TA CES - 20-001-33-33-001-2019-00114-01-(02-11-2023)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Valledupar, dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

(EXPEDIENTE DIGITAL)

DEMANDANTE: ZORAYA INÉS ZULETA VEGA

DEMANDADO: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

RADICADO: 20-001-33-33-001-2019-00114-01

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANTONIO APONTE OLIVELLA

I. ASUNTO. -

Procede esta Corporación a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, de fecha 18 de enero de 2021, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, así:

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción de las diferencias salariales y prestacionales hasta el 15 de julio de 2015 de acuerdo con lo expuesto.

SEGUNDO: DECLÁRASE nulo el acto administrativo contenido en el Oficio No.

DESAJVAO18-3143 del 09 de noviembre de 2018 que resolvió el derecho de petición incoado por la señora ZORAYA INES ZULETA VEGA, negando su petición laboral y así mismo se declara nulo el acto administrativo ficto o presunto del 19 de enero de 2019, expedido por el Director Ejecutivo Nacional de Administración Judicial, mediante el cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la anterior

laboral y así mismo se declara nulo el acto administrativo ficto o presunto del 19 de enero de 2019, expedido por el Director Ejecutivo Nacional de Administración Judicial, mediante el cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la anterior decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del Derecho, ORDÉNASE a la LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, reconocer y pagar a la señora ZORAYA INES ZULETA VEGA, las diferencias salariales y prestacionales adeudadas en su calidad de JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, en estricta aplicación del artículo 2 y 4 del Decreto 1251 de 2009, incluyendo el auxilio de cesantías reconocido a los Congresistas, en la Prima Especial de Servicios devengada por los Magistrado de Alta Corte. Liquidación que deberá aplicarse con efectos fiscales desde el 16 de julio de 2015, en los lapsos en que se ha desempeñado como juez de la república y como magistrada en descongestión y/o provisionalidad, y en lo sucesivo mientras se mantengan vigentesNulidad y restablecimiento del derecho

Proceso No. 2019-00114-01 Fallo segunda instancia

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las razones de hecho y de derecho que fundamentaron la presente decisión. Suma que deberá ser debidamente indexada de conformidad con la fórmula de matemática financiera aquí reseñada.

CUARTO: CONDÉNASE en costas a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO

que deberá ser debidamente indexada de conformidad con la fórmula de matemática financiera aquí reseñada.

CUARTO: CONDÉNASE en costas a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a favor de la parte actora. Liquídense por Secretaría tal como lo indica el artículo 188 del Código de Proceddimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: Se fijan agencias en derecho en la suma correspondiente al 8% de la condena.

SEXTO: Désele cumplimiento a la sentencia, en los términos establecidos por los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.(…)”1 (Sic para lo transcrito)

II.- ANTECEDENTES. -

2.1.- HECHOS. –

Narró la apoderada de la señora ZULETA VEGA, que ésta presta sus servicios en la Rama Judicial desempeñándose como Juez Primero Civil del Circuito de Valledupar en propiedad, desde el 3 de septiembre de 2008.

Agregó, que la demandante, el día 16 de julio de 2018, formuló ante la demandada el derecho de petición con el fin de obtener la reliquidación de su remuneración y prestaciones sociales en aplicación al Decreto 1251 de 2009 , siendo éste resuelto de manera negativa, mediante Oficio DESAJVAO18-3143 del 9 de noviembre de 2018, negando la solicitud.

Indicó, que contra la anterior decisión fue interpuesto el recurso de apelación, el cual fue concedido pero hasta la fecha, no se ha emitido decisión alguna al respecto, constituyéndose así, el silencio administrativo negativo.

Indicó, que contra la anterior decisión fue interpuesto el recurso de apelación, el cual fue concedido pero hasta la fecha, no se ha emitido decisión alguna al respecto, constituyéndose así, el silencio administrativo negativo.

