TA CES - 20-001-33-33-007-2023-00072-01-(07-03-2024)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Valledupar, siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: GAUDYS ELIANA DE ARMAS PÉREZ

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓ N – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL CESAR RADICADO: 20-001-33-33-007-2023-00072-01

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA LUZ ÁLVAREZ ARAÚJO

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver la apelación presentada por las partes contra la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, que dispuso:

“PRIMERO: Declarar la nulidad del acto administrativo Oficio No CSED ex. 0615 de fecha 11 de agosto de 2022, conforme a las motivaciones trazadas.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho se condena al Departamento del Cesar, a reconocer y pagar en favor de la señora Gaudys Eliana de Armas Pérez el valor equivalente a 2 días de salario por concepto de sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías a que la mencionada tiene derecho de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1071 de 2006 . Para tal efecto , la entidad condenada liquidará dicha sanción con base en la asignación básica devengada por docente para la anualidad 2021, por tratarse de cesantías parciales., según las consideraciones expuestas en la parte

dicha sanción con base en la asignación básica devengada por docente para la anualidad 2021, por tratarse de cesantías parciales., según las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: El Departamento del Cesar pagará la condena impuesta mediante este proveído de conformidad con lo dispuesto establecido en el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

CUARTO: El Departamento del Cesar dará cumplimiento a esta sentencia dentro del término previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y observará lo dispuesto en el artículo 195 ibídem.

QUINTO: Negar las demás súplicas de la demanda.

SEXTO: Sin costas en esta instancia.

SÉPTIMO: En firme este fallo, archívese en forma definitiva el expediente y anótese su terminación en los sistemas de información judicial pertinentes”.Nulidad y restablecimiento del derecho

N°. 007-2023-00072-01 Sentencia segunda instancia 2

II. ANTECEDENTES

2.1. PRETENSIONES

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte demandante, actuando por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declare la nulidad del Oficio No. CSED ex. 0615 de fecha 11 de agosto de 2022 que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria pretendida por el pago tardío de las cesantías reconocidas a favor de la demandante.

A título de restablecimiento del derecho, solicit ó que se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de

las cesantías reconocidas a favor de la demandante.

A título de restablecimiento del derecho, solicit ó que se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de una cesantía parcial, a razón de un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los sete nta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

Suplicó que sobre las sumas adeudadas se paguen los reajustes de valor, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso; así mismo, solicit ó que sobre las sumas adeudadas se reconozcan intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, que se le dé cumplimiento al fallo dentro del término perentorio señalado en la misma normatividad, y se condene en costas a la demandada.

2.2. HECHOS

Los fundamentos fácticos de las pretensiones son los siguientes:

La señora GAUDYS ELIANA DE ARMAS PÉREZ, ha prestado sus servicios como docente oficial.

Mediante petición radicada el 12 de ju nio de 2020 solicitó al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL CESAR el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales y en virtud de ello, la entidad con Resolución 4263

Mediante petición radicada el 12 de ju nio de 2020 solicitó al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL CESAR el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales y en virtud de ello, la entidad con Resolución 4263 del 31 de julio de ese año le reconoció la prestación solicitada, dinero que, pagado efectivamente el 1 de octubre de 2020, es decir con 34 días de mora.

El 24 de mayo de 202 2 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías, la cual fue negada mediante oficio CSED ex 0615 de fecha 11 de agosto de 2022.

2.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Las entidades demandadas no contestaron la demanda.

2.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIANulidad y restablecimiento del derecho N°. 007-2023-00072-01 Sentencia segunda instancia 3

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar , mediante sentencia de fecha 19 de septiembre de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que el pago de la cesantía no se realizó dentro de la oportunidad prevista en la norma.

