiento y pago pensión gracia.
Decide la Sala Primera de Decisión el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida el día 16 de diciembre de 2.020 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1.
La señora ELIZABETH HUERGO PÉREZ , por intermedio de apoderad o judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Unidad Administrativa Especial de G estión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), con el fin de que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Resolución No. RDP 043860 del 25 de noviembre de 2.016 , por medio de la
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), con el fin de que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Resolución No. RDP 043860 del 25 de noviembre de 2.016 , por medio de la cual se n egó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora
ELIZABETH HUERGO PÉREZ.
Resolución No. RDP 005627 del 15 de febrero de 2.017, por medio de la cual se res olvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior.
Resolución No. RDP 008674 del 6 de marzo de 2.017 , mediante la cual se resolvió el recurso de apelación y se confirm ó en todas sus partes la resolución 043860 del 25 de noviembre de 2.016.
Como restablecimiento del derecho, solicit ó se condene a la entidad demandada a reconocer y cancelar la pensión gracia de jubilación en cuantía del 75% del promedio devengado por concepto de salarios y demás factores salariales en el año de
1 Estante digital. Archivo en PDF N° 01. Exp. Electrónico.Expediente No. 18 001 33 33 001 2019 00064-01
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: ELIZABETH HUERGO PÉREZ Demandado: UGPP Asuto: Reconomiento y pago pensión gracia.
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servicios inmediatamente anterior al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios.
Al igual que sobre las sumas adeudadas, se incorporen los ajustes de valor conforme
Asuto: Reconomiento y pago pensión gracia.
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servicios inmediatamente anterior al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios.
Al igual que sobre las sumas adeudadas, se incorporen los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor, o al por mayor, como lo autoriza el artículo 187 del C.P.A.C.A.; y se condene a la UGPP a que dé cumplimiento a la sentencia de acuerdo con el artículo 192 del C.P.A.C.A., se la condene en costas y en agencias en derecho.
Como sustento fáctico , se afirmó que la señora ELIZABETH HUERGO PÉREZ cumplió 50 años de edad el 20 de abril de 2.009 y prestó durante más de 20 años sus servicios al Estado en el ramo de la docencia oficial territorial, razón por la cual cumple con todos los requisitos de tiempo y edad para que se le reconozca la pensión gracia; que, en razón a ello, presentó derecho de petición ante la UGPP, entidad que se pronunció de manera desfavorable a trav és de cada una de las resoluciones acusadas.
Como normas violadas, se expuso las siguientes:
- De la Constitución Política, Artículos 2, 48 y 53. - De la Ley 114 de 1.913, artículos 1, 3, y 4. - Ley 37 de 1.993. - De la Ley 116 de 1.928, artículos 3 y 6. - Ley 43 de 1.975. - Y de la ley 91 de 1.989 el artículo 15 numeral segundo e inciso primero del artículo 1.
Como sustento del concepto de violación, se adujo que conforme a la Ley 114 de
- Ley 43 de 1.975. - Y de la ley 91 de 1.989 el artículo 15 numeral segundo e inciso primero del artículo 1.
Como sustento del concepto de violación, se adujo que conforme a la Ley 114 de 1.913, artículos 11 y 4 numeral 6, la demandante sí tiene derecho a la pensión gracia, toda vez que cumple con todos los requisitos exigidos.
Que las razones por las cuales la entidad demandada niega el derecho prestacional no son otras más que el señalar un incumplimiento de los requisitos, lo cual no es cierto, incurriendo en error al utilizar evasivas para desestimar las certifi caciones laborales que dan cuenta -conforme a sus nombramientos - de su vinculación departamental y municipal; incurriéndose así en falsa motivación en la expedición de cada uno de los actos acusados
Se indicó que conforme a la sentencia unificada del Consejo de Estado de fecha 21 de junio de 2.018, los docentes nombrados por entidades territoriales, financiados en su momento con recursos del situado fiscal (posteriormente denominado Sistema General de Participaciones), en cuya vinculación haya intervenido el Fondo Educativo Regional (FER) sí tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Que, en consecuencia, para acceder a la pensión gracia, además del cumplimiento de la edad, es menester que el interesado acredite los requisitos expresamente señalados en el artículo 4 de la ley 114 de 1.993, requisitos que cumple a cabalidad.
