TA CAQ - 18001333300420170035601-(14-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Cuarta de DecisiónMagistrado Ponente: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

Florencia, catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA N° 149

Expediente número: 18001-33-33-004-2017-00356-01

Medio de control: Reparación directa Demandante: Manuel Vargas García y Otros Autoridad demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación y Otro Asunto: Privación de la libertad.

Habiendo ingresado el proceso al despacho segundo, proveniente del despacho de la magistrada YANNETH REYES VILLAMIZAR, como consecuencia de la derrota de ponencia que presentara, procede la Sala Cuarta de Decisión de la corporación, con ponencia del magistrado que le sigue en turno en orden alfabético, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 02 de diciembre de 2.019 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia, por la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

1.1. La demanda1.

El señor JUAN DE JESÚS VARGAS GARCÍA y otros, en ejercicio del medio de control de reparación directa, a través de apoderado judicial, presentaron demanda en contra de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el objeto de q ue se les declare

medio de control de reparación directa, a través de apoderado judicial, presentaron demanda en contra de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el objeto de q ue se les declare patrimonial y administrativa mente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados con la detención injusta de la que -se afirmafue objeto el señor JUAN DE JESÚS VARGAS GARCÍA durante el período comprendido entre el 31 de enero de 2013 y el 09 de abril de 2015; y como consecuencia se las condene a pagar los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados en los montos relacionados en la demanda.

Como hechos que sustentan las pretensiones, se indica ron, en síntesis, los siguientes:

1 Fs. 40-63, C.1.Expediente número: 18-001-33-33-004-2017-00356-01

Acción: Reparación Directa Accionante: Manuel García y otros Autoridad accionada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

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Se afirmó que el 31 de enero del año 2013 el señor VARGAS GARCIA fue capturado mediando orden judicial emitida por el Juez Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes, para efectos de vincularlo al proceso penal NUC 180946105191201280069 que se le adelantaba en la Fiscalía 13 Seccional de dicha localidad, por el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Ello, como consecuencia de una denuncia anónima que se recibió en la comisaría de familia, en la que se daba cuenta que al parecer sostenía una relación sentimental con la menor XXXX2 desde el

menor de 14 años. Ello, como consecuencia de una denuncia anónima que se recibió en la comisaría de familia, en la que se daba cuenta que al parecer sostenía una relación sentimental con la menor XXXX2 desde el mes de mayo de 2012.

Que e l 01 de febrero del 2013 se llevaron a cabo las audiencias preliminares, en donde se legalizó la captura, formuló imputación de cargos y, a solicitud de la fiscalía, se impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, ordenando su reclusión en el EPMSC Cunduy.

Se indicó que c on posterioridad, el 8 de abril del 201 5, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia llevó a c abo audiencia de juicio oral, emitiendo sentencia de carácter absolutoria, al considerar que la fiscalía no llevó al convencimiento al juez más allá de toda duda razonable de la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del acusado , y a que la menor nunca señaló como victimario al encartado, e incluso declaró en audiencia de juicio que no lo conocía , que desde un inicio se mencion ó como a agresor a una persona de nombre JUAN CARLOS, no existiendo señalamientos en contra de JUAN DE JESÚS VARGAS GARCIA.

Que como consecuencia del proceso adelantado en su contra, le fue causado un grave perjuicio que no tenía el deber de soportar, afectando su derecho a la honra y el buen nombre.

1.2. Contestación.

1.2.1. Rama Judicial3.

Argumentó que no se le podía endilgar responsabilidad por cuanto la privación de la libertad de la que fue objeto el señor JUAN DE JESUS

1.2. Contestación.

1.2.1. Rama Judicial3.

Argumentó que no se le podía endilgar responsabilidad por cuanto la privación de la libertad de la que fue objeto el señor JUAN DE JESUS VARGAS GARCÍA por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, fue conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la ley 1098 de 2006, circunstancia por la cual no podía resultar favorecido con beneficios o subrogados penales contenidos en la ley 906 de 2004.

Que las actuaciones y decisiones de la rama judicial en el curso del proceso penal fueron emitidas en cumplimiento a la ley y la Constitución

2 Se omite el nombre de la menor, a efectos de proteger su identidad 3 Fl. 78-88, C. 1Expediente número: 18-001-33-33-004-2017-00356-01

Acción: Reparación Directa Accionante: Manuel García y otros Autoridad accionada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

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Política; la medida de aseguramiento decretada en su contra, se dictó con fundamento en los elementos probatorios e información legalmente obtenida, exhibida por la Fiscalía General de la Nación, no existiendo nexo de causalidad entre el daño antijurídico irrogado a los demandantes y las actuaciones de la entidad, máxime que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia declaró su absolución, recobrando su libertad.

Precisó que si bien la medida privativa de la libertad fue impartida por el juez a solicitud de la fiscalía, tuvo respaldo en las declaraciones de la defensora de familia y los familiares de la menor en contra de JUAN DE

Precisó que si bien la medida privativa de la libertad fue impartida por el juez a solicitud de la fiscalía, tuvo respaldo en las declaraciones de la defensora de familia y los familiares de la menor en contra de JUAN DE JESÚS VARGAS, por tanto, la decisión adoptada se ajustó al cumplimiento de los fines y valores constitucionales para los cuales fue creada, tendientes a determinar los autores o partícipes de la conducta punible.

Formuló como excepciones: i) inexistencia de perjuicios, ii) inexistencia de nexo d e causalidad, iii) culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero.

1.2.2. Fiscalía General de la Nación4

Señaló que no existe una falla en el servicio en la actividad que desplegó el ente acusador cuando solicitó la medida de aseguramiento, dado que se contaban con los fundamentos jurídicos y facticos para presentar la solicitud, además de no haber presentado pruebas ilegales o que indujeran en error al juez de control de garantías; que el hecho de no haberse proferido sentencia condenatoria en contra del demandante, no significó per se una falla en el servicio de la entidad al momento de solicitad la medida, máxime cuando corresponde al juez valorar si se cumplen o no los presupuestos de procedencia establecidos en los artículos 297 y 308 de la ley 906 del 2004.

Que la entidad cumplió desde el inicio con la carga procesal de demostrar los enunciados fácticos en los que basaba su pretensión para solicitar la legalidad de la captura y la imposición de la medida de aseguramiento, lo cual resultó en todo congruente con los numerales 1 y 3 de la ley 906 del 2004.

legalidad de la captura y la imposición de la medida de aseguramiento, lo cual resultó en todo congruente con los numerales 1 y 3 de la ley 906 del 2004.

Dado lo anterior, planteó como excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) medida de aseguramiento de detención preventiva obedece al ordenamiento jurídico que la fundamenta y iii) genérica.

4 Folios 91-112, C. 1Expediente número: 18-001-33-33-004-2017-00356-01

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1.3. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, mediante sentencia proferida el 2 de diciembre de 20195 dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo antes expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR solidariamente responsables administrativa y patrimonialmente a la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL, por los perjuicios causados al señor JUAN DE JESÚS VARGAS GARCÍA, por la privación injusta de la libertad que fue objeto, conforme lo demostrado en la presente litis, en las circunstancias y proporciones señaladas en las consideraciones de la presente providencia.

TERCERO: como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la

lo demostrado en la presente litis, en las circunstancias y proporciones señaladas en las consideraciones de la presente providencia.

TERCERO: como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y la NACIÓN -RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a los accionantes, los siguientes conceptos:

• En la modalidad de daño moral:

• Daño Material en la modalidad de lucro cesante: En favor del señor JUAN DE JESÚS VARGAS GARCIA, la suma de VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($23.174.752.18) a favor del señor JUAN

DE JESÚS VARGAS GARCIA (sic).

CUARTO: la parte demandante podrá perseguir el pago del 100% de la condena impuesta en esta sentencia ante cualesquiera entidades demandadas, con la prevención de la entidad que pague la totalidad de la condena podrá repetir contra la otra, de conformidad con los siguientes porcentajes 60% a cargo de la Fiscalía General de la Nación y 40% a cargo de la Rama Judicial.

