TA CAS - 850013333003-202300052-01-(27-04-2023)

AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCIÓN DE TUTELA – Cuando agenciado no avala la actuación del agente oficioso el mecanismo de protección constitucional se torna improcedente. En relación con la agencia oficiosa en materia de tutela que se encuentra reglamentada en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 (…) considera la Sala que, para el momento de la interposición de la acción que nos ocupa se cumplían los requisitos previstos por la ley y la jurisprudencia para que procediera el agenciamiento de derechos ajenos en tanto el señor DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE manifestó de manera expresa que actuaba en tal calidad e igualmente afirmó que, acudía como agente oficioso en consideración a que el señor YERMIS JOSÉ ALEJANDRO COLMENARES GONZÁLEZ se encontraba hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA. Empero y pese a lo anterior, como existe una manifestación expresa del titular de los derechos constitucionales fundamentales que fueron agenciados por el antes referido funcionario en el sentido que, no avala lo efectuado por su agente oficioso y que su intención no fue interponer ninguna acción por todo lo que las Instituciones a quienes dirige la comunicación (que son las mismas contra las que se dirige la solicitud de amparo) han hecho por él, fuerza concluir que, atendiendo la jurisprudencia constitucional transcrita, debe declararse que en este momento procesal la tutela es improcedente.

NOTA DE RELATORÍA: Para adoptar esta posición la Corporación tuvo como fundamento la Sentencia T-382 de 2021, M.P. Dra. Paola Andrea Meneses Mosquera.

NOTA DE RELATORÍA: La providencia que se presenta al público ha sido modificada en su texto original únicamente para incluir los anteriores descriptores y restrictores, más no para modificar su contenido. Para verificar la autenticidad de la misma el lector podrá acudir al aplicativo SAMAI a través del enlace: https://samai.azurewebsites.net/, o a la revisión de estados electrónicos de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Casanare dispuesta en la página web de la rama judicial

https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-casanare, consultado el número de radicación del respectivo proceso.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

DESPACHO 002

MAGISTRADA PONENTE: INÉS DEL PILAR NÚÑEZ CRUZ Yopal, abril veintisiete (27) de dos mil veintitrés (2023).

Medio de control : TUTELA Radicació n No. : 850013333003-202300052-01

Accionante : DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL

CASANARE ACTUANDO COMO AGENTE

OFICIOSO DEL SEN  OR YERMIS JOSE 

ALEJANDRO COLMENARES GONZA  LEZ

Accionado : CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS

MIGRATORIOS REGIONAL ORINOQUIA,

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

“HORO ESE” Y SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE Procede el Tribunal a resolver la impugnació n presentada por el DEPARTAMENTO DE CASANARE – SECRETARIA DE SALUD contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal el 23 de marzo de 2023 que accedió parcialmente a las pretensiones de la acció n. ANTECEDENTES Haciendo uso de la acció n de tutela, el sen ̃ or DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE actuando como agente oficioso del sen ̃ or YERMIS JOSÉ ALEJANDRO COLMENARES GONZÁLEZ interpuso solicitud de amparo contra el CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS REGIONAL ORINOQUÍA, el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA “HORO ESE” y la SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE, en la cual formuló las siguientes PRETENSIONES Primera: tutelar los derechos constitucionales fundamentales del sen ̃ or YERMIS JOSE  ALEJANDRO COLMENARES GONZA  LEZ a la vida digna, a la salud y al tratamiento integral vulnerados por el CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS REGIONAL ORINOQUIA al no entregarles el permiso por protecció n temporal “PPT”.

