TA CAU - 19001-33-31-006-2014-00057-01-(25-01-2018)

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Acción o medio de control. REPARACIÓN DIRECTA Radicado. 19001333100620140005701 Demandante. Luis Hernando Ramos Campo y otro Demandado. Nación– Rama Judicial

Fecha de la sentencia. Enero 25 de 2018 Magistrado ponente. DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO

Descriptor 1. Error judicial. Restrictor 1. Daño derivado en privación de libertad. Descriptor 2. Conflicto de jurisdicciones. Restrictor 2. Jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena. Restrictor 3. Principio de autonomía de los pueblos indígenas.

Restrictor 4. Juez Natural.

Tesis 1. El daño no se concretó con la sentencia condenatoria impuesta por la Jurisdicción Ordinaria a los comuneros indígenas sino con el oto rgamiento de competencia a una jurisdicción que no lo era y, por la cual, no podían ser juzgados. Tesis 2. El daño se tornó cierto en la medida que el proceso ordinario resultó altamente gravoso para los comuneros; que de haberse juzgado desde un inic io por la autoridad competente no se hubiesen visto privados de la libertad. Tesis 3. La Jurisdicción I ndígena no juzgó a los demandantes, al considerar que no se había cometido infracción alguna, lo que a juicio de la Sala podría valorarse como una atipicidad de la conducta. Resumen del caso. Comuneros indígenas que fueron privados de la libertad por la Jurisdicción Ordinaria por el delito de de conservación o financiación de plantaciones

atipicidad de la conducta. Resumen del caso. Comuneros indígenas que fueron privados de la libertad por la Jurisdicción Ordinaria por el delito de de conservación o financiación de plantaciones ilícitas, después de que el caso fue re dirimido por el Consejo Superior de la Judicatura por conflicto de competencias. La Corte Suprema de Justicia “casó” la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Popayán y declaró l a nulidad de lo actuado por la J usticia Ordinaria, ordenando la remisión del expediente , por competencia, a las autoridades del Resguardo Indígena NASA Munchique Los Tigres de Santander de Quilichao, considerando que la [l]a Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior quebrantó la autonomía indígena, por un lado, y de otro, el derecho fundamental al juez natural de los procesados.

En la J urisdicción Especial Indígena, los comuneros indígenas no fueron juzgados, pues aEXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

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juicio de la autoridad indígena el transporte de hoja de coca, no constituye delito.

Problema jurídico. Determinar si se presen tó un error judicial por parte de la Rama Judicial que la haga responsable respecto de los perjuicios reclamados por el grupo demandante, con ocasión de la privación de la libertad de los comuneros indígenas. Decisión. Se confirma decisión del a quo que accedió a las pretensiones.

Judicial que la haga responsable respecto de los perjuicios reclamados por el grupo demandante, con ocasión de la privación de la libertad de los comuneros indígenas. Decisión. Se confirma decisión del a quo que accedió a las pretensiones. Razón de la decisión. Conforme lo anterior, para este Tribunal se presentó un daño que devino en antijurídico, lo que a la postre conllevó, como lo consideró la a quo, a una privación de la libertad a los señores LUIS HERNAN DO RAMOS CAMPO y RUBERNEY IPIA CHAVEZ que se tornó en injusta.

Ahora, si bien esta Corporación vislumbra que la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santander de Quilichao, t uvo como antecedente un allanamiento a cargos, no con ello se puede ver exonerada de responsabilidad estatal, pues el daño no se concretó con la sentencia condenatoria sino con el otorgamiento de competencia a una jurisdicción que no lo era y por la cual, no podían ser juzgados los aquí demandantes.

Conviene recordar que la culpa exclusiva de la víctima “ debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del result ado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.”

Por otra parte, la Rama Judicial alega que no puede ser reparado el daño eventual o hipotético, argumento que no comparte la Sala en tanto, en el presente asunto, se

debía estar sujeta.”

Por otra parte, la Rama Judicial alega que no puede ser reparado el daño eventual o hipotético, argumento que no comparte la Sala en tanto, en el presente asunto, se encuentra acreditado el mismo, pues se reitera, la autoridad indígena del Resguardo de Munchique Los Tigres de Santander de Quilichao no sancionó a los demandantes, pero aquellos estuvieron privado de la libertad a órdenes de la Rama Judicial. Las dos jurisdicciones dieron soluciones radicalmente diferentes a la conducta de ellos: la indígena considerando su comportamiento atípico y la ordinaria como licito doloso.