5 Folios 222-229, C.2

DEMANDANTE PARENTESCO SMMLV

JUAN DE JESÚS VARGAS GARCIA VÍCTIMA 100

ANA DOLORES GARCIA GUERRA MADRE 100

JOSE LUCIANO VARGAS GARCIA HERMANO 50

MARIA BEATRIZ VARGAS GARCIA HERMANA 50

JOSÉ GENTIL VARGAS GARCIA HERMANO 50

MARÍA DOLORES VARGAS GARCÍA HERMANA 50

MARIA BEATRIZ VARGAS GARCIA HERMANA 50

JOSÉ GENTIL VARGAS GARCIA HERMANO 50

MARÍA DOLORES VARGAS GARCÍA HERMANA 50

MANUEL VARGAS GARCÍA HERMANO 50Expediente número: 18-001-33-33-004-2017-00356-01

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QUINTO: NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

(…)”

Como soporte de la decisión, consideró la a quo que la lectura del proceso penal no permitía colegir que en la imposición de la medida de aseguramiento la fiscalía hubiera inducido en error al juez, según lo escuchado en los audios allegados al plenario y que datan de las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento; que el ente acusador allegó los elementos de pruebas con los cuales el juez penal consider ó que la imposición de la medida privativa de la libertad se ajustaba a las normas aplicables al caso, dada la gravedad de la conducta y a que el investigado representaba un peligro para la sociedad.

Que, no obstante, en el curso del proceso no se probó su responsabilidad penal, considerando con ello que la restricción de la libertad rev istió el carácter de injusta, sin necesidad de hacer un análisis de las actuaciones de cada una de las entidades a título de falla en el servicio, porque lo que se reprochaba era la imposición de una carga que la persona no estaba

carácter de injusta, sin necesidad de hacer un análisis de las actuaciones de cada una de las entidades a título de falla en el servicio, porque lo que se reprochaba era la imposición de una carga que la persona no estaba en la obligación de soportar al no haberse desvirtuado su presunción de inocencia.

1.4. Apelación.

1.4.1. Rama Judicial6.

Expone que los jueces administran justicia y tienen la autonomía de elegir las normas que aplicar án al caso en concreto , según el estudio de los hechos y el precedente judicial, como lo fue para el caso que se analiza con la aplicación del artículo 199 de la ley 1098 de 2004 (Código de Infancia y Adolescencia) , ajustándose al cumplimiento de los fines y valores constitucionales.

Que las pruebas recaudadas y exhibidas por la fiscalía fueron conducentes, inicialmente, para demostrar que el procesado era responsable del delito acceso carnal abusivo en menor de catorce años, teniendo como base el testimonio de la familia de la víctima, quienes aseguraron que la relación entre la menor y el señor VARGAS GARCIA era cierta.

Indicó que se reunían los requ isitos, tanto de carácter objetivo como subjetivo, en tanto, en primer lugar, se satisfacía la exigencia establecida

6 F. 230-237, C. 2Expediente número: 18-001-33-33-004-2017-00356-01

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en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, por ser un delito

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en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, por ser un delito investigable de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda los cuatro años de prisión ; que, de acuerdo a la dosificación reseñada en el momento de la imputación, se refirió un mínimo de la pena a imponer de 8 años, cifra que resulta acorde con los limites allí previstos; que, igualmente, se satisfacían los requisitos del artículo 308 ibídem, configurándose el elemento subjetivo, como quiera que, de los elementos probatorios puestos por la fiscalía, podía inferirse que er a autor de la conducta delictiva imputada ; por lo q ue al encontrase satisfechos los presupuestos endilgados por la fiscalía era procedente restringir provisionalmente el derecho de libertad.

1.4.2. Fiscalía General de la Nación7.

Afirma que fueron las actuaciones del señor JUAN DE JESUS VARGAS GARCIA, la denuncia de la defensora de familia, las valoraciones médica y psicológica de la menor, la entrevista con la madre de la menor , entre otras, las que dieron lugar a la apertura del proceso penal y a la solicitud de imposición de la medida de aseguramiento, por lo que el procesado se encontraba en la posición de ser investigado.