Segunda: ordenar a las accionadas:

a. HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA “HORO ESE” y SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE que: i.) sigan prestando al agenciado los servicios que requiera hasta lograr su rehabilitació n, directamente o a través de sus IPS o EPS contratistas; ii.) realicen las gestiones necesarias para que el sen ̃ or YERMIS JOSE  ALEJANDRO continú e con el programa de hemodiá lisis y con la terapia por patologı́a autoinmune de base; iii.) sufraguen los gastos que genera lo anterior, en tanto, el sen ̃ or COLMENARES GONZA  LEZ no cuenta con los recursos econó micos para el efecto, pues son migrantes venezolanos; y, iv.) Prestar el tratamiento integral y todo lo que se requiere para tratar la patologı́a que padece.2 Acción de Tutela Rad. No. 850013333003-202300052-01 b. CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS REGIONAL ORINOQUIA autorizar la impresió n y entrega del permiso por protecció n temporal “PPT”, con el fin que el accionante pueda acceder al sistema de seguridad social en salud. c. SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE o a quien corresponda la afiliació n al sistema de salud del sen ̃ or YERMIS JOSE  ALEJANDRO

COLMENARES GONZA  LEZ (fls.1 y 2 ıtem 001 c. primera instancia) Sustentó fá cticamente sus pretensiones relatando la ocurrencia de los siguientes

HECHOS

1. El sen ̃ or YERMIS JOSE  ALEJANDRO COLMENARES GONZA  LEZ fue diagnosticado con “taponamiento cardíaco, lupus eritematoso, falla cardiaca descompensada, nefropatía lúpica, enfermedad renal crónica, urgencia dialítica, trastorno hidro electrolítico e hipotiroidismo subclínico”, por lo que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos y sin posibilidades de moverse por sus propios medios.

2. Por lo anterior, su médico tratante le ordenó continuar con el programa de hemodiá lisis y con la terapia por patologı́a autoinmune de base.

3. El agenciado no se encuentra afiliado al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, pues pese a que es ciudadano venezolano y ha efectuado los trá mites ante Migració n Colombia para legalizarse, ésta ha omitido entregarle el PERMISO POR PROTECCIO  N TEMPORAL “PPT”.

4. El sen ̃ or COLMENARES GONZA  LEZ no ha podido acceder de manera continuada al tratamiento que requiere para tratar sus diagnó sticos, lo que ha conllevado que cada dı́a se deteriore aú n má s su salud.

5. La SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE ha asumido los costos que se desprendieron de la atenció n de urgencias, pero ha informado que los

5. La SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE ha asumido los costos que se desprendieron de la atenció n de urgencias, pero ha informado que los demá s tratamientos deben seguir siendo cubiertos por el paciente o sus familiares, lo cual no es posible (fls. 2 y 3 ıtem 001 c. primera instancia) FUNDAMENTOS DE DERECHO Para fundamentar la solicitud de amparo cita los artıculos 11, 48, 49 y 86 de la C. P., 6 del Decreto 2591 de 1991 y jurisprudencia de la H. Corte Constitucional (fls. 3 a 5 ıtem 001 c. primera instancia).

ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA LA ADMISIÓN DE LA ACCIÓN Y SU CONTESTACIÓN El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal a través de auto proferido el 13 de marzo de 2023 admitió la solicitud de amparo, dispuso la vinculació n como demandada de GYOMEDICAL IPS YOPAL, accedió a la medida provisional solicitada consistente en que la SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE y la precitada IPS continuaran prestando al sen ̃ or YERMIS JOSE  ALEJANDRO COLMENARES GONZA  LEZ los servicios de salud que requiere mientras permanezca hospitalizado, especialmente los de HEMODINAMIA, tuvo como pruebas las aportadas por el

