TA CES - 20-001-33-33-007-2022-00015-01-(23-03-2023)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Valledupar, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023) MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER LABORAL -APELACIÓN SENTENCIA ACTORES: ROCÍO ELVIRA TORRES PERALTA DEMANDADOS: NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIOMUNICIPIO DE VALLEDUPAR RADICACIÓN: 20-001-33-33-007-2022-00015-01 MAGISTRADO PONENTE: CARLOS MARIO ARANGO HOYOS I.-ASUNTO. - Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022), por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, sin condena en costas. II.- ANTECEDENTES PROCESALES. - 2.1.- HECHOS. - El apoderado de la parte demandante relata que, la señora Rocío Elvira Torres Peralta, es docente del servicio público de educación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Así mismo, que por haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecido en la ley, le fue reconocida pensión de invalidez a través de la Resolución 0449 de 31 de octubre de 2011, sin incluir dentro de la liquidación los

factores salariales devengados conforme al año base de su liquidación, tales como asignación básica, prima de navidad, pago sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, prima de antigüedad e incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad laboral, violando así, derechos adquiridos y la normatividad que la regula, toda vez que, estos deben tenerse en cuenta al momento de calcular el valor de la mesada pensional reconocida. 2.2.- PRETENSIONES. El apoderado solicita que se declare la Nulidad Parcial de la Resolución No.0499 del 31 de octubre de 2011, proferida por la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante la cual se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor de la demandante, respecto del valor establecido como cuantía de la pensión, a efectos de incluir en la base de liquidación de la pensión la totalidad de los factores salariales percibidos durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del status de pensionada, en especial la prima de antigüedad y la mesada 14 o prima de medio año a la cual tiene derecho de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado en la última unificación jurisprudencial, en especial porque se encuentra taxativamente descrita en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 (prima de antigüedad), todo esto en base a lo establecido en la última sentencia de unificación del H.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 20-001-33-33-007-2022-00015-01 Sentencia de 2ª Instancia

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Consejo de Estado con ponencia del Consejero Ponente: César Palomino Cortés, Sentencia de unificación SUJ-014 CE -2019: En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados Así mismo, solicita a título de Restablecimiento del Derecho que, se condene a la NaciónMinisterio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a incluir como base de liquidación de la pensión de invalidez el promedio de todos los factores salariales devengados por la parte actora en el año anterior al status de pensionado, tales como: auxilio de movilización, prima de alimentación, prima de grado, prima rural, prima de antigüedad, sobresueldo por dirección, entre otras y concretamente las que aparezcan certificadas por la autoridad competente para el efecto; con efectos fiscales a partir del momento en que cumplió los requisitos para su pensión, en virtud de la ley y la sentencia de Unificación del Consejo de Estado, Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, del cuatro (4) de agostos de dos mil diez (2010), Radicación Número: 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09), Actor: Luís Mario Velandia. Igualmente, solicita que se condene al demandado a título de restablecimiento del derecho, a reconocerle y pagarle a la parte actora las diferencias de las mesadas generadas a partir del nuevo valor de la pensión, con la inclusión

(0112-09), Actor: Luís Mario Velandia. Igualmente, solicita que se condene al demandado a título de restablecimiento del derecho, a reconocerle y pagarle a la parte actora las diferencias de las mesadas generadas a partir del nuevo valor de la pensión, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos por el pensionado, desde la fecha status hasta cuando se verifique la inclusión en nómina del nuevo valor que por esta acción se llegare a reconocer. Que se condene al demandado a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora, sobre las sumas adeudadas, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se le ordene dar estricto cumplimiento a la sentencia conforme lo dispone el artículo 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. Que se condene en costas a la demandada tal y como lo dispone el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo, se ordene a la entidad demandada a descontar de las sumas reconocidas en sentencia el porcentaje de (30%) de honorarios profesionales pactados en el contrato de prestación de servicios suscrito entre la demandante y Eduardo Luís Pertuz del Toro, Carlos Catilla Gutiérrez. III.-PROVIDENCIA RECURRIDA. - El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, mediante sentencia del doce (12) de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Manifiesta que, conforme a la Ley 91 de 1989, los docentes nacionales y aquellos que

se vinculen a partir del 1° de enero de 1990, para efectos de prestaciones económicas y sociales se regirán por las mismas normas vigentes aplicables a losNulidad y restablecimiento del derecho Radicación 20-001-33-33-007-2022-00015-01 Sentencia de 2ª Instancia