Precisó que la imposición de la medida de aseguramiento estuvo ajustada a derecho, al indicar:

1. Que se estaba frente a una menor de edad y a un adulto que conocía lo que hacía y que irrespetaba los derechos de formación

Precisó que la imposición de la medida de aseguramiento estuvo ajustada a derecho, al indicar:

1. Que se estaba frente a una menor de edad y a un adulto que conocía lo que hacía y que irrespetaba los derechos de formación sexual de una menor de edad, razón por la cual representa un peligro para la sociedad y la víctima.

2. Que abusó de la víctima, en varias oportunidades, cuando estaba en estado de indefensión y no existe garantía de que no va a volver a hacerlo.

3. Se trae a colación el artículo 313 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal según el cual se cumple con el requisito de que, cuando el mínimo de la pena exceda de cuatro años de prisión y en los eventos que se impute actos abusivos con menor de catorce años es procedente la medida.

4. Así mismo se atiende lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 numeral 1, que determina que cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, la medida

de ASEGURAMIENTO CONSISTIRÁ SIEMPRE EN DETENCIÓN EN

7 F. 238-246, C. 2Expediente número: 18-001-33-33-004-2017-00356-01

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ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN Y NO SE OT ORGARÁ EL

BENEFICIO DE SUSTITUCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA

Argumentos que fueron acogidos por el juez de control de garantías, que

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ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN Y NO SE OT ORGARÁ EL

BENEFICIO DE SUSTITUCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA

Argumentos que fueron acogidos por el juez de control de garantías, que consideró que la medida era procedente en tanto se trataba de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, delito considerado grave por su naturaleza y modalidad.

Que e n cuanto a la conducta del imputado, estimó que si bien no se obtuvo fallo adverso en el proceso penal, s í se constituyó en un actuar reprochable que lo puso en condición de ser procesado, sobre la base de las declaraciones de la progenitora de la víctima, el testimonio de la menor, la valoración médica , la denuncia y estudio de la psicóloga, indicios todos que permitían endilgarle responsabilidad y facultaron al Estado para poner en juicio su presunción de inocencia; razón por la cual la privación de la libertad no devino en arbitraria ni desproporcionada, por el contrario, se enc ontró debidamente motivada, ajustada y con observancia de los fines y requisitos previstos en la ley 906 de 2004.

1.5. Antecedentes procesales de la segunda instancia.

Los recursos de apelación interpuesto s por la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación fueron admitidos por esta corporación mediante proveído del 2 de octubre de 2.0208. Con auto del 16 del mismo mes y año se surtió el traslado para alegar de conclusión 9; término dentro del cual la parte actora, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial presentaron escrito10.

1.6. Alegatos de conclusión.

año se surtió el traslado para alegar de conclusión 9; término dentro del cual la parte actora, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial presentaron escrito10.

1.6. Alegatos de conclusión.

Parte actora11, argumentó que la fiscalía se quedó corta al momento de probar la existencia del hecho , al no haber allegado prueba alguna que permitiera acreditar la condición de embarazo de la menor que relacionó en la formulación de imputación y acusación como circunstancia de agravación, siendo sometido el señor JUAN DE JESÚS VARGAS a la restricción de su derecho fundamental a la libertad sin tener el deber jurídico de soportarlo.

Fiscalía General de la Nación12, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

8 13AutoAdmiteApelacion. 9 16AutoAlegatos 10 19IngresoDespachoFallo 11 18AlegatosParteDemandante 12 19AlegatosFiscaliaExpediente número: 18-001-33-33-004-2017-00356-01

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Rama Judicial13, afirmó que el ente acusador incumplió sus deberes probatorios, indicando que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia, determinó la absolución del procesado JUAN DE JESUS VARGAS GARCIA por cuanto la fiscalía no pudo sustentar la teoría de responsabilidad para señalarlo como autor del hecho punible; además que

Florencia, determinó la absolución del procesado JUAN DE JESUS VARGAS GARCIA por cuanto la fiscalía no pudo sustentar la teoría de responsabilidad para señalarlo como autor del hecho punible; además que era clara la inviabilidad jurídica para el juez de control de garantías de poder entrar a hacer juicios de responsabilidad penal , en tanto únicamente podía verificar que del caudal probatorio allegado en su momento a la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, se pudiera inferir razonadamente su participación, resultando insuficiente las pruebas allegadas, al no reunir los requisitos necesarios para ser tenido como plena prueba que soportara una decisión condenatoria.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia.

