TA CAQ - 1800133330032017-00513-01-(10-08-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMagistrado Ponente: Pedro Javier Bolaños Andrade

Florencia, diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA No. 114

RADICACIÓN : 18-001-33-33-003-2017-00513-01

MEDIO DE CONTROL : Reparación directa

DEMANDANTE : César Leal Díaz y Otros DEMANDADO : Nación – Mindefensa – Ejército Nacional ASUNTO : Mina antipersonal civil.

I. ASUNTO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 20 22 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

CÉSAR LEAL DÍAZ Y OTROS , por conducto de apoderado judi cial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL con el objeto de que se l a declare administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos causados como consecuencia de la s lesiones físicas y pérdida de capacidad laboral sufrida por el señor César Leal Díaz en hechos ocurridos el 01 de mayo de 2015, al activar accidentalmente una mina antipersonal cuando se disponía a arreglar una cerca de alambre, en una finca

en hechos ocurridos el 01 de mayo de 2015, al activar accidentalmente una mina antipersonal cuando se disponía a arreglar una cerca de alambre, en una finca ubicada en la vereda El Sinai, municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá; y como consecuencia de dicha declaración se la condene a pagar los perjuicios a ellos causados en la forma planteada en la demanda.

Como fundamentos fácticos, se expuso:

Se afirmó que el 01 de mayo de 2015 el señor CÉSAR LEAL DÍAZ , en momentos en que se disponía a reparar una cerca de alambre en la finca en que trabajaba, dio unos pasos y activó accidentalmente una mina antipersonal, sufriendo varias lesiones en su cuerpo; siendo auxiliado por sus familiares y amigos, quienes lo llevaron a la ciudad de Florencia para ser atendido en el hospital María Inmaculada.

Que por el lugar donde ocurrieron los hechos transitaban constantemente tropas del ejército nacional, con sede en la base militar ubicada en San Vicente delRadicación: 18-001-33-33-003-2017-00513-01

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Caguán; siendo las lesiones sufridas por el señor Leal Díaz consecuencia directa de la presencia en el sector de la vereda El Sinaí tanto de tropas del ejército nacional como del grupo al margen de la ley de las FARC.

Se afirmó que, con ocasión al conflicto armado interno, dicho grupo armado ilegal

de la presencia en el sector de la vereda El Sinaí tanto de tropas del ejército nacional como del grupo al margen de la ley de las FARC.

Se afirmó que, con ocasión al conflicto armado interno, dicho grupo armado ilegal procedía a sembrar artefactos explosivos con el fin de evadir a la fuerza pública, y que el ejército conociendo de los distintos sitios por donde estaban ubicados sus campamentos no prevenía a la población civil , como era demarcando los lugares de sospecha de minas, conforme lo ordenan las leyes 554 de 2000 y 759 de 2002; configurándose así una clara omisión al deber constitucional y legal.

Que el riesgo generado por las minas antipersonal era y es previsible; que las lesiones ocasionadas al señor César Leal Díaz fueron ocasionadas por un instrumento de ataque dirigido a la fuerza pública y, por tanto, se le impuso una carga que no estaba en la obligación de soportar.

Así mismo, que era de conocimiento de las autoridades que para el momento en que se produjo el accidente, ya habían ocurrido vari os casos de personas que sufrieron lesiones con ocasión a la activación de minas antipersonales, sin que se hubiesen realizado acciones efectivas tendientes a neutralizar los artefactos existentes en la zona aún sin explotar ; por lo que el daño causado debe ser asumido por las autoridades, en tanto tenía el deber de advertirlo.

Se afirmó que, al igual que la víctima directa, la familia de este se ha visto también afectada, en tanto ha padecido al verlo sufrir, al estar notoriamente afectado para ejercer sus actividades diarias, tanto de tipo social como laboral, después de gozar

Se afirmó que, al igual que la víctima directa, la familia de este se ha visto también afectada, en tanto ha padecido al verlo sufrir, al estar notoriamente afectado para ejercer sus actividades diarias, tanto de tipo social como laboral, después de gozar de buena salud y tener una actividad productiva que le permitía un buen nivel de vida.

2.2. Contestación

La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional1 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda , al señalar que no estaba probada la participación de la institución en los hechos ocurridos, no siendo responsable por omisión, o que el ataque hubiera estado dirigido contra efectivos militares ; así mismo, que no es cierto que en esa zona hubiera presencia del Ejército Nacional para el momento de los hechos, por lo que no puede aducirse una posición de garante.

Igualmente, refirió que no es cierto que las fuerzas militares siembren o empleen ese tipo de artefactos explosivos, los cuales son utilizados por grupos armados al margen de la ley ; no existiendo, por tanto, relación de causalidad entre las lesiones sufridas y el actuar de la entidad demandada, por cuanto el hecho generador del daño se derivó de la a ctividad exclusiva y determinante de un tercero.

Propuso como excepciones de fondo: i) excepción de carencia de medios probatorios que endilguen responsabilidad de la entidad, ii) excepción sobre el nexo de causalidad, y como eximentes de responsabilidad: i) hecho de un tercero, y ii) inexistencia de posición de garante.

1 Fls. 144 a 153 de CP No. 1 DigitalizadoRadicación: 18-001-33-33-003-2017-00513-01

y ii) inexistencia de posición de garante.

1 Fls. 144 a 153 de CP No. 1 DigitalizadoRadicación: 18-001-33-33-003-2017-00513-01

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2.3. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Quinto Administrativo de Florencia mediante sentencia de fecha 30 de septiembre de 20 222 negó las pretensiones de la demanda, disponiendo lo siguiente:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría del Despacho, que remita copia de este fallo a la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), con la finalidad de que la sentencia se registre en el Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal (IMSMA) del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Asimismo, para que se incluyan a los demandantes que no estén en la ruta de atención y reparación mencionada, para que puedan recibir todos los servicios asi stenciales e indemnizatorios dispuestos para el goce efectivo de sus derechos.

TERCERO: Sin condena en costas”

Como fundamento de su decisión, la a quo, luego de la valoración probatoria , encontró acreditado el daño como primer elemento de responsabilidad, traducido en las lesiones físicas, psiquiátricas y posterior pérdida de capacidad laboral

Como fundamento de su decisión, la a quo, luego de la valoración probatoria , encontró acreditado el daño como primer elemento de responsabilidad, traducido en las lesiones físicas, psiquiátricas y posterior pérdida de capacidad laboral sufridas por el señor César Leal Díaz; y, en relación con la imputación y nexo de causalidad, arribó a la conclusión de que las probanzas obrantes en el plenario no permitían inferir una desatención del Ejército Nacional respecto de las obligaciones que, en materia de señalización, demarcación y vigilancia de una zona afectada por artefactos explosivos improvisados, le correspondía asumir.

Que no obstante que en el escrito de demanda se manifestó que la administración tenía conocimiento previo de la situación de minado, lo que se probaba con las diferentes respuestas a los derechos de petición que se alle garían, dichos documentos no fueron aportados al trámite procesal, como tampoco se acreditó lo afirmado respecto de que el ejército nacional tenía conocimiento de que en la zona se habían presentado en los días que antecedieron alteraciones graves del orden público y atentados terroristas.

2.5. Apelación

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó y sustentó en oportunidad el recurso de alzada 3, argumentado su dis enso en los siguiente s términos: (i) que sí se presentó un riesgo excepcional, como quiera que el lugar donde fue instalada la mina antipersonal había sido ocupado días atrás por miembros del e jército nacional, para acantonarse en esa zona rural, lo que se probó con la testi monial obrante en el expediente; (ii) qu e se acreditó que días

donde fue instalada la mina antipersonal había sido ocupado días atrás por miembros del e jército nacional, para acantonarse en esa zona rural, lo que se probó con la testi monial obrante en el expediente; (ii) qu e se acreditó que días antes a la explosión de la mina antipersonal, el ejército había organizado sus cambuches en los predios de la víctima directa, donde permanecieron por un intervalo de ocho días; (iii) igualmente, que se probó que en el lugar de los hechos había presencia de grupos al margen de la ley ; y (iv) que el artefacto explosivo

2 Archivo Pdf 57Sentencia del expediente digital 3 Archivo Pdf 59RecursoApelacionParteActora del expediente digitalRadicación: 18-001-33-33-003-2017-00513-01

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iba dirigid o contra los miembros de la fuerza pública que constantemente sostenían enfrentamientos en la zona con las guerrillas de las FARC.

En consecuencia, solicita se revoque la sentencia de primer grado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

2.6. La segunda instancia

El recurso de apelación in terpuesto por la parte demandante fue admitido por esta Corporación mediante proveído del 23 de enero de 20234, en los términos del artículo 67 de la Ley 2080 del 2 021, que modificó el numeral 3 del a rtículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

del artículo 67 de la Ley 2080 del 2 021, que modificó el numeral 3 del a rtículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Por así disponerlo el artículo 153 del CPACA, el Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.

3.2 Límites del recurso de apelación

Conforme lo dispone el artículo 328 del Código General del Proceso, la Sala limitará el estudio de la alzada a los argumentos expuestos y desarrollados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

3.3. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala definir, conforme a los argumentos de la alzada, si la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL es administrativamente responsable de los perjuicios causados a la parte demandante con ocasión de las lesiones sufridas por el señor César Leal Díaz cuando accidentalmente accionó una mina antipersonal, en hechos ocurridos el 1° de mayo de 2015 en la vereda El Sinaí, municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá; o si, por el contrario, se configura causa extraña que rompa el nexo de causalidad.

De ello dependerá que la sentencia de primera instancia se confirme, revoque o modifique parcialmente.

3.4. Régimen de responsabilidad

Observa la Sala que, con anterioridad a la expedición de la providencia que aquí se analiza, el Consejo de Estado5 en sentencia del 7 de marzo de 2018 unificó su

modifique parcialmente.

3.4. Régimen de responsabilidad

Observa la Sala que, con anterioridad a la expedición de la providencia que aquí se analiza, el Consejo de Estado5 en sentencia del 7 de marzo de 2018 unificó su jurisprudencia, en el sentido de precisar que -hasta el 1° de marzo de 20216sólo había lugar a declarar la responsabilidad del Estado por la explosión de minas

4 Archivo Pdf 06AdmiteApelacion del expediente digital carpeta de segunda instancia. 5 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 3. Sala Plena. Rad. 25000-23-26-000-2005-0032001(34359) A. C.P. Danilo Rojas Betancourth. 6Fecha en la cual culminó el plazo otorgado al Estado Colombiano para finalizar las labores de desminado, y empezó a aplicarse el régimen de responsabilidad objetiva.Radicación: 18-001-33-33-003-2017-00513-01

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antipersona (en adelante MAP), municiones sin estallar (en adelante MUSE) y artefactos explosivos improvisados (en adelante AEI), cuando los hechos se hubieran presentado en instalaciones militares y las minas o artefactos explosivos hubieran sido colocados por el mismo ejército nacional -caso en el cual no importaba si la víctima era un militar o un civilo los hechos hubieran ocurrido en una proximidad evidente a un órgano representativo del Estado, que permit iera afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido en contra de los agentes de la

importaba si la víctima era un militar o un civilo los hechos hubieran ocurrido en una proximidad evidente a un órgano representativo del Estado, que permit iera afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido en contra de los agentes de la entidad. Es decir, que no había lugar a la declaratoria de responsabilidad bajo el régimen objetivo, sino bajo el tamiz del régimen subjetivo de falla en el servicio.

El Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo arribó a dicha conclusión, al considerar que la Convención de Ottawa no p odía entenderse incumplida por parte del Estado Colombiano sino a partir del 1° de marzo de 2021, fecha en la cual expira ba el plazo otorgado para realizar las labores de desminado, adquiriendo a partir de la referida fecha la indiscutible posición de garante, que conllevaba a declarar -en casos de explosión de MAP, MUSE y AEI - la responsabilidad estatal bajo el régimen objetivo. Al respecto indicó:

“La Sala Plena de Sección Tercera unificará su jurisprudencia en el sentido de afirmar que; i) habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados con MAP/MUSE/AEI en casos en los que la proximidad evidente a un órgano representativo del Estado, permita afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional, ii) el Estado de Colombia no ha infringido su deber de prevenir y respetar los derechos de las víctimas de MAP/MUSE/AEI, en los términos del artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos,

su deber de prevenir y respetar los derechos de las víctimas de MAP/MUSE/AEI, en los términos del artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el análisis acerca del alcance y naturaleza de la obligación de prevenir las violaciones a los derecho s a la vida e integridad personal de estas víctimas, y en atención a las particularidades del fenómeno y la dinámica del conflicto armado en Colombia, al marco legislativo dispuesto por el Estado para adelantar labores de desminado humanitario y de ERM, a las disposiciones adoptadas en materia de indemnización mediante la ley de víctimas y sus decretos reglamentarios, y recordando que el mero hecho de que se presente la violación de un derecho contemplado en la Convención Americana no constituye un incumplimiento de las obligaciones convencionales adquiridas por el Estado, iii) no obstante, será deber del juez de daños solicitar la inclusión de los actores en la ruta de atención integral para víctimas de minas antipersonal ofrecida por el Gobierno, a través de las distintas entidades que prestan los servicios requeridos según sus necesidades para asistir a las personas que hayan tenido este tipo de lesiones así como a los familiares de una víctima mortal”7.