En la sentencia se indicó que, con fundamento en el material probatorio recaudado se evidenció que el acto administrativo no se expidió dentro del plazo de 15 días con que cuenta la entidad territorial respectiva para ello, lo que implicaría imputar la eventual mora a la Secretaría de Educación Departamental d el Cesar en el trámite del pago del auxilio de cesantías de la parte actora. Así mismo, dentro del

con que cuenta la entidad territorial respectiva para ello, lo que implicaría imputar la eventual mora a la Secretaría de Educación Departamental d el Cesar en el trámite del pago del auxilio de cesantías de la parte actora. Así mismo, dentro del expediente se contempla la constancia de notificación del acto administrativo con fecha en la que se acusa como recibido, el día 11 de agosto de 2020. Bajo e sta premisa, acogiendo la tesis planteada en el párrafo que antecede que prevé que el acto administrativo que reconoce las cesantías en favor del docente no fue notificado o fue notificado fuera del término de ley, el término para efectuar el pago del emolumento prestacional fenecía el 28 de septiembre de 2020.

Afirmó que de acuerdo con las pruebas el dinero se puso a disposición el 1 de octubre de 2020 pero el plazo de los 70 días vencía el 28 de septiembre de 2020 de manera que el pago se hizo por fuera de lo establecido en la norma y por ende se configuró una mora de 2 días.

Finalmente indicó que la mora debía ser asumida por el ente territorial por el retardo en expedir el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías.

2.5. RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia por considerar que la distribución de los días de condena ordenados a las entidades demandadas no fueron tasados conforme a la Ley 1955 de 2019 que prevé que la sanción por mora derivada del pago extemporáneo de las cesantías a los docentes, en los casos en los que dicha tardanza se debe al incumplimiento de los plazos previstos para la

derivada del pago extemporáneo de las cesantías a los docentes, en los casos en los que dicha tardanza se debe al incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al FOMAG, este será responsable solo del pago de las cesantías.

Solicitó que se ordene el pago de la sanción moratoria de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1272 de 2018 con cargo a recursos de la Nación ya que el Fomag es el llamado a responder a los docentes y debe adelantar las acciones pertinentes para recuperar los recursos cuando la responsabilidad es de la entidad territorial.

Aunado a ello indicó que él a quo no tuvo en cuenta los términos establecidos en la norma, y por tal motivo existe diferencia de días entre lo solicitado por la parte actora y lo dispuesto por el juzgador de primer nivel.

Afirmó que el acto administrativo fue tardío porque entre la fecha de la solicitud el 12 de ju nio y la expedición de la resolución pasaron más de 15 días porque fue expedida el 31 de julio de 2020 y notificada el 11 de agosto de 2020 cuando la fecha oportuna era el 8 de julio de 2020. De igual manera indicó que “De conformidad conNulidad y restablecimiento del derecho N°. 007-2023-00072-01 Sentencia segunda instancia 4

lo anterior encontramos: que entre la fecha de solicitud y la fecha de notificación de la resolución transcurrieron más de 15 días hábiles, por cuanto esta fue expedida el 31 de julio de 2020 y notificada el 11 de agosto de 2020, encontrándose que la fecha

lo anterior encontramos: que entre la fecha de solicitud y la fecha de notificación de la resolución transcurrieron más de 15 días hábiles, por cuanto esta fue expedida el 31 de julio de 2020 y notificada el 11 de agosto de 2020, encontrándose que la fecha oportuna de expedición y notificación de la misma era el 08 de julio de 2020, por lo que transcurrieron 34 días de mora al notificarla tardía, mora que es imputable a la entidad territorial DEPARTAMENTO DEL CESAR. Por lo anterior en el presente caso la mora causada fue de 34 días contrario a lo establecido el despacho en primera instancia, encontrándose que se generó una responsabilidad compartida que debe de estudiarse a la luz de los dispuesto en la ley 1955 de 2019”.

El Departamento del Cesar apeló la decisión por considerar que el fallador de la primera instancia desconoció las normas especiales que ampliaron los plazos en vigencia de la pandemia, particularmente el Decreto 491 de 2021 que estableció que las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo debían resolverse dentro de los 35 días siguientes a su recepción.

Señaló que en este caso la petición de la cesantía se hizo en el segundo semestre del año 2020 en plena pandemia y por eso los términos para su reconocimiento debieron regirse por la normatividad antes señalada de modo que el ente territorial tenía 35 días para proferir el acto administrativo y no 15 días como lo afirmó el juzgado de prime ra instancia, de manera que no hubo mora en el reconocimiento de la prestación solicitada.

