TA CAS - 85001-23-33-000-2019-00154-00-(26-05-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Yopal, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

RADICACION: 85001-2333-000-2019-00154-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: LUIS ALEXANDER RAMOS PARADA

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL __________________________________________________________________

CONJUEZ PONENTE: FABIO ENRIQUE PIÑEROS TORRES

Procede la sala a proferir sentencia de primera instancia, en el asunto de la referencia, en lo que en derecho corresponde.

I ANTECEDENTES

1. Demanda:

Por conducto de apoderado judicial, LUIS ALEXANDER RAMOS PARADA , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho , prevista en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011, formuló demanda contra la NACION - RAMA JUDICIALDIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIALDIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA , con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas1:

PRIMERO: La nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DESAJTU019-1424, adiado el 16 de julio de 201 9, proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, mediante el cual se negó al actor la petición relacionada con: i) el pago de la porción del salario históricamente menguado equivalente al 30%; ii)

Administración Judicial de Tunja, mediante el cual se negó al actor la petición relacionada con: i) el pago de la porción del salario históricamente menguado equivalente al 30%; ii) la reliquidación y pago de todas sus prestaciones sociales teniendo en cuenta la porción del salario mermada; iii) la reliquidación y p ago de todas sus prestaciones sociales teniendo en cuenta la prima especial de servicios como factor salarial.

SEGUNDO: Se declare la existencia del acto administrativo ficto o presunto que se configuró ante el silencio que guardaron las demandadas al no haber resuelto el recurso formulado en sede administrativa, mediante el cual se confirmó el acto impugnado, y consecuencialmente se declare su nulidad.

TERCERO: En ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad consagrado en el artículo 4 superior, se inapliquen los artículos 6 del decreto 658 de 2008, 8 del decreto 723 de 2009, 8 del decreto 1388 de 2010, 8 del decreto 1039 de 2011, 8 del decreto 874 de 2012, 8 del decreto 1024 de 2013, 8 del decreto 194 de 2014, y el art. 2 del decreto 1257 de 2015, por ser inconstitucionales y adolecer de los mismos vic ios por los cuales fueron

1. C. Principal, Archivo digital 02, fol.2 y ss.NRD 85001-2333-000-2019-00154-00 2 declaradas nulas las normas con el mismo objeto que dictó el Gobierno Nacional para los años 1993 a 2007.

CUARTA: Que como consecuencia de las nulidades deprecadas y a título de

2 declaradas nulas las normas con el mismo objeto que dictó el Gobierno Nacional para los años 1993 a 2007.

CUARTA: Que como consecuencia de las nulidades deprecadas y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la NaciónRama JudicialDirección Ejecutiva de Administración JudicialDirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, a pagar al actor la porción de salario mensual equivalente a l 30% la cual históricamente ha sido menguada en forma ilegal e inconstitucional desde el 23 de mayo de 201 3, hasta la fecha y lo que hacia el futuro le siga descontando por el mismo concepto.

QUINTO: Se condene a las demandadas a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales y cesantías del actor, causadas desde el 23 de mayo de 2013 hasta la fecha y lo que ha futuro le sigan descontando por el mismo concepto, teniendo en cuenta el 30% del salario básico que históricamente le fue mermado o disminuido para pagar con él la prima especial de servicios consagrada en la ley 4 de 1992.

SEXTO: Que se condene a las demandadas a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales y cesantías del actor causadas desde el 23 de mayo de 2013 hasta la fecha y lo que ha futuro le sigan descontando por el mismo concepto, teniendo en cuenta como factor salarial la prima especial de servicios que se le ha pagado con la porción del 30% del salario básico que mensualmente era menguado o sustraído.

SEPTIMO: Ordenar que las sumas de dinero que se adeuden al actor, sean indexadas conforme a la variación anual del IPC, certificado por el DANE, hasta el momento en que se verifique su pago.

SEPTIMO: Ordenar que las sumas de dinero que se adeuden al actor, sean indexadas conforme a la variación anual del IPC, certificado por el DANE, hasta el momento en que se verifique su pago.

OCTAVO: Ordenar a la demandada que dé cumplimiento a la sentencia dentro de los términos previstos en el art.192 del CPACA.

