TA CES - 20001-33-33-004-2018-00512-01-(09-03-2023)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESARValledupar, nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés(2023). MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHODEMANDANTE:VIRGINIA CRUZ DE GÓMEZDEMANDADO:NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIODEPARTAMENTO DEL CESAR-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTALRADICADO: 20001-33-33-004-2018-00512-01MAGISTRADA PONENTE: MARÍA LUZ ÁLVAREZ ARAÚJOI. ASUNTOProcede la Sala a resolver la apelación presentada por laparte demandada contra la sentencia de fecha 30 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, que resolvió:PRIMERO: DECLARAR la existencia del acto ficto o presunto derivado de la falta de respuesta a la petición presentada por la señora VIRGINIA CRUZ DE GÓMEZ ante la entidad demandada el día 2 de noviembre de 2017, que negó la sanción moratoria reclamada en este asuntoy, se declara su nulidad,conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta decisión.SEGUNDO: Declarar probadas de oficio la excepción de prescripción respecto de la sanción moratoria causada con anterioridad al 2 de noviembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto.TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se CONDENAa la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar a favor de la señora VIRGINIA CRUZ DE GÓMEZ un día de retraso por cada día de retardo, a título de la sanción prevista en la Ley 1071 de 2006, desde el día 2 de noviembre de 2014 hasta el 26 de enero de 2015 (84 días), liquidación que se deberá hacer con base en la asignación básica devengada por la actora para la anualidad de 2014, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.CUARTO: La parte condenada dará cumplimiento a esta sentencia dentro del término previsto en el artículo 192 del CPACA y observará los dispuesto en el artículo 195 ibidem.QUINTO:Niéguense las demás pretensiones de la demanda.SEXTO: Sin costas.SÉPTIMO: En firme esta decisión, devuélvanse a la demandante el excedente, si lo hubiere de las sumas consignada para gastos del proceso. Efectúense las comunicaciones del caso paraNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-004-2018-00512-01 Sentencia de segunda instancia

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su cabal cumplimiento, cancélense su radicación, archívese el expediente, previa anotación en el Sistema Informático de Administración Judicial Justicia XXI.1 II. ANTECEDENTES 2.1. PRETENSIONES En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte demandante, actuando por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declare la nulidad del Acto administrativo ficto o presunto negativo configurado el día 2 de febrero de 2018, frente a la petición de fecha 2 de noviembre de 2017, en cuanto negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria pretendida por el pago tardío de las cesantías reconocidas a favor de la demandante. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad demandada reconocer y pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de una cesantía parcial, a razón de un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma. Suplicó que sobre las sumas adeudadas se paguen los reajustes de valor, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso; así mismo, solicitó el reconocimiento de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, que se le dé cumplimiento al fallo dentro del término perentorio señalado en la misma normatividad y se condene en costas a la

sentencia condenatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, que se le dé cumplimiento al fallo dentro del término perentorio señalado en la misma normatividad y se condene en costas a la demandada. 2.2. HECHOS Los fundamentos fácticos de las pretensiones son los siguientes: La señora VIRGINIA CRUZ DE GÓMEZ, ha prestado sus servicios como docente oficial desde el año 1978; mediante petición radicada el 13 de mayo de 2014 solicitó al Departamento del Cesar - Secretaría de Educación Departamental el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales y en virtud de ello la entidad con Resolución 004240 de 9 de octubre de 2014, autorizó el pago de la prestación solicitada, dinero que fue cancelado el 27 de enero de 2015. El 2 de noviembre de 2017 la actora solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, solicitud que fue resuelta en forma desfavorable a través del acto administrativo ficto o presunto configurado el 2 de febrero de 2018. 1 Archivo digital No. 16 del expediente.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-004-2018-00512-01 Sentencia de segunda instancia

