TA CAS - 85001-3333-001-2022-00256-01-(09-02-2023)

DERECHO A LA SALUD / Gastos de transporte / Medio para garantizar el acceso a los servicios de salud / Requisitos para que sean sufragados por la E.P.S. El cubrimiento de este tipo de gastos ha sido tratado en múltiples fallos por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los tribunales y jueces del país. La Corte Constitucional, reiterando lo expuesto en providencias anteriores sobre este asunto, señaló: “(…) El servicio de transporte no es catalogado como una prestación médica en sí. No obstante, se ha considerado por la jurisprudencia constitucional y, actualmente, por el ordenamiento jurídico, como un medio que permite el acceso a los servicios de salud, pues, en ocasiones, de no contar con el traslado para recibir lo requerido, conforme con el tratamiento médico establecido, se impide la materialización de la mencionada garantía fundamental (…) el servicio de salud debe ser prestado de manera oportuna y eficiente, libre de barreras u obstáculos de acceso, por tanto en aquellos casos en que el paciente requiera un traslado que no esté contemplado en la citada Resolución y tanto él como sus familiares cercanos carezcan de recursos económicos necesarios para sufragarlo, es la EPS la llamada a cubrir el servicio, en la medida en que, de no hacerlo, se pueden generar graves perjuicios en relación con la garantía del derecho fundamental a la salud. Ante estos eventos, la jurisprudencia constitucional ha señalado que al juez de tutela le compete entrar a analizar la situación fáctica que se le presenta, pues se deben acreditar las reglas establecidas por este

Tribunal como requisito para amparar el derecho y trasladar la obligación a la EPS de asumir los gastos derivados del servicio de transporte4, a saber: (…) que (i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. (…)”. PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD / Busca que el paciente lleve una vida íntegra en condiciones de dignidad / Jurisprudencia constitucional. “(…) este principio busca garantizar el acceso a todos los servicios y tecnologías que una persona pueda necesitar para recibir una atención completa en salud. (…) la Corte ha considerado que el mandato del principio no se limita a garantizar los servicios necesarios para superar sus dificultades físicas y mentales del momento, sino para que se pueda llevar una vida con integridad y dignidad personal. Ha reiterado entonces que “[e]n virtud del principio de integralidad, las entidades encargadas de la prestación del servicio de salud deben autorizar, practicar y entregar los medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles y seguimientos que el médico considere indispensables para tratar las patologías de un paciente, “(…) sin que les sea posible fraccionarlos, separarlos, o elegir alternativamente cuáles de ellos aprueba en razón del interés económico que representan”. Ello con el fin, no solo de restablecer las condiciones básicas de vida de la persona o lograr su plena recuperación, sino de procurarle una existencia digna a través de la mitigación de

sus dolencias (…)”. PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD / Diferencias con el tratamiento integral / Órdenes que puede proferir el juez constitucional ante negligencia de la E.P.S. / Jurisprudencia constitucional. “(…) el principio de integralidad es un mandato que irradia toda la actuación de las entidades prestadoras de servicios de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por su parte, el tratamiento integral es una orden que puede proferir el juez constitucional ante la negligencia de estas entidades para asegurar la atención en salud a personas con condiciones de salud que requieren una protección reforzada en este sentido bajo la condición de que se demuestre, según se indicó, que existe una reiterada negligencia por parte de las EPS”. GASTOS DE TRANSPORTE / Deben ser cubiertos por la E.P.S. por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional y por su condición de pobreza. (…) tanto por la edad, como por su situación económica y condiciones de salud, la menor es sujeto de especial protección acorde con las previsiones del artículo 13 de la Constitución y lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia que se citó en este fallo en precedencia. El domicilio de la tutelante es Yopal; por lo tanto, todos los tratamientos que ella requieradeberían ser suministrados en Yopal, pero como la menor debe trasladarse a la ciudad de Bogotá a realizarse los exámenes dictaminados por el médico tratante, los gastos de transporte deben ser asumidos por la Nueva EPS, acorde con lo señalado por la Corte