NOVENO: Que se condene a las demandadas al pago de las costas y las agencias en derecho que se causen con la presentación y tramite de la demanda.

2. Hechos y Omisiones.

El actor funda las pretensiones de la demanda en los hechos que se sintetizan así:

1. Que desde el 23 de mayo de 2013 se ha venido desempeñando al servicio de la Rama Judicial en el cargo de Juez de la República, siendo actualmente el Juez Promiscuo de Familia de Monterrey.

2. El Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 14 de la ley 4 de 1992, expidió el decreto 51 del 7 de enero de 1993, regulando en su artículo 9 la prima especial de servicios en favor de los Jueces de la República, indicando que tal prestación NO tiene carácter salarial.

3. Desde el 23 de mayo de 201 3, la DEAJ, ha venido pagando al actor la prima especial de servicios sin carácter salarial equivalente al 30% de la asignación básica mensual.

4. Durante el tiempo que el actor ha fungido como Juez de la República, se le ha mermado o menguado su salario mensual en el 30%, porción que se ha utilizado para

mensual.

4. Durante el tiempo que el actor ha fungido como Juez de la República, se le ha mermado o menguado su salario mensual en el 30%, porción que se ha utilizado para cancelar la prima especial de servicios contemplada en el art.14 de la ley 4 de 1992.NRD 85001-2333-000-2019-00154-00

3

5. Que al actor se le han liquidado y pagado sus prestaciones sociales y las cesantías sin tener en cuenta como factor salarial la prima especial de servicios.

6. Presentada las reclamaciones ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Tunja, fueron negadas mediante el acto administrativo contenido en el oficio No. DES AJTU019-1424 del 1 6 de julio de 201 9, y acto administrativo negativo ficto o presunto, con el cual confirmo dicha negativa.

3. Normas Violadas y Concepto De Violación.

Como normas violadas cita los arts. 2, 4, 13, 25, 53, de la Constitución Política de Colombia; arts. 1, 2, 3, 4 y 14 de la ley 4 de 1992; art s. 127, 128 y 132 del Código sustantivo del Trabajo.

Trae como sustento de la vulneración del art . 53 de la CN y del literal a) del art. 2 de la ley 4 de 1992, la sentencia del 29 de abril de 2014 2, en la que el Consejo de Estado, declaró la nulidad de los decretos expedidos entre los años 1993 a 2007, que reglamentaron la prima especial de servicios , al considerar que se desmejoraron los salarios y prestaciones sociales, cuando la prima especial de servicios debe considerarse

declaró la nulidad de los decretos expedidos entre los años 1993 a 2007, que reglamentaron la prima especial de servicios , al considerar que se desmejoraron los salarios y prestaciones sociales, cuando la prima especial de servicios debe considerarse como un ingreso adicional del trabajador más no como una disminución o merma en su salario.

Señala que la porción del salario mensual equivalente al 30% que históricamente le fue mermada, ha sido utilizado para pagar con é l la prima especial de servicios consagrada en el art.14 de la ley 4 de 1992.

Expresa que como las normas expedidas del año 2008 a 2015 no fueron anuladas, sobre ellas debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad prevista en el art.4 superior, al reproducir el alcance y contenido de las declaradas nulas.

Con relación a la caducidad, dice que como quiera que las normas declaradas nulas gozaron de presunción de legalidad, hasta el día en que cobr ó fuerza ejecutoria la sentencia que así lo dispuso; es a partir de esa fecha que puede empezar a computarse los términos de caducidad de la acción y de prescripción trienal de los derechos laborales, por lo tanto, la caducidad y la prescripción operarían a partir del mes de abril de 2017.

Reitera la inaplicación de los artículos 6 del decreto 658 de 2008, 8 del decreto 723 de 2009, 8 del decreto 1388 de 2010, 8 del decreto 1039 de 2011, 8 del decreto 874 de 2012, 8 del decreto 1024 de 2013, 8 del decreto 194 de 2014, y el art. 2 del decreto 1257 de

8 del decreto 1024 de 2013, 8 del decreto 194 de 2014, y el art. 2 del decreto 1257 de 2015, bajo la excepción de inconstitucionalidad, por considerar que entran en conflicto o riñen con la constitución nacional.