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2.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La entidad demandada NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, no contestó la demanda. 2.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, mediante sentencia de fecha 30 de marzo de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por considerar que el pago del auxilio de cesantía se realizó tardíamente según lo previsto en la ley para ello. En la sentencia, una vez valoradas las pruebas allegadas al proceso, se consideró que le asiste razón a la actora al solicitar el reconocimiento de la indemnización moratoria por retardo en el pago de las cesantías, toda vez que la certificación expedida por la sociedad fiduciaria establece que el dinero fue puesto a disposición por fuera del término establecido por la ley. Así mismo, estableció el calculo respectivo en el cual la entidad demandada tenía hasta el día 26 de agosto de 2014 para efectuar el pago de las cesantías solicitadas por la accionante, pero fue realizado el día 27 de enero de 2015, de manera que si hubo mora como alegó la demandante y, por tanto, se ordenó a la parte demandada el pago de la sanción moratoria pretendida, equivalente a ciento cincuenta y tres (153) días de salario, toda vez que este fue el término que transcurrió desde el momento en que la administración debió realizar el pago hasta cuando fue efectivamente realizado. Además, el a quo se pronunció en la sentencia respecto a la prescripción, indicando que la sanción moratoria es exigible

desde en que se cause la mora, so pena de que se aplique el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de las porciones de sanción no reclamadas oportunamente, por lo tanto declaró probada de oficio la excepción de prescripción respecto de la sanción moratoria causada con anterioridad al 2 de noviembre de 2014, fecha en la que se interrumpió el término prescriptivo de 3 años de acuerdo con la ley laboral. Concluyó que en el sub lite solo se tendría en cuenta la mora presentadas entre el 2 de noviembre de 2014 y el 26 de enero de 2015, para un total de 84 días, los cuales deben reconocerse a título de sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, liquidación que debe realizarse con base en la asignación básica que devengaba la actora para la anualidad del 2014, fecha en que se debió llevar a cabo el pago oportuno de la prestación. 2.5. RECURSO DE APELACIÓN La parte demandada impugnó la decisión de manera parcial por considerar que se incurrió en un error de derecho en la interpretación del artículo 151 del C.P.T.S.S., respecto a la prescripción del derecho a la sanción moratoria.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-004-2018-00512-01 Sentencia de segunda instancia

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Inicialmente señaló que equivocadamente se consideró que sólo la sanción moratoria causada con anterioridad al 2 de noviembre de 2014 se hallaba prescrita, en razón a que en dicha fecha se interrumpió el término prescriptivo de 3 años de acuerdo con la ley laboral, el cual comenzó a correr en contra de los intereses de la actora a partir del 27 de agosto de 2014. Indicó que según la interpretación hecha en el fallo de primera instancia el funcionario pudo haber incurrido en un error, porque extrae consecuencias jurídicas que no están contempladas en la disposición, las excede o asume un sentido diferente a lo que expresamente consagra el texto. Para el apelante la interpretación correcta es que la acción prescribió dentro de los tres años siguientes, que se contaron desde que la obligación se hizo exigible, esto es el 26 de agosto de 2014, puesto que ese día se cumplía el día 70 hábil, término máximo legal con que contaba la entidad para pagar la prestación. La moratoria se comenzó a causar el 27 de agosto de 2014, y, desde dicho momento, el actor contaba con tres años para solicitar la sanción moratoria, so pena de la prescripción del derecho, a menos que interrumpiera el fenómeno, mediante la radicación de la reclamación administrativa. Sin embargo, dicho reclamo solo fue elevado el 02 de noviembre de 2017. Adujo que el yerro cometido es trascendental con fundamento en esa interpretación el juzgado accedió a las pretensiones la demanda, declaró la prescripción parcial del derecho a la sanción mora, condenó a la entidad al pago de esta, cuando realmente se configuró la prescripción y se debió negar las pretensiones de la parte demandante. III. TRÁMITE PROCESAL Mediante auto del 22 de septiembre de 20222 se admitió el recurso de apelación formulado por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto

y se debió negar las pretensiones de la parte demandante. III. TRÁMITE PROCESAL Mediante auto del 22 de septiembre de 20222 se admitió el recurso de apelación formulado por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 se dispuso a notificar a las partes y al Ministerio Público. En virtud de que la apelación incoada se presentó en vigencia de la Ley 2080 de 2021, y en la medida que no se decretaron pruebas en segunda instancia, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la referida norma. IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Agente del Ministerio Público delegado ante este Tribunal No emitió concepto. V. CONSIDERACIONES 2 Archivo digital No. 4, de la carpeta de segunda instancia del expediente electrónico.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-004-2018-00512-01 Sentencia de segunda instancia