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empleados públicos del orden nacional, como son los Decretos 3135 de 1968,1848 de 1969 y 1045 de 1978. Así mismo que los factores salariales que deben ser tenidos en cuenta para efectos de liquidar la prestación de la parte actora, son sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo. Por otro lado, el Consejo de Estado, mencionó que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se les aplicará el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Finalmente, conforme a lo anteriormente expuesto, el A quo determinó que las pretensiones de la parte actora no están llamadas a prosperar, toda vez que la demandante no devengó los factores de: prima de medio año, auxilio de movilización, prima de alimentación, prima de grado, prima rural y prima de servicios del 20%, en el año anterior al de adquisición de su status pensional. De otra parte, a pesar de que está demostrado que la demandante en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, devengó los factores sueldo por vacaciones, sobresueldo por dirección y la prima de antigüedad, los mismos no pueden ser incluidos en su IBL pensional, puesto que no se encuentran enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Y en cuanto a la prima de navidad y prima de vacaciones, estos factores ya están incluidos en la reliquidación de la pensión de invalidez como puede verse en el acto acusado. Por tanto, se negará también su inclusión en el IBL pensional de la demandante. IV.-RECURSO DE APELACIÓN. - El apoderado

vacaciones, estos factores ya están incluidos en la reliquidación de la pensión de invalidez como puede verse en el acto acusado. Por tanto, se negará también su inclusión en el IBL pensional de la demandante. IV.-RECURSO DE APELACIÓN. - El apoderado de la demandante manifiesta que dentro del proceso se demostró que se realizó o cotizó aportes por la Prima de Antigüedad, tal y como se evidencia en el certificado de factores salariales cotizados para mesada pensional emitido por la entidad Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, es decir, que dentro del proceso se encontraba probado que la actora sí devengó la mencionada prima que se encuentra de manera taxativa en la Ley 62 de 1985. Indica que, la ley anteriormente mencionada, es la norma que se debe tener en cuenta para liquidar los factores salariales de un docente vinculado al Fondo Nacional del Magisterio, criterio que es conforme a lo manifestado por la Jurisprudencia unificada de 2019. Finalmente, manifiesta que de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia, al negar las pretensiones bajo los argumentos dados, se puede inferir que existe un trato desigual o un trato discriminatorio a aquellos que no sean pensionados por jubilación, lo cual es completamente injusto, dado que todos prestan su labor de docente y sale de sus manos el poder llegar con su capacidad laboral intacta a su edad de jubilación. V.-PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN. El apoderado de la entidad demanda se pronuncia sobre el recurso de apelación aludido, manifestando su conformidad por la sentencia de primera instancia, todaNulidad y restablecimiento del derecho Radicación 20-001-33-33-007-2022-00015-01 Sentencia de 2ª Instancia

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vez que si bien es cierto, la Corte Constitucional en sentencia C-409 de 1994 extendió el pago de la mesada adicional a todos los pensionados de los distintos regímenes, pero, esta fue derogada por el Acto Legislativo 01 del año 2005 salvo algunas excepciones contenidas en el parágrafo transitorio 6. Indica que, para poder ser acreedor en derecho a la pensión de gracia, deben los docentes estar vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, pensión que se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley. Por otro lado, para aquellos docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 y, también aquellos nombrados a partir del 1 de enero de 1990, siempre que cumplan con los requisitos de la Ley, se les reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año, así mismo, gozarán de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. Es así como se puede evidenciar entonces, que para la Corte Constitucional, no hay lugar al reconocimiento de la mesada catorce prevista en la Ley 100 de 1993 para los docentes, salvo a aquellos que fueron vinculados del 1° de enero de 1981 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es decir con son beneficiados de la mesada adicional consagrada en el artículo 142 de la Ley 100. Por las razones anteriormente expuestas, a la Corte Constitucional no le asiste razones para que los docentes regulados por la Ley 31 de 1989 perciban la mesada catorce de la Ley 100