Aseveró, que la demandada vulneró todos los precedentes y disposiciones legales al momento de liquidar la remuneración de la actora, pues no le tuvo en cuenta el valor reconocido y liquidado a los Magistrados por concepto de cesantías, razón por la cual considera que se le viene causando un perjuicio, como quiera que al tenor de lo dispues to en el Decreto 1251 de 2009, la demandante debía p ercibir un porcentaje del 70% de lo que por todo concepto recibe permanentemente un Magistrado de las Altas Cortes.

2.2.- PRETENSIONES.-

En la demanda se solicitó concretamente lo siguiente:

Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. DESAJVAO18-3143 del 9 de noviembre de 2018 , expedido la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, por medio del cual se niega la nivelación salarial solicitada por la señora ZORAYA INÉS ZULETA VEGA, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1251 de 2009.

1 Archivo 07 OneDriveNulidad y restablecimiento del derecho Proceso No. 2019-00114-01 Fallo segunda instancia

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Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto resultante del silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto el recurso de apelación incoado en contra del acto administrativo en cita.

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Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto resultante del silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto el recurso de apelación incoado en contra del acto administrativo en cita.

Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se declare que la demandante tiene derecho a que se le reliquide y pague la remuneración y prestacionales adeudadas, al tenor de lo ordenado en el Decreto 1251 de 2009, incluyendo en la liquidación la totalidad de los ingresos laborales anuales de carácter permanente que devengan los Magistrados de las Altas Cortes.

De igual forma solicita, que las diferencias salariales y prestacionales adeudadas se imputen con cargo “Otros”, otros conceptos de servicios personales autorizados por la ley, como lo ordena el decreto en cita.

Asimismo, que se ordene los ajustes de valor tomando como base la variación del índice de precios al consumidor, que se pague la sentencia al tenor de lo establecido en el artículo 192 del CPACA, liquidando los intereses comerciales y moratorios y que se condene a la indemnización de los perjuicios materiales por concepto de honorarios.

Finalmente solicita, que en adelante se le cancele a la demandante su remuneración y prestaciones sociales en la forma indicada y que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada.

III. TRÁMITE PROCESAL.-

3.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La entidad demanda no contestó la demanda.

IV.- PROVIDENCIA RECURRIDA.-

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar accedió a las

3.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La entidad demanda no contestó la demanda.

IV.- PROVIDENCIA RECURRIDA.-

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar accedió a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

“(…) Lo que demuestran los actos administrativos demandados de conformidad con los precedentes jurisprudenciales y normatividad traída a colación en extenso, es que no se ha reconocido a la señora ZOARAYA INES ZULETA VEGA en su calidad de Juez como Juez Primera Civil del Circuito de Valledupar, su remuneración en el porcentaje que corresponde, esto es, teniendo en cuenta el 70% de lo que por todo concepto perciben anualmente los Magistrados de Alta Corte, pues no se han incluido las cesantías que perciben los Congresistas, las cuales de conformidad con lo que viene de decirse en el marco te órico de la presente decisión, hacen parte integrante de los “ingresos totales anuales” percibidos por estos, y por tanto de la Prima de Servicios que perciben los Magistrados de Altas Cortes. Monto total que sirve de parámetro para calcular el porcentaje de la remuneración devengada por los jueces y fiscales de la república al tenor de lo ordenado por el Decreto 1251 de 2009.”

El a quo, analizó además lo concerniente a la prescripción del derecho, encontrándola demostrada por lo que la decretó, y, accedió a la nulidad de los actosNulidad y restablecimiento del derecho Proceso No. 2019-00114-01 Fallo segunda instancia

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acusados y al restablecimiento del derecho, en los términos transcritos al inicio de

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acusados y al restablecimiento del derecho, en los términos transcritos al inicio de esta providencia.

V.- RECURSO INTERPUESTO. -

La apoderada de la parte demandada interpuso el recurso de apelación de manera parcial contra la decisión anterior, sin contrariar lo referente a la aplicación de la prescripción trienal, con la cual se encuentra conforme.

Concreta su oposición, reiterando que para la administración los actos administrativos se ajustan a la interpretación legal, a las normas que rigen el asunto, por lo que dar otra interpretación sería contrariar dichas disposiciones, desconociéndose que la facultad para fijar las remuneraciones para los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional.