Ahora bien, el Consejo de Estado en sentencia de l 22 de febrero de 2021 8 indicó que no obstante que el Estado Colombiano se comprometió a destruir las minas antipersonal en un plazo que, en principio, vencía el 1° de marzo de 2021, la obligación de identificar y demarcar las zonas en las que se conozca o sospeche de la existencia de dichos artefactos no está sujeta a plazo fijo , y que la

la obligación de identificar y demarcar las zonas en las que se conozca o sospeche de la existencia de dichos artefactos no está sujeta a plazo fijo , y que la

7 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 3. Sala Plena. Rad. 25000-23-26-000-2005-0032001(34359) A. C.P. Danilo Rojas Betancourth. 8 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS, Bogotá D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintiuno (2021), Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00631-01(51094), Actor: JOSÉ SALOMÓN CHAVARRÍA MESA Y OTROS, Demandado: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONALRadicación: 18-001-33-33-003-2017-00513-01

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convención de Ottawa anunció el 20 de noviembre de 2 020 una prórroga de cuatro años al referido Estado para que cumpla con los objetivos de desminado en todo el territorio nacional , plazo que va desde el 1° de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2025. Sobre el particular precisó lo siguiente:

“Ahora bien, el Estado colombiano se comprometió a destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal sembradas en su territorio, en el plazo

de diciembre de 2025. Sobre el particular precisó lo siguiente:

“Ahora bien, el Estado colombiano se comprometió a destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal sembradas en su territorio, en el plazo que vencía, en principio, en marzo de 2021, pero la obligación de identificar y demarcar las zonas en que se sepa o se sospeche la existencia de estos artefactos no está sujeta a un plazo determinado. Lo expuesto, por cuanto el artículo 5 de la convención de Ottawa no establece un límite de tiempo para cumplir dicho mandato, como sí lo hizo respecto a la destrucción de dichos artefactos. El numeral 2° del artículo 5 impone a los Estados parte el deb er de esforzarse en identificar las zonas donde se sepa o sospeche la contaminación por minas antipersonal 9 y adoptar, tan pronto como sea posible, las medidas necesarias para delimitar y vigilar dicha área.

Con todo y lo anterior, la Convención de Ottawa anunció el 20 de noviembre de 2020, una prórroga por más de cuatro (4) años para que Colombia, a través de la oficina del Alto Comisionado para la Paz que dirige el programa de Desminado Humanitario, cumpla con los objetivos de eliminación de minas antipe rsonal en todo el territorio nacional, luego de confirmar que la ‘Solicitud de Extensión Colombia 2020’, tendrá un plazo de 4 años y 10 meses, esto es, entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 202510.

La solicitud enviada por el Gobierno Naciona l al Comité de Implementación del Artículo 5 de la Convención, destacó que Colombia cuenta con 1.122 municipios,

de 2021 y el 31 de diciembre de 202510.

La solicitud enviada por el Gobierno Naciona l al Comité de Implementación del Artículo 5 de la Convención, destacó que Colombia cuenta con 1.122 municipios, de los cuales, cuando se hizo la primera estimación hace 8 años, 715 presentaban algún tipo de contaminación. Refirió, además, que a marzo de 2020 un total de 393 municipios habían sido declarados libres de minas. Este avance corresponde a un despeje de más de seis millones de metros cuadrados, la destrucción de 3.733 minas antipersonal de naturaleza improvisada y un impacto directo en más de 14 millones de colombianos.

(…)

En síntesis, la labor de desminado en el territorio nacional avanza y el Estado colombiano tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para cumplir las obligaciones contenidas en el artículo 5.1 de la Convención de Ottawa. Por su lado, la Sala Plena de la Corporación recordó en el fallo de unificación que en vista de que la Administración no ha incumplido las obligaciones derivadas de la convención en cuanto al desminado total del territorio, “la omisión en el logro a cabalidad de dicho compromiso no puede constituir la base de una condena por parte de esta jurisdicción” . (Destacado de la Sala).

3.5. Material probatorio

• Reporte de epicrisis del señor César Leal Díaz, de la clínica Medilaser S.A.

