TA CAQ - 18001333300220170075601-(17-08-2022)

º Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, agosto diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Unicer Ospina Rocha y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro.

Radicación: 18001-33-33-002-2017-00756-01

Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Acta número 56.

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia del 3 1 de octubre de 2019 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.1

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

Los señores Unicer Ospina Rocha, Albéniz Oviedo Paya y Norberto Hernández Oviedo, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare administrativa y patrimonialmente responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Unicer Ospina Rocha entre el 22 de octubre de 2010 y el 27 de abril de 2016, dentro

ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Unicer Ospina Rocha entre el 22 de octubre de 2010 y el 27 de abril de 2016, dentro

1 Folios 298 a 304 CP.3 2 Folios 466 a 485 CP.3Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes , y que culminó con providencia a través de la cual se ordenó su libertad inmediata por pena cumplida proferida el 27 de abril de 2016, por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia.

1. Se paguen los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados.

1.1.2. Hechos.

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El señor Unicer Ospina Rocha fue procesado penalmente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por lo que el 22 de noviembre de 2010 el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.

1. El señor Ospina Rocha se allanó a los cargos imputados , por tanto, el 8 de febrero de 2012 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico aprobó mediante sentencia dicho allanamiento e impuso la pena privativa de la libertad de 50 meses de pr isión en su lugar de residencia . Como consecuencia de lo

febrero de 2012 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico aprobó mediante sentencia dicho allanamiento e impuso la pena privativa de la libertad de 50 meses de pr isión en su lugar de residencia . Como consecuencia de lo anterior, fue remitido el expediente a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

1. Mediante auto del 23 de octubre de 2015, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico profirió orden de captura en contra del señor Unicer Ospina Rocha, sin embargo, pasó por alto que su condena ya estaba cumplida; además, para esta fecha, ya no tenía competencia para pronunciarse, pues el expediente debió haber sido remitido al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en el que finalmente recaía la competencia para determinar si era procedente su detención o , en su defecto , debía concedérsele la libertad por pena cumplida.

1. En cumplimiento de la mentada orden, el 13 de noviembre de 2015 fue capturado el señor Ospina Rocha en la vía que conduce a Los Pozos de San Vicente del Caguán , por lo que inmediatamente fue recluido en el Centro

Penitenciario y Carcelario El Cunduy de Florencia.

1. El 26 de abril de 2016, el señor Unicer Ospina Rocha presentó una solicitud ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, para que le brindara una explicación de las razones por las cuales seMedio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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Florencia, para que le brindara una explicación de las razones por las cuales seMedio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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encontraba recluido en la cárcel, pues cumplió su condena en prisión domiciliaria y, en todo caso, a esa fecha ya había cumplido la pena impuesta.

1. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, mediante auto del 27 de abril de 2016, resolvió la solicitud elevada por el demandante y ordenó su libertad inmediata por pena cumplida.

1.1.3. Fundamentos jurídicos.

Sostuvieron que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Unicer Ospina Rocha constituye daño antijurídico por rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, pues su captura y detención devinieron injustas y arbitrarias, ya que fue privado de la libertad por una pena que ya estaba cumplida.

Así mismo, manifestaron que se co nfiguró una prestación anormal y deficiente de la administración de justicia que le causó grave afectación en la salud y vida del señor Ospina Rocha.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Fiscalía General de la Nación3.

Dentro del término otorgado para ello, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, con fundamento en que su actuación estuvo acorde con los postulados constitucionales, así como a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, de manera que no existe nexo causal entre sus actuaciones y el daño anti jurídico

con fundamento en que su actuación estuvo acorde con los postulados constitucionales, así como a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, de manera que no existe nexo causal entre sus actuaciones y el daño anti jurídico alegado por los demandantes.

Refirió que no se encuentran acreditados los elementos necesarios para endilgarle responsabilidad, pues no se probó que la privación de la libertad fuera injusta y arbitraria ni producto de falla en el servicio. Además, recalcó que no se le puede atribuir responsabilidad por una decisión judicial, ya que, conforme al actual sistema penal acusatorio, el que impone la medida de aseguramiento es el juez de control de garantías.

Agregó que aunque conforme a la Ley 906 de 2004 la Fiscalía carece de facultad para decidir sobre la restricción de la libertad de los imputados, eventualmente puede encaminar la decisión que puede adoptar el juez en relación con la imposición de la medida e incluso inducir a error ; no obstante, en el presente asunto no se encuentra demostrado que la entidad que representa haya tenido inferencia o inducido a error a l Juez de Control de

3 Folios 162 a 186 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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Garantías respecto de la imposición de la medida de aseguramiento en contra del señor Ospina Rocha.

Por otra parte, reiteró que bajo la teoría de la causalidad adecuada, no se presenta nexo entre el supuesto daño alegado y la actuación del ente investigador, toda vez que la causa eficiente de la privación de la libertad fue la imposición de la «medida de aseguramiento»,

entre el supuesto daño alegado y la actuación del ente investigador, toda vez que la causa eficiente de la privación de la libertad fue la imposición de la «medida de aseguramiento», cuya competencia radica en el juez de control de garantías, conforme a las previsiones de la Ley 906 de 2004.

Propuso como excepción la de «falta de legitimación por pasiva», fundada en que fue la Rama Judicial la que en el marco de sus c ompetencias legales impuso la «medida de aseguramiento» en contra del actor, previa valoración de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y al encontrar cumplidos los presupuestos de procedencia para su impo sición, de modo que es la entidad que debe responder por una eventual condena.

Finalmente, objetó la cuantía de la indemnización que por daños materiales y morales se pide, pues no se encuentran debidamente probados y desborda los topes jurisprudencialmente señalados, razón por la cual deben ser desestimados.

1.2.2. La Rama Judicial4.

También contestó la demanda y s e opuso a las pretensiones, con fundamento en que no se configura responsabilidad del Estado ni de sus agentes conforme a la situación fáctica expuesta.

Arguyó que el demandante se encontraba bajo la supervisión del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, cumpliendo una pena, por lo que nunca existió la mentada privación injusta al encontrarse bajo libertad condicional, la cual le fue revocada por incumplir las condiciones pactadas.

Afirmó que no se configuró la falla en el servicio, ya que las actuaciones judiciales no fueron

privación injusta al encontrarse bajo libertad condicional, la cual le fue revocada por incumplir las condiciones pactadas.

Afirmó que no se configuró la falla en el servicio, ya que las actuaciones judiciales no fueron arbitrarias, amañadas o contrarias a la ley. Añadió que el daño alegado no ostenta el carácter de cierto, y en el sub judice está configurado el eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

Finalmente propuso como excepciones las de inexistencia de perjuicios, inexistencia de nexo de causalidad, culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero, sustentadas en que la Rama Judicial actuó en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, de

4 Folios 201 a 209 CP.2Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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manera que no existe obligación de reparar ni pagar la indemnización que se reclama. Así mismo, respecto de la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero, señaló que el demandante no hizo uso en debida forma de los recurso s de ley, aun cuando tenía la oportunidad de reclamar los perjuicios por la vía civil.

1.3. Sentencia de primera instancia5.

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, mediante sentencia proferida el 3 1 de octubre de 2019, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto de la señora Albéniz Oviedo Paya; la de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación; y denegó las pretensiones de la demanda.

activa respecto de la señora Albéniz Oviedo Paya; la de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación; y denegó las pretensiones de la demanda.

Para arribar a dicha conclusión, señaló que, conforme al material probatorio obrante en el expediente no se acreditó que la señora Albéniz Oviedo Paya fuera la cónyuge o compañera permanente del señor Unicer Ospina Rocha, por lo que carece de legitimación en la causa por activa.

Seguidamente, respecto de la Fiscalía, arguyó que carece de legitimación pasiva dentro del presente asunto, pues su actuación llegó hasta la etapa de juzgamiento y existía una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Consideró que corresponde únicamente al juez de ejecución de penas vigilar su cumplimiento, de manera que no se le puede endilgar responsabilidad cuando carece de competencia para ello.

De otra parte, respecto del daño alegado por los demandantes y su nexo de causalidad, refirió que acuden al presente medio de control para solicitar la reparación de los perjuicios causados como consecuencia de la privación de la libertad del señor Ospina Rocha, pues consideran que para el 23 de octubre de 2015, fecha en la que «el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico (sic)» emitió orden de captura, ya se había cumplido la pena impuesta con el tiempo que llevaba en detención domiciliaria; no obstante lo anterior, estuvo privado de la libertad en centro carcelario entre el 13 de noviembre de 2015 y el 27 de abril de 2016.

Recalcó que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, el demandante fue

privado de la libertad en centro carcelario entre el 13 de noviembre de 2015 y el 27 de abril de 2016.