Constitucional, precisamente por las situaciones económica, de salud y de pobreza extrema. Por tal motivo se confirmará el fallo impugnado sobre ese tema, pero se precisará que cuando la tutelante requiera de ese servicio su madre, tendrá la carga de elevar la solicitud a la EPS y anexar los soportes requeridos. Igualmente se aclara que por tratarse de una menor de edad, esos gastos deben ser para un acompañante y la tutelante. TRATAMIENTO INTEGRAL / No se acreditó incumplimiento del mismo por parte de la E.P.S. En cuanto concierne al tratamiento integral, hasta el momento no está demostrado que la accionada haya incumplido con ese deber constitucional y legal, motivo por el cual el a-quo simplemente se limitó a requerir a la entidad accionada para que se prestara en caso de ser necesario. Esta Corporación comparte las apreciaciones y consideraciones del a-quo, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Corte en forma reiterada, entre otras, en la sentencia T-513 de 2020, que se transcribió parcialmente en este fallo. ÓRDEN DE RECOBRO / Trámite administrativo que escapa al objeto de la acción de tutela. Otra de las solicitudes hechas en la impugnación es que en caso de mantenerse la decisión se autorice el recobro de los gastos de transporte, tema sobre el cual debe reiterarse lo siguiente: a.- La tutela fue concebida para la protección de derechos fundamentales, no para otras situaciones. b.- El tema del recobro es un asunto administrativo que tiene establecidos unos trámites propios. En consecuencia, si la entidad accionada considera que tiene el

derecho al recobro de todo o parte de los gastos de transporte que en este fallo se confirman, deberá acudir a los trámites administrativos dispuestos por la ley para el efecto, pues la tutela no es el medio jurídico para autorizar esas solicitudes.

NOTA DE RELATORÍA: La providencia que se presenta al público ha sido modificada en su texto original únicamente para incluir los anteriores descriptores y restrictores, más no para modificar su contenido. Para verificar la autenticidad de la misma el lector podrá acudir al aplicativo SAMAI a través del enlace: https://samai.azurewebsites.net/, o a la revisión de estados electrónicos de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Casanare dispuesta en la página web de la rama judicial https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunaladministrativo-de-casanare, consultado el número de radicación del respectivo proceso.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

PALACIO DE JUSTICIA – CARRERA 14 Nº 13-60

BARRIO COROCORA-YOPAL Yopal Casanare, nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Radicación No. 85001-3333-001-2022-00256-01

Medio de Control: TUTELA Accionante: VALERY SOPHÍA RODRÍGUEZ FRANCO, quien actúa a través del DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE, en calidad de agente oficioso

Accionado: NUEVA EPS Asunto: Suministro de transporte

Magistrado Ponente: JOSÉ ANTONIO FIGUEROA BURBANO

I. OBJETO Procede el Tribunal a resolver la impugnación presentada por la Nueva EPS en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal

Magistrado Ponente: JOSÉ ANTONIO FIGUEROA BURBANO

I. OBJETO Procede el Tribunal a resolver la impugnación presentada por la Nueva EPS en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal el 19 de diciembre de 2022, a través de la cual tuteló el derecho a la salud de la menor accionante y emitió órdenes para su protección.

II. ACTUACIÓN PROCESAL Las principales actuaciones procesales realizadas dentro del presente proceso son

las siguientes: ACTUACIÓN FECHA FOLIO FECHA DE RADICACIÓN DE LA PETICIÓN DE TUTELA 12-12-2022 Cons. 004 c. primera instancia ADMISIÓN 13-12-2022 Cons. 005 c. primera instancia SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 19-12-2022 Cons. 011 c. primera instancia NOTIFICACIÓN DEL FALLO 19-12-2022 Cons. 012 c. primera instancia IMPUGNACIÓN 11-1-2023 Cons. 013 Y 014 c. primera instancia CONCEDE RECURSO 26-1-2022 Cons. 17 c. primera instancia RECIBIDO TAC 27-1-2023 Cons. 002 c. segunda instancia INGRESO AL DESPACHO PARA FALLO 30-1-2023 Cons. 003 c. segunda instancia