Florencia, con fecha de ingreso a urgencias el 01 de mayo de 2015 y de egreso

9 Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del

Florencia, con fecha de ingreso a urgencias el 01 de mayo de 2015 y de egreso

9 Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de marzo de 2018, rad. 49.851. 10 www.accioncontraminas.gov.co (consultado el 24 de febrero de 2021)Radicación: 18-001-33-33-003-2017-00513-01

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el 04 de mayo de 2015 11, en la que se consignó como motivo de la consulta y enfermedad lo siguiente:

En la atención de servicios y apoyos, se indicó:

En cuanto al diagnóstico se estableció el 20 de mayo de 2015, lo siguiente:

11 Páginas 10 al 152 del Cuaderno de Pruebas parte actora, expediente digitalRadicación: 18-001-33-33-003-2017-00513-01

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• Formato único de noticia criminal de la Fiscalía General de la Nación, No. 410016000586201502948, con fecha de recepción 25/05/2015 12, denuncia por lesiones personales agravado por terrorismo, presentada por la señora Mireya Cortés Zúñiga, en la que se plasmó el siguiente relato de hechos:

lesiones personales agravado por terrorismo, presentada por la señora Mireya Cortés Zúñiga, en la que se plasmó el siguiente relato de hechos:

“EL 1 DE MAYO DEL AÑO 2015 SIENDO APROXIMADAMENTE LAS ONCE DE LA MAÑANA MI ESPOSO CESAR LEAL DÍAZ SE FUE A REPARAR UNA CERCA EN LA FINCA DE NOSOTROS UBICADA EN LA VEREDA SINAÍ JURISDICCIÓN DE SAN VICENTE EL CAGUAN (CAQUETÁ) Y ESTANDO EN ESA LABOR, FUE VÍCTIMA DE UNA MI NA QUIEBRA PATAS Y RESULTO LESIONADO LA PIERNA IZQUIERDA BRAZO DERECHO Y OTRAS HERIDAS EN EL CUERPO, ACTUALMENTE HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO D E NEIVA, EN LA PIEZA DEL QUINTO PISO CAMA 508, CUANDO OCURRIÓ EL HECHO FUE AUXILIADO POR UNOS VECINOS Y LLEVADO HASTA EL CENTRO ASISTENCIAL EN SAN VICENTE Y POSTERIORMENTE REMITIDO A FLORENCIA A LA CLÍNICA MEDILASER Y POR LA MALA ATENCIÓN SOLICITE QUE LO REMITIERAN AL HOSPITAL DE NEIVA Y LLEGO EL PASADO 4 DE MAYO, LA ZONA DONDE SE PRESENTO EL HECHO ES LA PRIMERA

VEZ QUE PASA UNA CUESTIÓN DE ESTAS, ESO ES TODO”.

• Certificación de fecha 06 de julio de 201513 expedida por la directiva de la Junta de acción comunal de la vereda El Sinaí, con personería jurídica No. 500226 de 1997, en la que se hizo constar que el señor César Leal Díaz era socio activo de

de acción comunal de la vereda El Sinaí, con personería jurídica No. 500226 de 1997, en la que se hizo constar que el señor César Leal Díaz era socio activo de la comunidad y que el 01 de mayo de 2015, “(…) en horas de la mañana siendo las 11:00 AM fue víctima de una mina antipersonal en predios del suscrito, que se encontraba realizando actividades laborales del campo sabiendo que el ejército había estado en sus predios se fue a revisar el cercado de su finca que se encontraba dañados por el ejército al salir de lugar . Estando en esa labor fue donde cayó en la mina antipersonal da la cual fue víctima”

• Historias clínicas sobre la atención brindada al señor César Leal Díaz, en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva 14, y nueva atención en la Clínica Medilaser SA15, de fechas 04 de mayo de 2015 y 13 de julio de 2015, respectivamente.

• Informe pericial de clínica forense No. GRCOPPF-DRSUR-07199-C-2015 del 18 de agosto de 201516, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se consignó con ocasión de las lesiones padecidas por el señor César

Leal Díaz, lo siguiente:

“Mecanismo traumático de lesión. Agentes y mecanismo explosivo. Incapacidad médico legal DEFINITIVA DE SETENTA (70) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: “Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente; Perturbación funcional de órgano locomoción de carácter por definir; Perturbación funcional de

“Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente; Perturbación funcional de órgano locomoción de carácter por definir; Perturbación funcional de miembro superior de carácter por definir”

• Dictamen No. 6647 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, contenido en el formulario de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y