Por así disponerlo el artículo 153 del CPACA, el Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la s entidades demandadas contra la sentencia de primera instancia.

2.2. Problema jurídico.

Conforme a los argumentos de la alzada, el problema jurídico se identifica con determinar si existe o no responsabilidad a cargo de la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que -se afirmafue víctima el señor JUAN DE JESUS VARGAS GARCIA durante el período comprendido entre el 31 de enero de 2013 y el 09 de abril de 2015, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

De la respuesta que se dé al referido problema, dependerá que la sentencia de primera instancia se confirme, modifique o revoque.

en su contra por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

De la respuesta que se dé al referido problema, dependerá que la sentencia de primera instancia se confirme, modifique o revoque.

2.3. La responsabilidad del Estado en materia de privación injusta de la libertad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado deberá responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados ya sea por acción u omisión de las autoridades públicas.

13 20AlegatosRamaJudicialExpediente número: 18-001-33-33-004-2017-00356-01

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Tratándose de la privación injusta de la libertad, la Ley Estatutaria 270 de 1.996, al desa rrollar la referida norma constitucional, dispuso en el artículo 65 lo siguiente:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.”

(…) (Se resalta)

Por su parte, el artículo 68 ibídem y ya en concreto en relación con la privación injusta de la libertad, preceptúa:

por la privación injusta de la libertad.”

(…) (Se resalta)

Por su parte, el artículo 68 ibídem y ya en concreto en relación con la privación injusta de la libertad, preceptúa:

“ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.”

La Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad, entre otros, del referido artículo 68, en sentencia C-037 de 2.006 señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se hace necesario entrar a examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de la libertad, en tanto no procede la reparación automática de los perjuicios por el solo hecho de que la persona finalmente resulte absuelta, toda vez que se debe determinar si dicha medida resultó injusta, a la vez que generadora de un daño antijurídico imputable a la administración. Al respecto, indicó:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6°, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria . Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe,

conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria . Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería e n forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

“De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a laExpediente número: 18-001-33-33-004-2017-00356-01

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luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en c ada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

(…)

“Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de

de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.”. (Se resalta)

Ahora bien, es de observar que en lo concerniente al régimen de responsabilidad aplicable en los eventos que se demanda indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia del Consejo de Estado venía indicando que era de naturaleza objetiva.

Así, en sentencia de unificación de Sala Plena de la Sección Tercera de fecha 28 de agosto de 2.014 14 se indicó que se trataba del régimen objetivo, imponiéndose la responsabilidad en todos los casos en los que el procesado finalmente resultara absuelto o se precluyera la investigación a su favor, o cuando se determinara que el hecho no existió o el sindicado no lo cometió, o la conducta resultaba atípica; al igual que en aquellos eventos en los cuales no se lograra demostrar la culpab ilidad del procesado y se lo absolviera en aplicación del principio universal del in dubio pro reo, así la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa del Estado debidamente adelantada. Pero, igualmente, también se precisó que cuando se encontrara acreditado que la privación de la libertad se debió al hecho exclusivo y determinante de la víctima, no había lugar a derivar responsabilidad alguna.

14 Radicado No. 36.149. “(…) En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los

exclusivo y determinante de la víctima, no había lugar a derivar responsabilidad alguna.

14 Radicado No. 36.149. “(…) En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991Código de Procedimiento Penaly de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad finalmente es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada14 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales s e causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento

pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos , cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinan te de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva14.Expediente número: 18-001-33-33-004-2017-00356-01

Acción: Reparación Directa Accionante: Manuel García y otros Autoridad accionada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

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Se hizo tránsito, en consecuencia, a un régimen objetivo, en donde el elemento determinante de la responsabilidad estaba en la detención preventiva, y a partir de ella correspondía acreditar si se produjo o no un daño antijurídico, sobre el cual debía establecerse si era imputable a la administración de justicia.

Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU072 del 5 de julio de 2.018 indic