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No advirtiéndose en este momento procesal ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por apoderado de la parte demandada, contra la sentencia del 30 de marzo de 2022. 5.1. CUESTIÓN PREVIA El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 señala los requisitos que deben observarse en los casos de prelación de fallos, de manera que los magistrados están obligados a respetar los turnos de ingreso al Despacho para dictar sentencia. No obstante, en los procesos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden puede modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos, por solicitud del Ministerio Público dada su importancia jurídica y trascendencia social, De igual manera, el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010 faculta a los tribunales y juzgados para decidir casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o ingreso de los citados procesos. Así, en la medida que casos como el presente ya han sido estudiados por este Tribunal en forma reiterada, la Sala estudiará el caso particular alterando en turno para proferir sentencia para dar prevalencia al sub lite. 5.2. COMPETENCIA De conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vigente para la época de presentación de la demanda, es competente esta Corporación para conocer en segunda instancia del recurso de apelación propuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar. 5.3. PROBLEMA JURÍDICO El problema Jurídico en esta instancia se circunscribe a determinar si se configuró la excepción de prescripción extintiva del derecho al pago de la sanción moratoria, al no haber solicitado la demandante el reconocimiento de la

de Valledupar. 5.3. PROBLEMA JURÍDICO El problema Jurídico en esta instancia se circunscribe a determinar si se configuró la excepción de prescripción extintiva del derecho al pago de la sanción moratoria, al no haber solicitado la demandante el reconocimiento de la misma, dentro del término de 3 años de que trata la ley, acorde con los documentos de pago allegados por las partes, y los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 5.4. PRUEBAS En el trámite de la primera instancia, la parte demandante adosó con la demanda los siguientes medios de prueba relevantes: - Petición del 2 de noviembre de 2017, dirigida y recibida por la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, en que la señora VIRIGINIA CRUZ DE GÓMEZ solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. (Archivo digital 2, de la carpeta de primera instancia). - Resolución 004240 de 9 de octubre de 2014 mediante la cual la Secretaría Departamental del Cesar, reconoció y ordenó el pago de lasNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-004-2018-00512-01 Sentencia de segunda instancia

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cesantías parciales de la actora por valor de $47.305.294 (fls. 3-4 archivo digital 3, del expediente). - Certificación del 31 de octubre de 2017 expedida por la FIDUPREVISORA S.A en que consta que las cesantías parciales reconocidas a favor de la señora VIRGINIA CRUZ DE GÓMEZ mediante resolución No 004240 del 9 de octubre de 2014, quedaron a disposición para su cobro el día 27 de enero de 2015. (Fl. 5 archivo digital 3, del plenario). En el curso de la primera instancia, no fueron decretadas ni practicadas pruebas adicionales. 5.5. FUNDAMENTOS DE DERECHO a) De la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías La indemnización por mora en el pago de la cesantía de los servidores públicos fue establecida mediante la Ley 244 de 19953 moroso y a favor del trabajador, con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último, ante el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía dentro de los términos previstos de manera expresa por la ley. Al respecto, consagró lo siguiente: - Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley. Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social. Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores

días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social. Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se Como se advierte, dicha Ley se ocupó de fijar los términos perentorios para el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos, y en caso de mora, estableció a título de sanción, a cargo de la Administración y a favor del trabajador, un día de salario por cada día de retardo en el pago de la referida prestación. 3 se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecenNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-004-2018-00512-01 Sentencia de segunda instancia

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Esta disposición busca proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus cesantías. En tal sentido, se puede afirmar que constituye una garantía del derecho al pago oportuno del salario contenido en el inciso 3 del artículo 53 Constitucional, y es también desarrollo del Convenio 95 de la OIT que protege el salario y su pago oportuno. El Convenio No. 95 de la OIT, relativo a la protección al salario, aprobado mediante Ley 54 de 1962, incluyó dentro de la definición de salario forma de así: "Artículo 1.- A los efectos del presente Convenio, el término salarió, significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar". La Corte Constitucional, en la Sentencia T-260 de 1994, sostuvo que esta amplia definición que sobrepasa lo que en Colombia se entiende como salario, permitió que en el artículo 12 del mismo Convenio se dijera: "Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos de conformidad con la Legislación Nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos del contrato".