III. ANTECEDENTES 1.- De las situaciones fácticas indicadas en la petición de tutela se destacan las

siguientes: a. La menor Valery Sophía Rodríguez Franco tiene 3 años de edad y se encuentra afiliada a la NUEVA EPS en el régimen subsidiado. b. Según su historia clínica, fue diagnosticada con “PARÁLISIS CELEBRAL

DISCINÉTICA, NEUROPATÍAPROGRESIVA IDIOPÁTICA, MICROCEFALIA,

DISFASIA Y AFASIA”

b. Según su historia clínica, fue diagnosticada con “PARÁLISIS CELEBRAL

DISCINÉTICA, NEUROPATÍAPROGRESIVA IDIOPÁTICA, MICROCEFALIA,

DISFASIA Y AFASIA”

c. El 22 de noviembre de 2022 se le ordenó RADIOGRAFÍA DE CADERA COMPARATIVA, RADIOGRAFÍA DE CADERA O ARTICULACIÓN COXOFEMORAL AP LATERAL, RX DE CADERA DERECHA Y RX DETribunal Administrativo de Casanare Radicación No. 85001-3333-001-2022-00256-01 2

CADERA IZQUIERDA, RADIOGRAFÍA DE MIEMBRO INFERIOR AP I DE 2

LATERAL, RADIOGRAFÍA DIGITAL DE MIEMBROS INFERIORES - ESTUDIO

DE LONGITUD Y CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA

ENORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, CONSULTA DE PRIMERA VEZ

POR FISIATRÍA Y REHABLITACION.

d. La EPS NUEVA EPS le ha autorizado las citas así: i) CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN para ser atendida en la Fundación CIREC en la ciudad de Bogotá el 28 de diciembre del 2022; los exámenes de TEST FARRIL PIE PLANO PIES CON APOYO y el RX DE PELVIS O ARTICULACIÓN COXOFEMORAL para el 2 de febrero del 2023 en la institución médica IDIME que se encuentra también en la ciudad de Bogotá. Según las indicaciones para la práctica de los exámenes a pacientes menores de 5 años o con trastornos neurológicos, deben asistir obligatoriamente a la cita

que se encuentra también en la ciudad de Bogotá. Según las indicaciones para la práctica de los exámenes a pacientes menores de 5 años o con trastornos neurológicos, deben asistir obligatoriamente a la cita acompañados de dos adultos y si son mujeres, no pueden estar en embarazo, es decir, que para la cita del 2 de febrero la menor debe ir acompañada de 2 adultos. e. La señora ELIZABETH FRANCO, madre de la menor de edad, es cabeza de familia, se dedica al cuidado de su hija y no cuenta con los recursos para el trasporte Yopal -Bogotá y viceversa ni para viáticos para la estadía en la ciudad de Bogotá en caso que requiera pernoctar allí; tampoco tiene red de apoyo en esa ciudad y por lo mismo solicitó a la NUEVA EPS apoyo para traslados, hospedaje y alimentación para la menor de edad y un acompañante para la cita del 28 de diciembre de 2022; y para los exámenes del 2 de febrero de 2023 de dos acompañantes, pero le fue negado. Se agrega que el padre de la menor se encuentra desempleado. f. La Defensoría Regional Casanare intervino ante la Nueva EPS pero le señalaron que si no es por orden de tutela no pueden autorizar los gastos de transporte, alojamiento y manutención para paciente y acompañante. 2.- Con fundamento en lo anterior solicitó: “PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social, del señor VALERY SOPHIA RODRIGUEZ FRANCO, que están siendo vulnerados por la EPS NUEVA EPS, y ordenar la protección inmediata y prioritaria de sus derechos fundamentales. SEGUNDO. Disponer Señor Juez, que en el término perentorio de

