TA CES - 20-001-33-33-004-2018-00531-01-(20-10-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Valledupar veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

(SEGUNDA INSTANCIA – ORALIDAD – EXPEDIENTE

DIGITAL)

DEMANDANTE: YOLANDA MARÍA MUÑOZ PALLARES

DEMANDADA: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO

RADICADO No.: 20-001-33-33-004-2018-00531-01

MAGISTRADA PONENTE: DORIS PINZÓN AMADO

I.- ASUNTO.-

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la señora YOLANDA MARÍA MUÑOZ PALLARES , en contra de la sentencia proferida por JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR de fecha 16 de marzo de 202 2, en la cual se negaron las súplicas incoadas por la parte actora, al declararse probada la excepción de prescripción extintiva del derecho.

II.- ANTECEDENTES.-

Sirven de antecedentes fácticos y jurídicos a la decisión adoptada en primera instancia, los siguientes:

2.1.- HECHOS.-

Se afirma en la demanda, que la señora YOLANDA MARÍA MUÑOZ PALLARES, mediante petición radicada el 10 de septiembre de 2014, solicitó ante la NACIÓN

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACI ONAL DE PRESTACIONES

mediante petición radicada el 10 de septiembre de 2014, solicitó ante la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACI ONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (en adelante FOMAG), el reconocimiento y pago de las cesantías a las cuales tenía derecho, las cuales le fueron reconocidas mediante Resolución No. 1461 del 31 de marzo de 2015 y canceladas el 21 de julio de la misma anualidad.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. No. 2018-00531-01 Sentencia de Segunda Instancia 2

Agrega que, el 28 de febrero de 2018 la demandante solicitó ante el FOMAG el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías, petición que fue resuelta negativamente con un acto ficto.

2.2.- PRETENSIONES. -

En el proceso que nos ocupa, se incoaron las siguientes peticiones:

“DECLARACIONES:

1. Declarar la nulidad del acto ficto configurado el día 28 DE MAYO DE 2018 , frente a la petición presentada el día 28 DE FEBRERO DE 2018, en cuanto negó el derecho a pagar la SANCION POR MORA a mi mandante establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

2. Declarar que mi representado tiene derecho a que la NACIÓN - MINISTERIO

DE EDUCACIÓN NACIONAL -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

efectivo el pago de la misma.

2. Declarar que mi representado tiene derecho a que la NACIÓN - MINISTERIO

DE EDUCACIÓN NACIONAL -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIODEPARTAMENTO DEL CESAR – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL , le reconozca y pague la SANCION POR MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

CONDENAS:

1. Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MA GISTERIODEPARTAMENTO DEL CESAR – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, a que se le reconozca y pague la SANCION POR MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006 a mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

2. Que se ordene a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIODEPARTAMENTO DEL CESAR – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo

DEPARTAMENTO DEL CESAR – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (C.P.A.C.A).

3. Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIODEPARTAMENTO DEL CESAR – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la SANCION MORATORIA referida en el numeral anterior, tomando como base la variación delNulidad y Restablecimiento del Derecho

Rad. No. 2018-00531-01 Sentencia de Segunda Instancia 3

índice de precios al consumidor desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso.

4. Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONE S SOCIALES DEL MAGISTERIODEPARTAMENTO DEL CESAR – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectú e el pago de la SANCION MORATORIA reconocida en esta sentencia.

5. Condenar en costas a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIOsentencia.

5. Condenar en costas a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIODEPARTAMENTO DEL CESAR – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL de conformidad con lo estipulado en el Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se rige por lo dispuesto en el Artículo 392 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010.”

2.3.- ACTUACIÓN PROCESAL. -

2.3.1.- ADMISIÓN: La demanda fue admitida mediante auto de fecha 15 de marzo de 2019, siendo debidamente notificada a las partes intervinientes y al Ministerio Público.

2.3.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

La entidad demandada no contestó la demanda.

2.3.3.- PRUEBAS: Obran en el expediente los siguientes elementos probatorios:

✓ Copia de la reclamación administrativa incoada por la parte actora, el 28 de febrero de 2018.

✓ Copia de la Resolución No. 001461 del 31 de marzo de 2015, mediante la cual se reconocieron las cesantías parciales para reparación de vivienda a favor de la señora YOLANDA MARÍA MUÑOZ PALLARES.

✓ Copia del comprobante de pago de las referidas cesantías, expedido por el Banco Agrario de Colombia S.A.

2.3.4.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

La parte demandante presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos

Banco Agrario de Colombia S.A.

2.3.4.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

La parte demandante presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la demanda.

La entidad demandada NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -, no intervino en esta etapa procesal.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. No. 2018-00531-01 Sentencia de Segunda Instancia 4

2.3.5.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. –

El Agente del Ministerio Público no emitió́ concepto en esta instancia.

III. SENTENCIA APELADA.-

El JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, en sentencia de fecha 23 de agosto de 202 1, resolvió declarar probada la excepción de prescripción extintiva del derecho, conforme los siguientes argumentos:

“. . . Del análisis de las pruebas aportadas al proceso que se acaban de reseñar y analizadas las normas que regulan la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías solicitadas por los empleados públicos, así como la posición clara y unificada del máximo Tribunal d e lo Contencioso Administrativo, el Despacho precisa lo siguiente:

La señora YOLANDA MARIA MUÑOZ PALLARES presentó la petición reconocimiento y pago de cesantías el día 10 de septiembre de 2014 como se indicó en los hechos probados; la entidad demandada contaba con 15 días para expedir la resolución donde se ordenará su pago y este término venció el día 1 de

reconocimiento y pago de cesantías el día 10 de septiembre de 2014 como se indicó en los hechos probados; la entidad demandada contaba con 15 días para expedir la resolución donde se ordenará su pago y este término venció el día 1 de octubre de 2014. Sin embargo, dicha resolución no fue expedida sino hasta el día 31 de marzo de 2015, siendo evidente que el término de 15 días señalado en la norma ya había sido superado.

Por tanto, para efectos de contabilizar los 45 días que tenía la demandada para realizar el pago se deberá iniciar a partir del día siguiente a aquél en que debió quedar ejecutoriado el acto administrativo de haberse expedido en tiempo, es decir, a partir del día 17 de octubre de 201417.

Entonces, realizado el cálculo respectivo, la entidad demandada tenía hasta el día 23 de diciembre de 2014 para pagar las cesantías solicitadas por la accionante. No obstante, dicho pago solo fue realizado el día 21 de jul io de 2015, lo que, indiscutiblemente, deja ver que si hubo morosidad en el pago como se alegó en la demanda equivalente a 209 días.

Sin embargo de lo anterior, no prosperan las pretensiones de la demanda y en su lugar se declarará probada de oficio la excepción de prescripción extintiva de todas aquellas sumas de dinero que pudieran resultar a favor de la demandante por concepto de sanción moratoria, en aplicación del criterio jurisprudencial expuesto por el Consejo de Estado, según el cual la sanción moratoria es prescriptible y se le aplica el termino de 3 años previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

por el Consejo de Estado, según el cual la sanción moratoria es prescriptible y se le aplica el termino de 3 años previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

De acuerdo a lo expuesto, la señora YOLANDA MARÍA MUÑOZ PALLARES presentó solicitud de reconocimiento de cesantías el día 10 de se ptiembre de 2014, por lo que la entidad demandada contaba con el termino de 70 días para pagarlas, término que finalizó el día 23 de diciembre de 2014 por lo que a partir del día 24 del mismo mes y año se hizo exigible la sanción moratoria.

No obstante, la señora YOLANDA MARÍA MUÑOZ PALLARES solicitó su reconocimiento en sede administrativa el día 28 de febrero de 2018 por lo que seNulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. No. 2018-00531-01 Sentencia de Segunda Instancia 5

tiene que entre la fecha de su causación y la fecha en que solicitó su reconocimiento transcurrieron 3 años, 2 meses y 5 días, aproximadamente.