1.2. Contestación de la demanda2.
2 Ídem.Expediente No. 18 001 33 33 001 2019 00064-01
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
1.2. Contestación de la demanda2.
2 Ídem.Expediente No. 18 001 33 33 001 2019 00064-01
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Demandante: ELIZABETH HUERGO PÉREZ Demandado: UGPP Asuto: Reconomiento y pago pensión gracia.
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En oportunidad, la entidad demandada presentó escrito oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, aduciendo que los actos administrativos acusados se ajustan a derecho , siendo respetuosos de las normas que regulan la pensión gracia.
Como razones de defensa manifestó que la demandante solo acredit ó tener vinculación territorial o nacionalizada por un lapso de 5 años, 9 meses y 16 días, ya que su vínculo laboral desde el 1 de septiembre de 1.993 hasta la fecha de presentación de la demanda es de carácter NACIONAL, por lo que no cumple con el requisito de los 20 años de servicios como lo exigen las leyes aplicables a la pensión gracia.
Adujo que en el certificado no se especifica el tipo de vincu lación en los años comprendidos entre 1979 y 1980, toda vez que no se hace mención a si es de carácter distrital, departamental, municipal o nacionalizado; sumado a ello, los actos de nombramiento emanan de la Intendencia Nacional del Caquetá, la cual tien e adscripción al orden nacional, por lo que dichos tiempos valdrían como tiempos del orden nacional, no siendo viable, por lo tanto, el reconocimiento de la pensión gracia.
Lo anterior, por cuanto en el expediente pensional obra certificado de fecha 3 de
adscripción al orden nacional, por lo que dichos tiempos valdrían como tiempos del orden nacional, no siendo viable, por lo tanto, el reconocimiento de la pensión gracia.
Lo anterior, por cuanto en el expediente pensional obra certificado de fecha 3 de noviembre de 2.015, expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá, en el cual se consignó que la interesada fue nombrada mediante decreto 586 de 1.971, a partir del 16 de abril de esa anualidad y hasta el 12 de febrero de 1.981, con vinculación NACIONALIZADA; así mismo, obra certificado de información laboral de fecha 30 de septiembre de 2.015, expedido por la Secretaría de Educación Municipal de Florencia, en la que se hizo constar que la demandante fue nombrad a mediante resolución N° 18133 del 13 de octubre de 1.980 desde el 14 de noviembre de 1.980 al 17 de noviembre de 2.013, con vinculación del orden NACIONAL.
Adujo que, una vez verificado el decreto de nombramiento de la docente, se observó que la designación se hizo a través del ente territorial, previa orden del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, razón por la cual la Secretaría de Educación del Caquetá hizo constar en los diferentes certificados que, en efecto, su vinculación era nacional, por lo que no le asistía el derecho reclamado.
Como excepciones, propuso la inexistencia de la obligación, la ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, la prescripción y la innominada.
1.3. Sentencia de primera instancia3.
Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2.020, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, decidió:
1.3. Sentencia de primera instancia3.
Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2.020, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, decidió:
PRIMERO. – DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones RDP 043860 del 25 de Noviembre de 2016, RDP 005627 del 15 de Febrero de 2017, y RDP 008674 del 06 de Marzo de 2017, suscritas por el Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales UGPP y el Director Pensiones UGPP, respectivamente, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia como consecuencia de la ausencia de cómputo total de los tiempos laborados por la demandante al servicio de la educación.
3 Estante digital. Archivo en PDF N° 15. Exp. Electrónico.Expediente No. 18 001 33 33 001 2019 00064-01
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Demandante: ELIZABETH HUERGO PÉREZ Demandado: UGPP Asuto: Reconomiento y pago pensión gracia.
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SEGUNDO. – DECLARAR probada la excepción de prescripción, respecto de las sumas que resulten del reconocimiento de la pensión de gracia al demandante, con anterioridad al 11 de julio de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. – Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, CONDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
TERCERO. – Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGGP - a reconocer, liquidar y pagar la pensi ón gracia a la señora ELIZABETH HUERGO PÉREZ, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, con efectos fiscales a partir del 11 de julio de 2013.
Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia, teniendo en cuenta la prescripción del numeral segundo.
CUARTO. – CONDENAR en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho establézcase el 4% de las pretensiones reconocidas. Por secretaría dese el trámite previsto en el artículo 366 del C.G.P.
(…)”.