de 1993, ratificando que solo habría lugar a esta mesada para los docentes que fueran vinculados antes del 1 de enero de 1981 por el FOMAG que no son acreedores de la pensión de gracia, posición que no aplica en el caso de la parte actora, toda vez que se vinculó como docente oficial en fecha posteriores al 1 de enero de 1981. Finalmente, de lo manifestado por la actora en la demanda, se puede evidenciar que adquirió el status pensional el 22 de febrero de 2013, después de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, hecho que de entrada, implica que solo puede percibir tres mesadas, toda vez que no cumple con los dos requisitos exigidos por la norma para acceder al derecho implorado. Solicita denegar lo solicitado y confirmar la sentencia de primera instancia. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Prelación de fallo. Antes de entrar a estudiar el asunto de fondo planteado en esta oportunidad, se debe señalar que, en la actualidad, la Sala tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva En el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere a la liquidación y/o reliquidación pensional por inclusión de factores salariales.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 20-001-33-33-007-2022-00015-01 Sentencia de 2ª Instancia

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Respecto al tema antes referido, el Consejo de Estado1 de forma unificada sentó precedente vinculante y obligatorio, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada. 6.2. Del régimen pensional aplicable a la demandante. La ley 91 de 1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y agrupó en un mismo cuerpo normativo el régimen prestacional y de seguridad social de los docentes oficiales, quienes a partir del 1° de enero de 1990, debían vincularse obligatoriamente a dicho Fondo, entidad encargada de pagar la totalidad de sus prestaciones. En lo relacionado con el sistema de riesgos profesionales docente, la ley en cita no estableció regulación normativa, razón por la cual las prestaciones médicos-asistenciales y económicas derivadas de los riesgos profesionales a los cuales se ven expuestos los educadores, se otorgan dentro de los regímenes de salud y pensiones que los cobija, y se financian con los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. exceptuó a los docentes de la aplicación del sistema de seguridad social allí contenido; reza el artículo 279: Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del

magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se Subrayado Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-461 de 1995. Con posterioridad, el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, dispuso que el régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993, es decir, se siguió remitiendo para tales efectos, a la normatividad prevista en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y las Leyes 33 y 62 de 1985. No obstante, la Ley 812 de 2003 a través de la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, en su artículo 81 reguló algunos aspectos relacionados con el régimen prestacional de los docentes oficiales, en sus niveles nacional, territorial y nacionalizado. En efecto, la referida norma distinguió entre el personal docente vinculado con anterioridad y posterioridad a su entrada en vigencia, 27 de junio de 1 Sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019, C.P. Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, Exp. 680012333000201500569-01, No. Interno 0935-2017.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 20-001-33-33-007-2022-00015-01 Sentencia de 2ª Instancia

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2003, para efectos de determinar el régimen prestacional aplicable a cada grupo de docentes. En relación con los primeros, esto es, los docentes que venían vinculados antes del 27 de junio de 2003 señaló la referida disposición que le serían aplicables las normas vigentes con anterioridad a la citada fecha y, en lo que se refiere al segundo grupo, a saber, los que se vinculan al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, dispuso la norma en cita que se regirían por el régimen pensional de prima media con prestación definida, previsto en la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Ahora bien, en lo que interesa al caso concreto resulta de suma trascendencia precisar que cuando el inciso primero del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 se refiere al régimen prestacional anterior, es necesario verificar el contenido de los artículos 115 de la Ley 115 de 1994 y 6 de la Ley 60 de 1993, normas vigentes en materia del servicio docente. Para mayor ilustración se transcribe el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 que, en lo que corresponde al caso, señaló: - Régimen Especial de los Educadores Estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la ley 60 En este mismo sentido, la Ley 60 de 1993 ya había establecido en su artículo 6 lo siguiente: nacionalizados

que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital, y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el Teniendo en cuenta las normas transcritas, advierte la Sala que ninguna de ellas establece, en estricto sentido, los elementos constitutivos del régimen pensional aplicable a los docentes. Empero, debe decirse, que ellas sí remiten a las disposiciones de la Ley 91 de 1989 la cual, a su turno, como lo ha entendido la jurisprudencia2, establecían como régimen pensional aplicable a los docentes nacionales y nacionalizados el previsto para los empleados públicos del orden nacional, a saber, en el Decreto Ley 3135 de 1968 y los Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978. Así se señaló, en la sentencia en cita: Lo anterior permite deducir que el régimen aplicable para los docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 2 Ver Sentencia de 12 de febrero de 2009. Rad. 1959-2008. M.P. Dra. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 20-001-33-33-007-2022-00015-01 Sentencia de 2ª Instancia