De igual manera solicitó lo siguiente: “No obstante lo anterior, es preciso mencionar

juzgado de prime ra instancia, de manera que no hubo mora en el reconocimiento de la prestación solicitada.

De igual manera solicitó lo siguiente: “No obstante lo anterior, es preciso mencionar el yerro que comete al ad quo en lo referido al tratamiento que se le otorga a los docentes afiliados al FOMAG, tal como es el caso que nos ocupa, pues es menester que se tenga como única posición la esgrimida por el Consejo de Estado en sentencia 11 de octubre de 2023”.

III. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 18 de enero de 2024, se admitió el recurso de apelación formulado por la parte deman dante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 se dispuso a notificar a las partes y al Ministerio Público.

En virtud de que la apelación incoada se presentó en vigencia de la Ley 2080 de 2021, y en la medida que no se decretaron pruebas en segunda instancia, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la referida norma.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público no emitió concepto.Nulidad y restablecimiento del derecho N°. 007-2023-00072-01 Sentencia segunda instancia 5

V. CONSIDERACIONES

No advirtiéndose en este momento procesal ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por los

Sentencia segunda instancia 5

V. CONSIDERACIONES

No advirtiéndose en este momento procesal ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de las partes contra la sentencia del 19 de septiembre de 2023.

5.1. CUESTIÓN PREVIA

El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 señala los requisitos que deben observarse en los casos de prelación de fallos, de manera que los magistrados están obligados a respetar los turnos de ingreso al Despacho para dictar sentencia. No obstante, en los procesos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden puede modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos, por solicitud del Ministerio Público dada su importancia jurídica y trascendencia social, o cuando el asunto a debatir sea de aquellos que ya han tenido pronunciamientos similares, de conformidad con el criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sesión del 25 de abril de 2013 1. Con fundamento en lo expuesto pasa la Sala a adoptar la decisión que corresponda en el presente asunto.

5.2. COMPETENCIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vigente para la época de presentación de la demanda, es competente esta Corporación para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación propuestos por las partes contra la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar.

5.3. PROBLEMA JURÍDICO

segunda instancia de los recursos de apelación propuestos por las partes contra la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar.

5.3. PROBLEMA JURÍDICO

El problema Jurídico en esta instancia se circunscribe a determinar la forma en que debe comenzar a contarse el término de la sanción moratoria y en el caso concreto si debe reconocerse la existencia de una mora en el pago de la cesantía de la señora GAUDYS ELIANA DE ARMAS PÉREZ , acorde con los documentos de pago allegados por las partes, y los argumentos expuestos en los recursos de apelación.

5.4. PRUEBAS

En el trámite de la primera instancia, la parte demandante adosó con la demanda los siguientes medios de prueba relevantes:

• Resolución 42063 del 31 de julio de 2020 mediante la cual la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales (fls. Archivo 1 digital en SAMAI). - Reclamación administrativa realizada a la entidad demandada el 25 de mayo de 2022 (archivo 1 digital en SAMAI).

1 Acta No. 010.Nulidad y restablecimiento del derecho N°. 007-2023-00072-01 Sentencia segunda instancia 6

• Oficio CSED ex.0615 del 11 de agosto de 2022 (archivo 1 d igital en SAMAI). - Certificación de la Fiduprevisora en que consta que el dinero fue puesto a disposición el día 1 de octubre de 2020 (Archivo 1 digital en SAMAI).

5.5. FUNDAMENTOS DE DERECHO

SAMAI). - Certificación de la Fiduprevisora en que consta que el dinero fue puesto a disposición el día 1 de octubre de 2020 (Archivo 1 digital en SAMAI).

5.5. FUNDAMENTOS DE DERECHO

a) De la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías

La indemnización por mora en el pago de la cesantía de los servidores públicos fue establecida mediante la Ley 244 de 19952 como una “sanción” a cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último, ante el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía dentro de los términos previstos de manera expresa por la ley. Al respecto, consagró lo siguiente:

“Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.

(…)

Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máx imo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo

obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste […]”.

Como se advierte, dicha Ley se ocupó de fijar los términos perentorios para el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos, y en caso de mora, estableció a título de sanción, a cargo de la Administración y a favor del trabajador, un día de salario por c ada día de retardo en el pago de la referida prestación.