Para arribar a tal conclusión, consideró la jueza, luego de referir el marco normativo aplicable a los docentes para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, que le asistía el derecho que reclama la demandante, toda vez que el vínculo nacional, nacionalizado o territorial de los docentes no está dete rminado por el origen de los recursos destinados a cubrir las acreencias laborales, según se advierte del artículo 1° de la ley 91 de 1989 ; que, contrario a ello, la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado fijó como aspecto relevante la acreditación de la plaza a ocupar,
1° de la ley 91 de 1989 ; que, contrario a ello, la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado fijó como aspecto relevante la acreditación de la plaza a ocupar, es decir, que sea de carácter nacional o territorial , encontrando probado en el plenario que la señora HUERGO PÉREZ inició su servicio a la educación a través del decreto No 0068 de 1 .979, suscrito por el Intendente Nacional y Secretario de Educación Departamental de Caquetá ; que posteriormente continuó vinculada mediante decreto No. 1914 de 1.993, suscrito por el Gobernador del Departamento del Caquetá y el Secretario de Educación y Cultura del mismo.
Que conforme lo dispuso el Consejo de Estado en el pronunciamiento de unificación, la prueba de calidad de docente territorial corresponde a los actos administrativos donde conste el vínculo y en los demás donde se pueda “establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales” o, en su defecto, con la certificación de la autoridad nominadora que en forma inequívoca señale el tipo de vinculación.
Halló que el nombramiento de la educadora se expidió por la entidad departamental a través del gobernador y el secretario de educación, para desempeñarse como docente en el municipio de Curillo, siendo, por tanto, la plaza a ocupar del orden territorial, medio de convicción principal para acreditar la calidad de docente territorial, destacando que el vínculo nacional, nacionalizado o territorial de los docentes no está determinado por el origen de los recursos destinados a cubrir las acreencias derivadas, según se advierte del artículo 1° de la Ley 91 de 1989 ,
territorial, destacando que el vínculo nacional, nacionalizado o territorial de los docentes no está determinado por el origen de los recursos destinados a cubrir las acreencias derivadas, según se advierte del artículo 1° de la Ley 91 de 1989 , contrario a lo cual la jurisprudencia de unificación fijó como aspecto relevante la acreditación de la plaza a ocupar, es decir, que sea de carácter nacional o territorial.Expediente No. 18 001 33 33 001 2019 00064-01
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Demandante: ELIZABETH HUERGO PÉREZ Demandado: UGPP Asuto: Reconomiento y pago pensión gracia.
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Concluyendo así que el extremo activo probó plenamente los requisitos necesarios para acceder a la prestación deprecada, como son el haber prestado sus servicios como docente en Instituciones de Educación Departamental , por más de 20 años, estar vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 (19 de febrero de 1 .979), tener cincuenta años de edad al 20 de abril de 2.009 y observar una buena conducta en su desempeño como docente.
En consecuencia, procedió a describir los tiempos laborados por la demandante en días, a fin de calcular que estos cubrieran el período de 20 años equivalentes a 7.200 días, reflejado así: del 19 de febrero de 1.979 al 4 de diciembre de 1.984 (5 años 9 meses 16 días = 2111 días) y del 1 de septiembre de 1.993 al 23 de septiembre de 2.015 (22 años 0 meses 23 días = 8053 días); señalando, finalmente, que la actora
meses 16 días = 2111 días) y del 1 de septiembre de 1.993 al 23 de septiembre de 2.015 (22 años 0 meses 23 días = 8053 días); señalando, finalmente, que la actora consolidó su derecho a la pensión gracia el 8 de agosto de 2 .007 -fecha en la cual se cumpl ieron los 7 .200 días -. Sin embargo, encontró probada la excepción de prescripción extintiva de las mesadas pension ales causadas con anterioridad al 11 de julio de 2.013, puesto que la reclamación aconteció el 11 de julio de 2.016.
1.4. Recurso de apelación4
La entidad demandada instauró recurso de apelación oportunamente, indicando que no está de acuerdo con el pronunciamiento realizado por el despacho al manifestar que el certificado de tiempo de servicio expedido por la entidad nominadora, allegado por la demandante e n la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia ante la entidad como en el proceso, “no da cuenta de manera inequívoca del tipo de vinculación como quiera que la indicación nacional no concuerda con los criterios previstos para categorizar a los doce ntes”, cuando lo cierto es que se trata de un documento expedido por autoridad pública competente, expedido con las solemnidades exigidas por la ley, que también ha sido soporte fundamental para el reconocimiento de la pensión gracia de muchos docentes, al haber indicado que el tipo de vinculación era nacionalizado; para que ahora el despacho de primera instancia indique que el certificado tiempo de servicio no es un documento idóneo.