Claro es p ara la Sala que el daño se tornó cierto en la medida que el proceso ordinario resultó altamente gravoso para los comuneros; que de haberse juzgado desde un inicio por la autoridad competente, no se habría tomado ningún correctivo o no se hubiesen visto privados de la libertad.

Así las cosas, habrá de confirmarse en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán que encontró acreditada la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial.

Nota de Relatoría.

Con el fin de ampliar la base de datos del lector sobre el tema de jurisdicción y autonomía indígena pueden consultarse las siguientes sentencias del Tribunal:EXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

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Acción de tutela/ Consulta previa - vidadiversidad étnica y cultural - debido proceso. El cabildo solicita se protejan sus derechos al considerar que el sector de “agua tibia” fue adquirido por un ciudadano sin cumplir con el procedimiento especial de la Ley 89 de 1890, es decir, la consulta previa. Consideran que ello afecta gravemente a la comunidad ya que dicho Centro no tiene manejo de aguas negras, las cuales son vertidas directamente al Río Calera. También alegan la constitución de una servidumbre de tránsito que tampoco cumplió con dicho requisito Niega. La acción impetrada muchos años después de la puesta en funcionamiento del Centro de turismo, es un intento de la comunidad para forzar, una vez más, la venta del referido predio y su adquisición por el Gobierno Nacional, lo cual no resulta viable ya que existen acuerdos donde media la voluntad de las partes, donde se dispone entregar hectáreas de tierra a la comunidad con el fin de que no se perturben los intereses económicos de quien ha sido siempre el propietario de los terrenos donde se encuentra el Centro turístico. Respecto de la servidumbre, se evidencia que aquella fue autorizada por la entonces propietaria en 1981, antes de que se erigiera la consulta previa como un derecho fundamental de las comunidades, y antes de que pasara a ser propiedad del resguardo. Sentencia del 28 de junio de 2017, Cabildo Indígena de Kokonuko vs Ministerio del Interior y otros, M.P. Pedro Javier Bolaños Andrade.

comunidades, y antes de que pasara a ser propiedad del resguardo. Sentencia del 28 de junio de 2017, Cabildo Indígena de Kokonuko vs Ministerio del Interior y otros, M.P. Pedro Javier Bolaños Andrade.

Acción de tutela/ Debido proceso/ Jurisdicción indíge na/Falta de notificación de decisiones adoptadas por cabildo indígena / Se ordena al Cabildo Indígena de Rioblanco en garantía del derecho de defensa y contradicción , notificar en debida forma los actos administrativos contentivos de la decisión adoptada e n Acta Comunitaria del Asentamiento Indígena de Miraflores . Confirma-accede. Sentencia de febrero 5 de 2013 Nabor Juspian Piamba vs Cabildo Indígena de Río Blanco . M.P. David Fernando Ramírez Fajardo.

Acción de tutela/ Procedencia de la acción de tutela f rente a las decisiones de las autoridades indígenas/ La jurisprudencia constitucional ha sostenido de manera reiterada, que la acción de tutela procede contra las decisiones que en ejercicio de su autonomía y poder jurisdiccional profieren las comunidades indígenas. La anterior consideración se ha cimentado, fundamentalmente, en que los integrantes de dichas comunidades no tienen mecanismos efectivos de protección contra las decisiones de sus autoridades, y la subordinación a que sus miembros, de ordinario, se encuentran sometidos. Se tutela el derecho al debido proceso de la Central Cooperativa Indígena del Cauca, vulnerado por el CRIC. Se deja sin efecto la decisión adoptada por el CRIC en la Resolución No. 0001 de 2010, por la cual se prohíbe la enajenac ión de un inmueble de

Cauca, vulnerado por el CRIC. Se deja sin efecto la decisión adoptada por el CRIC en la Resolución No. 0001 de 2010, por la cual se prohíbe la enajenac ión de un inmueble de propiedad de la Central Cooperativa . Sentencia del 27 de agosto de 2010. Central Cooperativa Indígena del Cauca vs Superintendencia de Notariado y Registro, CRIC y otro. M.P. Naun Mirawal Muñoz Muñoz.