II. TRAMITE

A. Actuación Procesal

La demanda fue presentada el 07 de noviembre de 201 93, estando en término para hacerlo conforme lo dispuesto por el art.164 numeral 1, literal d) del CPACA , el cual establece que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos producto del silencio administrativo, como aquí ocurre.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 29 de abril de 2014, exp.11001-03-25-000-200700087-00. 3 C. Principal, Archivo digital 02, folio 16.NRD 85001-2333-000-2019-00154-00 4 No obstante la solicitud de conciliación prejudicial se pre sentó el 04 de julio del 2019, y el 02 de octubre del mismo año, se declaró agotado y superado el trá mite conciliatorio4; en consecuencia la caducidad de la acción se suspendió por tres meses a partir del 04 de julio de 2019, conforme lo establece el artículo 21 de la ley 640 de 2001 y 3 del Decreto 1716 de 2009, por tanto la acción no había caducado al momento de presentar la acción.

El 28 de noviembre de 201 9 los Honorables Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare, se declararon impedidos por tener interés en el asunto 5,

El 28 de noviembre de 201 9 los Honorables Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare, se declararon impedidos por tener interés en el asunto 5, impedimento que aceptó el Consejo de Estado en providencia del 9 de julio de 20206.

Lugo de la designación de conjueces y de sortear ponente, el 28 de octubre de 2021, se admitió el libelo y se dispuso la notificación a la demandada, Ministerio Público y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado7.

B. Contestación de la Demanda

La Nación Rama JudicialConsejo Superior de la Judicatura se notificó de la demanda el 29 de octubre de 20218 y fue contestada oportunamente el 29 de noviembre de la misma anualidad, según informe secretaria l9, quien propuso las excepcio nes de Imposibilidad Presupuestal de Recon ocer los Derechos Reclamados por el actor al encontrarse en servicio activo, e Integración de Litis Consorcio Necesario.

C. Audiencia Inicial

En ella s e cumplieron las etapas de10: control de legalidad o saneamiento d el proceso; resolución de excepciones previas; se fijó el litigio ; se declaró agotada la etapa conciliatoria; y se procedió al decreto general de pruebas, teniendo como tales las aportadas con la demanda, se ordenó oficiar de conformidad con lo solici tado por el accionante; en cuanto a la entidad accionada no aportó medios de prueba y solicito tener como tales las incorporadas por el demandante.

D. Audiencia De Pruebas

Por auto del 23 de septiembre de 202211, se declaró clausurada la etapa probatoria, dado

como tales las incorporadas por el demandante.

D. Audiencia De Pruebas

Por auto del 23 de septiembre de 202211, se declaró clausurada la etapa probatoria, dado que las pruebas decretadas y allegadas al expediente fueron debidamente corridas en traslado a las partes, y se dispuso correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran por escrito los Alegatos de Conclusión.

E. Alegatos de Conclusión

Parte Demandante: No presentó

Parte Demandada: Se refirió a las reglas de unificación de jurisprudencia, fijadas por el consejo de Estado en sentencia SU -016-CE-S2-201912, para señalar que los Jueces de la República tiene derecho al reconocimiento y pago de las diferencias causadas por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con base en el 100% del

4 C. Principal, Archivo Digital 5 fol. 13 y 14. 5 C. Principal, Archivo Digital 7. Fol.1. 6 C. Principal, Archivo Digital 10. 7 C. Principal, Archivo Digital 18. 8 C. Principal, Archivo Digital 20. 9 C. Principal, Archivo Digital 28. 10 C. Principal, archivo digital 34. 11 C. Principal, Archivo digital38. 12 C. principal, Archivo digital 46.NRD 85001-2333-000-2019-00154-00 5 salario básico y al 30% como prima especial de servicios calculada sobre el 100% del salario básico.

Más sin embargo arguye la imposibilidad presupuestal para reconocer dichos derechos, a los funcionarios en servicio activo, dado que los retro activos se pueden pagar por el

salario básico.

