TA CAQ - 180013333752-2014-00190-01-(31-08-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMagistrado Ponente: Pedro Javier Bolaños Andrade

Florencia, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA Nº 126

Expediente número: 18-001-33-33-752-2014-00190-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Oscar Nicolás Prada Falla

Autoridad demandada: Municipio de Milán

Asunto: Insubsistencia nombramiento.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

El señor OSCAR NICOLÁS PRADA FALLA, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del d erecho, a través de apoderado judicial , presentó demanda en contra del municipio de Milán (en adelante el municipio), con el objeto de que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en las resoluciones Nos. 045 del 12 de febrero y 079 del 4 de marzo de 2014, por medio de la cual es se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de almacenista, código 367, grado 1, nivel técnico, en cumplimiento de una orden judicial de reintegro de otra persona; y, a título de restablecimiento del derecho , se ordene su reintegro al referido cargo,

declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de almacenista, código 367, grado 1, nivel técnico, en cumplimiento de una orden judicial de reintegro de otra persona; y, a título de restablecimiento del derecho , se ordene su reintegro al referido cargo, así como al pago de las acreencias laborales dejadas de percibir desde su desvinculación hasta cuando se materialice.

Como situación fáctica, se planteó:

Se afirmó que el 2 de enero de 2012 el demandante fue nombrado en provisionalidad en el empleo de almacenista, código 367, grado 1, nivel técnico, adscrito al departamento financiero del municipio.

Que mediante resolución No. 045 del 12 de febrero de 2014 proferida por el alcalde municipal, el actor fue declarado insubsistente del referido cargo , a efectos de dar cumplimiento a una orden judicial de reintegro de la señora ALIDA PALMA OSPINA , emitida en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia el 31 de mayo de 2012, decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 12 de febrero de 2014.

Señaló que para la fecha en que fue retirado del cargo estaba vigente la ley de 995

1 Fs. 92-131, C. 1Expediente número: 18-001-33-33-752-2014-00190-01

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Accionante: Oscar Nicolás Prada Falla

Autoridad accionada: Municipio de Milán, Caquetá

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de 2005, de garantías electorales, que dispone en el artículo 38 que la nómina no puede ser modificada en los 4 meses anteriores a las elecciones definitivas.

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de 2005, de garantías electorales, que dispone en el artículo 38 que la nómina no puede ser modificada en los 4 meses anteriores a las elecciones definitivas.

Cuestionó que para decidir la desvinculación del actor no medió un estudio de perfiles, una evaluación de desempeño o una actuación que le garantizara el debido proceso, lo cual quedó probado en acta emitida por el personero municipal el 25 de febrero de 2014, en la que textualmente se consignó “No se les efectuó evaluación de perfil o vocacional toda vez que los mismos fueron retirados para dar cumplimiento a una orden judicial de reintegro ordenado mediante sentencia judicial dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho”.

Que el municipio so licitó “presuntamente de forma sesgada” un concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública , en el que consultó sobre la viabilidad de nombrar a un funcionario en vigencia de la ley de garantías electorales, a efectos de dar cumplimiento a un fallo judicial, sin aclarar la inexistencia de la vacancia para tal proceder.

Indicó que interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo que lo declaró insubsistente, el cual fue resuelto mediante resolución No. 079 c alendada el 4 de marzo de 2014, confirmando en todas sus partes la decisión recurrida.

Como normas violadas, señaló: artículos 6, 13, 25, 53, 125 y 209 de la Constitución Política; artículo 2 de la ley 909 de 2004; artículo 7 del decreto 1227 de 2005, modificado por el decreto 1894 de 2012.

Política; artículo 2 de la ley 909 de 2004; artículo 7 del decreto 1227 de 2005, modificado por el decreto 1894 de 2012.

Se sustentó el concepto de violación, conforme a los siguientes cargos de nulidad:

• Infracción en las normas en que debería fundarse por desconocimiento del precedente jurisprudencial

Argumentó que el empleo que desempeñaba el actor y del cual fue declarado insubsistente correspondía a un cargo de carrera por ser del nivel técnico, conforme los prescribe el artículo 5 de la ley 906 de 2004, sobre el cual se hizo nombramiento provisional, al haber mediado concurso de méritos para su provisión.