Arguye, que de conformidad con el Decreto 125 1 de 2009 y la Ley 4 de 1992, se refieren a la remun eración de lo que por todo conce pto perciba el juez, la cual el Gobierno va a nivelar frente a los ingresos anuales del Magistrado de las Altas Cortes en los porcentajes autorizados, lo que infiere que se refiere a los ingresos anuales del juez, es decir, que no dispone que la remuneración mensual que éste perciba deba igualar para el año 2009 al 34,7% del 70% de los ingresos anuales de los Magistrados de las Altas Cortes y a partir del año 2010 el 34.9%.

Trae a colación, el precedente del Consejo de Estado sobre la vigencia del Decreto 1251 de 2009, emitida el 2 de septiembre de 2019, Sección Segunda, Sala Plena

Trae a colación, el precedente del Consejo de Estado sobre la vigencia del Decreto 1251 de 2009, emitida el 2 de septiembre de 2019, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, Sentencia de Unificación SUJ-016-CE-S2-2019, en la que al referirse al decreto aludido mencionó, que en caso de accederse al reconocimiento del derecho que pretende la parte demandante, se debe tener en cuenta que, la vigencia del Decreto 1251 de 2009, pues como éste mismo lo indica, únicamente rigió para este año.

A continuación, la apoderada recurrente, con base en lo señalado en la sentencia de unificación citada, esto es, que el Decreto 1251 de 2009, únicamente tuvo vigencia durante el año 2009, acompañó la liquidación que realizó el Grupo de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para el año 2009, según la categoría de cada Juez, teniendo en cuenta las cesantía s de los Congresistas como base de todos los ingresos percibidos por los Magistrados de las Altas Cortes y sacó el 70% y a partir de éste, el porcentaje tope de acuerdo a la categoría del Juez vs los ingresos anuales de los Jueces más las diferencias salariales y prestacionales con la inclusión de la prima especial del 30% del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, llegando a la conclusión que de acceder a un pago adicional del 30% de la prima especial del 30% de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, implicaría que mensualmente se le pague al servidor una remuneración que excede el techo establecido por el Decreto 1251 del 14 de abril del 2009, esto es, el

1992, implicaría que mensualmente se le pague al servidor una remuneración que excede el techo establecido por el Decreto 1251 del 14 de abril del 2009, esto es, el 47.7%, 43% y 34.7%, del 70% del total de los ingresos de los magistrados de las altas cortes, según el caso. Por lo tanto insiste, que no hay lugar al reajuste reclamado.

Finalmente, mostró inconformidad con la condena en costas decretada por el a quo, como quiera que aduce que no se observó dentro del proceso de primera instancia una conducta dilatoria o de mala fe por parte de la entidad.

VI.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIANulidad y restablecimiento del derecho Proceso No. 2019-00114-01 Fallo segunda instancia

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Las partes no presentaron alegatos de conclusión.

VII.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. -

El Procurador 47 Judicial II para Asuntos Administrativos no emitió concepto de fondo.

VIII.- CONSIDERACIONES.-

8.1.- COMPETENCIA.-

Procederá la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA.

8.2.- PROBLEMA JURÍDICO.-

El presente asunto se contrae a establecer, si le asiste o no derecho a la señora ZORAYA INÉS ZULETA VEGA, en su condición de Juez de la República, a que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, le reliquide su remuneración y demás prestaciones

ZORAYA INÉS ZULETA VEGA, en su condición de Juez de la República, a que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, le reliquide su remuneración y demás prestaciones sociales, incluyendo lo que por todo concepto percibe un Magistrado de las Altas Cortes, es decir, todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente que devenga, específicamente, la inclusión en la liquidación de la prima especial de servicios, las cesantías devengadas por los Congresistas, como quiera que ésta hace parte dentro de los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente percibidos por ellos.

