TA CAQ - Sentencia 18001-33-33-005-2023-00165-01 (05-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: YANNETH REYES VILLAMIZAR

Florencia, cinco (05) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho - laboral Radicado : 18001-33-33-005-2023-00165-01

Demandante : Luis Alberto Nieto Tovar Demandado : Nación-Fiscalía General de la Nación Expediente : OneDrive -SAMAI Tema : Bonificación judicial (Decreto 382 de 2013) — Reconocimiento mensual y carácter salarial de la bonificación judicial prevista para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.

Sentencia segunda instancia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación presentado por la entidad demandada contra la sentencia del 30 de mayo de 2024 por la que el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Villavicencio, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

I. LA DEMANDA1

Luis Alberto Nieto Tovar , obrando en su nombre y representación, a través de apoderada judicial promovió medio de control con pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación , con el fin de obtener la prosperidad de las siguientes pretensiones:

1. Se declare la nulidad del Oficio 31500-4603-2022 del 16 de noviembre de

contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación , con el fin de obtener la prosperidad de las siguientes pretensiones:

1. Se declare la nulidad del Oficio 31500-4603-2022 del 16 de noviembre de 2022, así como de la Resolución 0900 del 13 de diciembre de 2022 , mediante los cuales se negó la solicitud de inaplica ción por inconstitucionalidad d el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 y modificaciones.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento se ordene

a la Nación — Fiscalía General de la Nación:

• Reconocer el carácter de factor salarial de la bonificación judicial, desde el 2013 en adelante. - Reliquidar sus prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

1 Archivo 2 expediente SAMAI 2 En adelante CPACASentencia de segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 18001333300520230016501 Fiscalía General de la Nación

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• Pagar las diferencias entre lo pagado y lo reliquidado, que debe indexarse, según el artículo 187 del CPACA.

3. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

Como aspectos fácticos relevantes se destacan los siguientes:

1. El demandante sostuvo una relación legal y reglamentaria con la Fiscalía General de la Nación desde el 01 de enero de 2012 , ejerciendo actualmente el cargo de técnico investigador grado II, en la Dirección

Seccional – Caquetá.

2. Solicitó a la entidad demandada inaplicar por inconstitucional la frase

actualmente el cargo de técnico investigador grado II, en la Dirección Seccional – Caquetá.

2. Solicitó a la entidad demandada inaplicar por inconstitucional la frase «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» incluida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 y modificaciones, así como, el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial.

3. Mediante Oficio 31500-4603-2022 del 16 de noviembre de 2022 se negó lo solicitado, decisión que a su vez fue confirmada en Resolución 0900 del 13 de diciembre del mismo año.

Citó como normas violadas la Ley 4ª de 1992; artículo 7°, numeral 5° del Decreto 1092 de 2012; artículos 7 y 8 de la Ley 411 de 1997 ; artículo 8° del Convenio 151 de la OIT y, artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990.

Así mismo, expuso que cuando un «acto administrativo de carácter laboral»: i) omite seguir principios constitucionales; ii) desobedece el bloque de constitucionalidad; y iii) restringe el contenido y alcance de lo que se entiende por remuneración para todos los fines prestacionales se debe inaplicar, como es el caso del Decreto 382 de 2013 que, a su juicio, es abiertamente contrario a la Constitución y a la ley, al establecer que la bonificación judicial no debe ser entenderse como factor salarial.

Agregó que la bonificación judicial constituye salario en la medida en que está instituida como contraprestación al trabajo y, al ser pagada mensualmente, es

establecer que la bonificación judicial no debe ser entenderse como factor salarial.

Agregó que la bonificación judicial constituye salario en la medida en que está instituida como contraprestación al trabajo y, al ser pagada mensualmente, es habitual. Además, que considerar que no lo es factor salarial «…despoja a los servidores públicos destinatarios de la misma de una buena parte de los beneficios salariales y prestacionales que el incremento de la remuneración representa».

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA3

La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. Expresó que los actos administrativos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que impuso el legislador a través del Decreto 0382 de 2013, el cual se enc uentra vigente y tiene validez jurídica al ceñirse a la Constitución y a la Ley.

Propuso como excepciones las de «Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial», «aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 0382 de 2013», «legalidad del fundamento normativo particular», «cumplimiento de un deber legal», «cobro de lo no debido», «prescripción de los derechos laborales» y «buena fe».