FRANCO, que están siendo vulnerados por la EPS NUEVA EPS, y ordenar la protección inmediata y prioritaria de sus derechos fundamentales. SEGUNDO. Disponer Señor Juez, que en el término perentorio de cuarenta y ocho horas (48 H) el director o Gerente de la EPS NUEVA EPS, AUTORICE Y GARANTICE los gastos de transporte, manutención y hospedaje para la paciente VALERY SOPHIA RODRIGUEZ FRANCO y su acompañante, para desplazarse a la ciudad de Bogotá a la práctica CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA YREHABILITACIÓN para ser atendida en la fundación CIREC en la ciudad de Bogotá, a realizarse el veintiocho(28) de diciembre deTribunal Administrativo de Casanare Radicación No. 85001-3333-001-2022-00256-01 3 2022; y para la menor y dos acompañantes para los exámenes de TEST FARRIL PIEPLANO PIES CON APOYO y el RX DE PELVIS O ARTICULACIÓN COXOFEMORAL, que fueron autorizados por la EPS para el 2 de febrero del 2023, en la institución médica IDIME que se encuentra también en la ciudad de Bogotá.

TERCERO: Solicito ORDENAR a NUEVA EPS se AUTORICE Y GARANTICE los gastos de trasporte, manutención y hospedaje para la menor VALERY SOPHIA RODRIGUEZ FRANCO y su acompañante,

cada vez que deba desplazarse de la cuidad de Yopal a Bogotá, o cualquier otra ciudad para la atención medica que requiera dentro de la patología de PARÁLISIS CELEBRAL DISCINÉTICA, NEUROPATÍA PROGRESIVAIDIOPÁTICA, MICROCEFALIA, DISFASIA Y AFAS CUARTO: Para evitar presentar Tutela por cada evento, solicito ORDENAR a la EPS NUEVA EPS LA ATENCION INTEGRAL en forma permanente y oportuna que requiera la menor de edad VALERY SOPHIARODRIGUEZ FRANCO, para garantizar su salud y calidad de vida, respecto a la patología que padece, valga señalar, todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, exámenes de diagnóstico, citas, valoraciones y seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el restablecimiento de la salud del paciente.

QUINTO: Prevenir al señor director de la EPS NUEVA EPS, para que en ningún caso vuelva a incurrir en las OMISIONES que dieron merito a iniciar esta tutela”. SIC PARA LA TRANSCRIPCIÓN.

IV. LA DECISIÓN IMPUGNADA Fue proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal el 19 de diciembre de 2022 y en ella, en lo pertinente, resolvió: “PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental a la salud de la menor Valery Sophia Rodríguez Franco, identificada con registro civil núm. 1222134931, en contra de La Nueva EPS, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar a la Nueva EPS, a través del gerente zonal de Casanare, David Francisco Gallego y/o quien haga sus veces que, a partir

en contra de La Nueva EPS, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar a la Nueva EPS, a través del gerente zonal de Casanare, David Francisco Gallego y/o quien haga sus veces que, a partir de la notificación de esta providencia, garantice el transporte intermunicipal a la menor Valery Sophia Rodríguez Franco, junto con un acompañante, durante el tratamiento de su patología desde su sitio de residencia hasta la ciudad sede de la IPS o Centro de Salud que deba ser atendido, de ida y regreso, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

De las órdenes emitidas deberá la Nueva EPS informar de manera inmediata al correo electrónico de este Despacho j01admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co.

TERCERO: Negar las demás pretensiones de la acción de tutela.

CUARTO: Conminar al gerente Zonal Casanare de la Nueva EPS, David Francisco Gallego Moreno y/o quien haga sus veces, para que a fin de mejorar el estado de salud de la menor Valery Sophia Rodríguez Franco, derivado de la patología que padece, le preste los servicios de salud que esta requiera, de manera integral, conforme lo ordenen sus médicosTribunal Administrativo de Casanare

Radicación No. 85001-3333-001-2022-00256-01 4 tratantes. Corresponde a la Nueva EPS, según determine el médico tratante, garantizar la prestación de los servicios médicos que requiera la

menor Valery Sophia Rodríguez Franco, no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, y realizar el respectivo recobro.