accionante con la solicitud de amparo; y, ordenó la notificació n de todas las3 Acción de Tutela Rad. No. 850013333003-202300052-01 partes y del Ministerio Pú blico (ıtem 005 c. primera instancia). La antes referida decisió n se notificó al dı́a siguiente (ıtem 006 c. primera instancia). Dentro del término concedido para el efecto, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIO  N COLOMBIA luego de citar la normatividad que establece las funciones que le competen ası como la que regula lo relacionado con el PERMISO DE PROTECCIO  N TEMPORAL afirma que, solicitó informe sobre el agenciado a la regional Orinoquı́a encontrá ndose que, se está en el paıs de forma irregular, lo que lo hace incurrir en infracciones a la normatividad que rige la materia; que la entidad haciendo uso de las competencias que la ley le otorga le rechazó la solicitud efectuada para el otorgamiento del Permiso de Protecció n Temporal “PPT”, porque no cumple con los requisitos del artıculo 15 de la Resolució n No. 0971, en concordancia con el artıculo 12 del Decreto 216 de 2021 en tanto, en su contra existe una medida de deportació n, por lo que considera no ha vulnerado derecho constitucional fundamental alguno; y, en consecuencia, debe declararse su FALTA DE LEGITIMACIO  N EN LA CAUSA POR PASIVA; adicionalmente porque, no es la competente para prestar los servicios de salud que se requieren en la solicitud

fundamental alguno; y, en consecuencia, debe declararse su FALTA DE LEGITIMACIO  N EN LA CAUSA POR PASIVA; adicionalmente porque, no es la competente para prestar los servicios de salud que se requieren en la solicitud de tutela. Ası las cosas, solicita se le desvincule del proceso de la referencia (ıtem 007 c. primera instancia). Por su parte el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQIA E.S.E. sen ̃ ala que, en principio se abstiene de omitir pronunciamiento en lo que tiene que ver con las situaciones ocurridas de manera extrahospitalaria pero que, considera necesario precisar que la atenció n prestada por la Institució n por el servicio de urgencias, se ha otorgado con cargo al DEPARTAMENTO DE CASANARE – SECRETARIA DE SALUD por lo que, solicita se le desvincule de la tutela sub lite en tanto, carece de legitimació n en la causa por pasiva. Adicionalmente expresa que, no debe perderse de vita que luego que el paciente fuera atendido en el HORO, se le traslado a la IPS GYOMEDICAL que es la presta los servicios de unidad de cuidados intensivos UCI y que el acceso los servicios de salud debe ser autorizado y redirigido por la ERP en cabeza de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL y el CENTRO REGULAR DE URGENCIAS “CRUE”, por cuanto el Hospital tampoco presta servicios de hemodiá lisis (ıtem 008 c. primera instancia). Finalmente, el DEPARTAMENTO DE CASANARE indica que, en cuanto a los hechos que fundamentan la tutela se atiene a lo que resulte probado en las diligencias. Igualmente, que pese a que el sen ̃ or YERMIS JOSE  ALEJANDRO

hechos que fundamentan la tutela se atiene a lo que resulte probado en las diligencias. Igualmente, que pese a que el sen ̃ or YERMIS JOSE  ALEJANDRO no se encuentra regularizado en el paıs, por cuanto se trata de un ciudadano venezolano lo que ha impedido su ingreso al sistema de seguridad social en salud, ha dado cumplimiento a los requerimientos pedidos por el HORO a las IPS que lo está n atendiendo, a fin de continuar con el programa de HEMODIALISIS y la TERAPIA POR PATOLOGIA AUTOINMUNE DE BASE, es decir, ha adelantado las gestiones para obtener la remisió n al nivel requerido y autorizado los servicios que los médicos que lo tratan han ordenado para paliar sus afecciones, razones todas éstas por las que solicita se exonere a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL de cualquier tipo de responsabilidad en tanto no ha vulnerado derecho fundamental alguno del antes mencionado (ıtem 009 c. primera instancia).4 Acción de Tutela Rad. No. 850013333003-202300052-01 SENTENCIA RECURRIDA Se trata de la proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal el 23 de marzo de 2023, la que en sus apartes pertinentes dispuso: a. Amparar el derecho fundamental a la salud del sen ̃ or YERMIS JOSE  ALEJANDRO COLMENARES GONZA  LEZ en contra del DEPARTAMENTO

DE CASANARE – SECRETARIA DE SALUD.

b. Ordenar a la precitada Entidad que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificació n del fallo continú e garantizando al sen ̃ or COLMENARES

DE CASANARE – SECRETARIA DE SALUD.