Dicho planteamiento fue reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia C-448 de 1996, por la cual declaró exequible el parágrafo del artículo 3 de la Ley 244 de 1995, al referirse al derecho al pago oportuno en materia salarial para sostener que éste no sólo comprende las pensiones sino toda remuneración salarial y laboral, incluidas las prestaciones: el salario y las prestaciones sociales son derechos subjetivos, patrimoniales, no solo porque son derechos adquiridos sino porque la Nueva Constitución se expidió precisamente con el fin de asegurar el trabajo dentro de un marco económico y social justo (Preámbulo de la Carta), caracterizándose al Estado como Social de Derecho, fundado entre otras cosas en el respeto al trabajo (art. 1º), teniendo como uno de sus fines esenciales la efectividad de los derechos dentro de los cuales está la remuneración y el pago oportuno (art. 53 C.P.) (...) No hay pues la menor duda de que el salario y las prestaciones son REMUNERACIONES protegidas constitucionalmente. Es más, el constitucionalismo del 91 no se limita a promulgar los derechos, a dejarlos escritos, sino a protegerlos realmente (art. 2º C.P.). Recalcó la Corte en esta oportunidad, que desde la exposición de motivos del proyecto de Ley 244 de 1995, fue clara la finalidad de dicha iniciativa legislativa en desarrollar el inciso final del artículo 53 de la C.P., pues los salarios y prestacionesNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-004-2018-00512-01 Sentencia de segunda instancia

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sociales deben ser pagados oportunamente, entre otras razones porque ese fruto es el sustento de los trabajadores y sus familiares, razón por la cual, el pago de la cesantía definitiva debe ser oportuno, pues precisamente la finalidad de esta prestación es la de "entregarle al trabajador una suma de dinero para satisfacer sus necesidades inmediatas al retiro y en proporción al tiempo servido Y así también lo comprendió la Sala Plena del Consejo de Estado4, al sostener que la Ley 244 de 1995, artículo 1, al establecer un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores Ahora bien, la Ley 244 de 1995 fue adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006 que en su artículo 2º precisó que son destinatarios de la indemnización todos los servidores públicos del Estado, con la salvedad establecida en el artículo 5 respecto al Fondo Nacional del Ahorro. La Ley 1071 de 2006 distinguió entre el término para el reconocimiento de la cesantía (art. 4º) y el dispuesto para el pago oportuno de la misma (art. 5º), indicando que la entidad empleadora, o aquella que tenga a su cargo la prestación, cuenta con un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud para expedir el acto de reconocimiento, y la entidad, dispone de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagarla. De igual manera reconoció la sanción moratoria para cesantías parciales, ya que la norma anterior no lo contemplaba. Ahora bien, en relación con el momento a partir del cual empieza a correr el término de la sanción moratoria en el reconocimiento de las cesantías ya sean parciales o definitivas, el Consejo de Estado en sentencia de unificación

parciales, ya que la norma anterior no lo contemplaba. Ahora bien, en relación con el momento a partir del cual empieza a correr el término de la sanción moratoria en el reconocimiento de las cesantías ya sean parciales o definitivas, el Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-012-S2, de 18 de julio de 2018, dentro del proceso radicado 73001233300020140058001, estudio las siguientes hipótesis y fijó las siguientes reglas unificadoras: 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de marzo de 2007, rad.: 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ)., M.P.: Jesús María Lemos Bustamante. HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA TÉRMINO PAGO CESANTÍA CORRE MORATORIA PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EXTEMPORANEO (después de 15 días) Aplica, pero no se tiene en cuenta para el computo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la

ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificaciónNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-004-2018-00512-01 Sentencia de segunda instancia

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En ese orden, será deber del juez evaluar en cada caso concreto las diferentes hipótesis para concluir a partir de qué momento empieza a contabilizarse la sanción por mora. b) Aplicación de la Ley 1071 de 2006 al personal docente del sector oficial La Ley 1071 de 2006 cobija a todos los empleados y trabajadores del Estado. Así quedó consagrado en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, al advertir la misma cubre a todos los funcionarios públicos y servidores estatales de las tres ramas del poder e incluye de igual forma a la fiscalía general, los órganos de control, las entidades que prestan servicios públicos y de educación. Es decir, involucra a todo el aparato del Estado, no sólo a nivel nacional sino territorial6, de modo que no encuentra el Despacho ninguna razón para excluir, a los docentes del sector oficial, pues al igual de los demás servidores públicos, los docentes oficiales, en calidad de trabajadores, tienen derecho a que se le reconozcan pronta y oportunamente sus prestaciones sociales, proceder en contrario significaría desconocer injustificadamente, el derecho a la igualdad de oportunidades de estos trabajadores, establecido en el artículo 53 C.P. y el artículo 13 ibidem. En sentencia SU 336 del 18 de mayo de 20177, la Corte Constitucional indicó que plicar el régimen general de los servidores públicos a los docentes oficiales en materia de sanción moratoria resulta ser la condición más beneficiosa y, en esa medida, la que se adecúa mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, particularmente, al principio de favorabilidad Y el Consejo de

Estado en la referida sentencia SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018, luego de realizar un estudio del régimen salarial y prestacional de los docentes 5 Se consideran los supuestos de los artículos 68 y 69 del CPACA según los cueles, la entidad tuvo 5 días para citar al peticionario a recibir notificación personal, 5 días más para que comparezca, 1 día para entregarle el aviso, y 1 día para perfeccionar la notificación por este medio. Estas diligencias totalizan 12 días. 6 Consulta realizada en la página web senado.gov.co. Proyecto de Ley No. 44 de 2005. 7 Corte Constitucional, sentencia SU 336 del 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.

ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 5 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso ACTO ESCRITO, RECURSO SIN RESOLVER Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recursoNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-004-2018-00512-01 Sentencia de segunda instancia 10

estatales, así como la naturaleza de la función educadora que cumplen unificó su jurisprudencia, indicando: ón Segunda los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales8, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley. 82. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 19959 y 1071 de 200610, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional Corolario de lo anterior, no existe obstáculo legal para el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a favor de los docentes, toda vez que el ámbito de aplicación de la Ley 1071 de 2006 incluye a todos los servidores públicos; además, la referida sanción no resulta incompatible con el régimen especial establecido en materia de cesantías de los docentes, ya que no se afectan las condiciones, términos y competencia para el reconocimiento de la referida prestación, ni se menoscaba el derecho de los docentes. En relación con el salario base para el reconocimiento de la sanción por mora, la sentencia antes citada concluyó que en lo referente a las cesantías parciales, la

términos y competencia para el reconocimiento de la referida prestación, ni se menoscaba el derecho de los docentes. En relación con el salario base para el reconocimiento de la sanción por mora, la sentencia antes citada concluyó que en lo referente a las cesantías parciales, la asignación básica para la liquidación de la sanción será la que devengue el servidor al momento de la causación de la mora, a diferencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las definitivas, que estará constituida por la devengada para la fecha de finalización de la relación laboral o el vínculo contractual, por ser la fecha en que se Resumiendo lo anterior en el siguiente cuadro: RÉGIMEN BASE DE LIQUIDACIÓN DE MORATORIA (Asignación Básica) EXTENSIÓN EN EL TIEMPO (varias anualidades) Anualizado Vigente al momento de la mora Asignación básica de cada año Definitivo Vigente al retiro del servicio Asignación básica invariable Parciales Vigente al momento de la mora Asignación básica invariable Finalmente, en lo tocante al reconocimiento de la sanción moratoria por retardo en el pago de cesantías, es necesario traer a colación lo dispuesto en la Ley 1955 del 2019, que en su artículo 57 establece: 8 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales. 9 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.» 10 «por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de

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