(…)” SIC PARA LA TRANSCRIPCIÓN.

Para adoptar estas decisiones se tuvo en cuenta lo siguiente: 1.- Valery Sophía Rodríguez Franco está afiliada a la Nueva Eps y fue diagnosticada con parálisis cerebral discinética nivel funcional V, microcefalia, discapacidad cognitiva severa, cuadriparesia flácida, distonía, desnutrición proteicocalorica moderada, incontinencia vesical, incontinencia fecal, displasia de cadera, deformidad en valgo de miembros inferiores. 2.- Está acreditado que los médicos tratantes le ordenaron las consultas y los exámenes que se indican en la petición de tutela; que la EPS le programó dos citas en la ciudad de Bogotá, una en la Fundación CIREC y la otra en IDIME S.A.; y que tanto la madre de la tutelante como el defensor del pueblo Regional Casanare solicitaron a la Nueva EPS el cubrimiento de gastos para desplazamiento, alimentación y alojamiento y le fue negado. 3.- En relación con el transporte, el a-quo indicó que de conformidad con lo dispuesto en la sentencia SU 508 de 2020 debe ser suministrado por la EPS cuando la atención deba ser prestada en un lugar diferente al de residencia del paciente, para que ello no se convierta en una barrera para el acceso a los servicios de salud y por lo mismo

consideró que en el presente caso, la NUEVA EPS debe cubrir el gasto de desplazamiento. 4.- Respecto de alojamiento, alimentación y transporte interurbano señaló que el último está expresamente excluido y para los dos primeros, no se demostró que la tutelante deba permanecer más de un día en la ciudad de Bogotá y por lo mismo negó esa solicitud y se desconoce si el servicio médico se siga prestando en la ciudad de Bogotá. 5.- En cuanto al tratamiento integral solicitado expresó que no hay prueba de que a la tutelante se haya negado algún servicio, sin embargo, conminó a la Nueva EPS a que se lo brinde.

V. LA IMPUGNACIÓN 1.- La Nueva EPS impugnó oportunamente la decisión solicitando revocar la solicitud de servicios complementarios como transporte, alimentación u hospedaje y el tratamiento integral; sin embargo, al revisar la decisión objeto de recurso se establece que en ella no se dispuso ni el reconocimiento de alimentación ni de hospedaje, únicamente del transporte intermunicipal para la tutelante y un acompañante y se requirió para que le diera tratamiento integral. 2.- Al revisar los argumentos expuestos en la impugnación en relación con el servicio de transporte, se establece que no se refieren al caso particular, sino que de manera general se indica que el afiliado que tiene capacidad de pago debe contribuir solidariamente con el sistema y que por lo mismo, el juez en cada caso concreto debe analizar la capacidad económica del accionante y de su grupo familiar.

Y en cuanto al tratamiento integral, también de manera general se señala que es improcedente ordenarlo por tratarse de hechos futuros e inciertos.Tribunal Administrativo de Casanare Radicación No. 85001-3333-001-2022-00256-01 5

Y en cuanto al tratamiento integral, también de manera general se señala que es improcedente ordenarlo por tratarse de hechos futuros e inciertos.Tribunal Administrativo de Casanare Radicación No. 85001-3333-001-2022-00256-01 5 3.- De manera subsidiaria pidió que, en caso de que se confirme la decisión se ordene el rembolso y que se adicione el fallo indicando que previo a autorizar cualquier tratamiento o medicamento en el que no exista orden médica o esta no esté vigente, se ordene una valoración médica previa con el objeto de determinar con criterio médico la necesidad de los servicios solicitado.