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de 26 de junio de 2003, es el establecido para el Magisterio antes de dicha fecha, es decir el contemplado en la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que en su artículo 15 dispone: presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: 1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada 2. Pensiones: B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de De la norma transcrita se colige que el régimen pensional aplicable a los docentes nacionales y nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el dispuesto para los empleados públicos del orden nacional. Si bien es cierto el artículo 48 de la Constitución Política respetó el régimen pensional que venían gozando los docentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, también lo es que dicho régimen no contemplaba requisitos especiales para efectos de obtener el reconocimiento de la pensión, por el contrario, remite a las normas de carácter general vigentes Ahora bien, al revisarse el contenido del Decreto Ley 3135 de 1968 se advierte que en su artículo 23 se establece el reconocimiento y pago de una prestación pensional por invalidez, a

reconocimiento de la pensión, por el contrario, remite a las normas de carácter general vigentes Ahora bien, al revisarse el contenido del Decreto Ley 3135 de 1968 se advierte que en su artículo 23 se establece el reconocimiento y pago de una prestación pensional por invalidez, a favor de los servidores públicos que experimentaran una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 75%. La norma señala: la capacidad laboral no inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por la respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual devengado, mientras la invalidez subsista. a) El 50% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea el 75%; b) Del 75%, cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance el 95%; c) El 100% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 20-001-33-33-007-2022-00015-01 Sentencia de 2ª Instancia

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De igual manera, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto Ley 3135 de 1968, en sus artículos 60, 61 y 63 dispuso en relación con el reconocimiento de una prestación pensional por invalidez, lo siguiente: en situación de invalidez, transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de la pensión de invalidez a que se refiere este capítulo. Art. 61. DEFINICIÓN. 1.- Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido al empleado oficial que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un porcentaje no inferior al 75% su capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o la profesión a que se ha dedicado ordinariamente. 2.- En Consecuencia no se considera inválido al empleado que solamente liquidará con base en el último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a continuación, así: a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de la pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al último promedio mensual, si fuere variable. b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar del noventa y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado por el El Decreto 1743 de 1966, reglamentario de la Ley 4 de 1966, en su artículo 5 precisó que el promedio al que se refería el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 era el promedio mensual de los salarios devengados durante el último año de servicios, previo a la adquisición del estatus pensional. De acuerdo con el recuento normativo expuesto en precedencia,

artículo 5 precisó que el promedio al que se refería el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 era el promedio mensual de los salarios devengados durante el último año de servicios, previo a la adquisición del estatus pensional. De acuerdo con el recuento normativo expuesto en precedencia, estima la Sala que tratándose del reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, a favor de un docente oficial, resulta necesario verificar el momento de su vinculación al servicio para efectos de determinar el régimen pensional aplicable. En efecto, si la vinculación al servicio se registró con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 el régimen aplicable es el vigente con anterioridad a esa fecha si, por el contrario, la vinculación se registró con posterioridad, no hay duda que el régimen aplicable será el general en pensiones previsto en la Ley 100 de 1993. En este punto, debe precisarse que cuando la Ley 812 de 2003 hace alusión al régimen anterior, esto es, para los docentes que venían vinculados antes de la entrada en vigencia de la citada norma, dicha norma se refiere finalmente a lo dispuesto en el Decreto Ley 3135 de 1968 y los Decreto 1848 de 1969 y 1045 de 1978, en cuanto estos contemplan el reconocimiento de una pensión de invalidez a favor de los servidores públicos que experimentaran una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 75%.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 20-001-33-33-007-2022-00015-01 Sentencia de 2ª Instancia