b. Ordenar a la precitada Entidad que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificació n del fallo continú e garantizando al sen ̃ or COLMENARES GONZA  LEZ la atenció n en salud, de acuerdo a lo prescrito por los galenos tratantes de cara a los diagnó sticos que padece. c. Ası mismo, se garantizará el servicio hasta que obtenga orden de salida hospitalaria. d. Negar las demá s pretensiones de la tutela. Lo anterior considerando que, el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA prestó los servicios de salud prescritos al agenciado y posteriormente a ello, el DEPARTAMENTO DE CASANARE ha autorizado los servicios que necesita para el tratamiento de la sintomatologı́a que padece, remitiéndolo a la Clınica Casanare lo que implica que, pese a que es migrante y no ha regularizado su situació n en el paıs se le han brindado servicios adicionales a los de urgencias buscando el restablecimiento de su salud, lo cual se confirmó en comunicació n telefó nica sostenida con el sen ̃ or YERMIS JOSE  ALEJANDRO. Sin embargo, es preciso igualmente tener en cuenta que el sen ̃ or COLMENARES GONZA  LEZ debe cumplir su obligació n de tramitar lo necesario para legalizar su situació n de migrante en el Estado colombiano porque de otra manera será imposible afiliarlo al sistema de seguridad social en salud, por lo que la pretensió n al respecto no está llamada a prosperar (ıtem 010 c. primera instancia).

de migrante en el Estado colombiano porque de otra manera será imposible afiliarlo al sistema de seguridad social en salud, por lo que la pretensió n al respecto no está llamada a prosperar (ıtem 010 c. primera instancia). ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN El DEPARTAMENTO DE CASANARE – SECRETARIA DE SALUD impugna el fallo de primera instancia recalcando los argumentos expuestos en la contestació n de la tutela y sen ̃ alando su desacuerdo con la decisió n emitida por el a quo en consideració n a que, ha cumplido a cabalidad las obligaciones que la ley le impone frente a la població n migrante si se tiene en cuenta que, luego de llevar a cabo el proceso de remisió n al nivel ordenado por el médico tratante logró su aceptació n en la Clınica Casanare y ha expedido todas las autorizaciones que ésta ha requerido tales como ecocardiograma transtorá cico, consulta de primera vez por especialista en nefrologı́a, hemodiá lisis está ndar con bicarbonato, arteriografı́a con cateterismo derecho o izquierdo. Adicionalmente el mismo sen ̃ or YERMIS JOSE  ALEJANDRO COLMENARES GONZA  LEZ informó que, la tutela fue radicada sin su consentimiento por lo que se debe declarar la configuració n del hecho superado en tanto la tutela no produce ningú n efecto, no hay vulneració n de los derechos fundamentales y este no es el medio apropiado para la protecció n que sen ̃ ala el accionante ya que la decisió n que pueda aportar el juez

los derechos fundamentales y este no es el medio apropiado para la protecció n que sen ̃ ala el accionante ya que la decisió n que pueda aportar el juez constitucional resultará insustancial. Funda su argumentació n citando jurisprudencia de la H. Corte Constitucional (ıtem 014 c. primera instancia). La impugnació n se concedió con proveıdo del 10 de abril de 2023 (ıtem 015 c. primera instancia).

ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA5

Acción de Tutela Rad. No. 850013333003-202300052-01 La actuació n fue repartida el 17 de abril de 2023 (ıtem 002 c. segunda instancia) y se puso a disposició n de este despacho el dı́a siguiente (ıtem 003 c. segunda instancia). CONSIDERACIONES 1.- CONTROL DE LEGALIDAD Revisada la actuació n se verifica que, el trá mite dado se encuentra ajustado a derecho y se cumplió el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991, razó n por la cual, no existen aspectos que deban sanearse. 2.- COMPETENCIA El Tribunal es competente para conocer la impugnació n a la luz de lo normado por el artıculo 32 de la misma norma y el Decreto 333 de 2021 toda vez que, la primera instancia fue tramitada y decidida por un juzgado administrativo de Yopal.