Esta disposición busca proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus cesantías. En tal sentido, se puede afirmar que constituye una garantía del derecho al pago oportuno del salario contenido en el inciso 3 del artículo 53 Constitucional, y es también desarrollo del Convenio 95 de la OIT que protege el salario y su pago oportuno.

2 “Por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.Nulidad y restablecimiento del derecho N°. 007-2023-00072-01 Sentencia segunda instancia 7

El Convenio No. 95 de la OIT, relativo a la protección al salario, aprobado mediante Ley 54 de 1962, incluyó dentro de la definición de salario “toda forma de remuneración”, así:

Sentencia segunda instancia 7

El Convenio No. 95 de la OIT, relativo a la protección al salario, aprobado mediante Ley 54 de 1962, incluyó dentro de la definición de salario “toda forma de remuneración”, así:

"Artículo 1.- A los efectos del presente Convenio, el término salarió, significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar".

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-260 de 1994, sostuvo que esta amplia definición que sobrepasa lo que en Colombia se entiende como salario, permitió que en el artículo 12 del mismo Convenio se dijera:

"Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos de conformidad con la Legislación Nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos del contrato".

Dicho planteamiento fue reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia C-448 de 1996, por la cual declaró exequible el parágrafo del artículo 3 de la Ley 244 de 1995, al referirse al derecho al pago oportuno en materia salarial para sostener que éste no sólo comprende las pensiones sino toda remuneración salarial y laboral, incluidas las prestaciones:

1995, al referirse al derecho al pago oportuno en materia salarial para sostener que éste no sólo comprende las pensiones sino toda remuneración salarial y laboral, incluidas las prestaciones:

“Hoy el salario y las prestaciones sociales son derechos subjetivos, patrimoniales, no solo porque son derechos adquiridos sino porque la Nueva Constitución se expidió precisamente con el fin de asegurar el trabajo dentro de un marco económico y social justo (Preámbulo de la Carta), caracterizándose al Estado como Social de Derecho, fundado entre otras cosas en el respeto al trabajo (art. 1º), teniendo como uno de sus fines esenciales la efectividad de los derechos dentro de los cuales está la remuneración y el pago oportuno (art. 53 C.P.)

(...)

No hay pues la menor duda de que el salario y las prestaciones son REMUNERACIONES protegidas constitucionalmente. Es más, el constitucionalismo del 91 no se limita a promulgar los derechos, a dejarlos escritos, sino a protegerlos realmente (art. 2º C.P.).

Recalcó la Corte en esta oportunidad, que desde la exposición de motivos del proyecto de Ley 244 de 1995, fue clara la finalidad de dicha iniciativa legislativa en desarrollar el inciso final del artículo 53 de la C.P., pues los salarios y prestaciones sociales deben ser pagados oportunamente, entre otras razones porque ese fruto es el sustento de los trabajadores y sus familiares, razón por la cual, el pago de la cesantía definitiva debe ser oportuno, pues precisamente la finalidad de esta prestación es la de "entregarle al trabajador una suma de dinero para satisfacer sus necesidades inmediatas al retiro y en proporción al tiempo servido”.Nulidad y restablecimiento del derecho

cesantía definitiva debe ser oportuno, pues precisamente la finalidad de esta prestación es la de "entregarle al trabajador una suma de dinero para satisfacer sus necesidades inmediatas al retiro y en proporción al tiempo servido”.Nulidad y restablecimiento del derecho N°. 007-2023-00072-01 Sentencia segunda instancia 8

Y así también lo comprendió la Sala Plena del Consejo de Estado3, al sostener que “la Ley 244 de 1995, artículo 1, al establecer un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores”.

Ahora bien, la Ley 244 de 1995 fue adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006 que en su artículo 2º precisó que son destinatarios de la indemnización todos los servidores públicos del Estado, con la salvedad establecida en el artículo 5 respecto al Fondo Nacional del Ahorro.