12 Páginas 44 a 46 Cuaderno Principal del expediente digital 13 Página 47 del Cuaderno Principal del expediente digital 14 Páginas 50 a 94 del Cuaderno Principal del expediente digital 15 Páginas 95 a 96 del Cuaderno Principal del expediente digital 16 Páginas 22 a 23 del archivo pdf 26RtaOficio291Fiscalia7Esp del expediente digitalRadicación: 18-001-33-33-003-2017-00513-01

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ocupacional, de l 24 de mayo de 2016 17, donde se calificó una pérdida de la capacidad laboral del 26,98%, con fecha de estructuración 1 de mayo de 2015, con ocasión a un accidente de origen común con mina antipersonal, determinando como diagnóstico de las deficiencias motivo de la calificación “accidente por mina antipersonal // fractura de diáfisis proximal cúbito derecho // osteosíntesis // estrés posttraumático”.

- Oficio No. 1810 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPO-CIVO6BATOT3-S11-1.9, con

estrés posttraumático”.

• Oficio No. 1810 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPO-CIVO6BATOT3-S11-1.9, con fecha recibido el 08 de abril de 2019 18, suscrito por el comandante del Batallón

de Operaciones Terrestres No. 3, en el que se informó con relación a los hechos (se transcribe en forma textual):

“(…) despúes de verificar los archivos de la BRIGADA MOVIL 9 se logra evidenciar que al parecer el grupo guerrillero que delinquía para el mes de mayo de 2015 en la vereda el Sinai era el frente 62 “Combatientes de Yari” y quien su cabecilla principal era LUIS ALFONSO LIZCANO GUALDRON alias Euclides 39 o el Fl aco, dentro de su composición la comisión que realizaba movimientos de la vereda Villa Carmona y que es el punto más cercano a la vereda Sinai estaba al mando del sujeto JHONNY HURTADO MOSQUERA alias Negro o Camilo.

De igual manera, de acuerdo a jurisdicción donde se encontraba la vereda el Sinai en el año 2015 estaba a cargo de la Brigada móvil número 6.

Respecto al numeral 2 y 3 de señalado escrito, una vez verificado los archivos de la BRIGADA MOVIL 9, no reposa en esta Unidad Táctica información fre nte a los hechos acontecidos para el 01 de mayo de 2015 en la vereda el Sinaí por explosivos de mina antipersonal”.

- Oficio No. 1564 MDN -CGFM-COEJC-CCON3-FUTCO-CECCOBRIM6-G11-1.9. del

de mina antipersonal”.

- Oficio No. 1564 MDN -CGFM-COEJC-CCON3-FUTCO-CECCOBRIM6-G11-1.9. del

23 de junio de 201719, suscrito por el comandante de la Brigada Móvil No. 6, quien frente a los hechos ocurridos el 1 de mayo de 2015, señaló (se transcribe en forma textual):

“(…) Se procedió a revisar el inventario digital y físico (carpeta de operaciones, bitácora, informes de patrullaje, radiogramas, INSITOP) del Archivo Operacional de la BRIM6 para el mes de mayo de 2015, no obstante, se evidenció la inexistencia de soporte relacionado con el supuesto apoyo del Personal Militar adscripto a la Brigada Móvil No. 6, en la vereda Sinaí del municipio de San Vicente del Caguán.

Lo anterior, teniendo en cuenta que para esa fecha el Personal Militar de la Brigada Móvil No. 6, según INSITOP de 01 de mayo de 2015 no se encontraba en la zona de los hechos puestos en conocimiento en el oficio No. 20172512342203.

(…) Es menester p recisar que en relación de extensión o magnitud total de la contaminación de artefactos explosivos en el territorio de nacional, no se ha logrado estimar con exactitud, esto en virtud al combate irregular contra los grupos al margen de la ley.

Dichos gru pos han provocado el desplazamiento de la contaminación y uso desmedido de artefactos explosivos, lo que ha ocasionado que ni esos conozcan la

17 Páginas 177 a 181 del Cuaderno de Pruebas parte actora, expediente digital

Dichos gru pos han provocado el desplazamiento de la contaminación y uso desmedido de artefactos explosivos, lo que ha ocasionado que ni esos conozcan la

17 Páginas 177 a 181 del Cuaderno de Pruebas parte actora, expediente digital 18 Página 173 del Cuaderno de Pruebas parte actora, expediente digital 19 Páginas 197 a 199 del Cuaderno Principal del expediente digitalRadicación: 18-001-33-33-003-2017-00513-01

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ubicación total de minas en las diferentes zonas del país, si