TA CES - 20001-33-33-008-2021-00102-01-(02-03-2023)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESARValledupar, dos (2) de marzode dos mil veintitrés(2023). MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHODEMANDANTE: ADELAIDA RODRÍGUEZ CORRALES.DEMANDADO:NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FOMAG.RADICADO: 20001-33-33-008-2021-00102-01MAGISTRADA PONENTE: MARÍA LUZ ÁLVAREZ ARAÚJOI. ASUNTOProcede la Sala a resolver la apelación presentada por laparte demandada contra la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado OctavoAdministrativo del Circuito Judicial de Valledupar, que resolvió:PRIMERO.- DECLARAR probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte Moratoria que debe cancelar el fomag, serían inferiores a los expresados por el presunta moratoria, sería bro de lo parte motiva de la presente providencia.SEGUNDO.- DECLARAR NO probadas las excepciones de mérito formuladas por la parte esantías se entiende satisfecha en el momento en que se produce el abono en la cuenta, independientemente del momento en que esta el valor se retire por el titularpor las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Y en consecuencia, SE DECLARA la nulidad del Acto administrativo ficto o presunto negativo de fecha 22 de julio de 2020 frente a la petición de fecha 22 de abril de 2020, a través del cual se niega el reconocimiento y pago de la sanción

moratoria pretendida por el pago tardío de unas cesantías a favor de la señora ADELAIDA RODRIGUEZ CORRALES, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.TERCERO.- Como restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar a favor de la señora ADELAIDA RODRIGUEZ CORRALES, la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, en razón a un día de salario por cada día de retardo, desde el 29 de noviembre de 2018 hasta el día 26 de febrero de 2019 (inclusive), conforme alo establecido en el parágrafo del artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, teniendo en cuenta el último salario devengado por la actora. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-008-2021-00102-01 Sentencia de segunda instancia

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CUARTO.- La suma total causada por sanción moratoria se ajustará desde el día siguiente en que esta cesó (día siguiente al pago de la prestación), hasta la ejecutoria de la sentencia, en atención a la fórmula señalada en la parte motiva de la presente providencia. QUINTO.- La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del CPACA. SEXTO.- Niéguense las demás súplicas de la demanda. SÉPTIMO.- Sin condena en costas. OCTAVO.- Reconocer personería adjetiva para actuar dentro del presente asunto a la doctora YEINNI KATHERIN CEFERINO VANEGAS como apoderada sustituta de la NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en los términos y para los efectos a los que se contrae la documentación obrante en los archivos # 32 y 33 del expediente electrónico. NOVENO.- Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y una vez se encuentre en firme la presente providencia, archívese el expediente. -Sic para lo transcrito - II. ANTECEDENTES 2.1. PRETENSIONES En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte demandante, actuando por conducto de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad del Acto administrativo ficto o presunto negativo de fecha 22 de julio de 2020 frente a la petición de fecha 22 de abril de 2020, en cuanto negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria pretendida por el pago tardío de las cesantías reconocidas a favor de la demandante. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, por el pago

el pago tardío de las cesantías reconocidas a favor de la demandante. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de una cesantía parcial, a razón de un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma. Suplicó que sobre las sumas adeudadas se paguen los reajustes de valor, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso; así mismo, solicitó el reconocimiento de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, que se le dé cumplimiento al fallo dentro del término perentorio señalado en la misma normatividad, y se condene en costas a la demandada. 2.2. HECHOS Los fundamentos fácticos de las pretensiones son los siguientes:NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-008-2021-00102-01 Sentencia de segunda instancia

