TA CAQ - 18001333300220190056901-(10-08-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, agosto diez (10) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro Radicación: 18001-33-33-002-2019-00569-01

Tema: Recuperación del espacio público. Puente peatonal ubicado entre la Avenida Los

Colonos y la Calle 5ª en la Galería Salitre. Acta número 53.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala los recursos de apelación presentados por el Municipio de Florencia y la Policía Nacional contra la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Moisés Sánchez Portela, en nombre propio y en ejercicio del medio de control consagrado en 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conte ncioso Administrativo, solicitó que se protejan los derechos al goce del espacio público y a la libre movilidad.

1 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 3.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro

1 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 3.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro Radicación: 18001-33-33-002-2019-00569-01

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1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Se ha ocupado indebidamente el espacio público sobre la Avenida Los Colonos

y la Calle 5ª, pues a lado y lado del puente peatonal ubicaron casetas para la venta de licor, tabaco y verduras, lo cual ha causado inconvenientes para las personas, toda vez que aquellas que usan el centro de acopio (la galería Salitre), no pueden esperar el transporte público.

1. Como en ese espacio hay locales debajo de las escaleras del puente peatonal, el sitio se convierte en «una guarida de consumidores de droga y alcohol, que por la ubicación le ven la ropa íntima a las mujeres y las morbosean, mujeres que prefieren arriesgar su vida cruzando con sus niños por la avenida transitada que ser humilladas con palabras indebidas, toques y miradas laccivas (sic) que les dicen los clientes de estos establecimientos de comercio».

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Municipio de Florencia.2

Sostuvo que la Policía Nacional es la encargada de adelantar el trámite policivo contra quienes no ostenten el permiso otorgado por la Secretaría de Emprendimiento de la Administración Municipal. Adicionalmente, sostuvo que la parte actora no cumplió con l a

Sostuvo que la Policía Nacional es la encargada de adelantar el trámite policivo contra quienes no ostenten el permiso otorgado por la Secretaría de Emprendimiento de la Administración Municipal. Adicionalmente, sostuvo que la parte actora no cumplió con l a carga de demostrar la vulneración de los derechos colectivos.

1.2.2. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.3

Manifestó que ha realizado actividades tendientes a cumplir con su misión institucional, esto es, garantizar los derechos y libertades públicas d e todos los habitantes, además, que lo alegado por los demandantes no imposibilita la utilización del puente peatonal para la comunidad, toda vez que su ingreso y salida siempre se encuentran despejados.

2 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 83. 3 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 52.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro Radicación: 18001-33-33-002-2019-00569-01

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Sobre la asignación del espacio público para ejercer actividades de comercio no concierne a sus funciones, sumado a que todos los establecimientos cumplen con los requisitos para ejercer su labor. Luego dijo:

Es necesario aclarar que la Policía Nacional realiza las actividades en torno a la seguridad de los ciudadanos y aplica las medidas dispuestas en la norma siempre y cuando exista mérito para ello, como se aprecia en las órdenes de comparendo aplicadas, sin embargo desalojar el lugar como lo pretende el actor es inviable toda vez que los comerciantes tienen la documentación necesaria para realizar el ejercicio

cuando exista mérito para ello, como se aprecia en las órdenes de comparendo aplicadas, sin embargo desalojar el lugar como lo pretende el actor es inviable toda vez que los comerciantes tienen la documentación necesaria para realizar el ejercicio de su actividad por tanto, precisando que los establecimientos presentan un documento expedido por la secretaría de Emprendimiento y Turismo de Florencia quien adjudicó los puestos en la parte externa de la galería, documento firmado por el señor JOSE ANDRES MEDINA ALVAREZ secretario de Emprendimiento y Turismo municipal. (pág. 54).

Alegó que no exist e prueba de que en ese sitio se vendan y consuman estupefacientes, pues no existen quejas, denuncias o capturas realizadas por esta situación. Resaltó que la Policía Nacional no es la encargada de adjudicar los espacios ni generar los permisos para realizar ninguna actividad comercial u ordenar la restitución del bien de uso público. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3. Sentencia de primera instancia4.

En la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por las entidades accionadas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER la protección de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, el goce de un ambiente sano, y de la seguridad y salubridad pública, afectados por las

casetas ubicadas la vía entre la carrera 11 (Avenida Los Colonos) y la Calle 5ª

goce de un ambiente sano, y de la seguridad y salubridad pública, afectados por las casetas ubicadas la vía entre la carrera 11 (Avenida Los Colonos) y la Calle 5ª (Esquina del Calvete) Galería Salitre del municipio de Florencia, dedicadas a las ventas informales de vendedores estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes.