VI. CONSIDERACIONES 1.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE NULIDADES Y PRESUPUESTOS PROCESALES Del examen de la actuación surtida hasta el momento se deduce que no hay irregularidades procedimentales que conlleven a declarar la nulidad total o parcial de lo actuado. Por el contrario, se encuentra cumplido el procedimiento previsto en el Decreto 2591 de 1991, es decir, se agotó el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

De otra parte, este Tribunal es competente para resolver a la apelación si se tiene en cuenta que la primera instancia fue tramitada y decidida por uno de los juzgados administrativos de Yopal. 2.- PROBLEMAS JURÍDICOS Del análisis de la sentencia de primera instancia, con relación a su impugnación, las pruebas debidamente incorporadas al proceso y nuestro ordenamiento jurídico, se establece que los problemas jurídicos consisten en determinar:  Si es procedente o no revocar la decisión de primera instancia en cuanto ordenó a la NUEVA EPS el suministro de transporte para la tutelante y un acompañante para que aquella asista a las citas que le fueron programadas por la citada EPS

 Si es procedente o no revocar la decisión de primera instancia en cuanto ordenó a la NUEVA EPS el suministro de transporte para la tutelante y un acompañante para que aquella asista a las citas que le fueron programadas por la citada EPS en la ciudad de Bogotá.  Y si es procedente revocar o modificar lo relacionado con el tratamiento integral. Para resolverlo debe considerarse lo siguiente: 2.1.- De los gastos de transporte 2.1.1.- El cubrimiento de este tipo de gastos ha sido tratado en múltiples fallos por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los tribunales y jueces del país. 2.1.2.- La Corte Constitucional, reiterando lo expuesto en providencias anteriores sobre este asunto, señaló1: “5.- El cubrimiento de los gastos de transporte para los pacientes y sus acompañantes por parte de las Entidades Prestadoras de Salud. Reiteración de jurisprudencia2 El servicio de transporte no es catalogado como una prestación médica en sí. No obstante, se ha considerado por la jurisprudencia constitucional y, actualmente, 1 T-148 de 2016 2 Estas ideas fueron extraídas de la sentencia T-395 de 2015 del mismo magistrado ponente de la providencia actual.Tribunal Administrativo de Casanare Radicación No. 85001-3333-001-2022-00256-01 6 por el ordenamiento jurídico, como un medio que permite el acceso a los servicios de salud, pues, en ocasiones, de no contar con el traslado para recibir lo

requerido, conforme con el tratamiento médico establecido, se impide la materialización de la mencionada garantía fundamental.3 Así, la Resolución 5521 de 2013, “por medio de la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud”, establece que se procede a cubrir el traslado acuático, aéreo y terrestre de los pacientes, cuando se presenten patologías de urgencia o el servicio requerido no pueda ser prestado por la IPS del lugar donde el afiliado debería recibir el servicio, incluyendo a su vez el transporte para atención domiciliaria (artículo 124). Por lo tanto, en principio, son estos eventos los que deben ser cubiertos por las EPS. No obstante, esta Corporación ha sostenido, como se observó en párrafos anteriores y lo ha reiterado en sus pronunciamientos, que el servicio de salud debe ser prestado de manera oportuna y eficiente, libre de barreras u obstáculos de acceso, por tanto en aquellos casos en que el paciente requiera un traslado que no esté contemplado en la citada Resolución y tanto él como sus familiares cercanos carezcan de recursos económicos necesarios para sufragarlo, es la EPS la llamada a cubrir el servicio, en la medida en que, de no hacerlo, se pueden generar graves perjuicios en relación con la garantía del derecho fundamental a la salud. Ante estos eventos, la jurisprudencia constitucional ha señalado que al juez de tutela le compete entrar a analizar la situación fáctica que se le presenta, pues se