Recalcó que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, el demandante fue capturado con 1.530 gramos de base de cocaína, razón por la cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico le imp uso medida de detención domiciliaria el 23 de noviembre de 2010, y con posterioridad, esto es, el 8 de febrero de 2012, profirió sentencia condenatoria en la que se aprobó su allanamiento a los cargos imputados. Con fundamento

5 Folios 654 a 662 CP.5Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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en ello se revocó el sustitutivo de la prisión domiciliaria y se ordenó su reclusión en la Cárcel del Cunduy para que terminara de purgar la pena.

Seguidamente, coligió que si se revocó la medida de detención domiciliaria, no tenía validez cumplir la pena con la permanencia del condenado en su lugar de residencia, máxime cuando fue debidamente notificado de dicha decisión a través de su defensor.

Esto, sumado a que no acreditó el cumplimiento de los compromisos que asumi ó el 23 de noviembre de 2010, cuando se le concedió la detención domiciliaria, esto es, «comparecer personalmente ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente del Caguán Caquetá, con presentaciones cada quince días los viernes y demás autoridades que lo requieran» y tampoco demostró que lo hubiese hecho con posterioridad al 8 de febrero de 2012, cuando

con presentaciones cada quince días los viernes y demás autoridades que lo requieran» y tampoco demostró que lo hubiese hecho con posterioridad al 8 de febrero de 2012, cuando se le revocó la detención domiciliaria.

Igualmente expresó que, pese a que la detención domiciliaria había sido revocada, del expediente penal se extrae que las comunicaciones expedidas no tienen sello de recibido de sus destinatarios, por tal razón, de acuerdo con la información brindada por la Cárcel El Cunduy, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico tuvo conocimiento de que el señor Ospina Rocha no había sido trasladado al centro de reclusión, circunstancia que lo llevó a emitir la orden de captura en su contra, conforme había sido ordenado en la sentencia.

Refirió que, contrario a lo manifestado en la demanda, el señor Unicer Ospina Rocha no se encontraba en su lugar de residencia para el cumplimiento de la medida de detención preventiva, como quiera que estaba en vía pública cuando fue capturado y adicionalmente, pese a estar seguro de que su pena se había cumplido, solo 5 meses después de su captura fue que elevó la solicitud de libertad por pena cumplida ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Luego, hizo alusión al argumento expuesto por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia en el auto a través del cual le concedió la libertad inmediata por pena cumplida. Expuso que si bien inicialmente se concedió la detención domiciliaria que después fue revocada para ordenar la detención intramural, la cual no se cumplió por parte de la autoridad competente, lo cierto es que en el expediente no reposa

inmediata por pena cumplida. Expuso que si bien inicialmente se concedió la detención domiciliaria que después fue revocada para ordenar la detención intramural, la cual no se cumplió por parte de la autoridad competente, lo cierto es que en el expediente no reposa el informe que dé cuenta del incumplimiento de la privación de la libertad en su lugar de residencia, por tanto, a la luz del principio de buena fe, el juez penal tuvo en cuenta el tiempo que permaneció privado de la libertad para tener por cumplida la condena y, en consecuencia, ordenó su libertad inmediata.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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Por ello, arguyó que no existió una indebida prolongación o restricción de su libertad, pues la orden de captura emitida el 23 de octubre de 2015 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico obedeció a la falta de traslado del señor Ospina Rocha al establecimiento penitenciario para que cumpliera la pena faltante de manera int ramural; por ello concluyó que la decisión adoptada por dicha autoridad judicial fue plenamente proporcional como resultado del juicio de ponderación entre los intereses enfrentados en el caso en concreto.

1.4. Recurso de apelación.

La parte actora6 solicitó que se revoque el fallo y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

Alegó que la sentencia de primera instancia «da cuenta de la vulneración de derechos fundamentales con la práctica de pruebas del 16 de agosto de 2019, que a todas luces es

de la demanda.

Alegó que la sentencia de primera instancia «da cuenta de la vulneración de derechos fundamentales con la práctica de pruebas del 16 de agosto de 2019, que a todas luces es ilegal y vulnera el debido proceso toda vez que no se practicó en debida forma prueba pericial que estaba decretada en audiencia inicial del 26 de julio de 2018 y que el despacho afecta los intereses de mis poderdantes».