TERCERO: ORDÉNESE al MUNICIPIO DE FLORENCIA que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, mediante equipo integrado por su Secretaría de Planeación y las oficinas encargadas de apoyo a la población vulnerable: i) implementen una sistema que les permita identificar plenamente a las personas que deban ser beneficiarias por sus programas, a fin de adoptar medidas más efectivas que permitan crear alternativas concretas, eficaces y eficientes de trabajo formal para los vendedores informales, e stacionarios, semi-estacionarios y

ambulantes que ocupan irregularmente el espacio público de la vía entre la carrera 11 (Avenida Los Colonos) y la Calle 5ª (Esquina del Calvete) Galería Salitre del municipio de Florencia; ii) deberá realizar un registro de vendedores informales, con el nombre, identificación, tipo de mercancía comercializada y lugar donde cada uno

4 Archivo 39.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro Radicación: 18001-33-33-002-2019-00569-01

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pueda ejercer su actividad, a fin de que dicha entidad tome medidas más efectivas

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pueda ejercer su actividad, a fin de que dicha entidad tome medidas más efectivas para recuperar el espacio público; iii) establecer los sitios donde serán reubicados los vendedores informales, en centros comerciales populares que para el efecto adecúe u otro similar, donde cada vendedor pueda ejercer su actividad.

CUARTO: ORDÉNESE al MUNICIPIO DE FLORENCIA y a la POLICÍA NACIONAL que dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, recuperen

el espacio público de la carrera 11 (Avenida Los Colonos) y la Calle 5ª (Esquina del Calvete) Galería Salitre, previnie ndo que el mismo no vuelva a ser ocupado por vendedores estacionarios, semi -estacionarios y ambulantes. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del fallo, deberán tener elaborado el Plan de recuperación del espacio público, para el sector antes señalado.

QUINTO: ORDÉNESE al MUNICIPIO DE FLORENCIA y a la POLICÍA NACIONAL que dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia y durante los próximos tres años, realicen campañas de concientización para el uso y goce del esp acio público, su recuperación, apropiación, conservación y enriquecimiento.

SEXTO: Para la verificación del cumplimiento de este fallo DESÍGNESE al actor popular, a las entidades accionadas y a la Defensoría del Pueblo Regional Caquetá. Los designados rendirán informe periódico en el término

SEXTO: Para la verificación del cumplimiento de este fallo DESÍGNESE al actor popular, a las entidades accionadas y a la Defensoría del Pueblo Regional Caquetá. Los designados rendirán informe periódico en el término de (06) meses, acerca del cumplimiento dado a lo aquí ordenado, sin perjuicio que el Despacho los requiera en fecha diferente o disponga la práctica de inspección judicial para verificación directa.

SÉPTIMO: Advertir al representante legal de cada una de las accionadas, que su incumplimiento los deja incurso en desacato, sancionable con multa, convertible en arresto (art. 41 de la Ley 472 de 1998).

OCTAVO: Sin condena en costas.

(…)

Indicó que la vía entre la carrera 11 y la calle 5ª fue catalogada como “vía arteria”, es decir, que es una de las principales del Municipio de Florencia; así mismo que, tal como lo sostuvo el actor, a lado y lado de dicha vía y, concretamente, en el sector del puente peatonal, existen diferentes casetas para la venta de frutas, cafetería, de licores y cigarrillos, las cuales han generado inconvenientes para los transeúntes, máxime porque fueron ubicadas en los andenes que limitan con la galería El Salitre, las instalaciones el anti guo IDEMA y debajo de las escaleras ubicadas en los dos extremos del puente peatonal; así mismo, “en la bahía o separados de los dos sentidos viales, fueron ubicados puestos ambulantes de frutas y verduras; circunstancias que a todas luces, impiden el libre tránsito de los peatones y de los vehículos, dado que las personas de a pie para poder circular arriesgan su vida,

frutas y verduras; circunstancias que a todas luces, impiden el libre tránsito de los peatones y de los vehículos, dado que las personas de a pie para poder circular arriesgan su vida, bajándose a la carretera; y los automotores en razón al bloqueo de la vía por parte de los otros vehículos que se estacionan a descargar lo s productos, o a comprar los mismos, generan caos y trancones en la vía”.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro Radicación: 18001-33-33-002-2019-00569-01

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Igualmente sostuvo que con la instalación informal de las casetas, no solo se afectó el goce y utilización del espacio público y la libre circulación, sino la seguridad y salubridad pública, toda vez que varias de ellas están destinadas a la venta de bebidas embriagantes, conllevando a que sus clientes en estado de embriaguez generen desorden público, riñas callejeras, acoso a personas que transitan, hurtos y contaminación.