La Ley 1071 de 2006 disting uió entre el término para el reconocimiento de la cesantía (art. 4º) y el dispuesto para el pago oportuno de la misma (art. 5º), indicando que la entidad empleadora, o aquella que tenga a su cargo la prestación, cuenta con un plazo de quince (15) días hábi les siguientes a la presentación de la solicitud para expedir el acto de reconocimiento, y la entidad, dispone de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagarla. De igual manera reconoció la sanción moratoria para cesantías parciales, ya que la norma anterior no lo contemplaba.

solicitud para expedir el acto de reconocimiento, y la entidad, dispone de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagarla. De igual manera reconoció la sanción moratoria para cesantías parciales, ya que la norma anterior no lo contemplaba.

Ahora bien, en relación con el momento a partir del cual empieza a correr el término de la sanción moratoria en el reconocimiento de las cesantías ya sean parciales o definitivas, el Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-012-S2, de 18 de julio de 2018, dentro del proceso radicado 73001233300020140058001, estudio las siguientes hipótesis y fijó las siguientes reglas unificadoras:

3 Sentencia de 27 de marzo de 2007. Radicación número: 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ). C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA

TÉRMINO PAGO

CESANTÍA

CORRE

MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica, pero no se tiene en cuenta para el computo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación

cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del avisoNulidad y restablecimiento del derecho N°. 007-2023-00072-01 Sentencia segunda instancia 9

En ese orden, será deber del juez evaluar en cada caso concreto las diferentes hipótesis para concluir a partir de qué momento empieza a contabilizarse la sanción por mora.

b) Aplicación de la Ley 1071 de 2006 al personal docente del sector oficial

La Ley 1071 de 2006 cobija a todos los empleados y trabajadores del Estado. Así quedó consagrado en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, al advertir que “la misma cubre a todos los funcionarios públicos y servidores estatales de las tres ramas del poder e incluye de igual forma a la fiscalía general, los órganos de control, las entidades que prestan servicios públicos y de educación. Es decir, involucra a todo el aparato del Estado, no s ólo a nivel nacional sino territorial ”5, de

tres ramas del poder e incluye de igual forma a la fiscalía general, los órganos de control, las entidades que prestan servicios públicos y de educación. Es decir, involucra a todo el aparato del Estado, no s ólo a nivel nacional sino territorial ”5, de modo que no encuentra el Despacho ninguna razón para excluir, a los docentes del sector oficial, pues al igual de los demás servidores públicos, los docentes oficiales, en calidad de trabajadores, tienen derecho a que se le reconozcan pronta y oportunamente sus prestaciones sociales, proceder en contrario significaría desconocer injustificadamente, el derecho a la igualdad de oportunidades de estos trabajadores, establecido en el artículo 53 C.P. y el artículo 13 ibidem.

En sentencia SU 336 del 18 de mayo de 2017 6, la Corte Constitucional indicó que “aplicar el régimen general de los servidores públicos a los docentes oficiales en materia de sanción moratoria resulta ser la condición más beneficiosa y, en esa medida, la que se adecúa mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, particularmente, al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución”.

Y el Consejo de Estado en la referida sentencia SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018, luego de realizar un estudio del régimen salarial y prestacional de los docentes estatales, así como la naturaleza de la función educadora que cumplen unificó su jurisprudencia, indicando:

4 Se consideran los supuestos de los artículos 68 y 69 del CPACA según los cueles, la entidad tuvo 5 días para

estatales, así como la naturaleza de la función educadora que cumplen unificó su jurisprudencia, indicando:

4 Se consideran los supuestos de los artículos 68 y 69 del CPACA según los cueles, la entidad tuvo 5 días para citar al peticionario a recibir notificación personal, 5 días más para que comparezca, 1 día para entregarle el aviso, y 1 día para perfeccionar la notificación por este medio. Estas diligencias totalizan 12 días. 5 Consulta realizada en la página web senado.gov.co. Proyecto de Ley No. 44 de 2005. 6 Corte Constitucional, sentencia SU 336 del 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 4 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso

ACTO ESCRITO,

RECURSO SIN

RESOLVER Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recursoNulidad y restablecimiento del derecho

Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recursoNulidad y restablecimiento del derecho N°. 007-2023-00072-01 Sentencia segunda instancia 10

“Con fundamento en lo expuesto, para la Sección Segunda los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como emplea dos oficiales7, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados