TA CAQ - 18001333300220170060601-(31-08-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, agosto treinta y uno (31) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Onofre Pérez Ramos y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00606-01

Tema: Lesiones de civil por riña. Abuso de autoridad por parte de miembros de la Policía

Nacional.

Acta número 62.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Onofre Pérez Ramos, Anyela Marcela Pérez Rojas, Edilia Lozano Aldana, Brayan Stiven y Angie Paola Pérez Lozano, Marlon Julián y Gina Paola Pérez Rojas , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 Expediente digitalizado, archivo 2, pág. 111.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Onorfe Pérez Ramos y otros

Administrativo, solicitaron que:

1 Expediente digitalizado, archivo 2, pág. 111.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es responsable de los perjuicios causados a los demandantes por las lesiones sufridas por Onofre Pérez Ramos causadas por agentes de la Policía Nacional en los hechos ocurridos el 6 de junio de 2015.

1. Se condene a la entidad demandada a pagar las siguientes sumas:

a. Perjuicios morales. A cada uno de los demandantes 50 SMLMV.

b. Daño a la salud. A favor de Onofre Pérez Ramos, 50 SMLMV.

c. Materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de Onofre Pérez Ramos los salarios dejados de devengar desde la causación del daño hasta el cumplimiento de la edad de vida probable, con base en el salario mínimo y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que determine la Junta Médica Laboral. Además, que se tenga en cuenta la suma de $614.765 que equivale a 25 días de incapacidad médico legal.

1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

y 195 del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El 6 de junio de 2015, aproximadamente a las 4:00 p.m., Onofre Pérez se encontraba departiendo en el establecimiento «Bar Nicaragua» ubicado en el Municipio de San Vicente del Caguán, cuando e l señor Wilson Ramírez le lanzó un envase en una mesa, razón por la cual se inició una discusión, «momento en el que el mencionado sujeto desenfundó un arma de fuego y le dispara a Onofre Pérez Ramos en dos (2) ocasiones sin lograr impactarlo».

1. Al lugar llegaron 2 miembros de la Policía Nacional y Onofre Pérez empuñó un arma blanca. El señor Wilson Ramírez emprendió huida disparando en contra de los agentes de la Policía Nacional.

1. Entre el intercambio de disparos, el subintendente Wilson Audor Romero recibió un disparo, mientras Onofre Pérez continuó la persecución y, al percatarse de que elSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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agresor se lanzó al río y se le acabó la munición, decidió capturarlo y, al atraparlo, le propinó 3 puñaladas, pero el sujeto logró escapar nadando río abajo.

1. Cuando regresó a su casa, frente al restaurante El Rincón Huilense, fue abordado por

propinó 3 puñaladas, pero el sujeto logró escapar nadando río abajo.

1. Cuando regresó a su casa, frente al restaurante El Rincón Huilense, fue abordado por una patrulla de policía. Los agentes lo golpearon con culatas de fusil, patadas y puños, igualmente, lo insultaron y amenazaron.

1. Onofre Pérez fue subido a la patrulla y llevado a la Estación de Policía, donde continuó siendo objeto de agresiones verbales y físicas, pues lo acusaban del homicidio del subintendente Wilsen Audor Romero. Estuvo retenido hasta las 2:00 a.m., tiempo en el que no le permitieron recibir visitas, ropa o comida.

1. En el libro de minuta de población no se registró la detención ni posterior salida de Onofre Pérez de la Estación de Policía.

1. En la historia clínica, se consignó que padecía hematuria a estudio, trauma lumbar, lesión por agre sión. Por tanto, fue remitido a un centro hospitalario de mayor complejidad.

1. Como consecuencia de la agresión recibida por parte de los agentes de policía, Onofre Pérez sufrió un trauma craneoencefálico que le dejó como secuela cefalea intensa postraumática. Así mismo, sufrió fractura de los huesos de la nariz y trauma renal, politraumatismo por golpes múltiples. Por ello estuvo incapacitado 25 días.

1.1.3. Imputación al Estado.

Sostuvieron que «sin mediar una investigación ni estado flagrancia, [los uniformados] abusaron del uso de la fuerza, agrediendo física y verbalmente al señor Onofre Pérez

1.1.3. Imputación al Estado.

Sostuvieron que «sin mediar una investigación ni estado flagrancia, [los uniformados] abusaron del uso de la fuerza, agrediendo física y verbalmente al señor Onofre Pérez Ramos, incurriendo en vías de hecho en su actuación, por los acontecimientos del día seis (6) de junio de 2015».

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones, con fundamento en que «el accionante inicia una riña en un establecimiento público cuando se encontraba bajo la ingesta de licor, en la confrontación s e presentaron golpes y lanzamientos de botellas de vidrio entre estos, causándole lesiones al señor Onofre Pérez, de las cuales

2 Expediente digitalizado, archivo 2, pág. 141.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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quiere sacar provecho dentro de este medio de control, atribuyéndole a la Policía Nacional las contusiones y demás adquiridas en la disputa».

Aseguró que el material probatorio evidencia que para el 6 de junio de 2015 no se realizó ninguna captura por parte de los uniformados de la Estación de Policía ni por el personal de la UBIC de la SIJIN del Municipio de San Vicente del Caguán, pues los hechos iniciaron por una riña, en un enfrentamiento verbal y físico entre Onofre Pérez y Wilson Ramírez,

de la UBIC de la SIJIN del Municipio de San Vicente del Caguán, pues los hechos iniciaron por una riña, en un enfrentamiento verbal y físico entre Onofre Pérez y Wilson Ramírez, quienes se encontraban en estado de alicoramiento. Advirtió que para esa fecha, se llevan a cabo las fiestas de San Juan y San Pedro, por tanto, los servi cios de la Policía Nacional estaban concentrados en la zona céntrica donde se desarrollaban los desfiles.

Indicó que algunos habitantes que observaron la riña llamaron a los uniformados que se encontraban cerca del lugar, quienes llegaron y encontraron q ue las personas se encontraban golpeadas; «además, por esta disputa que genera el actor, fue la generadora de la muerte de un suboficiales de la Policía Nacional, quien intervino en la disputa, tratando de emplear la mediación con el único objetivo de evit arle una lesión mayor al señor ONOFRE PÉREZ RAMOS, quien no se encontraba en igualdad de armas; en el procedimiento perdió la vida el uniformad o». Por esto, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa.

Manifestó que del dicho del testigo y del demandante se establece que se generó una riña en el establecimiento de comercio y que fue lesionado por la disputa con Wilson Ramírez, lo que quiere decir que se expuso de forma imprudente al riesgo y contribuyó de manera decidida a su causación. Dijo que por esta razón se configuró el eximente de responsabilidad de hecho de la víctima.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 19 de mayo de 2020 , el Juzgado Segundo Administrativo de

responsabilidad de hecho de la víctima.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 19 de mayo de 2020 , el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia resolvió denegar las pretensiones de la demanda y no condenar en costas.

Encontró acreditado el daño, toda vez que Onofre Pérez Ramos presentó traumas y lesiones, según la historia clínica reportada por la Clínica Medilaser de Florencia, derivados de los hechos sucedidos el 6 de junio de 2015.

3 Archivo 3, pág. 2.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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En el juicio de imputación, relacionó las pruebas aportadas al plenario y arguyó que, en efecto, el 6 de junio de 2016 ocurrió una riña en el Bar Nicaragua del Municipio de San Vicente del Caguán entre los señores Onofre Pérez y Wilson Ramírez, quienes se encontraban en estado de alicoramiento, al punto de agredirse físicamente y enfrentarse con una navaja y un arma de fuego, por ello, la Policía Nacional compareció al lugar de los hechos y posteriormente, cuando iba camino a su residencia, se encontró con una patrulla que lo condujo a la estación para que declarara las circunstancias de hecho que conllevaron a la muerte de un uniformado.

No obstante lo anterior, dijo que el traslado a la estación de policía era únicament e con el

que lo condujo a la estación para que declarara las circunstancias de hecho que conllevaron a la muerte de un uniformado.

No obstante lo anterior, dijo que el traslado a la estación de policía era únicament e con el fin de que rindiera su declaración, pero en ningún momento los uniformados tuvieron alguna conducta agresiva o violenta en contra del demandante ni lo coaccionaron a rendir la versión libre, pues se acreditó que compareció voluntariamente , «quedando claro que en ningún momento dieron captura al actor, fue simplemente una conducción (…) para el esclarecimiento de los hechos».

Señaló que si bien el señor Onofre Pérez permaneció aproximadamente 7 horas en la estación de policía, ello obedeció a que e staba en estado de embriaguez y tuvieron que esperar a que cesara el efecto del licor.

Por lo anterior, coligió que las lesiones por las cuales demanda el señor Onofre Pérez Ramos no son atribuibles a la entidad demandada, toda vez que se dieron por circunstancias ajenas a la acción u omisión de la Policía Nacional, es decir, «fue producto de su propio actuar agresivo, violento e imprudente, al generar y ser partícipe de una riña, la cual trajo como consecuencia la muerte de un tercero, miembro de la policía, que si bien no la causó directamente él, sí fue producto de la disputa, en razón a que el uniformado intervino para evitar la contienda, y pese a ello, continuó con sus actos pendencieros y obstinados al perseguir a su contendiente hasta causarle varias puñaladas con la navaja que tenía como arma».

1.4. Recurso de apelación.4

obstinados al perseguir a su contendiente hasta causarle varias puñaladas con la navaja que tenía como arma».

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte demandante sostuvo que el a quo incurrió en graves errores de apreciación y valoración de las pruebas recaudadas, toda vez que le otorgó plena eficacia probatoria a los testimonios rendidos por los agentes de policía aunque no tienen la calidad de testigos presenciales de la riña ocurrida ni de la captura ilegal de Onofre Pérez.

4 Expediente digitalizado, archivo 4, pág. 21.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Dijo que la declaración del agente Wi lmer Leonardo Bernal Pérez no aporta ningún elemento que permita esclarecer la forma de ocurrencia d e los hechos; de otro lado, el agente Jhon Edinsson Camacho solo pudo observar a un sujeto portando un arma tipo revolver y a otro sujetando un arma blanca aunque a la par en ningún momento manifestó haber presenciado la riña, sino que se limitó a señalar que había visto sillas y botellas.

Frente al testimonio del agente William Niño Cárdenas, alegó que tampoco presenció la riña ni hizo parte de la patrulla que capturó ilegalmente al señor Onofre Pérez Ramos, por tanto, es un testimonio que no permite identificar el momento en el que el dema ndante sufrió las lesiones.

ni hizo parte de la patrulla que capturó ilegalmente al señor Onofre Pérez Ramos, por tanto, es un testimonio que no permite identificar el momento en el que el dema ndante sufrió las lesiones.

Sobre la minuta de guardia de la Estación de Policía de San Vicente del Caguán, dijo que, contrario a lo sostenido por los testigos, en esta se consignó que se encontraba en buenas condiciones de salud, lo que denota una contr adicción con el aserto de los agentes de policía, quienes manifestaron que Onofre Pérez estaba muy golpeado.

Respecto del video de la riña en el establecimiento de comercio , dijo que evidencia plenamente que la persona que empuñaba el revolver salió corriendo y fue perseguido por Onofre Pérez, quien portaba un arma blanca, mientras que el subintendente Audor se encontraba atrás de ellos y, al llegar al río, el primer sujeto disparó en contra del agente de policía y lo impactó en su rostro, mientras que el señor Pérez Ramos se lanzó al agua para perseguirlo sin éxito. Agregó que este tampoco revela que presentara algún tipo de lesión ni tampoco que haya recibido golpes con sillas o botellas.

Aseveró que se le restó credibilidad a la declaración de Marco Aurelio Llanos, aun cuando fue testigo presencial de las agresiones y captura ilegal de la fue víctima Onofre Pérez , pues vio que fue abordado por una patrulla de la Policía Na cional, «cuyos agentes procedieron a agredirlo físicamente, golpeándolo con las culatas de fusil y contra la camioneta, provocándole un abundante sangrado en su cara y cabeza, para luego ser empujado adentro del vehículo y llevado a otro lugar».

procedieron a agredirlo físicamente, golpeándolo con las culatas de fusil y contra la camioneta, provocándole un abundante sangrado en su cara y cabeza, para luego ser empujado adentro del vehículo y llevado a otro lugar».

También manifestó que Wilmer Imbachí fue testigo presencial del procedimiento de captura, pues al momento de su ocurrencia se encontraba en el restaurante para almorzar, por tanto, pudo observar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.5. Trámite de segunda instancia.5

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.

En auto del 16 de octubre de 2020, se resolvió admitir el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia (pág. 41).

1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante el auto proferido el 27 de octubre de 2020 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (pág. 45).

1.5.2.1. Parte demandante.6 Volvió sobre los argumentos de la apelación.

1.5.2.2. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.7

respectivamente (pág. 45).

1.5.2.1. Parte demandante.6 Volvió sobre los argumentos de la apelación.

1.5.2.2. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.7

Sostuvo que la parte actora indicó que había sufrido fractura del hueso de la nariz por el golpe con una culata de fusil de asalto, sin embargo, la culata mide 12.5 centímetros, lo que quiere decir que si así hubiese sido , se le habrían afectado todos los huesos de la región superior de la cara, debido a que estos se encuentran simétricamente en forma lineal, «un golpe como lo describe la parte act ora, adicionándole la velocidad y fuerza de la persona, el daño hubiese sido la destrucción del rostro, llegando hasta una posible pérdida de la córnea por ser una zona delicada del ojo». Dijo que, en todo caso, los funcionarios que ejercen la actividad de policía en el Municipio de San Vicente del Caguán no portan fusil galil, toda vez que su arma de dotación oficial es la pistola sig sauer 9mm.

Aseguró que el registro fílmico y los testigos dan cuenta de que no se realizó ningún tipo de captura por parte de los uniformados de la estación de policía, pues incluso, la parte actora sostiene en los hechos que el suceso inició por una riña en un cruce verbal y físico entre Onofre Pérez Ramos y Wilson Ramírez cuando estaban en estado de embriaguez. Por demás, citó las pruebas practicadas y reiteró lo consignado en la contestación de la demanda.

5 Expediente digitalizado, archivo 4. 6 Página 62. 7 Página 49.Sentencia de segunda instancia

demás, citó las pruebas practicadas y reiteró lo consignado en la contestación de la demanda.

5 Expediente digitalizado, archivo 4. 6 Página 62. 7 Página 49.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la ape lación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es extracontractual y patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes por la presunta captura ilegal y posteriores agresiones por parte de los uniformados el 6 de junio de 2015 después de que se presentara una riña entre Onofre Pérez y Wilson Ramírez en el establecimiento de comercio «Bar Nicaragua», donde falleció el subintendente Wilson Audor Romero.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la

subintendente Wilson Audor Romero.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y cuando se presenta el abuso de autoridad; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala - caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) el daño antijurídico y, ii) la imputación de este a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para,Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en dive rsas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica

jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en dive rsas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.8

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado9.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»10.

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades. Sobre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 en el expediente 37497 y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa,

C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 en el expediente 37497 y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atrib ución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo ese ncial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la

8 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes.

