TA CAQ - 18001333300220170076801-(17-08-2022)

º Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada: Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, agosto diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Luz Elena Otálora Hernández y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro.

Radicación: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Tema: Privación Injusta de la libertad Acta número 56

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y la parte actora contra la sentencia del 30 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.1

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

Los señores Luz Elena Otálora Hernández , Jhon Fredy Varón Otálora , Flor Nancy y Luis Fernando Otálora González, a través de apoderad o y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare administrativa y patrimonialmente responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Luz Elena Otálora Hernández entre el 30 de mayo y el 28 de agosto de 2015, dentro

de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Luz Elena Otálora Hernández entre el 30 de mayo y el 28 de agosto de 2015, dentro del proceso penal que se adelantó en su contra por los delitos de porte ilegal de

1 Folios 245 a 255 CP.3 2 Folios 91 a 106 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 2 de 39

armas de uso de defensa personal y uso privativo de la fuerza pública agravado fabricación, tráfico o portes de armas de fuego, y que culminó con preclusión de la investigación el 19 de enero de 2016.

1. Se paguen los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados.

1.1.2. Hechos.

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. La señora Luz Elena Otálora Hernández, fue capturada junto con otras personas por miembros de l Ejército Nacional el 30 de mayo de 2015, en la Vereda Las Palmas del municipio de La Montañita – Caquetá, porque al ser registrado el vehículo en el que se movilizaban, encontraron entre lo s elementos transportados unas tulas en cuyo interior había granadas de fabricación hechiza, cordón detonante, detonantes eléctricos, munición calibre 5.56, proveedores y equipo de campaña.

1. Celebradas el 31 de mayo de 2015, las audiencias concentradas preliminares, el Juzgado Promiscuo Municipal de Milán, profirió en contra de la señora Luz

equipo de campaña.

1. Celebradas el 31 de mayo de 2015, las audiencias concentradas preliminares, el Juzgado Promiscuo Municipal de Milán, profirió en contra de la señora Luz Elena Otálora Hernández, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

1. El 28 de agosto de 2015, y por solicitud del abogado defensor de la señora Luz Elena Otálora Hernández, el Juez Promiscuo Municipal de La Montañita revocó la medida de aseguramiento que se le había impuesto a la demandante, y en consecuencia ordenó su libertad inmediata, pues se aportó prueba que desvirtuó la inferencia razonable de autoría o participación en los hechos objeto de investigación, ya que aunque estos transportaban el material bélico, lo cierto es que actuaron como instrumentos, en razón a que desconocían que con su actuar estaban cometiendo un delito.

1. El 22 de septiembre de 2015, La Fiscalía Tercera Especializada de Florencia, que asumió la dirección de la investigación, solicitó la preclusión de la investigación.

1. El 19 de enero de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, en audiencia pública, precluyó la investigación penal que se adelantó en contra de la señora Luz Elena Otálora Hernández , con fundamento en la causal 6ª del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, es decir, porque existía imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 3 de 39

existía imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 3 de 39

1.1.3. Fundamentos jurídicos.

Sostuvieron que la privación de la libertad de la que fue objeto la señora Luz Elena Otálora Hernández entre el 30 de mayo y el 28 de agosto de 2015, constituye daño antijurídico por rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, pues su captura y detención devinieron injustas y arbitrarias, luego de que se le precluyera en su favor la investigación penal.

Alegaron que en el marco del procedim iento penal que se le adelantó, la Fiscalía es responsable al haber solicitado la legalización de la captura de la señora Otálora Hernández, así como por haberle imputado cargos y haber solicitado la imposición de medida de aseguramiento en su contra, para luego, no obstante, pedir la preclusión de la investigación. Añadió que la responsabilidad de la Rama Judicial surge de la aceptación de los equívocos conceptos emitidos por la Fi scalía, conforme a los cuales la actora fue injustamente privada de la libertad.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. La Rama Judicial3.

Dentro del término otorgado para ello contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, con fundamento en que no se configura responsabilidad del Estado ni de sus agentes conforme a la situación fáctica que se expone en la demanda.

Alegó que las actuaci ones del Juzgado Promiscuo Municipal de Milán con funciones de

con fundamento en que no se configura responsabilidad del Estado ni de sus agentes conforme a la situación fáctica que se expone en la demanda.

Alegó que las actuaci ones del Juzgado Promiscuo Municipal de Milán con funciones de control de garantías, estuvo acorde a los presupuestos exigidos en la Ley 906 de 2004, pues la medida de aseguramiento impuesta se fundó en los elementos materiales probatorios, evidencia físic a e información legalmente recaudada, como garantía del cumplimiento de los fines establecidos por el artículo 250 de la Constitución Política. Además, agregó que las audiencias preliminares se adelantaron con pleno respeto de las garantías y derechos fund amentales del procesado, en las que no se discute la responsabilidad penal del imputado, en razón a que los elementos probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida no constituyen plena prueba para discutir la responsabilidad penal.

Seguidamente, señaló que la decisión adoptada por el juez de conocimiento fue ajustada a la legalidad, toda vez que verificado el cumplimiento de los requisitos para la estructuración

3 Folios 127 a 134 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 4 de 39

de la causal normativa de preclusión se justificaba la toma de tal deci sión, por lo que entonces el juez cumplió con el deber legal de salvaguardar los derechos constitucionales y legales del imputado.

En ese orden, dijo que se presenta ausencia de nexo causal, pues la potestad para pedir la preclusión de la investigación e stá concedida por ley de manera exclusiva a la Fiscalía,

y legales del imputado.

En ese orden, dijo que se presenta ausencia de nexo causal, pues la potestad para pedir la preclusión de la investigación e stá concedida por ley de manera exclusiva a la Fiscalía, motivo por el cual no podía proseguirse una investigación sobre la cual no existían elementos materiales de prueba que comprometieran la responsabilidad del imputado, por ausencia mérito para sostener una acusación.

Así mismo, mencionó que aunque la Fiscalía no fue la que decretó la medida de aseguramiento, sí fue la que formuló la imputación, y una vez verificada la causal prevista en los artículos 331, 332-6 de la Ley 906 de 2004, sustentó la petición de preclusión con la que reconoció las fallas de investigación cometidas, de modo que es esta entidad la que debe asumir la responsabilidad por la privación injusta de la libertad. Agregó que no existe nexo de causalidad entre las actuaciones y las dec isiones de los jueces penales que intervinieron en el proceso y el daño antijurídico reclamado.

Por otra parte, propuso como excepciones las de inexistencia de perjuicios, inexistencia de nexo de causalidad, culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero, fundadas en que la Rama Judicial actuó en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, por lo que no existe obligación de reparar ni mucho menos derecho por parte de los demandantes para reclamar indemnización, por falta de causa para pedir.

Seguidamente, respecto de la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero, señaló que la conducta de un tercero (puesto de control del Ejército Nacional), fue la que contribuyó de manera grave y significativa a que la demandante fuera privada de su libertad, como

que la conducta de un tercero (puesto de control del Ejército Nacional), fue la que contribuyó de manera grave y significativa a que la demandante fuera privada de su libertad, como quiera que resultado de las operaciones militares en la Vereda Las Palmas de la Inspección de la Unión Peneya del municipio de La Montañita, fue que se capturó a la demandante cuando se movilizaba junto con otras personas en un vehículo en cuyo interior se encontró material de uso privativo de la Fuerza Pública.

1.2.2. Fiscalía General de la Nación4.

Dentro del término otorgado para ello también contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones del libelo inicial, con fundamento en que su actuación estuvo acorde con los postulados constitucionales, así como a las disposiciones sustanciales y procedimentales

4 Folios 77 a 94 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 5 de 39

vigentes para la época de los hechos, p or lo que no existe nexo causal entre sus actuaciones y el daño antijurídico alegado por los demandantes.

Refirió que no se encuentran acreditados los elementos necesarios para endilgarle responsabilidad, ya que no se probó el daño antijurídico, es dec ir, que la privación de la libertad fuera injusta y arbitraria ni producto de falla en el servicio. Añadió que no hubo rompimiento de las cargas públicas más allá de los límites constitucional y legalmente permitidos.

Arguyó que desde el inicio de la investigación cumplió con lq carga procesal de demostrar

rompimiento de las cargas públicas más allá de los límites constitucional y legalmente permitidos.

Arguyó que desde el inicio de la investigación cumplió con lq carga procesal de demostrar los enunciados facticos en lo que se basaba su pretensión para declarar la legalidad de la captura del imputado, e igualmente para que le fuera impuesta la medida de aseguramiento, la que además estaba soportada en los medios cognoscitivos obrantes hasta ese momento en el expediente.

Por otra parte, refirió que bajo la teoría de la causalidad adecuada, no se presenta nexo causal entre el supuesto daño alegado y la actuación del ente investigador, toda vez que la causa eficiente de la privación de la libertad fue la imposición de la medida de aseguramiento, cuya competencia radica en el juez de control de garantías, conforme a las previsiones de la Ley 906 de 2004.

Igualmente, propuso como excepciones las de falta de legitimación por pasiva y la medida de aseguramiento de detención preventiva obedece al ordenamiento jurídico que la fundamenta e inexistencia de daño antijurídico, fundada en que fue la Rama Judicial la que en el marco de sus competencias legales, impuso la medid a de aseguramiento en contra de la actora, previa valoración de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y al encontrar cumplidos los presupuestos de procedencia para su imposición, por lo que es la llamada a responder por una eventual condena.

Agregó que el proceso penal adelantado a la demandante se surtió conforme a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos; que la medida privativa de la libertad se sustentó en las pruebas legal y oportunamente allegadas

Agregó que el proceso penal adelantado a la demandante se surtió conforme a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos; que la medida privativa de la libertad se sustentó en las pruebas legal y oportunamente allegadas a la investigación; y que en el marco del proceso penal se le respetaron todas las garantías y derechos, además de que con los elementos materiales obrantes en el expediente s e podía inferir razonablemente su autoría en la conducta punible de fabricación, tráfico o portes de armas de fuego.

Finalmente, objetó la cuantía de la indemnización que por daños materiales, morales y a la vida en relación se pide, pues consideró que n o se encuentran debidamente probados y desborda los topes jurisprudencialmente señalados.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 6 de 39

1.3. Sentencia de primera instancia5.

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, mediante sentencia proferida el 30 de septiembre de 2019, declaró a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Luz Elena Otálora Hernández, por lo que, en consecuencia, condenó solidariamente a las demandadas a pagar en favor de los demandantes las sigu ientes sumas:

(…) SEGUNDO: En consecuencia, CONDÉNESE solidariamente a la NACIÓN FISCALIA GENERAL DE LA ANCIÓN y RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a los

sumas:

(…) SEGUNDO: En consecuencia, CONDÉNESE solidariamente a la NACIÓN FISCALIA GENERAL DE LA ANCIÓN y RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a los accionantes las siguientes sumas:

a) Por concepto de perjuicios morales, así:

DEMANDANTE RELACIÓN –

PARENTESCO

CONDENA

SMMLV

LUZ ELENA OTÁLORA HERNÁNDEZ Víctima Directa 35

JHON FREDY VARON OTÁLORA Hijo 35

FLOR NANCY OTÁLORA GONZÁLEZ Hermana 17.5

LUIS FERNANDO OTÁLORA GONZÁLEZ Hermano 17.5

b) Por concepto de lucro cesante:

• A favor de la señora LUZ ELENA OTÁLORA HERNÁNDEZ el equivalente a DOS

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

TREINTA Y TRES PESOS ($2.462.933 M/Cte).

(…)

El a quo adoptó su decisión por considerar que en virtud del material probatorio obrante en el ex pediente, se tiene por acreditado que efectivamente la señora Luz Elena Otálora Hernández estuvo privada de la libertad, por lo que es viable efectuar el análisis de la presunta responsabilidad administrativa de las entidades demandadas; que el estudio de imputabilidad y nexo causal debe hacerse conforme a los presupuestos señalados en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado, según la cual en asuntos de privación injusta de la libertad, no basta con probar la restricción

sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado, según la cual en asuntos de privación injusta de la libertad, no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que además debe determinarse si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico a la luz de lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, por lo que se debe verificar i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar; y iii) en

5 Folios 249 a 264 CP.3Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 7 de 39

virtud del principio iura novit curia, encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente.

En e se orden, mencionó que conforme a las pruebas obrantes en el expediente, especialmente la documental trasladada de la investigación penal que se le adelantó a la señora Otálora Hernández, se logró acreditar que en efecto ella no tenía conocimiento del material bélico que se transportaba en el automotor, pues estaba en dicho vehículo en condición de pasajera, además de que este tipo de transporte rural es muy informal, y allí se sube y se baja mercancía sin ningún tipo de control, donde lo único importante es que se cancele el pasaje.

A continuación indicó que por ello, la Fiscalía dentro de los actos urgentes debió verificar dichas circunstancias antes de solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, pues tales vicisitudes fueron las que finalmente conllevaron a que se precluyera la investigación

A continuación indicó que por ello, la Fiscalía dentro de los actos urgentes debió verificar dichas circunstancias antes de solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, pues tales vicisitudes fueron las que finalmente conllevaron a que se precluyera la investigación en favor de la demandante, en otras palabras, arguyó que existía ausencia de pruebas frente a la participación de ésta en el delito, por lo que no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia.

Así mismo , mencionó que la libertad como derecho fundamental ocupa un especial e importante lugar, por lo que su limitación o restricción lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que en principio el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no exista una razón jurídica que la imponga, circunstancia que en el presente asunto no se acreditó por cuanto no se logró probar la lesividad en la conducta punible que le fue imputada a la demandante.

Igualmente, dijo que tampoco se acreditó la concreción de algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiese entenderse configurada la causal de exoneración de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Finalmente, expresó que por todo lo anterior se evidencia la relación causal entre el obrar de la Fiscalía y la Rama Judicial con el daño que se produjo a la víctima, de modo que si se tiene en cuenta que el proceso penal se adelantó en vigencia de la Ley 906 de 2004 la condena debía ser s olidaria, pues dichas autoridades asumen los roles más vitales e importantes en el proceso penal, pues la Fiscalía fue quien adelantó todas las diligencias preliminares, consiguiendo con su obrar que de otra parte el Juez de Control de Garantías

condena debía ser s olidaria, pues dichas autoridades asumen los roles más vitales e importantes en el proceso penal, pues la Fiscalía fue quien adelantó todas las diligencias preliminares, consiguiendo con su obrar que de otra parte el Juez de Control de Garantías decretara la medida preventiva de detención en establecimiento carcelario.

1.4. Recurso de apelación.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 8 de 39

1.4.1. La Fiscalía6 solicitó que se revoque el fallo y en su defecto se dicte la que deba reemplazarla, pues la medida de aseguramiento impuesta a la actora fue emitida por la Rama Judicial y no por la Fiscalía, por lo que no se puede colegir responsabilidad a su cargo.

Alegó que si bien es cierto dicha entidad solicitó la preclusión de la investigación, también lo es que en su momento se cumplían a cabalidad los presupuestos legales para la imposición de la medida de aseguramiento en contra de la demandante. Así pues, recalcó que la Fiscalía actuó en el marco de sus competencias y conforme al informe de captura en flagrancia de la señora Luz Elena Otálora Hernández, efectuada por miembros del Ejército Nacional, lo que denotaba toda la apariencia de verdad respecto de la materialidad de la conducta delictiva, como la presunta responsabilidad de quienes se encontraban en el vehículo donde se halló el material de guerra, ya que la Fiscalía no tenía por qué saber que la actora desconocía la presencia de dicho material.

Así mismo, arguyó que no es dable atribuirle responsabilidad, ya que en el nuevo sistema

vehículo donde se halló el material de guerra, ya que la Fiscalía no tenía por qué saber que la actora desconocía la presencia de dicho material.

Así mismo, arguyó que no es dable atribuirle responsabilidad, ya que en el nuevo sistema penal oral acusatorio carece de facultad dispositiva para privar de la libertad a una persona. Esgrimió no existir nexo causal de las actuaciones de la Fiscalía con el daño antijurídico reclamado por los demandantes, y por ell o no se configuró falla en el servicio, pues su actuar estuvo siempre apegado a la legalidad (Ley 906 de 2004).

Para apoyar sus asertos, invocó como fundamento jurídico la sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado de fecha 15 de agosto de 2018, consejero ponente Carlos Alberto Zambrano, expediente 46.947, para señalar que en materia de privación injusta de la libertad se debe estudiar la antijuridicidad del daño, ya que el derecho a la libertad no es absoluto, y si se demuestra que se cumplieron los presupuestos legales para privar a una persona de este derecho, no hay lugar a declarar la responsabilidad estatal.

Por último, manifestó que la causa eficiente del daño fue la imposición de la medida de aseguramiento (decisión que radica en el juez de control de garantías), motivo por el cual debe absolverse a la Fiscalía respecto de las pretensiones de la demanda.

1.4.1. La parte actora7 por su parte, solicitó que se revoque el ordinal tercero del fallo recurrido, para que en su lugar se reconozca el perjuicio material en la modalidad de daño emergente ocasionado a la víctima directa Luz Elena Otálora Hernández, equivalente a diez

recurrido, para que en su lugar se reconozca el perjuicio material en la modalidad de daño emergente ocasionado a la víctima directa Luz Elena Otálora Hernández, equivalente a diez millones de pesos ($10.000.000), que corresponde al valor pagado al abogado que asumió su defensa dentro del proceso penal que dio lugar a su privación de la libertad, así mismo

6 Folios 260 a 271 CP.3 7 Folios 272 a 285 CP.3Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 9 de 39

para que se le reconozca el daño a bienes convencional y constitucionalmente protegidos en la cuantía que de acuerdo con la actual corriente jurisprudencial este vigente.

Alegó que no deben ser objeto de discusión los gastos en que incurre una persona a quien se le adelanta un proceso penal y especialmente se le priva de la libertad en razón de este, circunstancia que considera constituye daño emergente, pues se realiza una erogación producto de dicha situación. En ese orden, indicó que el Consejo de Estado de vieja data reconoce como perjuicio material en línea de daño emergente el pago de los honorarios realizados al abogado, sin circunscribir su procedencia a un momento procesal, pues basta con que exista prueba de la labor cumplida y del pago realizado.

Así las cosas, recalcó que existen dos formas de probar el pago de los honorarios al abogado: i) mediante factura que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Código Tributario, y ii) a través de documento equivalente expedido por el abogado, en el que se consigne el valor de los honorarios correspondientes a su gestión y la prueba

abogado: i) mediante factura que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Código Tributario, y ii) a través de documento equivalente expedido por el abogado, en el que se consigne el valor de los honorarios correspondientes a su gestión y la prueba de su pago, documentos que se expiden en reemplazo de la factura de los sujetos que no están obligados a facturar. Añadió que el reconocimiento del daño emergente no está supeditado a que el abogado realice su labor en la diligencia de imposición de medida de aseguramiento, pues el daño surge de la erogación que se hace para atender las vicisitudes del proceso penal a través de una persona idónea para adelantar la defensa técnica.

Resaltó que en el sub examine la constancia o certificación emitida por el abogado Humberto Polanco Artunduaga cumple con los criterios antes señalados para probar el pago de los honorarios y para acreditar el daño material en la modalidad de daño emergente.

Respecto del reconocimiento del daño a bienes convencional y constitucionalmente protegidos, dijo existir ausencia de motivación para des pachar desfavorablemente dicha pretensión, pues el a quo dejó sin motivación tal decisión. A contrario sensu, manifestó que con la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Otálora Hernández se afectaron derechos de raigambre constitucional que deben ser resarcidos a través del reconocimiento del mentado daño inmaterial.

1.4. Trámite en segunda instancia.

1.4.1. Admisión del recurso de apelación.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 10 de 39

1.4.1. Admisión del recurso de apelación.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 10 de 39

El recurso de apelación interpuesto por los apoderados de la parte actora y de la Fiscalía General de la Nación, se admitió en el auto del 17 de febrero de 20208.

1.4.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante el auto proferido el 26 de febrero de 20209 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente. Dentro de dicho termino, el apoderado de la Fiscalía General de la Nación10, allegó escrito de alegaciones finales en los que reiteró los argumentos expuestos en sus anteriores actuaciones procesales, especialmente las invocadas en el recurso de alzada.

Por su parte el Ministerio Público, la parte actora y la Rama Judicial guardaron silencio11.

Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por los apoderados de la Fiscalía General de la Nación y la Parte Actora contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, como quiera que la pretensión mayor ($12.314.543,37), no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigente para el

Administrativo del Circuito de Florencia, como quiera que la pretensión mayor ($12.314.543,37), no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigente para el 2017 ($368.858.500).

2.2. Problema jurídico.

En el marco de la apelación interpuesta por la Fiscalía General de la Nación y la parte actora, el problema jurídico consiste en determinar si la Fiscalía General de la Nación y la Rama judicial deben responder patrimonialmente por el daño sufrido por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto la señora Luz Elena Otálora Hernández. De ser afirmativa tal respuesta, se estudiará si se cumplen los presupuestos definidos por la jurisprudencia para el reconocimiento de los perjuicios por daño material en

8 Folio 302 CP.3. 9 Folio 305 CP.3. 10 Folios 307 a 316 CP.3 11 Página 92 CP.3. Expediente DigitalizadoMedio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-002-2017-00768-01

Página 11 de 39

la modalidad de daño emergente y por el daño inmaterial a bienes convencional y constitucionalmente protegidos.

Para resolverlo se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades acusadas por haberse causado daño antijurídico indemnizable a los demandantes; ii) los hechos probados; iii) el análisis de la Sala. Caso concreto; iv) las costas; y v) conclusión.

causado daño antijurídico indemnizable a los demandantes; ii) los hechos probados; iii) el análisis de la Sala. Caso concreto; iv) las costas; y v) conclusión.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo , se configuraba un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.12

Sin embargo, la Cor poración siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros13.

Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072 de 201814 respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en la que se estableció que ni en el artículo 90 de la Constitución

Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072 de 201814 respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en la que se estableció que ni en el artículo 90 de