Más sin embargo arguye la imposibilidad presupuestal para reconocer dichos derechos, a los funcionarios en servicio activo, dado que los retro activos se pueden pagar por el rubro de sentencias y conciliaciones, pero no así el mayor valor que se genera mensualmente en la nómina, la cual se paga por el rubro de gastos de personal, rubro en el cual el Ministerio de Hacienda no ha asignado los recur sos que permitan cubrir dicho gasto.

Para el efecto indica que conforme al art 71 del D.111 de 1996, todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos, que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos, y con el correspondiente registro presupuestal, en consecuencia no puede contraerse obligación sobre apropiaciones inexistentes; máxime que el Ministerio de Hacienda no ha asig nado recursos para tal finalidad, a pesar de que se le ha requerido en tal sentido. Indica que el Gobierno Nacional debe proferir los decretos que creen la prima especial como un adicional, sin carácter salarial.

Reitera la prescripción trienal respecto dela reliquidación de las prestaciones del actor y del pago de la prima especial establecida en el artículo 14 de la ley 4 de 1992, teniendo como fecha de exigibilidad del derecho la de vinculación al cargo de juez.

Ministerio Público: Presento Concepto, coadyuvando las pretensiones de la demanda, con excepción de lo relacionado a la fecha de reconocimiento y pago que deberá ser desde el seis (06) de mayo de 2016 por efectos de la prescripción trienal, de los derechos laborales del actor.

con excepción de lo relacionado a la fecha de reconocimiento y pago que deberá ser desde el seis (06) de mayo de 2016 por efectos de la prescripción trienal, de los derechos laborales del actor.

III. CONSIDERACIONES

La Sala en aplicación del artículo 207 del CPACA en concordancia con el artículo 29 de la C.P. y 132 del CGP, efectúa el control de legalidad, y dado que no se observa causal alguna de nulidad procesal que amerite su saneamiento, procede a declarar saneada la actuación hasta ahora surtida.

1Problema Jurídico

Se trata de determinar si el demandante tiene derecho a la liquidación y pago de la prima especial establecida en el art. 14 de la ley 4 de 1992, como una suma adicional al salario básico que ha venido devengando desde el 23 de mayo de 2013, o si por el contrario, la misma se considera incluida dentro de éste; y en consecuencia si es o no procedente ordenar la reliquidación de sus prestaciones sociales a título de restablecimiento del derecho, teniendo como base el 100% de la remuneración básica mensual asignada y el 30% de prima especial , previa declaración de nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio DESAJTU0191424 de adiada el 16 de julio de 2019 y el acto ficto o presunto, con los cuales la demandada negó la solicitud de pago de la porción del salario históricamente menguado, equivalente al 30% de la asignación básica, y la reliquidación y pago de sus prestaciones sociales t eniendo en cuenta la porción del salario mermada y el 30% de la prima especial como factor salarial.

salario históricamente menguado, equivalente al 30% de la asignación básica, y la reliquidación y pago de sus prestaciones sociales t eniendo en cuenta la porción del salario mermada y el 30% de la prima especial como factor salarial.

2. Marco Jurídico y JurisprudencialNRD 85001-2333-000-2019-00154-00 6 2.1 Marco jurídico.

El art. 150 numeral 19 de la Constitución Política, le atribuyó al Congreso de la República, la competencia para expedir leyes marco, y por medio de ellas, fijar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso Nacional y de la fuerza pública.

En ejercicio de dicha atribución, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992, a través de la cual estableció las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales.

La citada ley, en su artículo 14 creó la prima especial de servicios, y facultó al Gobierno para determinar el porcentaje de la misma, la cual oscilaría entre el 30 y el 60 % del salario básico13.

En ejercicio de la precitada facultad , el Gobierno mediante Decreto No. 57 de 1993, reglamentó el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los servidores públicos de la Rama Judicial acogidos a dicho decreto y para quienes se vincularan a la misma a

reglamentó el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los servidores públicos de la Rama Judicial acogidos a dicho decreto y para quienes se vincularan a la misma a partir de entonces, estableciendo que, se considera como prima sin carácter salarial el 30 % del salario básico 14, de los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Sup erior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, aspecto que ha continuado regulado el ejecutivo anualmente, al expedir los decretos salariales de los servidores públicos.