Se concluye de lo expuesto que la demandante reclamó su derecho ante la entidad demandada en sede administrativa por fuera de los tres años contados a partir del día en que se hizo exigible la sanción moratoria y, por anterior en el c aso en estudio operó la prescripción extintiva del derecho reclamado y en consecuencia, se declarará la terminación del proceso. [. . . ]”-SicIV. RECURSO INTERPUESTO. -

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE

IV. RECURSO INTERPUESTO. -

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR, señalando que la sanción por mora no prescribe e insiste que, el derecho a reclamar un día de salar io por cada día de mora , se genera hasta el día en que se haga efectivo el pago, con posterioridad a los 70 días hábiles con que cuenta la entidad para la expedición de la resolución de reconocimiento y la cancelación de las cesantías.

En este sentido , considera que profundizar en la situación de su representada resulta inocua, pues estima que no queda duda del derecho que le asiste a ésta, pues reitera que ha sido tan reiterativa la jurisprudencia sobre la fórmula de calcular el tiempo en que debía haberse otorgado respuesta a las peticiones de reconocimiento de las cesantías de los docentes, que en el presente asunto las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar plenamente.

Afirma que quedó demostrado que entre el momento de la presentación de la solicitud de las cesantías de la actora y el momento del pago, transcurrieron más de 70 días hábiles, como lo establece el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, por lo que resulta claro que debe ser declarado nulo el acto administrativo demandado.

Así las cosas, solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, y en su lugar se accediera a las súplicas incoadas en la demanda de la referencia.

V.- ACTUACIÓN PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA.-

Así las cosas, solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, y en su lugar se accediera a las súplicas incoadas en la demanda de la referencia.

V.- ACTUACIÓN PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA.-

Mediante auto de fecha 14 de septiembre de 202 2, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR admitió el recurso de apelación interpuesto, ordenando notificarle personalmente al Agente del Ministerio Público, trámite que se surtió en debida forma.

En aplicación de lo previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en los términos en que fue modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, ejecutoriada la admisión del recurso el expediente ingresó para adoptar sentencia de segunda instancia, bajo el entendido que no se practicaron pruebas y no fue necesario correr traslado para alegar de conclusión.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. No. 2018-00531-01 Sentencia de Segunda Instancia 6

VI.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.-

El Agente del Ministerio Público no presentó concepto en esta instancia.

VII. CONSIDERACIONES.-

Agotadas las etapas procesales propias de la instancia y sin que se adviertan motivos de nulidad que puedan invalidar total o parcialmente lo actuado, procede el Tribunal a realizar el estudio de las diversas piezas del expediente, para a partir de allí, a la luz de las normas legales pertinentes, de las pruebas legalmente solicitadas, decretadas y allegadas al mismo, adoptar la decisión que

el Tribunal a realizar el estudio de las diversas piezas del expediente, para a partir de allí, a la luz de las normas legales pertinentes, de las pruebas legalmente solicitadas, decretadas y allegadas al mismo, adoptar la decisión que en derecho corresponda frente al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida el 16 de marzo de 2022, por el JUZGADO CUARTO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR.

7.1.- COMPETENCIA.-

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte accionada, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 del 2011.

7.2.- PROBLEMA JURÍDICO.-

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante , corresponde a esta Corporación determinar si es procedente ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor del de la señora YOLANDA MARÍA MUÑOZ PALLARES por el pago tardío de su cesantía parcial y en caso afirmativo, establecer por cuant o tiempo se extendió la referida moratoria , y si el derecho reclamado se encuentra o no afectado por el fenómeno de la prescripción extintiva y procede revocar la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR de fecha 16 de marzo de 2022, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda por existir prescripción del derecho reclamado.

7.3.- CUESTIÓN PREVIA.-

de marzo de 2022, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda por existir prescripción del derecho reclamado.

7.3.- CUESTIÓN PREVIA.-

El artículo 18 de la Ley 446 de 1998, establece los requisitos para determinar la prelación para dictar sentencia, lo que implica que resulta obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal.

Esta disposición fue retomada por el artículo 63 A de la Ley 1285 de 2009, que adicionó el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la AdministraciónNulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. No. 2018-00531-01 Sentencia de Segunda Instancia 7

de Justicia1, que definió las reglas de aplicación de la prelación de procesos en turno para fallo.

Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del Agente del Ministerio Público, por su importancia jurídica y trascendencia social.

Atendiendo entonces la naturaleza de este caso, en el que se discuten asuntos que deben resolverse a la luz de líneas jurisprudenciales decantadas por el H. Consejo de Estado, se procederá a emitir la sentencia correspondiente, modificando el orden de los procesos que se encuentran en turno para fallo.

7.4.- ANÁLISIS DEL ASUNTO BAJO EXAMEN.-

En relación con el derecho al reconocimiento de las cesantías a favor del

modificando el orden de los procesos que se encuentran en turno para fallo.

7.4.- ANÁLISIS DEL ASUNTO BAJO EXAMEN.-

En relación con el derecho al reconocimiento de las cesantías a favor del personal docente de vinculación oficial, es preciso tener en cuenta que por disposición expresa del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esta prestación se encuentra sujeta a las siguientes reglas:

“LEY 91 DE 1989

(diciembre 29) Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

. . . 3. Cesantías:

Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxil io equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido

1 “ARTÍCULO 16. Adiciona el Articulo 63A de la Ley 270 de 1996 . Apruebase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente: Artículo 63A. DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas

seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados prefer entemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación. Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadam ente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente. Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos. Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales ContenciosoAdministrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se

Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, l as fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio. PARÁGRAFO 1°. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. [. . .]”Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. No. 2018-00531-01 Sentencia de Segunda Instancia 8

modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fon do Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas

durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fon do Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. [. . .]” -Se subrayaDe manera que el reconocimiento y pago de las cesantías a quienes se encuentran vinculados al servicio oficial docente con posterioridad a 1990, debe realizarse en forma anualizada y sin retroactividad, y para efectos de acceder a ellas en sus modalidades parcial y definitiva, debe agotarse el procedimiento establecido en la ley ante el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (en adelante FOMAG), fondo cuenta con cargo al cual se realizan los pagos de esta clase de prestaciones (ver artículo 4º ibídem2).

Ahora bien, en cuanto a los plazos que se deben observar para el pago de esta clase de prestaciones, inicialmente el MINISTERIO DE EDUCACIÓN como responsable del fondo cuenta FOMAG, adoptó un procedimiento en el que participan tanto las secretarías de educación de los departamentos y municipios a los cuales se encuentren vinculados los docentes, como la fiduciaria a cuyo cargo se encuentre la administración de los recursos que alimentan el FOMAG. En esa normatividad no se preveía posibilidad alguna de que se causara sanción o indemnización moratoria por el incumplimiento de los plazos adoptados para el trámite de esta clase de solicitudes, que además devinieron contrarios a las leyes dictadas con posterioridad, lo que dio lugar a que en senten cia de unificación proferida por el Consejo de Estado se inaplicaran, exigiéndose la

el trámite de esta clase de solicitudes, que además devinieron contrarios a las leyes dictadas con posterioridad, lo que dio lugar a que en senten cia de unificación proferida por el Consejo de Estado se inaplicaran, exigiéndose la observancia de los nuevos plazos legales, como se verá más adelante.