Sobre el descriptor error judi cial en otros escenarios fácticos , puede observarse las siguientes sentencias:

Sentencia de Reparación Directa. Error judicial. Indebida entrega de título. La actora solicita se declare responsable patrimonialmente a la Rama Judicial por cuanto considera que un juzgado laboral incurrió en error judicial dado que a la fecha de reclamación del título judicial no se encontraba acreditado en legal forma la legitimación de una personaEXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

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para intervenir en la sucesión del causante. Revoca-accede. Al haberse hecho la entrega del título judicial a una persona que no tenía poder para reclamar a nombre de los demás beneficiarios, aun sin haberse adelantado el proceso de sucesión del causante y sin haberse determinado si efectivamente tenía la calidad de heredero dentr o del mismo proceso, o sí tenía una falta de precaución del Juzgado guardador del título y en

beneficiarios, aun sin haberse adelantado el proceso de sucesión del causante y sin haberse determinado si efectivamente tenía la calidad de heredero dentr o del mismo proceso, o sí tenía una falta de precaución del Juzgado guardador del título y en consecuencia se generó el daño a la demandante. Sentencia del 3 de noviembre de 2016. Leydy Patricia Constaín Mosquera vs Rama Judicial. M.P. Naun Mirawal Muñoz Muñoz.

Sentencia de Reparación Directa. Falla en servicio administración de justicia por error judicial al hacer anotación en registro de antecedentes penales. Demandante aparece con orden de captura vigente en su contra por hechos cometidos por otro ciud adano. Concede y ordena indemnización por perjuicios morales. El error judicial se configuró desde la misma orden de captura, en tanto relacionó como identificación del sujeto a capturar un número de cédula que ni siquiera correspondía al relacionado en la denuncia penal, sin haberse llevado a cabo las actuaciones tendientes a establecer la plena identidad del sujeto a capturar . Sentencia del 5 de mayo de 2016 , Yonn Jairo Gaviria Sarria y otros vs Fiscalía General de la Nación. M.P. Pedro Javier Bolaños Andrade.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Popayán, veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)

Magistrado Ponente: David Fernando Ramírez Fajardo

EXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

Popayán, veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)

Magistrado Ponente: David Fernando Ramírez Fajardo

EXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

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SENTENCIA No. 003

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la Nación -Rama Judicial , contra la Sentencia No. 26 de 23 de febrero de 2016 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES.

1.1.- La demanda1.

1 Folio 113-122 C. Ppal. 1.EXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

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Los señores LUIS HERNANDO RAMOS CAMPO, CRISTIAN DAVID RAMOS

CASOS, CAMILO ANDRÉS RAMOS CASOS, MARIANA CAMPO DE RAMOS y

LILIANA CASOS PAZÚ, como grupo familiar No. 1 ; y los señores RUBE RNEY

IPIA CHAVEZ, DIANA ALEXANDRA IPIA RAMOS, WILSON FERNEY IPIA

RAMOS, MARIBEL IPIA RAMOS, LEONARDO IPIA TROCHEZ , EVELIA RAMOS

IPIA CHAVEZ, DIANA ALEXANDRA IPIA RAMOS, WILSON FERNEY IPIA

RAMOS, MARIBEL IPIA RAMOS, LEONARDO IPIA TROCHEZ , EVELIA RAMOS

PASSÚ, como grupo familiar No. 2 ; formularon demanda bajo el medio de control de reparación directa para obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa de la Nación - Rama Judicial, por la privación de la libertad de que fueron objeto los señores LUIS HERNANDO RAMOS CAMPO y RUBERNEY IPIA

CHAVES.

En consecuencia, se ordene a las entidades demandadas a reconocer y pagar los perjuicios morales, “sicológicos”, materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente y “daño a la vida de relación”.

1.2.- Los hechos.

A continuación se sintetizan los fundamentos fácticos de la demanda:

Refiere que los señores LUIS HERNANDO RAMOS CAMPO y RUBERNEY IPIA CHAVES, reconocidos como comuneros indígenas activos del Cabildo Indígena del Resguardo de “Munchique Los Tigres” del pueblo indígena Nasa o Páez, el 20 de febrero de 2009, en un puesto de control instaurado por uniformados del Batallón Pichincha, fueron capturados en flagrancia al encontrársele “hojas similares a las de coca” , que al ser analizadas confirmaron el resultado, para un total de 324.3 kilogramos.

Señala que el 13 de abril de 2009, el Juez con Funciones de Conocimiento, declaró la legalidad del allanamiento y le impartió su aprobación.

total de 324.3 kilogramos.

Señala que el 13 de abril de 2009, el Juez con Funciones de Conocimiento, declaró la legalidad del allanamiento y le impartió su aprobación.

Que el 04 de junio de 2009, la Fis calía informa sobre la petición realizada por el Cabildo Indígena de Munchique, sobre la remisión del proceso para la jurisdicción especial indígena; sin embargo, el Juez de conoci miento niega la petición y plantea el conflicto de competencia, remitiendo e l proceso a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que defina el conflicto.

Añade que mediante decisión del 06 de julio de 2009, dicha Corporación, definió el conflicto declarando que el conocimiento correspondía a la jurisdicción ordinaria.

Que el 27 de julio de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santander de Quilichao, declara penalmente responsable a los señores LUIS HERNANDO RAMOS CAMPO y RUBERNEY IPIA CHAVES, por el delito de conservación o financiación de plantaciones, cuya pena principal era de 48 meses de prisión y multa de 133 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La decisión fue apelada y confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán mediante proveído del 17 de marzo de 2010.

Que mediante audiencia de lectura de fallo el 15 de noviembre de 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “casa” la sentencia y declara laEXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

Que mediante audiencia de lectura de fallo el 15 de noviembre de 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “casa” la sentencia y declara laEXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

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nulidad de todo lo actuado por la jurisdicción ordinaria, al considerar la falta de competencia por haber vulnerado el principio de autonomía de los pueblos indígenas; así remite el expediente a las autoridades indígenas, ordenando la libertad inmediata de los procesados.

1.3.- La oposición

1.3.1.- De la Nación– Rama Judicial– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2.

Se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que los hechos no constituyen error judicial, ni falla en el servicio ni privación injusta de la libertad. Se abstuvo de pronunciarse frente a los hechos.

Después de realizar una transcripción de los artículos 67, 69 y 70 de la Ley 270 de 1996, y de apartes jurisprudenciales respecto del error judicial, adujo que la entidad no ostentaba el ejercicio de la acción penal del Estado.

Que las decisiones adoptadas se profirieron de acuerdo con las ritualidades y procedimientos establecidos por la Constitución y la l ey, por lo que, la diversidad de criterio jurídico entre una y otra instancia, es simplemente la expresión del principio de autonomía judicial.

procedimientos establecidos por la Constitución y la l ey, por lo que, la diversidad de criterio jurídico entre una y otra instancia, es simplemente la expresión del principio de autonomía judicial.

Finalmente señaló que no existía prueba alguna tendiente a comprobar los perjuicios solicitados ni de la privación injusta, error judicial o falla en el servicio.

Como excepciones propuso el “hecho de la víctima com o causal de exoneración de responsabilidad extracontractual del Estado”, “inexistencia de derecho alguno por parte del demandante”, “falta de causa para demandar” “inexistencia de perjuicios” haciendo referencia a la situación de una persona diferente de l os aquí demandantes, y la innominada o genérica.

1.4.- La sentencia apelada3.

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia del 23 de febrero de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

El a quo sostuvo como tesis que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura emitió una providencia en ejercicio de función jurisdiccional que contenía un error consistente en asignarle competencia a la justicia ordinaria para conocer del caso punible adel antado contra los señores LUIS HERNANDO RAMOS CAMPO y RUBERNEY IPIA CHAVES, siendo competente la jurisdicción indígena, situación que conllevó a la privación de la libertad de los actores por una autoridad que no era la pertinente, tornándose en injusta.

Encontró acreditado que los señores Ramos Campo e Í pia Chávez permanecieron privados de su libertad desde el 21 de febrero de 2009 hasta el 29 de julio de 2011.

Encontró acreditado que los señores Ramos Campo e Í pia Chávez permanecieron privados de su libertad desde el 21 de febrero de 2009 hasta el 29 de julio de 2011.