3. PRESUPUESTOS PROCESALES Una de las caracterısticas distintivas del derecho de amparo es la informalidad en virtud de la cual, prima lo sustancial sobre las formalidades. Sin embargo,

de Yopal.

3. PRESUPUESTOS PROCESALES Una de las caracterısticas distintivas del derecho de amparo es la informalidad en virtud de la cual, prima lo sustancial sobre las formalidades. Sin embargo, observa el Despacho que, el lıbelo introductorio reú ne los requisitos previstos por el artıculo 14 del Decreto 2591 de 1991.

4. DE LA LEGITIMACIÓN El artıculo 86 de la Carta Fundamental en relació n con el punto preceptú a: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar antes los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…)” La anterior disposició n fue reglamentada por el artıculo 10 del Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier

persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.” (subrayado fuera de texto) En el caso sub examine la tutela fue impetrada por el sen ̃ or DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE actuando como AGENTE OFICIOSO del sen ̃ or YERMIS JOSE  ALEJANDRO COLMENARES GONZA  LEZ. Sin embargo, una vez se profirió el fallo de primera instancia el agenciado en comunicació n fechada marzo 27 de 2023 dirigida al CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS REGIONAL CASANARE, al HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE y al DEPARTAMENTO DE CASANARE que reposa en el ıtem6 Acción de Tutela Rad. No. 850013333003-202300052-01

012 del cuaderno de primera instancia, allegada al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL desde el correo mariannimacadam18@gmail.com, al que se habı́an efectuado las notificaciones emitidas en la tutela de la referencia, manifestó , luego de identificarse con la C.V. 22.700.309, que escribe: “la presente para pedir una disculpa, explicar la situación y defenderme de algo que se me acusa injustamente ya que no demande a nadie ni convoqué un juicio o fallo de tutela contra nadie, debido a que no estaba consciente ni capacitado para razonar, estando conectado a unas máquinas en atención en una UCI que supuestamente estoy demandado. Reitero que no es mi culpa ya que no autorizo a nadie que haga nada, y no era de mi conocimiento lo que estaban haciendo en la defensoría del pueblo hasta hace 3 días recibiendo una notificación y un correo explicando la situación. Por este motivo de índole personal sucedidos en último momento decido hacer

esta carta junto con las pruebas y los videos pidiendo disculpas explicando la situación para que en un futuro podamos resolver el caso. Reiterando nuevamente mis disculpas ante este hecho bochornoso donde fui involucrado sin mi consentimiento y presentado mi agradecimiento a las instituciones antes mencionadas por su gran ayuda y a todo su personal que ahí labora Espero sea tomada en consideración mis disculpas y poder recibir su pronta respuesta, les anexo pruebas comprobatorias de mi inocencia en este correo.” (sic para toda la transcripció n) En relació n con la agencia oficiosa en materia de tutela que se encuentra reglamentada en el artıculo 10 del Decreto 2591 de 1991 norma que se transcribió con anterioridad, la H. Corte Constitucional ha manifestado de forma reiterada: “(ii) La agencia oficiosa en el trámite de tutela

22. Fundamento legal y constitucional. El inciso 2º del artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991 dispone que en el trámite de tutela es posible “agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa”. La agencia oficiosa es el mecanismo procesal que

derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa”. La agencia oficiosa es el mecanismo procesal que permite que un tercero (agente) interponga, motu proprio y sin necesidad de poder, acción de tutela en favor del titular de los derechos fundamentales (agenciado). El agente carece, en principio, de un interés sustancial propio en la acción que interpone, puesto que la vulneración de derechos que somete al conocimiento del juez de tutela sólo está relacionada con “intereses individuales del titular de los mencionados derechos”.