Con la expedición de la Ley 332 del 19 de diciembre de 1996, el carácter no salarial de la mencionada prestación, fue modificado, en el sentido de que ésta debía tenerse en cuenta para efectos de liquidar prestaciones, pero únicamente respecto a la pensión de jubilación de los funcionarios señalados en la norma y que a la fecha de su entrada en vigencia se encontraran vinculados al servicio, o que se jubilaran con posterioridad a esta. Norma aclarada por el art.1 de la ley 476 de 1998, en lo que respecta a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que la norma no se refiere a los Fiscales que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto, para quie nes la prima especial de servicios a que se refiere el art.6 del Decreto 53 de 1993, y los posteriores que lo subrogan o adicionan, tendrán carácter salarial para efectos de determinar el salario base

servicios a que se refiere el art.6 del Decreto 53 de 1993, y los posteriores que lo subrogan o adicionan, tendrán carácter salarial para efectos de determinar el salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

2.2. Marco jurisprudencial

2.2.1. Corte Constitucional.

Respecto de la prima especial de servicios, e n examen de constitucionalidad de la expresión “sin carácter salarial”, contenida en los artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992,

13 El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República , incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993….” 14 Artículo 6, Decreto 57 de 1993.NRD 85001-2333-000-2019-00154-00 7 como asignación mensual, adicional a la asignación básica del trabajador, la H. corte constitucional concluyó:15

“El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de

constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional”.

Para tal fin, con apoyo en sentencia de la Corte Suprema16 dijo que: “ Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe hacer, ya que aun cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular las prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en favor del trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legi slador disponer que determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter” . Resalto fuera de texto.

Posteriormente, en sentencia C-681-2003, la Corte declaró inexequible el término sin carácter salarial previsto en el art .15 de la Ley 4 de 1992, indicando que la prima especial de servicios allí establecida, constituirá factor de salario solo para la cotización y liquidación de la pensión de jubilación; es decir mantuvo la prohibición de tener efectos salariales, excepto para la cotización y liquidación de la pensión d e jubilación, para lo

y liquidación de la pensión de jubilación; es decir mantuvo la prohibición de tener efectos salariales, excepto para la cotización y liquidación de la pensión d e jubilación, para lo cual aplicó el principio de igualdad frente a los funcionarios beneficiarios de la misma , previstos en el art.14 de la referida ley .Resalto fuera de texto.

Tal criterio fue ratificado en Sentencia C-244 de 2013, en la cual se hicieron importantes precisiones frente a la materia, de las cuales se resalta , que el salario no implica que automáticamente cualquier pago realizado por el empleador tiene que ser considerado como base salarial para el cálculo de prestaciones sociales , pues tal decisión no es constitucionalmente imperativa, sino que recae en la órbita de la libertad de configuración legislativa.

Con tal conclusión la corte permite: “ el establecimiento de bonos, prim as, o beneficios que ciertamente tienen el potencial de variar la base mensual de ingresos habituales de los trabajadores, pero negándole al mismo tiempo un impacto necesario sobre la carga prestacional”.

Concluye l a C orte, que la prima especial , la bonificación por compensación y la bonificación judicial, de que tratan el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Decreto 610 de 1998 y el Decreto 383 de 2013, respectivamente, constituyen en cada caso una suma adicional al ingreso del trabajador, que se le reconoce y pagan habitualmente, sin incidencia alguna para la liquidación de prestaciones distintas de la pensión de jubilación y de las cotizaciones correspondientes. Resalto fuera de texto.

2.2.2. Consejo de Estado

La Sección Segunda, en Sentencia de 9 de marzo de 2006 17, respecto a la legalidad de la

y de las cotizaciones correspondientes. Resalto fuera de texto.