2 Folio 140-146 C. Ppal. 1. 3 Folio 176-200 C. Ppal.EXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

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Indicó que el asunto se debía estudiar bajo la figura del error judicial en tanto el Consejo Superior de la Judicatura emitió una providencia en ejerci cio de función jurisdiccional, que para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contenía un error consistente en optar por una interpretación que restringía la autonomía judicial indígena, pues la conducta imputada fue ejecutada dentro del ámbito del resguardo indígena por dos miembros de la misma comunidad, atribuyendo el asunto a la jurisdicción ordinaria con fundamento en que el tipo de delito era de carácter transnacional y de efectos universales.

Que al haberse declarado la nulidad de todo lo actuado por la justicia ordinaria por falta de competencia, era suficiente para declarar la responsabilidad de la administración, pues los actores no estaban en la obligación de soportar el daño antijurídico de padecer un “tortuoso” proceso penal cursado por una jurisdicción incompetente que además conllevó la limitación de la libertad durante 2 años y 5 meses.

antijurídico de padecer un “tortuoso” proceso penal cursado por una jurisdicción incompetente que además conllevó la limitación de la libertad durante 2 años y 5 meses.

Condenó al pago de perjuicios morales, “alteración grave a las condiciones de existencia” y materiales en la modalidad de lucro cesante.

1.5.- El recurso de apelación.

1.5.1.- NaciónRama Judicial4.

La apoderada de la Institución, después de realizar un recuento de los hechos del proceso, transcribió apartes juris prudenciales sobre el error jurisdiccional, señalando que aquel se materializa cuando se profiere una sentencia en ejercicio de la función de impartir justicia.

Que el Consejo Superior de la Judicatura cuando resolvió el conflicto de competencias suscitado entre el resguardo indígena y el Juzgado Primero Penal del Circuito, previa revisión de la normatividad vigente y dentro del ámbito de su competencia, observó la clase de delito imputado, así como los ámbitos territorial y especial en el que se desarrolló la conducta delictiva.

Que la decisión im puesta, pena privativa de la libertad, estuvo enmarcada en los parámetros legales y constitucionales que rigen el proceso penal bajo el sistema penal acusatorio.

Añade que aunque la Sala Penal de la Corte Sup rema de Justicia hubiese evaluado la situación y concluido que debió asignársele el conocimiento a la jurisdicción indígena a efectos de no violentar su autonomía, no con esto se incurrió en un error judicial, pues al haberse presentado dos interpretacione s se dio aplicación al principio de unidad de respuesta o de decisión, según el cual la

jurisdicción indígena a efectos de no violentar su autonomía, no con esto se incurrió en un error judicial, pues al haberse presentado dos interpretacione s se dio aplicación al principio de unidad de respuesta o de decisión, según el cual la solución de un mismo caso, no es evidencia por si sola de la responsabilidad estatal, siempre que se advierta una valoración probatoria al amparo del principio de la sana crítica.

Señala que para que proceda la declaratoria de responsabilidad, el daño debe ser existente y cierto, actual o futuro. Que el perjuicio eventual no otorga derecho a

4 Folio 206-2010 C. Ppal.EXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

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indemnización, razón por la cual, corresponde a “la Sala probar el la certeza del daño.” (sic)

Concluye que en el asunto, no existe privación injusta de la libertad, error judicial o falla en el servicio atribuible a la Nación-Rama Judicial.

1.6.- Actuación en segunda Instancia.

Mediante auto del 18 de octubre de 2016 se admitió el recurso de apelación5 y por auto del 14 de diciembre de 2016 se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento corriendo traslado para la presentación de alegatos de conclusión a las partes y concepto por parte del Ministerio Público6.

La Rama Judicial7 indicó argumentos que no se atemperan a lo alegado dentro del proceso.

juzgamiento corriendo traslado para la presentación de alegatos de conclusión a las partes y concepto por parte del Ministerio Público6.

La Rama Judicial7 indicó argumentos que no se atemperan a lo alegado dentro del proceso.

Ni la parte demandante ni el Ministerio Público se pronunciaron en esta fase procesal.

Estando el proceso para estudio y fallo, la Sala consideró necesario decreta r una prueba de oficio consistente en oficiar al Cabildo Indígena del Resguardo de Munchique Los Tigres de Santander de Quilichao 8, lo cual fue contestado mediante memorial allegado a esta Corporación el 12 de enero del presente año9

II.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL.

2.1.- La competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto en segunda instancia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Esta Sala de decisión, actuando como Juez de segunda instancia, se limitará a los cargos de la apelación, de conformidad con el artículo 320 del Código General del Proceso.

2.2.- Problema Jurídico.

En consideración a los presupuestos fácticos y los motivos de i nconformidad desarrollados en los recursos de apelación, esta Corporación debe determinar si se presentó un error judicial por parte de la NaciónRama Judicial, que la haga responsable respecto de los perjuicios reclamados por el grupo demandante, con ocasión de la privación de la libertad de los señores LUIS HERNANDO RAMOS

CAMPO y RUBERNEY IPIA CHAVES.

2.3.- La responsabilidad estatal

ocasión de la privación de la libertad de los señores LUIS HERNANDO RAMOS

CAMPO y RUBERNEY IPIA CHAVES.

2.3.- La responsabilidad estatal

5 Folio 3 C. Segunda Instancia. 6 Folio 12 ibídem. 7 Folio 40-46 ibídem 8 Folio 26 C. Segunda Instancia. 9 Folio 33-39 ibídemEXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

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La jurisprudencia del Consejo de Estado y la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilida d patrimonial del Estado en aquellos casos en los cuales se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del aparato judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizados como consecuencia de una providencia judicial.

De conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, el legislador estableció tres hipótesis p ara la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: 1) el error jurisdiccional; 2) la privación injusta de la libertad; y, 3) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

Para el Consejo de Estado , si la restricción de la libertad es consecuencia de una

1. el error jurisdiccional; 2) la privación injusta de la libertad; y, 3) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

Para el Consejo de Estado , si la restricción de la libertad es consecuencia de una decisión judicial equívoca, la r esponsabilidad patrimonial del E stado surge bajo el título de imputación denominado error judicial y no por privación injusta de la libertad: “3.3.- Con fundamento en lo hasta ahora expuesto y traído a colación de la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a los alcances de los títulos de imputación de error jurisdiccional y de privación injusta de la libertad, esta Sala considera que en aquellos eventos en los c uales los daños cuya reparación reclaman los ciudadanos tienen origen en un yerro contenido en la providencia judicial mediante la cual se ordenó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad del(los) sindicado(s), si bien es verdad que podría pensarse que el efecto al cual conduce la materialización de lo decidido en la providencia respectiva –la restricción de la libertad física de la persona – determina que ha de ser el de privación injusta de la libertad previsto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 el título de imputación a aplicar, lo cierto es que el encarcelamiento del individuo investigado no habría tenido lugar en caso de no haberse dictado, dentro del proceso penal respectivo, la decisión en la cual concurre la particular idad de resultar ‘contraria a la ley’, en los términos de lo normado en la última frase del artículo 66 de la Ley 270 de 1996. “Quiere lo anterior significar que, a juicio de la Sala, en aquellos eventos en

resultar ‘contraria a la ley’, en los términos de lo normado en la última frase del artículo 66 de la Ley 270 de 1996. “Quiere lo anterior significar que, a juicio de la Sala, en aquellos eventos en los cuales se produce una falla en el servicio pú blico de Administración de Justicia consistente en que se profirió una providencia judicial mediante la cual se decretó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad de un individuo y dicha providencia resulta contraria al ordenamiento jurídico, el título de imputación a aplicar ha de ser el de error judicial y no el de privación injusta de la libertad . En ese sentido, el primero de los títulos de imputación está acompañado del rasgo de la especialidad respecto del segundo, en la med ida en que el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 no efectúa distinción de tipo alguno respecto del tipo de providencia en la cual debe presentarse la contrariedad entre lo en ella decidido y las normas en las cuales debe fundarse, para efectos de concluir e n la aplicabilidad del título de imputación de error jurisdiccional. “Así pues, por resultar encuadrables las providencias que en contravía del ordenamiento jurídico decretan medidas de aseguramiento dentro de los procesos penales, en la descripción que ef ectúa el artículo 66 en mención del error jurisdiccional como ‘aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley’, es dicho título de imputación el que debe aplicarse en los referidos supuestos y no el de privación injusta de la libertad,EXPEDIENTE: 19001-33-31-006-2014-00057-01

través de una providencia contraria a la ley’, es dicho título de imputación el que debe aplicarse en los referidos supuestos y no el