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La señora ADELAIDA RODRÍGUEZ CORRALES, ha prestado sus servicios como docente oficial. Mediante petición radicada el 16 de agosto de 2018 solicitó al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL CESAR el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales y en virtud de ello, la entidad, con Resolución 009060 del 24 de diciembre de 2018 autorizó el pago de la prestación solicitada, dinero que fue puesto a disposición el 27 de febrero de 2019. Aunado a ello aseguró, que el pago de las cesantías fue cancelado el 29 de febrero de 2019 el cual resultó tardío, ya que debió realizarse el día 28 de noviembre de 2018. Por último el 22 de abril de 2020 la actora solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, solicitud que fue resuelta en forma desfavorable a través del acto administrativo ficto o presunto. 2.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La entidad demandada NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, contestó la demanda oportunamente oponiéndose a las pretensiones incoadas bajo los siguientes argumentos. Argumentó que, si bien era cierto que el Decreto 1272 de 2018 había modificado entre otras cosas los términos para dar respuesta a la solicitud del reconociendo de cesantías por parte de las entidades territoriales, dicha solicitud se encuentra sujeta al turno de radicación, así como la disponibilidad presupuestal para realizar el pago, a su vez los problemas operativos de las entidades territoriales impiden el cumplimiento de los términos para proyectar las resoluciones de los educadores inscritos al FOMAG. Por otra parte, aseguró que la mora realmente causada fue de 90 días y no de 91 como afirmó la actora. De igual modo aclaró que el salario devengado al momento de causarse la sanción

para proyectar las resoluciones de los educadores inscritos al FOMAG. Por otra parte, aseguró que la mora realmente causada fue de 90 días y no de 91 como afirmó la actora. De igual modo aclaró que el salario devengado al momento de causarse la sanción moratoria de las cesantías parciales era de $1.896.063 y no de $2.180.471 por lo tanto, el monto de la sanción moratoria es la suma de $5.688.149 y no de $6.614.095. En definitiva propuso las excepciones de mérito: i) Pago de las cesantías se entiende satisfecho en el momento en que se produce el abono en la cuenta, independientemente del momento en que esta el valor se retire por el titular del derecho; ii) Días de sanción moratoria que debe cancelar el FOMAG, son inferiores a los expresados por el demandante; iii) Valor total de la presunta moratoria, sería inferior al mencionado por el demandante; iv) Cobro de lo no debido; v) Improcedencia de la indexación y/o actualización monetaria de la sanción moratoria; vi) Improcedencia de condena en costas; vii) Excepción genérica. 2.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIANULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-008-2021-00102-01 Sentencia de segunda instancia

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El Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, mediante sentencia de fecha 16 de septiembre de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que el pago del auxilio de cesantía se realizó tardíamente según lo previsto en la ley para ello. En la sentencia se indicó, que era procedente el reconocimiento de la indemnización moratoria por retardo en el pago de las cesantías, toda vez que la certificación expedida por la sociedad fiduciaria acreditó que el dinero fue puesto a disposición por fuera del término establecido en la ley. Para llegar a tal conclusión el juzgador de primera instancia fundó su decisión en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, la cual establece los términos para que se genere la sanción moratoria desde que el interesado radica la petición para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales, así mismo sostuvo que la entidad demanda incurrió en 90 días de mora contados desde el 29 de noviembre de 2018 día siguiente a la fecha límite para el pago, hasta el 26 de febrero de 2019 un día antes de haber puesto a disposición el pago de las cesantías. Manifestó que la prueba aportada por la demandante para acreditar el salario que devengaba no era idónea y por eso dicho factor no se tuvo por probado en el proceso pero ello no incidió en la decisión puesto que el litigio se centró en establecer si a la actora le asistía el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria. Por ultimo consideró que era improcedente la indexación, pero ordenó el ajuste con el IPC conforme a lo disponible en el art. 187 del CPACA desde que cesó la causación de la sanción moratoria hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, y a partir de allí, los intereses previstos por la ley en los artículos 192 y 195 del CPACA. 2.5. RECURSO DE APELACIÓN La parte demandada