Seguidamente, adujo que la sentencia de primera instancia «adolece en la parte resolutiva el derecho que tiene mis prohijados a acceder a la segunda instancia mediante el recurso de apelación conforme lo determina el artículo 247 del código de procedimiento y d e lo contencioso administrativo, aunado a esto existe inconsistencia en el título de imputación de la falla en el servicio y la valoración de las pruebas apartándose de la sana crítica y fundamenta una decisión sin tener en cuenta las actuaciones procesales y dada la situación desestima la controversia de puro derecho existente en el proceso, vale determinar que las entidades demandadas no excepcionaron toda vez que la Fiscalía General de la Nación no contestó dentro de termino concedido por el despacho (registro 15 de febrero de 2018, recepción de memorial, la fiscalía allega escrito original de la contestación de la demanda) y la Nación lo hizo por fuera de términos sin que el despacho decidiera vulnerando los principio del debido proceso contenidos en el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 y el artículo 29 de la constitución política de Colombia de 1991, sentencia que no se encuentra en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda, en tal fo rma vulnera el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991…» (sic)

consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda, en tal fo rma vulnera el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991…» (sic)

Añadió que en la sentencia objeto de alzada existen incongruencias entre lo planteado y lo decidido, pues en el sub judice sí existe daño, traducido en la afectación al derecho fundamental a la libertad, así como legitimación por activa y legitimación por pasiva de la Fiscalía, pues así se encuentra probado en el expediente.

6 Folios 307 a 3113 CP.3Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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Agregó que el a quo realizó un análisis de la responsabilidad del Estado por privación ilegal de la libertad sin tener en cuenta el actor fue sancionado dos veces por los mismos hechos, dada la falta de diligencia del Juzgado Promiscuo de Puerto Rico, al no verificar el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria, pues cometió el error «…de proferir orden de captura en contra de un ciudadano que se dedicó a cumplir una orden judicial y fue afectado en su derecho fundamental a la libertad…» (sic)

Finalmente, indicó que la sentencia impugnada contiene y define una f órmula automática, rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en hechos de privaci ón injusta de la libertad, lo que contraviene el entendido del artículo 68 de la Ley 270 y de paso el régimen general de responsabilidad previsto en el artículo 90 constitucional.

1.5. Trámite en segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.

general de responsabilidad previsto en el artículo 90 constitucional.

1.5. Trámite en segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora se admitió en el auto del 7 de febrero de 20207.

1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante el auto proferido el 1 7 de febrero de 20208 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente. Dentro de dicho término, el apoderado de la Fiscalía General de la Nación9 allegó escrito de alegaciones finales en el que reiteró los argumentos expuestos en sus anteriores actuaciones procesales. Por su parte, el Ministerio Público, la Rama Judicial y la parte actora guardaron silencio10.

Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sa la procederá a decidir el recurso, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.2. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia

7 Folio 359 CP.3 8 Folio 362 CP.3 9 Folios 364 a 367 CP.3 10 Folio 368 CP.3Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de

Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, como quiera que la pretensión mayor ($100.000.000 ), no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigente para el 2017 ($368.858.500).

2.3. Cuestión previa.

Observa la Sala que, en el escrito introductorio, los demandantes alegaron i) la privación injusta de la libertad del señor Ospina Rocha; y ii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. A su vez, en la alzada, la parte actora arguye que el demandante fue sancionado dos (2) veces por la misma causa y, por ello, la privación de la libertad devino ilegal.

Previo a determinar el problema jurídico, debe precisar la Sala que la inconformidad de la parte actora no radica en el proceso penal que cursó en contra del señor Unicer Rocha Ospina, sino del daño antijurídico que devino del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque se hizo efectiva una sanción penal aun cuando ya se había cumplido la conden a.

En consecuencia, considera la Sala que el caso debe resolverse a la luz del título de imputación de falla en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tal como lo hizo el Consejo de Estado al estudiar un caso similar en el que se privó de la libertad a un ciudadano en el que purgaba una sanción penal que , para la época de la captura, ya se encontraba prescrita.11

2.4. Problema jurídico.

de la libertad a un ciudadano en el que purgaba una sanción penal que , para la época de la captura, ya se encontraba prescrita.11

2.4. Problema jurídico.

De conformidad con lo expuesto en el acápite anterior, corresponde a la Sala determinar si los demandantes tienen derecho a ser indemnizados por el daño antijurídico derivado de la falla en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por hacerse efectiva una sanción penal en contra del señor Unicer Rocha Ospina que ya había sido cumplida.