Al respecto, desde 2016 el H. Consejo de Estado ha venido formulando algunas precisiones en relación con los plazos establecidos para el pago de las cesantías parciales y definitivas en el sector público, con ocasión de la extensión y

2 “ARTÍCULO 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella . Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los requisitos formales que se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante, deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica. [. . .]” -Se subraya-.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. No. 2018-00531-01 Sentencia de Segunda Instancia 9

ampliación del régimen de cesantías anualizadas a todos los empleados

Rad. No. 2018-00531-01 Sentencia de Segunda Instancia 9

ampliación del régimen de cesantías anualizadas a todos los empleados públicos. La primera de ellas, que es necesario ten er en cuenta, fue emitida en el año 2016, de la cual se extraen los siguientes apartes por su importancia para la decisión que debe adoptarse, en cuanto sienta las premisas sobre la naturaleza tanto de las cesantías como de la sanción moratoria:

“. . . El derecho a las cesantías fue creado por el legislador del 46, como un beneficio sujeto al despido o desvinculación laboral del trabajador y aunque su causación en principio se condicionó a periodos de 3 años, los parámetros para su reconocimiento siempre estuvieron directamente relacionados con el retiro del servicio.

La justificación de esa sujeción, está orientada por dos razones fundamentales, la primera de ellas, porque como su nombre lo indica, tiene relación con el estado “cesante” del empleado, pues su reconocimiento y pago tiene como finalidad subvencionarlo en el momento en que se extinga su relación laboral y la segunda de ellas, porque su reconocimiento se consagró con el régimen de retroactividad, dentro del cual la liquidación se realizaba con base en el último salario recibido por el trabajador al momento de finiquitar su vínculo laboral.

Y aunque procedían los pagos parciales, la liquidación que se realizaba para ese efecto no era definitiva, pues solo adquiría este carácter cuando terminaba la relación laboral, es decir, cuando el empleado quedaba cesant e, momento en el cual se efectuaba la liquidación definitiva y el pago de la totalidad de la prestación. Una vez reconocido y pagado ese derecho, ingresaba al patrimonio del empleado

relación laboral, es decir, cuando el empleado quedaba cesant e, momento en el cual se efectuaba la liquidación definitiva y el pago de la totalidad de la prestación. Una vez reconocido y pagado ese derecho, ingresaba al patrimonio del empleado y por ende, se trataba de un derecho “imprescriptible”, pues seguía repu tándose como titular del mismo indefinidamente, sin que se pudiera alegar su extinción. Al respecto, valga precisar que las cesantías constituyen un “ahorro” del trabajador, a ser reclamado al terminar su relación laboral, con el objeto de cubrir la contingencia de quedar cesante. Al tener esa naturaleza de ahorro, producto de un emolumento -prestacióncausado a su favor durante ese vínculo, no se puede predicar la prescripción respecto de las sumas que la componen , así ocurría respecto de las cesantías bajo la modalidad de liquidación con retroactividad y así ha de predicarse respecto de las mismas, bajo el régimen de liquidación anualizado.

. . . Ahora bien, en el evento en que la administración no hubiera dado cumplimiento a los estrictos términos legales que la ley concede para la liquidación y/o consignación de las cesantías en la fecha que la ley impone, tampoco podría aplicarse la figura extintiva en perjuicio del trabajador, pues ello implicaría que el incumplimiento del deber legal por parte del em pleador redundaría en su propio beneficio y en contra del empleado, imponiendo a este una carga desproporcionada que no tiene porqué soportar , es decir, la extinción de su derecho producto de la negligencia de su empleador. [. . .]

. . . No obstante, cuando se trata de la consignación de las cesantías definitivas,

desproporcionada que no tiene porqué soportar , es decir, la extinción de su derecho producto de la negligencia de su empleador. [. . .]

. . . No obstante, cuando se trata de la consignación de las cesantías definitivas, si la mora no se produce por negligencia del empleador, sino por una causa atribuible al empleado, sí procede el fenómeno prescriptivo, pues en tal caso, la omisión de este último en cumplir los requerimientos que el empleador hace para disponer su pago, no puede constituir un beneficio a su favor.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. No. 2018-00531-01 Sentencia de Segunda Instancia 10

En los anteriores términos se precisa que las cesantías anualizadas no están sometidas al fenómeno prescriptivo, mientras que las de finitivas sí están sujetas a ese fenómeno.

. . . Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del empleador que incumpla su