Refirió que si bien en la sentencia de primera instancia se indicó que la demandante empezó a laborar en un perí odo inicial desde el 19 de febrero de 1 .979 hasta el 4
Refirió que si bien en la sentencia de primera instancia se indicó que la demandante empezó a laborar en un perí odo inicial desde el 19 de febrero de 1 .979 hasta el 4 de diciembre de 1.984, esto es, antes del 31 de diciembre de 1.981, lo cierto es que existe un segundo período laborado desde el 1 de septiembre de 1 .993 hasta la fecha de certificación 23 de diciembre de 2.015 ; que, por consiguiente, desde la fecha final del primer período (04/12/198 4) a la fecha inicial del segundo período (01/09/1993) transcurrieron ocho (8) años y ocho (8) meses aproximadamente, para que la demandante empezara a laborar nuevamente como docente, por lo que no es descabellado que en el segundo período el tipo de vinculación fuera del orden NACIONAL, como se indicó en el certificado de tiempo de servicios.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, por expresa disposición del artículo 153 del CPACA .
2.2. Problema Jurídico.
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Demandante: ELIZABETH HUERGO PÉREZ Demandado: UGPP Asuto: Reconomiento y pago pensión gracia.
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Conforme a los argumentos de la alzada, c orresponde a la Sala determinar si, efectivamente, la señora ELIZABETH HUERGO PÉREZ cumple con los requisitos
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Conforme a los argumentos de la alzada, c orresponde a la Sala determinar si, efectivamente, la señora ELIZABETH HUERGO PÉREZ cumple con los requisitos exigidos por las disposiciones legales pertinentes para tener derecho a que la UGPP le reconozca, liquide y pague una pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la ley 114 de 1.913 y demás normas que regulan dicha prestación.
De la respuesta anterior dependerá que la sentencia objeto de alzada sea modificada, revocada o confirmada.
2.3. Marco legal y jurisprudencial de la pensión gracia.
Sobre los aspectos generales de la pensión gracia, precisó el Consejo de Estado en sentencia de fecha 28 de junio de 2.0125, lo siguiente:
“La Ley 114 de 1913 consagró en favor de los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales el derecho a devengar una pensión vitalicia de jubilación, previo cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicios y calidades personales previstos en la misma. Entre los aspecto s regulados por esta disposición se encuentran los relativos a la prestación del servicio por un término no menor de 20 años, las condiciones especiales en materia pensional sobre la cuantía y la posibilidad de acumular servicios prestados en diversas épocas.
(…)
Posteriormente se expidió la Ley 116 de 1928, que en su artículo 6º estableció lo siguiente:
“Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la pensión de jubilación en los términos que contempla la
siguiente:
“Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la pensión de jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas tanto en el campo de la enseñanza primaria como normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.”.
Por su parte la Ley 37 de 1933, en su artículo 3º, inciso segundo, dispuso:
“Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados en la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.”. Por último, el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 preceptúa: “Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.”.
De los antecedentes normativos precitados se infiere que la pensión gracia no puede limitarse a los maestros de escuela s primarias oficiales, como se concibió en un
ésta a cargo total o parcial de la Nación.”.
De los antecedentes normativos precitados se infiere que la pensión gracia no puede limitarse a los maestros de escuela s primarias oficiales, como se concibió en un principio, sino que ella cobija a aquellos que hubieren prestado servicios como
5 Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILAExpediente No. 18 001 33 33 001 2019 00064-01
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Demandante: ELIZABETH HUERGO PÉREZ Demandado: UGPP Asuto: Reconomiento y pago pensión gracia.
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empleados y profesores de escuela normal, o inspectores de instrucción pública o profesores de establecimientos de enseñanza secundaria, siempre que la vinculación sea de carácter municipal, departamental o regional.”
En ese entendido, tienen derecho a la pensión gracia: (i) los docentes que fueron vinculados antes del 31 de diciembre de 1.980, siempre y cuando tengan 50 años de edad y 20 años de servicio, continuos o discontinuos ; (ii) los profesores de primaria (ley 114/13), los profesores y empleados de las escuelas normales y los inspectores de instrucción que hayan laborado en instituciones de carácter municipal o departamental (ley 116/28); (iii) los maestros que hayan completado los años de servicio señalados por la ley, en estableci mientos de enseñanza secundaria , entendida esta, a nivel territorial, en virtud de la Ley 37 de 1.933, artículo 3º.
Posteriormente, el Consejo de Estado mediante sentencia de fecha 21 de junio de
entendida esta, a nivel territorial, en virtud de la Ley 37 de 1.933, artículo 3º.