3 Archivo 016 expediente SAMAISentencia de segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 18001333300520230016501 Fiscalía General de la Nación

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Adujo que la bonificación judicial responde a un proceso de negociación colectiva adelantado por el Gobierno Nacional, como empleador o regulador del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y los representantes de las agremiaciones sindicales de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial,

adelantado por el Gobierno Nacional, como empleador o regulador del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y los representantes de las agremiaciones sindicales de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, quienes estuvieron de acuerdo en que únicamente constituiría factor salarial para la base de cotización en el sistema general de pensiones y salud.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

En la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 , el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Villavicencio, resolvió:

PRIMERO: INAPLICAR para el caso concreto y en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, la expresión "y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud" contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, así como en los demás decretos que se expidieron reproduciendo tal disposición, y en su lugar se acudirá al principio constitucional de equidad para revisar el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados (planteado en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992) y a los principios de protección al salario consignados en el artículo 53 de la CP.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio Nro. 31500-4603-2022 del 16 de noviembre de 2022 y en la Resolución Nro. 0900 del 13 de diciembre de 2022, ambos expedidos por la subdirectora Regional de Apoyo – Centro Sur (E) de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

diciembre de 2022, ambos expedidos por la subdirectora Regional de Apoyo – Centro Sur (E) de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a LUIS ALBERTO NIETO TOVAR, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nro. 79.324.701, las diferencias derivadas de la reliquidación de todas las prestaciones sociales pagadas y causadas, así como la liquidación y pago de las que se sigan causando, teniendo en cuenta la inclusión de la bonificación judicial devengada como factor salarial, sumas que serán reconocidas con efectos fiscales a partir del 28 de octubre de 2019, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia.

Se efectuarán los descuentos por concepto de aportes a pensión y salud por las diferencias no cotizadas, siempre y cuando estos hagan parte del ingreso base de cotización.

CUARTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal contemplada en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, respecto de los derechos que le pudieran corresponder al demandante con antelación al 28 de octubre de 2019, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: DAR cumplimiento a esta sentencia en los términos establecidos para ello por los artículos 192 y 195 del CPACA.

SEXTO: A las sumas que resulten a favor de la parte demandante se les debe aplicar la indexación en los términos señalados en el artículo 187 del CPACA, conforme a los

artículos 192 y 195 del CPACA.

SEXTO: A las sumas que resulten a favor de la parte demandante se les debe aplicar la indexación en los términos señalados en el artículo 187 del CPACA, conforme a los lineamientos emitidos en la parte considerativa de esta decisión.

SÉPTIMO: Sin condena en costas.

(…)”

Para arribar a esa determinación, expuso lo siguiente:

• El Congreso de la República, mediante la Ley 4 ª de 1992, autorizó al Gobierno Nacional a revisar y nivelar el sistema de remuneración de los funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

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• En el 2013 se crearon bonificaciones para estos servidores, pero se estableció que estas solo constituirían factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de

Seguridad Social en Salud.

• El salario se define como toda remuneración que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, independientemente de su denominación, y jurisprudencialmente se ha establecido que incluye todas las sumas que el empleado recibe de manera habitual y periódica como retribución por sus servicios.

• Así, la bonificación judicial debe considerarse como salario, ya que es una retribución directa y habitual por los servicios prestados.

• La restricción impuesta por el Decreto 382 de 2013 excede la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional y desconoce principios

retribución directa y habitual por los servicios prestados.

• La restricción impuesta por el Decreto 382 de 2013 excede la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional y desconoce principios constitucionales como la remuneración mínima vital y la primacía de la realidad sobre las formas.

• Del texto del acuerdo suscrito el 6 de noviembre de 2012 no se aprecia que se haya pactado que la bonificación judicial no tendría carácter salarial y, de haberse hecho, tampoco puede pasarse por alto que dicho acuerdo no puede ir en contra de los derechos mínimos fundamentales de los trabajadores.

• La petición de reconocimiento de la bonificación judicial con carácter salarial se formuló ante la administración el 28 de octubre de 2022, y comoquiera que la interrupción de la prescripción surte efectos tres (3) años atrás, prescribieron los derechos recla mados con antelación al 28 de octubre de 2019, máxime cuando la demanda fue presentada dentro de los tres (03) años siguientes a la reclamación administrativa, esto es, el 18 de abril de 2023.

IV. RECURSO DE APELACIÓN5

Inconforme con la decisión, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Expuso que los actos administrativos se limitaron a cumplir el deber legal impuesto por el Decreto 382 de 2013, el cual es producto de la facultad otorgada al Gobierno Nacional por la Constitución y la Ley 4 de 1992.