23. La procedencia de la agencia oficiosa en el trámite de tutela se fundamenta en tres principios constitucionales. Primero, la eficacia de los derechos fundamentales, que exige a las autoridades públicas y a los particulares ampliar “los mecanismos institucionales para la realización efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales”. Segundo, la prevalencia del derecho

sustancial sobre las formas [, el cual busca evitar que, por razones de excesiva ritualidad procesal, se amenacen o vulneren los derechos de las personas que están imposibilitadas para interponer la acción a nombre propio. Tercero, el principio de solidaridad, que impone a los ciudadanos el deber de velar por la protección de los derechos fundamentales de aquellos sujetos que se encuentran en imposibilidad de promover su defensa.

24. Requisitos de la agencia oficiosa. La procedencia de la agencia oficiosa en los procesos de tutela es “excepcional” y está supeditada al cumplimiento de dos “requisitos normativos” (i) la manifestación del agente oficioso de estar actuando7

Acción de Tutela Rad. No. 850013333003-202300052-01 en tal calidad y (ii) la imposibilidad del agenciado de defender directamente sus derechos. Estos requisitos buscan preservar la autonomía de la voluntad del titular de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados y evitar que, “sin justificación alguna, cualquier persona pueda actuar en nombre

titular de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados y evitar que, “sin justificación alguna, cualquier persona pueda actuar en nombre y representación de otra alterando el orden constitucional y la finalidad misma de la agencia oficiosa”. 25. (i) Manifestación del agente oficioso. El artículo 10.2 del Decreto Ley 2591 de 1991 prescribe que el agente debe manifestar que actúa en tal condición en el escrito de tutela, es decir, que presenta la solicitud “en defensa de derechos ajenos”. Según la jurisprudencia constitucional, dado que “la consagración de fórmulas sacramentales está proscrita” en los trámites de tutela, este requisito podrá darse por acreditado si de los hechos y las pretensiones de la tutela es posible inferir que el tercero ejerce la acción en calidad de agente oficioso. 26. (ii) Imposibilidad del agenciado. El juez debe constatar que existe prueba “siquiera sumaria” de que el agenciado no se encuentra en condiciones para interponer la acción. La imposibilidad para acudir directamente a la acción de

“siquiera sumaria” de que el agenciado no se encuentra en condiciones para interponer la acción. La imposibilidad para acudir directamente a la acción de tutela “desborda el marco estricto de lo que legalmente constituye la capacidad” y, en este sentido, también puede presentarse por “circunstancias físicas, como la enfermedad”, “razones síquicas” que hubieren afectado el estado mental del accionante, o un “estado de indefensión que le impida acudir a la justicia”. La Corte Constitucional ha resaltado que el cumplimiento de este requisito “no está supeditado a la existencia, dentro de la petición de tutela, de frases sacramentales o declaraciones expresas”. Así mismo, ha indicado que el juez de tutela debe ser flexible y deferente al momento de valorar la prueba de la imposibilidad del agenciado. Esto implica que (i) tal imposibilidad puede demostrarse “por cualquier medio probatorio”, (ii) puede inferirse razonablemente de los hechos narrados en la solicitud de amparo y (iii) en cualquier caso, el juez debe “desplegar sus atribuciones en materia probatoria

razonablemente de los hechos narrados en la solicitud de amparo y (iii) en cualquier caso, el juez debe “desplegar sus atribuciones en materia probatoria para establecer la certeza de las afirmaciones hechas” en relación con falta de capacidad del titular de los derechos fundamentales para presentar la acción.

27. La ratificación. De acuerdo con la jurisprudencia reciente de la Sala Plena de la Corte Constitucional y de las diferentes Salas de Revisión, la ratificación del agenciado de los hechos y pretensiones de la acción no es un requisito normativo de procedencia de la agencia oficiosa en los procesos de tutela. Por el contrario, es un mecanismo “excepcional” con el que cuenta el juez constitucional cuando no encuentra acreditada la imposibilidad del agenciado para interponer la solicitud de amparo. En estos eventos, si el agenciado ratifica la tutela, “tal circunstancia convalida la gestión adelantada por el agente y, en consecuencia,

le otorga legitimación en la causa por activa”.