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) presupuestos procesales, en el cual se examinará la caducidad del medio de control y la legitimación en la causa por activa; ii) los hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto. En este último, a medida que se examinen los reparos de la alz ada, se hará alusión al marco normativo y jurisprudencial.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de agosto de 2017. Radiado No. 25000232600020090050902 (45295). Consejera Ponente: Martha Nubia Velásquez Rico (E)Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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2.5. Presupuestos procesales.

2.5.1. El ejercicio oportuno del medio de control.

Al tenor de lo establecido en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de

2.5. Presupuestos procesales.

2.5.1. El ejercicio oportuno del medio de control.

Al tenor de lo establecido en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, la demanda de reparación directa debe instaurarse dentro de los 2 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En demandas por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que queda en libertad e l procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se invoca el carácter de injusto de la limitación al derecho a la libertad.12

Así pues, de conformidad con lo acreditado en el expediente, se tiene que el señor Unicer Ospina Rocha estuvo privado de la libertad y según la certificación emitida por el Establecimiento Penitenciario El Cunduy de Florencia, la recobró el 27 de abril de 2016, luego de que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, mediante providencia de la misma fecha, decretara su libertad por pena cumplida. Entonces se tendrá en cuenta la fecha en que quedó en libertad el demandante, con el fin de contabilizar el termino de caducidad.

Florencia, mediante providencia de la misma fecha, decretara su libertad por pena cumplida. Entonces se tendrá en cuenta la fecha en que quedó en libertad el demandante, con el fin de contabilizar el termino de caducidad.

Dado que el actor recobró su libertad el 27 de abril de 2016, a partir del día siguiente empezó a correr el término de caducidad del medio de control, el cual vencía el 28 de abril de 2018, sin embargo, dicho término se suspendió el 8 de mayo de 2017 cuando la parte actora radicó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, es decir, faltando 11 meses 2 días para que caducara la acción, término que se reanudó a partir del día siguiente a la expedición de la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad,13 lo cual ocurrió el 28 de junio de 2017,14 y como quiera que

12 Consejo de Estado, Sección Terc era, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011. Al respecto puede consultarse igualmente el auto proferido el 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 13 El artículo 21 de la Ley 640 de 2001 establece que el término de caducidad se suspende con la presentación de la solicitud de conciliación, hasta que (i) se logre el acuerdo conciliatorio (ii) se registre el acta en los casos que la ley establezca tal exigencia (iii) se

conciliación, hasta que (i) se logre el acuerdo conciliatorio (ii) se registre el acta en los casos que la ley establezca tal exigencia (iii) se expida, entre otras, la constancia de que el asunto no es conciliable o (iv) hasta que transcurra un término de 3 meses, contados desde la presentación de la solicitud, siempre que el asunto sea conciliable. 14 Folios 4 a 8 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00756-01

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la demanda se radicó el 20 de septiembre de 2017 15, resulta evidente que se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista.

2.5.2. De la legitimación activa.

Para la Sala el señor Unicer Ospina Rocha se encuentra legitimado para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto de las pruebas obrantes en el expediente se desprende que fue privado de la libertad. Es decir, es la víctima del daño cuya indemnización se pretende.

Respecto de la señora Albéniz Oviedo Paya, quien acudió al presente proceso como compañera permanente del señor Unicer Ospina Rocha, se advierte -tal como lo hizo el a quo-, que dicho vinculo no se acreditó probatoriamente, en consecuencia, se confirmará la decisión que dispuso declarar su falta de legitimación activa.

Respecto del ciudadano Norberto Hernández Oviedo, la Sala lo tendrá hasta este momento con legitimación formal activa para solicitar indemnización, como quiera que señala ser hijo de crianza de la víctima directa, sin embargo, queda supeditado a la demostración de sus

Respecto del ciudadano Norberto Hernández Oviedo, la Sala lo tendrá hasta este momento con legitimación formal activa para solicitar indemnización, como quiera que señala ser hijo de crianza de la víctima directa, sin embargo, queda supeditado a la demostración de sus perjuicios como tercero damnificado para reconocerle indemnización.

2.5.3. De la legitimación pasiva de la Fiscalía General de la Nación.

Como se advirtió ut supra, los demandantes alegan el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación ilegal de la libertad, sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, estas situaciones fácticas se examinan bajo el título de imputación de falla en el servicio por el primero de los supuestos.

La Sala comparte el criterio expuesto por el a quo, según el cual la Rama Judicial originó la restricción de la libertad del señor Unicer Ospina Rocha, máxime si se tiene en cuenta que, conforme al marco jurídico penal vigente, es esta la que tiene la obligación y la competencia para vigilar