Que el nombramiento en provisionalidad no puede declararse insubsistente para nombrar a otra persona que no se ha sometido al concurso de mérito s para acceder definitivamente al empleo ; que el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública emitieron la circular conjunta 032 del 3 de agosto de 2012, en la que instan a los nominadores a acoger y aplicar los lineamientos de la sentencia SU-917 de 2010, en la que se indicó “Solo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinari as, la calificación insatisfactoria y otra razón específica al servicio que está prestando y deberá prestar el funcionario concreto”.

Indicó que el municipio desconoció el precedente judicial sobre la terminación de

la imposición de sanciones disciplinari as, la calificación insatisfactoria y otra razón específica al servicio que está prestando y deberá prestar el funcionario concreto”.

Indicó que el municipio desconoció el precedente judicial sobre la terminación de nombramientos provisionales, aclarando que no se está cuestionando el hecho de queExpediente número: 18-001-33-33-752-2014-00190-01

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Accionante: Oscar Nicolás Prada Falla

Autoridad accionada: Municipio de Milán, Caquetá

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se adelante un concurso de méritos y se tenga lista de elegibles, evento en el cual está plenamente justificada la remoción del empleado público vinculado en provisionalidad; que lo que se cuestiona es cuando no ha mediado el concurso para proceder a la desvinculación del empleado en provisionalidad, en el entendido de que la Corte Constitucional desde el año 1998 ha sostenido que a los servidores públicos les asiste cierto grado de estabilidad, quienes no pueden equipararse a los servidores de libre nombramiento y remoción.

Enlistó sentencias emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estados sobre la materia , para indicar que el municipio infringió la línea jurisprudencial, habida cuenta que la causa de retiro del actor de su cargo no correspond ió a las señaladas en el artículo 41 de la ley 909 de 2004, que desarrolló el artículo 125 de la Constitución Política.

Refirió que la terminación del nombramiento provisional se encuentra consagrada en el artículo 10 del decreto 1227 de 2005, al disponer que “Antes de cumplirse el término

Política.

Refirió que la terminación del nombramiento provisional se encuentra consagrada en el artículo 10 del decreto 1227 de 2005, al disponer que “Antes de cumplirse el término de duración del encargo de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados” , cuyo co ncepto de discrecionalidad, conforme la sentencia del Consejo de Estado de fecha 30 de noviembre de 2006, M.P. Alier E. Hernández Enríquez, debe ser utilizado con criterios objetivos, procurando al máximo la satisfacción del interés púbico; que, así mismo, existen elementos que hacen que en el ejercicio de una potestad discrecional este inmiscuida en facultades regladas, como la competencia del órgano que actúa, los presupuestos que afectan la decisión y el fin perseguido, que debe responder al interés general.

• Infracción a las normas en que debería fundarse por inaplicación de la ley de garantías electorales

Se ar gumentó que el alcalde desconoció el artículo 32 de la ley de garantías electorales, el cual consagró la suspensión de cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal durante los 4 meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta; señalando que las altas cortes han definido los momentos en los que puede exceptuarse la prohibición, como son la de solventar situaciones como renuncias, licencia o muerte que sea indispensable para el cabal cumplimiento de la administración pública.

Que en el sub lite no se presentó alguna de dichas excepciones, circunstancia por la cual resultaba inviable la declaración de insubsistencia del demandante, máxime que

cumplimiento de la administración pública.

Que en el sub lite no se presentó alguna de dichas excepciones, circunstancia por la cual resultaba inviable la declaración de insubsistencia del demandante, máxime que la sentencia judicial fue proferida el 31 de mayo de 2012 y confirmada el 25 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo del Caquetá ; por lo que la entidad contó con más tres meses para solucionar el asunto de reintegro de la señora PALMA OSPINA, cuando no había entrado a regir la restricción de la ley de garantías.

Concluyó que el concepto de fecha 20 de diciembre de 2013 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública , con el cual se sustentó el acto administrativo de remoción, no hizo referencia a la vulneración de la ley de garantías por vinculación de funcionarios en cumplimiento de una sentencia judicial; concept oExpediente número: 18-001-33-33-752-2014-00190-01

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Accionante: Oscar Nicolás Prada Falla

Autoridad accionada: Municipio de Milán, Caquetá

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citó la sentencia C-1153, en la que se indicó que las vinculaciones podían efectuarse por vacancia, por renuncia o muerte, sin que en el cargo en el que fue reintegrada la referida señora estuviera vacante.

• Violación del derecho de audiencia y defensa

Aseguró que se transgredió el artículo 29 de la Constitución Política, porque los funcionarios públicos del municipio no fueron calificados en el desempeño laboral, no existiendo con ello criterios objetivos que permitan determinar las mejores condiciones o aptitudes, para determinar la vocación de permanencia en el cargo.

funcionarios públicos del municipio no fueron calificados en el desempeño laboral, no existiendo con ello criterios objetivos que permitan determinar las mejores condiciones o aptitudes, para determinar la vocación de permanencia en el cargo.

Que no se realizó una evaluación de perfiles objetiva que permitiera establecer cuáles empleos eran los que permitían cumplir la sentencia por ser de iguales o mejores condiciones; que, así mismo, no se compararon a servidores públicos del mismo nivel para determinar cuál de ellos tenía vocación de permanencia , ni m ucho menos se llamó al actor para que sustentara los argumentos de defensa para “ganar” la permanencia en el cargo, ni se realizó el retén social, en consideración a que existían varios empleos con las mismas características y condiciones.

• Falsa motivación

Se consideró que el acto administrativo acusado adolecía de vicios en su motivación, en tanto, pese a que se enc ontraba motivado en la sentencia judicial que ordenó el reintegro de la señora PALMA OSPINA, la situación fáctica expuesta no se ajustó a la realidad, mucho menos a dar cumplimiento íntegro a la orden judicial , en tanto el cargo que ejercía la referida señora era de menores condiciones a las requeridas en la sentencia.

1.2. Contestación2

El municipio de Milán se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al señalar que los actos acusados se encontraban ajustados a la legalidad.

Precisó que el procedimiento de reintegro adelantado por la entidad fue adecuado, al obedecer a una orden judicial , máxime que no existe una disposición legal que determine que se debe adelantar una evaluación de perfiles para cumplir una sentencia judicial, mucho menos evaluación de desempeño.

obedecer a una orden judicial , máxime que no existe una disposición legal que determine que se debe adelantar una evaluación de perfiles para cumplir una sentencia judicial, mucho menos evaluación de desempeño.

Que la beneficiada fue reintegrada al mismo cargo que ejercía antes de su desvinculación, aunado al hecho de que el señor OSCAR NICOLÁS se encontraba en provisionalidad.

Señaló que no le asist ía razón al demandante frente al cargo de infracción de las normas por desconocimiento de la ley de garantías electorales, porque la norma dispone que se debe suspender la vinculación que afecte la nómina, como nombramientos en provisionalidad o de libre nom bramiento y remoción , no cuando

2 Fs. 150-159, C. 1Expediente número: 18-001-33-33-752-2014-00190-01

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se trate de la designación de servidores públicos en cargos de carrera por el sistema de concurso de méritos, o de reintegro por orden judicial, evento en el cual, más que una vinculación, es volver las cosas al estado anterior, en consideración que el espíritu de la referida ley de garantías es no utilizar la nómina para causas políticas, sino por una razón objetiva y necesaria, como lo es el respeto de los derechos de una persona que en sede judicial le fueron reconocidos.

Por lo expuesto, arguyó que en nada incidió los tres meses que tardó la entidad en emitir el acto administrativo, al cumplir con el procedimiento para dar cumplimiento de forma adecuada a la dec isión judicial, señalando que bajo ningún presupuesto

Por lo expuesto, arguyó que en nada incidió los tres meses que tardó la entidad en emitir el acto administrativo, al cumplir con el procedimiento para dar cumplimiento de forma adecuada a la dec isión judicial, señalando que bajo ningún presupuesto puede instarse a la entidad al incumplimiento de una orden judicial o su dilatación.

Finalmente, manifestó que no se configuró la falta de motivación, por cuanto las razones esbozadas en el acto administrativo son ciertas y no dan lugar a otras interpretaciones.

1.3. Sentencia de primera instancia3

Mediante sentencia de fecha 29 de septiembre de 2017 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia , se negaron las pretensiones de la demanda.

Para arribar a tal conclusión, consideró la a quo que, de las pruebas obrantes en el expediente, se evidenciaba que el acto administrativo analizado fue expedido en forma legal y debidamente motivado, en tanto, si bien los nombramientos en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa gozan de una estabilidad relativa, del contenido de la resolución No. 045 del 12 de febrero de 2014 se desprende que la motivación fue el cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión Judicial de Florencia y confirmada por el Tribunal Administrativo del Caquetá , en la cual se o rdenó el reintegro de la señora A LIDA PALMA OSPINA al cargo que ejercía.

Precisó que el Consejo de Estado determinó una excepción a la ley de garantías, relativa al cumplimiento de los fallos judiciales, al corresponder el reintegro en el presente caso a la simple ejecución de una sentencia, más no a un nombramiento.

Precisó que el Consejo de Estado determinó una excepción a la ley de garantías, relativa al cumplimiento de los fallos judiciales, al corresponder el reintegro en el presente caso a la simple ejecución de una sentencia, más no a un nombramiento.

Así mismo, señaló que sobre el argumento de la calificación de perfiles de los funcionarios en iguales condiciones al cargo que ocupaba el actor, a fin de establecer quién contaba con mejores calidade s para continuar en el cargo , se evidenció, conforme al decreto 017 de 2012, que únicamente había un cargo de técnico administrativo, grado 367, resultando innecesaria, por consiguiente, la calificación de perfiles; que si bien había más c argos de nivel técnico, ello no significaba que todos realizaran las mismas funciones, no existiendo con ello vulneración del artículo 29 de la Constitución Política.

3 Fs. 167 a 174, C. principal 2.Expediente número: 18-001-33-33-752-2014-00190-01

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1.4. De la apelación4

Inconforme con la decisión de instancia, la parte actora presentó recurso de apelación, argumentando que pareciera que la causa eficiente del acto administrativo acusado era la de dar cumplimiento a una sentencia judicial que ordenó el reintegro de un funcionario público retirado mediante un act o administrativo declarado nulo; lo cual no era más que una causa aparente, más no suficiente, porque la administración esperó alrededor de siete meses para cumplir la orden judicial, cuando estaba vigente

funcionario público retirado mediante un act o administrativo declarado nulo; lo cual no era más que una causa aparente, más no suficiente, porque la administración esperó alrededor de siete meses para cumplir la orden judicial, cuando estaba vigente la disposición contenida en el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 2005.

Que para el reintegro de la señora A LIDA PALMA OSPINA en el empleo de técnico administrativo, código 367, grado 01, no se tuvo en consideración que existían 4 empleos de la misma denominación , código y grado, conforme lo certificó la misma entidad accionada.

Señaló que para el 25 de mayo de 2014 se encontraban previstas las elecciones para elegir presidente de la república, vicepresidente y congresistas; que la sentencia que ordenó el reintegro de la mencionada fue expedida diez meses antes de las elecciones, esto es, el 25 de julio de 2013, y pese a que la orden de reintegro era para que se realizara de forma inmediata, la administración tardó 7 meses para cumplir la ordenel 12 de febrero de 2014cuando ya estaba vigente la prohibición consagrada en el artículo 32 de la ley 996 de 2005, sin que se presentaran las excepciones consagradas en la norma, para realizar el nombramiento, como lo son la provisión de un empleo: i) que se encuentre en vacancia definitiva con ocasión de la muerte del funcionario que lo ejercía; o ii) que se encuentre en vacancia con ocasión de la renuncia del funcionario que lo ejercía; o bien iii) por aplicación de carrera administrativa ; excepciones que deben ser interpretadas de forma restrictiva , más no análoga,

que lo ejercía; o ii) que se encuentre en vacancia con ocasión de la renuncia del funcionario que lo ejercía; o bien iii) por aplicación de carrera administrativa ; excepciones que deben ser interpretadas de forma restrictiva , más no análoga, recordando que los artículos 6, 121 y 123 de la Constitución Política impone la obligación a los servidores públicos el cumplimiento de la ley, sin la extralimitación de sus funciones.

Insiste en que no se adelantó un procedimiento interno que garantizara el derecho al trabajo del demandante, así como su derecho al debido proceso y defensa antes de ser desvinculado; máxime que la administración municipal decidió que el empleo que tenía v ocación de cumplir la sentencia era el ejercido por él, sin consideraciones objetivas, sino al azar, de forma discrecional y desprovisto de imparcialidad, al no existir un estudio de perfiles de los 4 funcionarios que ejercían cargos idénticos; ni mucho menos se evaluaron los empleos en la planta de personal del municipio que permitieran el reintegro de la señora PALMA en un cargo que al menos fuera de las mismas condiciones al que desempeñaba cuando la desvincularon , desconociéndose el derecho de audiencia y defensa.