Por lo anterior, a partir de las normas que regulan la materia, sostuvo que los entes territoriales deben velar por la protección e integridad del espacio público y los inspectores de policía son los encargados de aplicar las medidas de restitución y protección de bienes inmuebles, luego estas son las responsables de la vulneración de los derechos colectivos reclamados. Por esta razón, anunció que no se configuraba la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Florencia y que, por el contrario, a esta

inmuebles, luego estas son las responsables de la vulneración de los derechos colectivos reclamados. Por esta razón, anunció que no se configuraba la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Florencia y que, por el contrario, a esta entidad y a la Policía Nacional les asistía el deber de recuperar el espacio público.

Además, discurrió que si bien en el sitio del litigio se encuentra ubicado un puesto de comercio que en su momento contó con permiso municipal para la venta de productos, el cual fue adjudicado a Neti Julieth Sogamoso Díaz, se pudo determinar que esta fue ilícita y que se solicitó la revocatoria del mentado acto.

1.4. Recursos de apelación.

1.4.1. Municipio de Florencia.

Insistió en que no ha vulnerado los derechos colectivos, toda vez que desde las Secretarías de Gobierno y Participación Comunitaria han adelantado los trámites pertinentes necesarios «para hacerle entender » a la población la afectación que generan al momen to de obstaculizar el espacio público, pero lamentablemente siempre han hecho caso omiso y se empeñan en ocupar por la fuerza los andenes y vías públicas.

Agregó que en los años 2020 y 2021 se realizaron campañas de sensibilización sobre el buen uso del espacio público, al tiempo que se notificó de manera individual a los comerciantes estacionarios que lo ocupaban y se les ofertó un local de reubicación que no fue aceptada; «del mismo modo un grupo de nueve mujeres vendedores de jugo de naranja que están ubicadas en el andén exterior de la plaza de mercado aceptaron a la Administración Municipal ser reubicadas en una plazoleta frente al barrio Las Brisas en un

fue aceptada; «del mismo modo un grupo de nueve mujeres vendedores de jugo de naranja que están ubicadas en el andén exterior de la plaza de mercado aceptaron a la Administración Municipal ser reubicadas en una plazoleta frente al barrio Las Brisas en un proyecto elaborado por la secretaría de planeación con casetas modelo, donde se formaliza su actividad en calidad de propietarios».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro Radicación: 18001-33-33-002-2019-00569-01

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Sostuvo que los demás comerciantes no se acercaron a la dependencia respectiva y, por tanto, se debe entender que no aceptaron la propuesta de reubicación; de otro lado, dijo que 25 comerciantes que ocupan corredores internos de la plaza de mercado satélite y se les notificó mediante documento que se acercaran a la administración con el propósito de ser reubicados al interior del pabellón de la central de abastos, pero ninguno aceptó la propuesta bajo el argumento de que por el horario y la ubicación no se generaría el mismo volumen de venta.

Por lo anterior, insistió en que sí se han creado y ejecutado alternativas concretas, eficaces y eficientes de trabajo formal para los trabajadores informales que ocupan irregularmente el espacio público.

1.4.2. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Manifestó que si bien en la sentencia de primera instancia se afirmó la responsabilidad de la entidad, en la parte considerativa se echan de menos las consideraciones relacionadas, pues el a quo se limitó a pronunciarse sobre las funciones del municipio y, concretamente,

Manifestó que si bien en la sentencia de primera instancia se afirmó la responsabilidad de la entidad, en la parte considerativa se echan de menos las consideraciones relacionadas, pues el a quo se limitó a pronunciarse sobre las funciones del municipio y, concretamente, de la inspección de policía que en nada se relacionada con esta demandada.

Argumentó que no tiene responsabilidad en los hechos que se debaten, toda vez que los permisos se concedieron de forma irregular y la recuperación del espacio público compete exclusivamente a la inspección de policía. Además, que la entidad no ejerce funci ones de tránsito en el municipio y, por tanto, toda actividad de control vehicular de descargue, parqueadero o cualquier otra infracción obedece a la otra demandada. Por ello, insistió en la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Aunado a lo anterior, afirmó que el actor no probó ninguno de los hechos descritos en la demanda, es decir, no cumplió con la carga que le impone el artículo 30 de la Ley 472 de

1998. También advirtió que cada vez que se presenta la invasión del espacio pú blico, la Policía Nacional es la encargada del mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, por tanto, las actividades están dirigidas para garantizar sus derechos. Por demás, reiteró los argumentos d e la contestación de la demanda.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro Radicación: 18001-33-33-002-2019-00569-01

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1.5. Trámite de segunda instancia.

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1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión de los recursos de apelación.

Mediante el auto proferido el 4 de abril de 2022 , se resolvió admitir los recursos de apelación. el recurso de apelación presentado por el Municipio de Florencia. Ninguna de las partes se pronunció.

1.5.2. Alegatos de conclusión.

El 31 de mayo de 2022 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

1.5.3. Municipio de Florencia. Volvió sobre el recurso de alzada; adicionalmente dijo que el acto por el cual se adjudicó un puesto externo a la señora Sogamoso Díaz está viciado de nulidad y, por tanto, ya se adelantó el trámite de revocatoria directa.

1.5.4. Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Reiteró los argumentos de la apelación.

1.5.5. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir en segunda instancia los recursos de apelación, conforme a lo dispuesto en los artículos en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación).

2.2. Problema jurídico.

en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación).

2.2. Problema jurídico.

Corresponde determinar si el Municipio de Florencia y la Policía Nacional han vulnerado los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienesSentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro Radicación: 18001-33-33-002-2019-00569-01

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de uso público, el goce de un ambiente sano y de la seguridad y salubridad pública, afectados por las casetas ubicadas en el puente peatonal colindante al puente de la Galería Salitre entre la Avenida Los Colonos y la Calle 5ª.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos que se alegan vulnerados; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos invocados por el actor.

2.3.1. Sobre el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

El artículo 88 de la Constitución Política estableció que «la Ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.»

populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.»

En cumplimiento de este artículo superior, se expidió la Ley 472 de 1998 que reguló las acciones populares, las cuales están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos (artículo 1º). En el artículo 4º se dispuso que son derechos e intereses colectivos, los relacionados con:

1. El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii. La moralidad administrativa; iii. La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protecci ón de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; iv. El goce del espacio público y la utilizac ión y defensa de los bienes de uso público;
2. La defensa del patrimonio público;Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro Radicación: 18001-33-33-002-2019-00569-01

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1. La defensa del patrimonio cultural de la Nación;

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1. La defensa del patrimonio cultural de la Nación; vii. La seguridad y salubridad públicas; viii. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; ix. La libre competencia económica;
2. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; xi. La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; xii. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; xiii. La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; xiv. Los derechos de los consumidores y usuarios.

Esta norma también prevé que son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.

2.3.2. Espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público.

La Ley 9 de 1989 establece que el espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. En el artículo 5º, dispuso:

naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. En el artículo 5º, dispuso:

Artículo 5º. "Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos , para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos,Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro Radicación: 18001-33-33-002-2019-00569-01

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recreativos y artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y

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recreativos y artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo (…)

Luego, la Constitución Política de 1991, estableció en el artículo 82 de la Constitución Política que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C -265 de 2002 consideró que una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a Colombia como un Estado Social de Derecho, guarda relación con la garantía de una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y el goce de un medio ambiente sano que dependen de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los habitantes.

Posteriormente, el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016 previó:

Artículo 139. Definición del espacio público. Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la

inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional (…)..

Al mismo tiempo, el Consejo de Estado5 ha señalado que es deber del Estado «y por ende, de sus autoridades, velar por la protección de la integridad del espacio público ; (2) velar por su destinación al uso común; (3) asegurar la efectividad del carácter prevalente del uso común del espacio público sobre el interés particular; (4) Ejercer la facultad reguladora en materia de ordenamiento territorial, en relación con la utilización del suelo y del espacio público para la defensa del interés común, entre otros; (5) Es un derecho e interés colectivo; (6) Constituye el objeto material de las acciones populares y es uno de los bienes jurídicamente garantizables a través de ellas (…)».

De manera que el espacio público está compuesto por los lugares destinados a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas, entre las cuales se encuentran los sistemas de circulación peatonal y vehicular.

5 Sección primera, sentencia del 5 de febrero de 2009, radicación 2003 -01097 con ponencia de la consejera María Claudia Rojas Lasso.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Moisés Sánchez Portela Demandado: Municipio de Florencia y otro Radicación: 18001-33-33-002-2019-00569-01

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2.3.3. Seguridad y salubridad pública.

Sobre este Derecho, el Consejo de Estado6 se ha pronunciado en los siguientes términos:

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura sanitaria y en especi al hospitalaria, como típica manifestación del mismo.

(…)

En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad . De esta manera, se puede concluir que la salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tant