Posteriormente, el Consejo de Estado mediante sentencia de fecha 21 de junio de 2.0186 unificó jurisprudencia en materia del reconocimiento de la pensión gracia, haciendo las siguientes precisiones:
“El propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asig naciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.”
Y frente a los requisitos para el reconocimiento de esta pensión, indicó que:
“Para el reconocimiento y pago pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.”
Frente a la clasificación del personal docentes, realizó la siguiente distinción:
“El artículo 1.º de la Ley 91 de 1 .989, categoriza y define a los docentes oficiales de la siguiente manera:
- Personal nacional . Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional.
- Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
oficiales de la siguiente manera:
- Personal nacional . Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional.
- Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
- Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
La importancia de la anterior cla sificación radica en que se constituye en el punto de partida de la Administración y los jueces de esta jurisdicción para
6 Sección Segunda, MP CARMELO PERDOMO CUÉTER, radicación número: 25000 -23-42-000-2013-0468301(3805-14) CE-SUJ2-011-18Expediente No. 18 001 33 33 001 2019 00064-01
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Demandante: ELIZABETH HUERGO PÉREZ Demandado: UGPP Asuto: Reconomiento y pago pensión gracia.
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evaluar si el docente interesado tiene derecho o no al reconocimiento de la pensión gracia.
En cuanto al personal nacional la regla es clara. Tanto el marco jurídico que rige la aludida prestación como la doctrina legal en la materia son explícitos en advertir que los docentes nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo laborado en esa condición no se puede computar con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial.
en advertir que los docentes nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo laborado en esa condición no se puede computar con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial.
Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes del 1.º de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse po r personal territorial el vinculado por entidades de ese orden a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.”
Y recientemente el Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S22021 de fecha 11 de agosto de 2022, de forma clara y precisa , estableció que el docente que pretenda el reconocimiento de la pensión gracia deberá acreditar una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1 .980 y cumplir con los demás requisitos estab lecidos para su reconocimiento. Para ello señaló la siguiente:
“2.5. Regla de unificación:
86. Con fundamento en los análisis precedentes, la Sección Segunda del Consejo de Estado fija la siguiente regla de unificación en cuanto al entendimiento que debe
reconocimiento. Para ello señaló la siguiente:
“2.5. Regla de unificación:
86. Con fundamento en los análisis precedentes, la Sección Segunda del Consejo de Estado fija la siguiente regla de unificación en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de
reconocer la pensión gracia de jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con l os demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.”
No obstante, y previo a llegar a dicha conclusión, explicó in extenso el CONTEXTO HISTÓTICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA , el cual la Sala transcribirá al hallarlo necesario a efectos de dilucidar en mejor forma y ajustado a derecho el objeto del presente litigio; a saber:
“2.3. Contexto histórico de la educación en Colombia.
23. La Sala estima oportuno hacer un recuento histórico de la forma en que se ha regulado el servicio educativo en Colombia, con el ánimo de contextualizar el objeto de estudio de la presente providencia. Para el efecto, se demarcarán tres etapas, de acuerdo con la fecha de entrada en vigencia de las normas que definieron cada período como se expone a continuación.Expediente No. 18 001 33 33 001 2019 00064-01
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: ELIZABETH HUERGO PÉREZ
Demandado: UGPP
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Demandante: ELIZABETH HUERGO PÉREZ Demandado: UGPP Asuto: Reconomiento y pago pensión gracia.
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✓ Primera etapa. Del 1 de enero de 1904 al 31 de diciembre de 1975. Es oportuno recordar que en este lapso se expidió la Ley 114 de 1913, que creó la pensión gracia objeto de análisis.
24. Durante esta etapa rigió la Ley 39 de 19037 y dispuso que la educación oficial primaria estaría a cargo de los departamentos y la secundaria de la nación; sin embargo, se precisó que los departamentos y municipios que dispusieran de recursos suficientes podrían sostener establecimientos de enseñanza secundaria. También se advirtió que «[e]s obligación de los Municipios suministrar local y mobiliario para el funcionamiento de las Escuelas urbanas y rurales. Los Concejos municipales apropiarán las sumas necesarias para ello».
25. Durante este período el servicio educativo se pagaba con recursos propios de los entes territoriales, pero ello implicaba dificultades porque aquellos no contaban con los dineros suficientes para atender los gastos que se estaban generando. Como consecuencia, se expidió la Ley 111 de 1960 con el fin de prescribir qu
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