2.2.2. Consejo de Estado

La Sección Segunda, en Sentencia de 9 de marzo de 2006 17, respecto a la legalidad de la expresión: “… se considera como PRIMA, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del

15 Corte Constitucional, Conjuez Ponente: Dr. HUGO PALACIOS MEJIA, Sentencia C-279/96, Exp. D-002, acumulados D-204 y D-817, del veinticuatro (24) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996). 16 Corte Suprema de Justicia, M.P. Hugo Suescún Pujols, expediente. No. 5481 “Sentencia del 12 de febrero de 1993”. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P: Alejandro Ordoñez Maldonado, Sentencia del 9 de marzo de 2006 Rad. No.: 11001-03-25-000-2003-00057-01(121-03).NRD 85001-2333-000-2019-00154-00 8 salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Coordinadores de Juzgado Penal de Circuito Especializado, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra, y los Jueces de Instrucción Penal Militar ”, contenida en los artículos 6º y 7º de los Decreto 57 de 1993, 106 de 1994, 043 de 1995, 036 de 1996, 076 de 1997, 064 de

7º de los Decreto 57 de 1993, 106 de 1994, 043 de 1995, 036 de 1996, 076 de 1997, 064 de 1998, 044 de 1999, 2740 de 2000, 2720 de 2001 y 673 de 2002, la encontró aju stada al ordenamiento jurídico, al señalar:

“En lo atinente al fondo del asunto, la Sala observa que los actos acusados no desconocieron los principios y criterios fijados en la Ley 4ª de 1992 y que a contrario sensu guardaron fidelidad con la previsión del legislador consignada en el artículo 14 de la norma ibidem y por ende, no la desbordaron. …

Conforme a lo expuesto, se infiere que el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados, no desbordó la pauta señalada en la Ley Marco, porque su actividad únicamente se limitó, en concordancia con la norma que la autorizó, a señalar el porcentaje a título de prima dentro de la escala porcentual señalada por el legislador y en ese orden, estimó que por este concepto el 30% de la asignación básica tendría esta connotación”.

Posteriormente18, con apoyo en el Dec.1042 de 1978, concluyó que el título de «primas» significa invariablemente un agregado en el ingreso de los servidores públicos, en ocasiones de naturaleza prestacional, salarial o como simple bonificación, con la constante, eso sí, de representar un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral; lo plasmó así:

“… la noción de “prima” como concepto genérico emerge a título de reconocimiento

constante, eso sí, de representar un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral; lo plasmó así:

“… la noción de “prima” como concepto genérico emerge a título de reconocimiento económico adicional para el empleado a fin de expresar cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima, entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un “plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio…” Resalto fuera de texto.

… de manera que, atendiendo esta mínima y básica realidad, no será posible asignar al concepto de prima usado por el Legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una consecuencia diferente a la de representar un incremento remuneratorio.

La anterior postura, fue ratificada en sentencia del 19 de mayo de 2010 19, en la que se examinó si el Gobierno al expedir los decretos reglamentarios de la prima especial prevista en el art.14 de Ley 4ª de 1992, cumplió con lo allí dispuesto, o si por el contrario generó una disminución en la asignación básica mensual de los funcionarios a quienes les aplica la misma, concluyendo que:

“…El ejecutivo desbordó su poder por cuanto bajo la apariencia de una prima especial equivalente al 30% del sueldo básico, en realidad despojó de efectos salariales a dicho porcentaje, con lo que disminuyó el monto de las prestaciones sociales.

equivalente al 30% del sueldo básico, en realidad despojó de efectos salariales a dicho porcentaje, con lo que disminuyó el monto de las prestaciones sociales.

La Ley 4ª de 1992 materializó el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Nacional, que contiene criterios para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso y Fuerza Pública. Esta Ley en el artículo 2 previó un concepto ce rrado en cuanto prohíbe al Gobierno

18 Consejo de Estado – Sección Segunda, M.P: Gustavo Gómez Aranguren. expediente 11001-03-25-0002007-00098-00 (1831-07), sentencia del 2 de abril de 2009. 19 Consejo de Estado Sección Segunda, C.P. Bertha Lucia Ramírez. Expediente 25000-23-25-000-2005-0113401 (0419-07) M.P Sentencia de fecha 19 de mayo de 2010.NRD 85001-2333-000-2019-00154-00 9 de manera genérica desmejorar los salarios y las prestaciones social es de los servidores del Estado…"

Así mismo, en sentencia del Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa, Sala de Conjueces, de fecha 31 de octubre de 201220 se consideró: "En virtud de la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado, que esta Sala de Conjueces acoge en su totalidad, se concluye que la interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de