Aludió que no existe en el ordenamiento jurídico una norma que indique que todo lo que devengue un trabajador debe formar parte de la liquidación de todos los factores

Constitución y la Ley 4 de 1992.

Aludió que no existe en el ordenamiento jurídico una norma que indique que todo lo que devengue un trabajador debe formar parte de la liquidación de todos los factores salariales y prestacionales , de igual manera, que frente a la definición de salario contenida en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, ha establecido la Corte Suprema de Justicia que solo puede ser empleada para determinar el alcance de sus disposiciones, por lo que no puede ser utilizada en el asunto bajo estudio.

Por otra parte, argumentó que los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo delimitaron el concepto de salario , no obstante, lo habitual de un pago no

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implica automáticamente que deba ser base para la liquidación de prestaciones sociales, pues ello puede ser válidamente limitado por el legislador.

Agregó que la restricción dada a la bonificación judicial como factor salarial únicamente para aportes a pensión y salud fue acordado en una negociación colectiva en la que se dijo textualmente que «…Tal beneficio o complemento que aumenta el ingreso total debe ser de pago mensualizado, considerarse como ingreso mensual del servidor para efectos tributarios y tener efecto salarial para la cotización en salud y pensiones».

Finalmente, refirió que la bonificación judicial fue creada sobre la base de recursos específicos destinados por el Gobierno Nacional, por lo que modificar sus efectos salariales desbordaría el presupuesto y podría provocar una crisis fiscal, además,

salud y pensiones».

Finalmente, refirió que la bonificación judicial fue creada sobre la base de recursos específicos destinados por el Gobierno Nacional, por lo que modificar sus efectos salariales desbordaría el presupuesto y podría provocar una crisis fiscal, además, que a fectaría las normas particulares que reglamentan la liquidación de prestaciones sociales.

CONSIDERACIONES

A. COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) del CPACA.

B. ASUNTO PREVIO

La magistrada Edith Alarcón Bernal mediante escrito se declaró impedida para conocer el presente asunto, con fundamento en el numeral 1 del artículo 1 41 del CGP, para lo cual adujó lo siguiente:

“[L]o que se demanda es la nulidad de un acto administrativo que denegó el reconocimiento, liquidación y cancelación de la nivelación salarial con la inclusión de la bonificación judicial de que trata el Decreto 0382 de 2013 como factor salarial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, que guarda estrecha similitud con el Decreto 0383 de 2013 como factor salarial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, reivindicación que ha sido concedida a todos los jueces del circuito del país, cargo que la suscrita desempeñó desde el año 2012 hasta el año 2023 y por el cual presentó demanda administrativa

concedida a todos los jueces del circuito del país, cargo que la suscrita desempeñó desde el año 2012 hasta el año 2023 y por el cual presentó demanda administrativa a la que se le asignó el radicado 11001334205020200004700, proceso que cuenta con fallo favorable de primera instancia de fecha 24 de agosto de 2024 [...]

De acuerdo con el texto del numeral 1 del artículo referido es causal de impedimento y recusación «Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso»

En consecuencia, se evidencia que la causal de impedimento invocada por la magistrada Edith Alarcón Bernal se encuentra debidamente acreditada. Por tanto, se acepta el impedimento, razón por la cual se dispone su separación del conocimiento del proceso, continuándose con el trámite correspondiente.Sentencia de segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 18001333300520230016501 Fiscalía General de la Nación

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C. ACTOS ACUSADOS

• Oficio 31500-4603-2022 del 16 de noviembre de 2022 6, expedido por la subdirectora regional de apoyo centro sur (e) de la Fiscalía General de la Nación, por el que se negó la solicitud de inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto 382 de 2013 y modificaciones.

• Resolución 0900 del 13 de diciembre de 2022 7, expedida por la subdirectora regional de apoyo centro sur (e) de la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual confirmó la decisión inicial.

• Resolución 0900 del 13 de diciembre de 2022 7, expedida por la subdirectora regional de apoyo centro sur (e) de la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual confirmó la decisión inicial.

D. PROBLEMA JURÍDICO

Revisados los precisos términos del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada y cotejados con lo decidido por la sentencia de primera instancia, encuentra la Sala que el problema jurídico a resolver se reduce a la siguiente pr egunta: ¿el demandante tiene derecho a que la bonificación judicial que percibe como servidora de la Fiscalía General de la Nación constituya factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales?

E. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL • Sobre la bonificación judicial creada mediante el Decreto 382 de 2013

El Gobierno Nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 382 de 6 de marzo de 2013, el cual creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.

Según el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce de manera mensual y solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, quedando excluido como factor para la liquidación de otros efectos legales.

Además, establece que la bonificación judicial es aplicable al personal de la Fiscalía General de la Nación vinculado bajo el Decreto 53 de 1993 o que haya optado por acogerse a dicho régimen . También prevé que quienes no se acogieron a este régimen y permanecen bajo el anterior, recibirán una bonificación equivalente a la

General de la Nación vinculado bajo el Decreto 53 de 1993 o que haya optado por acogerse a dicho régimen . También prevé que quienes no se acogieron a este régimen y permanecen bajo el anterior, recibirán una bonificación equivalente a la diferencia entre el ingreso total anual que percibieron en 2013 y años posteriores y el ingreso total anual más la bonificación judicial asignada a quienes ocupen el mismo cargo bajo el régimen del Decreto 53 de 1993. Para mayor claridad, se cita la norma pertinente:

“ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modif iquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

(…)

ARTÍCULO 2°. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan

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con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al

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con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el Decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.”

La Ley 4ª de 1992 tiene su origen en la Constitución de 1991, específicamente en el artículo 150, numeral 19, literal e), que ordenó la creación de una ley "marco" para establecer las reglas generales del régimen salarial y pensional del sector público. Esta ley, entre otros aspectos, buscó una nivelación más equitativa y comprensiva de los salarios en el sector judicial, como lo señalan sus artículos 14 y 15. En particular, abordó la falta de proporcionalidad en la estructura salarial: los magistrados de l as altas Cortes tenían sueldos significativamente superiores al segundo nivel salarial (magistrados de tribunal y auxiliares de las altas Cortes), y aún más distantes del tercer nivel, conformado por los jueces unipersonales encargados de la mayor carga judicial del país.

Por ello, y con el fin de extender el beneficio salarial a todos los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, se incluyó un parágrafo en el artículo 14 de la referida Ley 4ª de 1992, del siguiente tenor literal:

“PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de

empleados de la Rama Judicial, se incluyó un parágrafo en el artículo 14 de la referida Ley 4ª de 1992, del siguiente tenor literal:

“PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.” (subraya la Sala).

La Sala infiere que la norma mencionada no incurre en discriminación al ordenar al Gobierno Nacional revisar la remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial bajo un esquema de nivelación o reclasificación con enfoque equitativo. Esto implica que el Decreto 382 de 2 013 aplica a todos los funcionarios y empleados de la Fiscalía, independientemente del régimen al que pertenezcan, para evitar vulnerar el principio de proporcionalidad.

En este contexto, se establece que los funcionarios y empleados del régimen de no acogidos tendrán un límite salarial equivalente al ingreso mensual de los pertenecientes al régimen del Decreto 53 de 1993 y sus normas complementarias. Esto busca evitar que las bonificaciones se liquiden de manera desigual entre los regímenes, garantizando equidad en el pago mensual y asegurando que este no afecte negativamente a las prestaciones sociales.

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 382 de 2013, los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que permanecen bajo el régimen del Decreto 839 de 2012, al no acogerse al régimen del Decreto 53 de 1993 , recibirán una bonificación judicial equivalente a la diferencia entre su ingreso total anual y el ingreso total anual más la bonificación judicial de quienes ocupan el mismo cargo

839 de 2012, al no acogerse al régimen del Decreto 53 de 1993 , recibirán una bonificación judicial equivalente a la diferencia entre su ingreso total anual y el ingreso total anual más la bonificación judicial de quienes ocupan el mismo cargo bajo el régimen del Decreto 53 de 1993, mientras estén vinculados al servicio.

No obstante, esta Sala no encuentra justificación para que se liquiden dichas diferencias de forma distinta entre los funcionarios acogidos y no acogidos. Por ello, con el fin de garantizar igualdad en el trato, se ordenará que a los no acogidos se les liq uide la diferencia de manera mensual , para asegurar que el pago sea periódico y permanente, constituyendo, además, un factor salarial.Sentencia de segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 18001333300520230016501 Fiscalía General de la Nación

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Se reitera, además, que como lo pretendido tanto por el Constituyente como por el Legislador fue “nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial” le estaba vedado al Gobierno Nacional incumplir el mandato legal y exceder el marco y criterios allí fijados. Es importante destacar que la ley no realizó discriminación alguna en ese sentido y dispuso la nivelación o reclasificación de la remuneración de funcionarios y empleados, lo cual implica un incremento salarial en ambos casos.

Así, el beneficio establecido en la norma aplica tanto para los funcionarios acogidos como para los no acogidos al Decreto 53 de 1993, sin distinción alguna, lo que también debe respetar el Decreto 382 de 1993. Sin embargo, se precisa que el tope

como para los no acogidos al Decreto 53 de 1993, sin distinción alguna, lo que también debe respetar el Decreto 382 de 1993. Sin embargo, se precisa que el tope de la bonifica ción judicial para el personal no acogido es equivalente al 100% del salario mensual de los acogidos al régimen.

Además, la ley dispuso la nivelación o reclasificación salarial para los empleados de la Fiscalía, lo que en ambos casos implica un reajuste salarial derivado de estas medidas. No obstante, el Gobierno Nacional se apartó de lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992 al crear una bonificación sin carácter salarial, salvo para las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, según lo establece la norma que la regula.

• Sobre la naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco

Esta Sala, teniendo en cuenta el concepto de la Corte Constitucional8, concibe que es el Congreso de la República, en ejercicio de su competencia principal de hacer las leyes, el que tiene el deber constitucional de estatuir el marco general, los objetivos y directrices que orientarán al presidente de la República para establecer el régimen salarial y prestacional de los distintos servidores públicos del Estado, y dentro de estos, los adscritos a la Fuerza Pública. A fin de proferir el mencionado régimen salarial y prestacional, tanto el órgano legi slativo como el ejecutivo nacional, desarrollan una competencia concurrente, la cual permite que el Congreso actúe, en primer término, trazando una línea general, para que luego el presidente dentro del marco por este diseñado, lo proceda a dotar de contenido. De esta forma,

nacional, desarrollan una competencia concurrente, la cual permite que el Congreso actúe, en primer término, trazando una línea general, para que luego el presidente dentro del marco por este diseñado, lo proceda a dotar de contenido. De esta forma, a través de una «ley marco o cuadro» el Congreso fija las pautas y criterios generales que guían la forma en que habrá de regularse la materia, correspondiéndole al presidente de la República el desarrollo de tales parámetros por medio de decretos , por tanto, los Decretos expedidos en desarrollo de los preceptos y lineamientos consagrados en la Ley 4 de 1992 tienen la naturaleza jurídica de reglamentarios de carácter ejecutivo.

En este sentido, ha sido reiterado el pronunciamiento de nuestro Máximo Tribunal Constitucional al analizar la distribución de competencias entre el órgano legislativo y el ejecutivo, determinando en su análisis de distribución de competencias entre el Congreso y el presidente de la República para regular materias sujetas a ley marco, que los decretos que profiere e ste último para desarrollar esta tipología de ley son de naturaleza meramente administrativa o ejecutiva, correspondiéndoles su control de constitucionalidad al Consejo de Estado.9

8 Corte Constitucional, sentencia C-101-2003, M.P., Jaime Córdoba Triviño 9 4 Corte Constitucional, Sentencia C-129 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.Sentencia de segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 18001333300520230016501 Fiscalía General de la Nación

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Al respecto también se ha pronunciado el Consejo de Estado 10, en los siguientes términos:

Nulidad y restablecimiento del derecho 18001333300520230016501 Fiscalía General de la Nación

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Al respecto también se ha pronunciado el Consejo de Estado 10, en los siguientes términos:

“Desde la expedición de la Constitución de 1886 era función del Congreso definir las escalas salariales de las distintas categorías de empleos en el nivel nacional; a partir de la expedición de la Constitución de 1991 tal facultad fue trasladada al Gobierno Nacional el cual debe sujetarse para esos efectos, a los objetivos y criterios establecidos por el Congreso.(...) En el ejercicio de la mencionada función, el Congreso Nacional expidió la Ley 4ª de 1992 como norma de carácter general y así el Gobierno que dó facultado para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública, siguiendo los lineamientos trazados en dicha ley”11

Pues bien, adicional al factor de la competencia, lo cierto es que , la potestad legislativa radica en el Congreso de la República y mediante la ley marco, lo que hace el legislador es fijar los objetivos y criterios que deben guiar al Gobierno Nacional para expedir un determinado régimen.

F. AC