8.3. - FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES

Así pues tenemos, que la Ley 4ª de 1992, señaló las normas, objetivos y criterios que debía observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, propendiendo por la nivelación salarial y prestacional entre todos los funcionarios de la administración pública.

Es por ello, que en el artículo 15 de la ley en cita, se estableció:

“Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de E stado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional de Estado Civil tendrán una prima especial de Servicios, [sin carácter salarial. 1], que sumada a los demás ingresos

de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional de Estado Civil tendrán una prima especial de Servicios, [sin carácter salarial. 1], que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública” (Sic para lo transcrito) (Subrayas fuera del texto)

En virtud de la ley anterior, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 10 de 1993, en aras de regular todo lo concerniente a la prima especial de servicios, señalando al respecto lo siguiente:Nulidad y restablecimiento del derecho Proceso No. 2019-00114-01 Fallo segunda instancia

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“Artículo 1º. – La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los Miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella.”

“Artículo 2º. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los Miembros del Congreso son los de carácter permanente incluyendo la p rima de navidad.”

“Artículo 3º. Ninguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 podrá tener una remuneración anual total superior a la de un miembro del Congreso.”

navidad.”

“Artículo 3º. Ninguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 podrá tener una remuneración anual total superior a la de un miembro del Congreso.”

“Artículo 4º. La prima a que se refiere este Decreto se pagará mensualmente, no tiene carácter salarial y no se tendrá en cuenta para la determinación o haberes de otros funcionarios o empleados de cualquiera de las ramas del Poder Público, Fuerzas Militares, organismos o entidades del Estado.”

“Artículo 5º. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1993 y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 873 de 1992.” (Sic para lo transcrito) (Subrayas fuera del texto)

De conformidad con lo narrado se observa, que la prima especial de servicios debe ser igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales percibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen los Magistrados de las altas cortes, con ello lo que buscó el legislador fue que se respetara el derecho a la igualdad salarial de funcionarios que ocupan cargos semejantes.

Corolario con lo anterior, de las normas que regulan la prima especial de servicios se evidencia, que ninguna de ella s hizo distinción entre salario y prestaciones sociales, por el contrario se habló de ingresos laborales totales, así quedó establecido por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado en la providencia proferida el día 4 de mayo de 2009, dentro del proceso identificado con la radicación No.

establecido por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado en la providencia proferida el día 4 de mayo de 2009, dentro del proceso identificado con la radicación No. 250002325000200405209 02, con ponencia del Dr. Luis Fernando Velandia Rodríguez, de la siguiente manera:

[…] Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si dicha partida es factor de salario o por el contrari o corresponde a una prestación social .

En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las prestaciones sociales

(…)

Fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la Ley 4ª de 1992 equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte con los Congresistas, cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando entonces, que los ingresos laborales totales anuales de los Magistrados deben ser iguales a los ingresos laborales totales anuales de los CongresistasNulidad y restablecimiento del derecho Proceso No. 2019-00114-01 Fallo segunda instancia

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(…) Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida

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(…) Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los magistrados de las Altas Cortes y que éstos (sic) últimos, que es situación diferente, tienen entre sí, iguales remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales.” (Sic para lo transcrito) (Subrayas fuera del texto)

De igual forma, en la misma providencia se determinó, que las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia de esa Corporación e n ocasiones anteriores, lo que consideran así, teniendo en cuenta que se trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del empleado.

Así se consignó en esa oportunidad:

“En con secuencia, debe entenderse que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los congresistas son: el sueldo básico, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, la prima de salud y la prima semestral, a los que se debe agregar el auxilio de cesantía, que como se vio, además de ser un ingreso laboral, por cuanto lo perciben los congresistas como consecuencia de la relación que ostentan con la entidad, es de carácter permanente por cuanto la reciben año tras año. En las anterior es condiciones no queda duda para la Sala que las cesantías son un ingreso laboral de carácter permanente de los congresistas y que independientemente de su calidad de prestación social deben ser incluidas para la

tras año. En las anterior es condiciones no queda duda para la Sala que las cesantías son un ingreso laboral de carácter permanente de los congresistas y que independientemente de su calidad de prestación social deben ser incluidas para la determinación de los ingresos laborales to tales anuales percibidos por éstos, en cuanto la Ley no distinguió. Al no incluirse las cesantías, por considerar la entidad demandada que la norma no lo permitía, concluye la Sala que se presentó una falsa motivación en los actos acusados, lo que da lugar a su anulación, como efectivamente así lo hizo el Tribunal de primera instancia, razón por la cual se confirmará la providencia apelada que accedió a las súplicas de la demanda.”2 (Sic)

En virtud de lo anterior, la máxima autoridad en lo Contencioso Administrativo ha concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una s uma equivalente a lo que por todo concepto devengan los Congresistas.

Seguidamente a las normas en cita, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1251 de 2009, “por el cual se dictan disposiciones en materia salarial”, señalando:

“ARTÍCULO 1o. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado, el Juez de Dirección o de Inspe cción y el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento

del Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado, el Juez de Dirección o de Inspe cción y el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

2 IbídemNulidad y restablecimiento del derecho Proceso No. 2019-00114-01 Fallo segunda instancia

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ARTÍCULO 2o. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 3o. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez Municipal , el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de D epartamento de Policía y el Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 4o. El pago de la diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de los funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de la aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1 a 3 de este decreto respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de

de los funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de la aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1 a 3 de este decreto respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes, se imputará con cargo al ordinal Otros - Otros conceptos de servicios personales autorizados por ley.” (Sic para lo transcrito) (Subrayas fuera)

La lectura de la transcripción anterior denota claramente, que el Gobierno Nacional estableció que la remuneración de lo que por todo co ncepto percibe el juez del circuito, debe será igual a partir del año 2009, al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al sete nta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes y en el año 2010, debe ser igual al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%).

En ese mismo sentido señala la norma, que la remuneración que debe perc ibir el juez municipal, sería a partir del año 2009, al 34.7% del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes , y, en el año 2010, dicha remuneración ser ía equivalente al 34.9%, es decir, que al establecer lo que por todo concepto percibe el Magistrado de Altas Cortes, quiere decir ello que es la totalidad de los ingresos totales anuales percibidos por el Congresista, pues como quedó establecido ab initio, los ingresos totales de uno debe equipararse con el otro.

En consecuencia se itera, que cuando la norma se refiere a lo que por todo concepto

totales anuales percibidos por el Congresista, pues como quedó establecido ab initio, los ingresos totales de uno debe equipararse con el otro.

En consecuencia se itera, que cuando la norma se refiere a lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes, ello incluye todo los ingresos totales permanentes que anualmente percibe el Congresista, incluida las cesantías como factor salarial en la liquidación de la prima de servicios, de conformidad con la sentencia citada en precedencia.Nulidad y restablecimiento del derecho Proceso No. 2019-00114-01 Fallo segunda instancia

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Es por esa razón, que para la Sala no es un argumento válido lo sostenido por la entidad recurrente cuando argumenta, primero, que cuando la norma habla de lo que por todo concepto percibe se refiere a lo obtenido por el juez de la República, por el contrario, la norma es absolutamente clara en establecer, que la remuneración de los jue ces será el 70% de lo que por todo concepto percibe un Magistrado de las Altas Cortes, o lo que es igual, a los ingresos totales anuales permanentes del Congresista.

Y, en segundo lugar, tampoco es de recibo el argumento de que la cesantía es una prestación social que no se incluye en la liquidación de la prima de servicios, pues como ha quedado definido, la prima especial de servicios no sólo es un ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, por lo que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de

laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, por lo que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, debiendo por tanto la entidad recurrent e incluir dicho emolumento en la remuneración y prestaciones sociales de los jueces, en los términos establecidos en el Decreto 1251 de 2009.

Así las cosas, al analizar el caso concreto tenemos, que la doctora ZOARAYA INÉS ZULETA VEGA el día 16 de julio de 20183, solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Valledupar, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales adeudada