9 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 10 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, pre viendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. (Resaltado fuera de texto)

2.3.2. Responsabilidad del Estado por abuso de autoridad.

El artículo 218 de la Constitución Política prevé que la Policía Nacional «es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el

2.3.2. Responsabilidad del Estado por abuso de autoridad.

El artículo 218 de la Constitución Política prevé que la Policía Nacional «es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertados públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz».

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que esta institución tiene como fin el mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y en desarrollo de estas, la Policía Nacional «puede aplicar medidas preventivas y correctivas sujetas al principio de legalidad y cuando se encuentre ante situaciones que exigen una acción inmediata para contrarrestar las agresiones que ponen en peligro los derechos y bienes de las personas, su acción debe ajustarse a los estrictos pri ncipios de proporcionalidad y razonabilidad del uso de la fuerza»11.

En la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2012 con ponencia de la consejera Olga Mélida Valle de DE la Hoz (expediente 24729), la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo:

Los hechos debidamente probados indican la existencia de la falla administrativa en la prestación del servicio, por lo siguiente: antes de la ocurrencia del suceso, los jóvenes retenidos caminaban tranquilamente por las calles de Tierra Alta Córdoba, cuando fueron abordados por una patrulla policial, quienes prácticamente los obligan a subir a la patrulla policial, con destino desconocido donde son sometidos a una serie de abusos por parte de los policiales.

Está demostrado que los agentes de policía no recibieron ninguna agresión real por

obligan a subir a la patrulla policial, con destino desconocido donde son sometidos a una serie de abusos por parte de los policiales.

Está demostrado que los agentes de policía no recibieron ninguna agresión real por parte de quien resultó muerto, sino que fueron agredidos con serias amenazas de muerte, materializándose con la muerte de José David Negrete Seña. No hay prueba que acredite que en este caso la imprudencia de la víctima o de alguno de sus acompañantes hubiese sido resultado de su exposición imprudente a sufrir el daño.

11 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-492 del 26 de junio de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño. Reiterado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 21 de septiembre de 2016 (número interno 38350).Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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(…) La Nación con su conducta vulneró varias normas jurídicas así: -el artículo 2 constitucional, sobre la protección a la vida de las personas, derecho reconocido en los tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso, entre otros en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José aprobado por la ley 16 de 1972 y ratificado el 31 de julio de 1973 (art. 4º); -el 6º: alusiv o a la responsabilidad de los servidores por la omisión o extralimitación en el ejercicio de

ley 16 de 1972 y ratificado el 31 de julio de 1973 (art. 4º); -el 6º: alusiv o a la responsabilidad de los servidores por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones que en términos del artículo 90 ibídem ocasiona responsabilidad del Estado y el derecho de éste a repetir contra el agente cuando actúe con culpa grave o dolo; -el 216: en cuanto se utilizaron armas públicas con finalidad distinta de la defensa de una necesidad pública.

También debe quedar claro, que no hay prueba dentro del expediente que acredite que los disparos efectuados por los agentes de policía con los cuales resultó muerto José David Negrete Seña, hubiesen tenido como propósito único y exclusivo repeler el peligro y la agresión de las cuales fueron víctima los agentes estatales.

El material probatorio valorado muestra que la muerte de José David Negrete Seña, obedeció al actuar ilegitimo de los agentes de policía, quienes sin justificación alguna agredieron a los retenidos, sin que se encuentre acreditado que la víctima o sus acompañantes hubiese agredido a los agentes estatales, y que éstos no hubiesen tenido alternativa distinta que hacer uso de su arma de dotación para defenderse del ataque y para proteger la vida de las personas que se encontraban en el lugar.

En el caso concreto, se insiste, la evidencia pone de manifiesto que los agentes de policía le dispararon a José David Negrete Seña haciendo un uso desproporcionado e injustificado de la fue