deben acreditar las reglas establecidas por este Tribunal como requisito para amparar el derecho y trasladar la obligación a la EPS de asumir los gastos derivados del servicio de transporte4, a saber: (…) que (i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.5 Ahora bien, en cuanto a la capacidad económica del afiliado esta Corte ha señalado que cuando este afirma que no cuenta con los recursos necesarios para asumir los servicios solicitados, lo cual puede ser comprobado por cualquier medio, incluyendo los testimonios, se invierte la carga de la prueba. Por consiguiente, es la EPS la que debe entrar a desvirtuar tal situación, en la medida en que cuenta con las herramientas para determinar si es verdadera o no.6 Por otro lado, relacionado también con el tema del transporte, se encuentra que pueden presentarse casos en que el paciente necesita de alguien que lo acompañe a recibir el servicio, como es el caso de las personas de edad avanzada, de los niños y niñas , o que el tratamiento requerido causa un gran impacto en la condición de salud de la persona. En ese orden, “si se comprueba que el paciente es totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento y que requiere de “atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas”7 (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado 8 la EPS adquiere la obligación de sufragar también los gastos de traslado del acompañante. 3 A respecto ver Sentencia T-760 de 2008 y T-352 de 2010, entre otras. 4 Sentencia T-039 de 2013.

EPS adquiere la obligación de sufragar también los gastos de traslado del acompañante. 3 A respecto ver Sentencia T-760 de 2008 y T-352 de 2010, entre otras. 4 Sentencia T-039 de 2013. 5 Sentencia T-154 de 2014. 6Ver Sentencia T-048 de 2012, entre otras. 7 Sentencia T-154 de 2014. 8 Sentencia T-459 de 2007Tribunal Administrativo de Casanare Radicación No. 85001-3333-001-2022-00256-01 7 Así las cosas, si bien el ordenamiento prevé los casos en los cuales el servicio de transporte se encuentra cubierto por el POS, existen otros eventos en los que, pese a encontrarse excluidos, el traslado se torna de vital importancia para poder garantizar la salud de la persona, por consiguiente, el juez de tutela debe analizar la situación particular, a fin de evidenciar si ante la carencia de recursos económicos tanto del afectado, como de su familia, sumado a la urgencia de la solicitud, es obligatorio para la EPS cubrir los gastos que se deriven de dicho traslado, en aras de evitar imponer barreras u obstáculos a la garantía efectiva y oportuna del derecho fundamental a la salud”. 2.2.- En lo que se refiere al tratamiento integral, la misma Corporación ha dicho9: “El principio de integralidad en salud y la figura del tratamiento integral

9. El principio de integralidad del sistema de salud fue establecido por el literal d) del artículo 2º de la Ley 100 de 1993 como “la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias

contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por esta Ley”. Posteriormente, se reconoció en el artículo 8º de la Ley Estatutaria de Salud así: “los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario. En los casos en los que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada”. Como puede verse, este principio busca garantizar el acceso a todos los servicios y tecnologías que una persona pueda necesitar para recibir una atención completa en salud.

10. Al respecto se pronunció la Corte en la sentencia C-313 de 2014 al destacar “el deber de suministro de los servicios y las tecnologías de manera completa con miras a prevenir, paliar o curar la enfermedad” y advertir “que no podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación del servicio en desmedro de la salud del usuario”. En esta ocasión también determinó que el referido precepto

estatutario “está en consonancia con lo establecido en la Constitución y no riñe con lo sentado por este Tribunal en los varios pronunciamientos en que se ha estimado su vigor”. Esta misma sentencia reitera la amplitud del ámbito de protección al indicar que “el acceso se extiende a las facilidades, establecimientos, bienes, servicios, tecnologías y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud”. En otras ocasiones, la Corte ha considerado que el mandato del principio no se limita a garantizar los servicios necesarios para superar sus dificultades físicas y mentales del momento, sino para que se pueda llevar una vida con integridad y dignidad personal10. Ha reiterado entonces que “[e]n virtud del principio de integralidad, las entidades encargadas de la prestación del servicio de salud deben autorizar, practicar y entregar los medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles y seguimientos que el médico considere 9 Corte Constitucional. T-513 de 2020. 10 Sentencia T-010 de 2019. Reitera