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Y, en cuanto al monto de la referida prestación, estima la Sala, que el Decreto 1848 de 1969 en su artículo 63 dispuso que el monto de la pensión de invalidez se liquidaría teniendo en cuenta el último salario devengado por el empleado beneficiario de la citada prestación. 6.3 . El caso concreto. A través del presente medio de control la señora ROCÍO ELVIRA TORRES PERALTA, solicita la nulidad parcial de la Resolución 0449 de 31 de octubre de 2011, mediante la cual la Secretaría de Educación del Municipio de Valledupar revisa, reconoce y ordena el pago de una revisión a la pensión de invalidez, por el incremento de la pérdida de la capacidad laboral, respecto del valor establecido como cuantía de la pensión, a efectos de incluir en la base de liquidación de la pensión la totalidad de los factores salariales percibidos durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del status de pensionada, en especial la prima de antigüedad y la mesada 14 o prima de medio año a la cual tiene derecho. En el expediente se encuentran acreditados los siguientes hechos: - Que la señora Rocío Elvira Torres Peralta se vinculó al servicio docente nacional en el cargo directivo docente - coordinador, mediante la Resolución 2493 del 22 de agosto de 1994, tomando posesión del cargo el 26 de septiembre de 1994 y estuvo vinculada hasta el 10 de enero de 2011. - Mediante Resolución 0612 de 20 de octubre de 2010 se reconoció una pensión de invalidez en la que se tuvo en cuenta para su liquidación el 75% del promedio salarial. - Previa petición de la señora Rocío Elvira Torres Peralta, a través de la Resolución 449 de 31 de octubre de 2011 el Municipio de Valledupar, realizó un ajuste a la pensión de invalidez, con un aumento

el 75% del promedio salarial. - Previa petición de la señora Rocío Elvira Torres Peralta, a través de la Resolución 449 de 31 de octubre de 2011 el Municipio de Valledupar, realizó un ajuste a la pensión de invalidez, con un aumento de porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 96.55%, es decir, se efectúa la liquidación prestacional con el equivalente al 100% del promedio salarial del último año y con inclusión de los siguientes factores: (i) sueldo básico, (ii) sobresueldo, (iii) prima de vacaciones y (iv) prima de navidad. - La Secretaría de Educación del Municipio de Valledupar el 26 de octubre de 2020 certificó que la señora Rocío Elvira Torres Peralta, durante el período comprendido del 10 de enero de 2010 al 10 de enero de 2011, le fueron pagados los siguientes factores salariales: (i) sueldo básico, (ii) sueldo en vacaciones, (iii) asignación adicional Coordinadora, (iv) prima de antigüedad, (v) prima de navidad y (vi) prima de vacaciones y le realizaron descuentos por aportes a seguridad social en pensión y salud sobre el (i) sueldo básico, (ii) sueldo en vacaciones, (iii) asignación adicional coordinadora y (iv) prima de antigüedad. - Según el formato único para la expedición de certificado de salarios del Fomag, la señora Rocío Elvira Torres Peralta entre el 1 de enero de 2009 y el 10 de enero de 2011, devengó los siguientes factores: (i) asignación básica (sueldo), (ii) sobresueldo 20%, (iii) prima de vacaciones 1/12, (iv) prima de navidad y (v) prima de antigüedad. Frente a lo que pretende la parte actora, esto es la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año

(sueldo), (ii) sobresueldo 20%, (iii) prima de vacaciones 1/12, (iv) prima de navidad y (v) prima de antigüedad. Frente a lo que pretende la parte actora, esto es la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del status de pensionada, se debe precisar que está Corporación en anterioresNulidad y restablecimiento del derecho Radicación 20-001-33-33-007-2022-00015-01 Sentencia de 2ª Instancia

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oportunidades aplicó la tesis planteada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de fecha 28 de agosto de 2018, Consejero Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, dentro del proceso radicado con el No. 52001-23-33-000-2012-00143-01, en cuanto a la reliquidación pensional de los servidores públicos, la cual pese a que no había sido emitida en un caso como el que se analiza en esta oportunidad, por tratarse de un afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, indiscutiblemente trazaba el camino a seguir en este tipo de circunstancias, ya que definió una serie de subreglas, las cuales podían ser empleadas como herramientas a la hora de resolver problemas jurídicos como el que nos atañe en esta oportunidad. En efecto, en dicha providencia la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo estableció la s