Finalmente, insiste en que la decisión administrativa demandada adolece de vicios en su motivación, señalando que, si bien se encuentra motivado en la sentencia que ordenó el reintegro, la situación fáctica que se expone no se ajustan a la realidad, ni mucho menos se asemeja a dar cumplimiento íntegro a la sentencia referida.

4 Fs. 268 a 275, C. principal 2.Expediente número: 18-001-33-33-752-2014-00190-01

mucho menos se asemeja a dar cumplimiento íntegro a la sentencia referida.

4 Fs. 268 a 275, C. principal 2.Expediente número: 18-001-33-33-752-2014-00190-01

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1.5. Trámite en segunda instancia.

Mediante auto notificado en estado electrónico el 2 de abril de 2018 se admitió el recurso de apelación5; con providencia del 16 de abril de 2018 se corrió traslado para alegar6, pronunciándose oportunamente la parte actora y la entidad demandada7.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El tribunal es competente para conocer de la apelación interpuesta , según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala de finir, conforme a los argumentos de la alzada, si el acto administrativo contenido en las resoluciones No s. 045 del 12 de febrero y 079 del 4 de marzo de 2014, por medio de la cuales se declaró la insubsistencia del señor OSCAR NICOLÁS PRADA FALLA del cargo de almacenista municipal, código 367, grado 1, nivel técnico, para dar cumplimiento a una orden de reintegro ordenado mediante sentencia judicial, está viciado de nulidad; y si, como consecuencia de ello, le asiste a este el derecho al reintegro al mismo cargo, con el correspondiente pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir.

judicial, está viciado de nulidad; y si, como consecuencia de ello, le asiste a este el derecho al reintegro al mismo cargo, con el correspondiente pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir.

De ello dependerá que la decisión de instancia sea confirmada o revocada.

Para poder dilucidar el problema jurídico planteado, la Sala seguirá el siguiente orden: i) de las pruebas allegadas al proceso; ii) naturaleza del cargo de almacenista municipal, código 367, grado 1, nivel técnico; iv) retiro del servicio de cargos públicos en nombramiento provisional; y v) solución del asunto.

2.3. De las pruebas allegadas al proceso

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala cuenta con el siguiente material probatorio:

-Decreto No. 017 del 2 de enero de 2017, por medio del cual el demandante fue nombrado en el cargo de almacenista municipal, código 367, grado 018.

-Sentencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Florencia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con radicado No. 18 -001-33-31-002-2008-00247-00, instaurado por la señora ALIDA PALMA OSPINA contra el municipio9, en la cual se dispuso:

5 Fs. 286, C. principal 2 6 Fs. 291, C. principal 2 7 Fs. 302, C. principal 2 8 Fs. 194 a 200, C. principal 1 9 Fs. 48 a 63, C. principal 1Expediente número: 18-001-33-33-752-2014-00190-01

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8 Fs. 194 a 200, C. principal 1 9 Fs. 48 a 63, C. principal 1Expediente número: 18-001-33-33-752-2014-00190-01

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“PRIMERO: DECLÁRASE LA NULIDAD de lo s actos administrativos contenidos en el Decreto 016 del 18 de enero de 2008 “Por medio del cual se declara insubsistente un nombramiento”; y la Resolución 009 del 30 de enero de 2008 “Por medio del cual se rechaza un recurso de reposición” interpuesto por la demandante contra el primer acto aludido, expedidos por la señora Alcaldesa del Municipio de Milán (Caquetá), por medio de los cuales se declaró insubsistente el nombramiento de la demandante, quien ocupaba el cargo de carrera administrativa en provisionalidad.

SEGUNDO: CONDENAR a la entidad demandada a reincorporar a la actora, sin solución de continuidad para todos los efectos legales y en condición de provisionalidad al mismo cargo que ocupaba al momento del retiro del servicio o a uno de similar o equivalente teniendo en cuenta lo señalado en la parte motiva de esta providencia.”

Decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Caquetá mediante sentencia de fecha 25 de julio de 201310.

-Certificado sin fecha, expedido por la secretar ia de hacienda con funciones de alcaldesa encargada11, en el que se señaló:

“Que, la señora ALIDA PALMA OSPINA, identificada con cedula de ciudadanía No.

-Certificado sin fecha, expedido por la secretar ia de hacienda con funciones de alcaldesa encargada11, en el que se señaló:

“Que, la señora ALIDA PALMA OSPINA, identificada con cedula de ciudadanía No. 26.624.814 expedida en Milán Caquetá, laboró en la Administración Municipal de Milán Caquetá, en el cargo de Técnico Operativo, fue nombrada mediante Decreto No 028 del 09 de mayo del 2006 y el 18 de enero del 2008, mediante decreto No 016 fue declarado insubsistente, devengando un sueldo de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS PESOS ($845.300)”

-Concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 20 de diciembre de 201312, en el que indicó:

“De conformidad con las normas y jurisprudencia citadas, la Ley de Garantías hace referencia a la imposibilidad de crear nuevos c arg os y a proveer los mismos; por consiguiente la nómina del respectivo ente territorial o entidad, no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por fa ltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.

Para el caso consultado de un reintegro ordenado por sentencia judicial, esta Dirección considera que no se está ante un nuevo nombramiento o una incorporación que se utilice como medio para la campaña electoral en la cual pueden llegar a participar los funcionarios públicos autorizados por la Carta para actuar en po lítica, sino ante el

considera que no se está ante un nuevo nombramiento o una incorporación que se utilice como medio para la campaña electoral en la cual pueden llegar a participar los funcionarios públicos autorizados por la Carta para actuar en po lítica, sino ante el cumplimiento de un fallo judicial proferido por autoridad competente, que es de obligatorio cumplimiento para todas las partes una vez ejecutoriado. Es decir, el reintegro ordenado por fallo judicial no es un movimiento de personal con el cual se pretenda favorecer un candidato en los comicios electorales, sino el resultado de una sentencia judicial, cuyo cumplimiento debe darse en los términos fijados en ella, en

10 Fs. 64 a 83, C. principal 1 11 Fs. 5, C. pruebas 12 Fs. 84 a 89, C. principal 1Expediente número: 18-001-33-33-752-2014-00190-01

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armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, en criterio de esta Dirección es procedente acatar las órdenes judiciales de reintegro en los cargos que venían desempeñando los demandantes, o sus equivalentes, y también será proc edente el retiro de los servidores vinculados en la modalidad provisional en los cargos en los cuales se van a reintegrar, para lo cual deberán darse por terminados sus nombramiento s mediante resolución motivada, en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.”

retiro de los servidores vinculados en la modalidad provisional en los cargos en los cuales se van a reintegrar, para lo cual deberán darse por terminados sus nombramiento s mediante resolución motivada, en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.”

-Resolución No. 045 del 12 de febrero de 201413 -acto acusado-, en la cual se dispuso:

“ARTICULO PRIMERO: Declarar la insubsistencia del nombramiento provisional del señor OSCAR NICOLAS PRADA FALLA, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.957.4089 expedida en Milán Caquetá, en el cargo que viene desempeñando como almacenista Municipal (sic), código 367, grado 01, nivel técnico, dentro de la planta global de personal del Municipio d e Milán, Caquetá, cargo al cual se reintegrará a la señora AIDA PALMA OSPINA, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.624.814 expedida en Milán Caquetá. Para dar cumplimiento a la sentencia fecha 31 de mayo de 2012, confirmada por sentencia de fecha 25 de julio de 2013 dictada por el tribunal administrativo (sic) del Caquetá.”

Contra dicha decisión el afectado presentó recurso de reposición14, el cual fue resuelto de forma desfavorable mediante resolución No. 079 de fecha 4 de marzo de 2014 15, confirmado en todas sus partes el acto administrativo recurrido.

-Acta de visita expedida por el personero de municipio de Milán, calendada el 25 de febrero de 201416, en la que se hizo constar:

“En la cabecera municipal de Milán Caquetá, a los 25 días del mes de febrero de 2014,

-Acta de visita expedida por el personero de municipio de Milán, calendada el 25 de febrero de 201416, en la que se hizo constar:

“En la cabecera municipal de Milán Caquetá, a los 25 días del mes de febrero de 2014, el suscrito funcionario, ED