28. El principio de informalidad y la protección de la autonomía de la voluntad del agenciado. El cumplimiento de los requisitos normativos de la agencia oficiosa debe ser examinado por el juez de tutela a partir del principio de informalidad, según el cual la procedencia de esta figura no exige que entre el agenciado y el agente exista un vínculo sustancial o procesal formal. Por esta razón, es posible que intervengan como agente oficioso en el trámite de tutela “sujetos que demuestran un interés real en la protección de derechos fundamentales en cabeza de otros y otras”. Así mismo, este principio implica que el juez de tutela debe analizar la procedencia de la agencia oficiosa de manera flexible y a partir del principio pro homine, con el objeto de hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas.

29. El principio de informalidad, sin embargo, no es absoluto. La Corte Constitucional ha precisado que este principio tiene como límite la autonomía de

29. El principio de informalidad, sin embargo, no es absoluto. La Corte Constitucional ha precisado que este principio tiene como límite la autonomía de la voluntad y la dignidad del agenciado. En efecto, dado que la legitimación en la causa es una prerrogativa del titular de los derechos fundamentales, es este8

Acción de Tutela Rad. No. 850013333003-202300052-01 quien tiene la libertad de decidir si ejerce la acción de tutela para reclamar su protección[91]. Si bien la agencia oficiosa cumple el fin constitucionalmente legítimo de posibilitar el acceso a la jurisdicción constitucional a aquellas personas que se encuentran en imposibilidad de asumir por su cuenta la defensa de sus derechos constitucionales, no es un mecanismo que pueda ser utilizado para “suplir al interesado en la adopción de decisiones autónomas sobre el ejercicio, defensa y protección de los mismos”. En este sentido, cuando un tercero interpone acción de tutela en favor del titular, sin que este se encuentre imposibilitado de promover su propia defensa, a pesar de la apariencia de

interpone acción de tutela en favor del titular, sin que este se encuentre imposibilitado de promover su propia defensa, a pesar de la apariencia de bondad del gesto, “lesiona la dignidad” del agenciado pues estaría siendo considerado, por dicho tercero, “como alguien incapaz de defender sus propios derechos”.

30. Improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos normativos de la agencia oficiosa. La acreditación de los requisitos normativos de la agencia oficiosa es una condición necesaria para que el juez de tutela pueda emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, su incumplimiento torna improcedente la acción de tutela. La Corte Constitucional ha declarado improcedente la acción de tutela, entre otras, cuando (i) la solicitud de amparo es interpuesta por un tercero que, a pesar de tener obligaciones legales y constitucionales de protección y garantía de los derechos fundamentales del presunto agenciado, no acredita la imposibilidad de este para promover su propia defensa y (ii) el sujeto titular de los derechos fundamentales manifiesta

presunto agenciado, no acredita la imposibilidad de este para promover su propia defensa y (ii) el sujeto titular de los derechos fundamentales manifiesta expresamente no estar interesado en la acción de tutela. En estos eventos, la declaratoria de improcedencia se justifica con el objeto de proteger la autonomía, dignidad y libertad del titular de los derechos fundamentales. A continuación, la Sala describe en detalle estos escenarios. 31. (i) Ausencia de prueba de la imposibilidad. La existencia de obligaciones legales y constitucionales de protección de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional a cargo de un sujeto o una autoridad pública no otorga, per se, legitimación para interponer acción de tutela en calidad de agente y tampoco exime el cumplimiento de los requisitos normativos de la agencia oficiosa. Por esta razón, este tribunal ha declarado la improcedencia de la acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por activa, en casos en los que a pesar de las “buenas intenciones” del tercero, no se demuestra la imposibilidad del titular para defender sus derechos directamente. (…)

los que a pesar de las “buenas intenciones” del tercero, no se demuestra la imposibilidad del titular para defender sus derechos directamente. (…)

32. De otro lado, la Corte Constitucional ha señalado que la situación de vulnerabilidad o indefensión en la que se encuentran determinados sujetos de especial protección (i) no implica necesariamente su imposibilidad para presentar la acción, (ii) tampoco supone que cualquier tercero pueda age