cesó la causación de la sanción moratoria hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, y a partir de allí, los intereses previstos por la ley en los artículos 192 y 195 del CPACA. 2.5. RECURSO DE APELACIÓN La parte demandada impugnó la decisión de primera instancia, por considerar que el pago ordenado de la sanción moratoria no corresponde a lo establecido en la sentencia Unificación del Consejo de Estado CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 en el caso de las cesantías parciales Argumentó que en dicha sentencia se estableció la regla aplicable para la sanción moratoria que se causare por concepto de cesantías parciales, toda vez que en ese caso la asignación básica a tener en cuenta es la que el docente devengue el momento en que se causa la mora. Aseguró que en el caso concreto las cesantías parciales fueron reconocidas mediante Resolución No. 00960 del 24 de diciembre de 2018 y el plazo para su pago oportuno venció el 28 de noviembre de 2018, razón por la cual el salario que tenía que tomarse para la liquidación era el correspondiente a su causación y no el último salario percibido por la actora. Finalmente solicitó no imponer condena en costas y agencias en derecho en segunda instancia. III. TRÁMITE PROCESALNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-008-2021-00102-01 Sentencia de segunda instancia

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Mediante auto del 24 de noviembre de 20221 se admitió el recurso de apelación formulado por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 se dispuso a notificar a las partes y al Ministerio Público. En virtud de que la apelación incoada se presentó en vigencia de la Ley 2080 de 2021, y en la medida que no se decretaron pruebas en segunda instancia, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la referida norma. IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Agente del Ministerio Público delegado ante este Tribunal No emitió concepto. V. CONSIDERACIONES No advirtiéndose en este momento procesal ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por apoderado de la parte demandada, contra la sentencia del 16 de septiembre de 2022. 5.1. CUESTIÓN PREVIA El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 señala los requisitos que deben observarse en los casos de prelación de fallos, de manera que los magistrados están obligados a respetar los turnos de ingreso al Despacho para dictar sentencia. No obstante, en los procesos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden puede modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos, por solicitud del Ministerio Público dada su importancia jurídica y trascendencia social, De igual manera, el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010 faculta a los tribunales y juzgados para decidir casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o ingreso de los

importancia jurídica y trascendencia social, De igual manera, el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010 faculta a los tribunales y juzgados para decidir casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o ingreso de los citados procesos. Así, en la medida que casos como el presente ya han sido estudiados por este Tribunal en forma reiterada, la Sala estudiará el caso particular alterando en turno para proferir sentencia para dar prevalencia al sub lite. 5.2. COMPETENCIA De conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vigente para la época de presentación de la demanda, es competente esta Corporación para conocer en segunda instancia del recurso de apelación propuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar. 5.3. PROBLEMA JURÍDICO 1 Archivo digital No. 4, de la carpeta de segunda instancia del expediente electrónico.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-008-2021-00102-01 Sentencia de segunda instancia

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El problema Jurídico en esta instancia se circunscribe a determinar si la sentencia de primera instancia debe ser modificada con fundamento en los argumentos expuestos por la entidad apelante según la cual, la sanción moratoria en el pago de cesantías parciales debe liquidarse con el salario que devengaba la docente al momento de causación de la mora y no con el último salario devengado. 5.4. PRUEBAS En el trámite de la primera instancia, la parte demandante adosó con la demanda los siguientes medios de prueba relevantes: - Reclamación administrativa realizada a la entidad demandada. (fls. 4-5 del archivo digital, No. 03 del expediente electrónico) - Resolución 009060 del día 24 de diciembre de 2018 mediante la cual la Secretaría de Educación del Municipio de Valledupar reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales de la actora (fls. 8-9 del archivo digital No. 03 ibídem) - Certificación de pago de las cesantías fiduprevisora en el cual se hizo constar que el dinero quedó a disposición del demandante a partir del día 27 de febrero de 2019, por valor de $ 9.252.180 (fls 11 del archivo digital No. 03 ibídem) - Constancia de conciliación extrajudicial. (fls. 12-13 del archivo digital No. 03 ibídem) El FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - Certificación de pago de las cesantías fiduprevisora en el cual se hizo constar que el dinero quedó a disposición del demandante a partir del día 27 de febrero de 2019, por valor de $ 9.252.18. (archivo digital No. 22 del expediente electrónico) - Captura de pantalla del aplicativo de nómina de la entidad en el que se observa el salario devengado por la señora Adelaida Rodríguez en el año 2018

de febrero de 2019, por valor de $ 9.252.18. (archivo digital No. 22 del expediente electrónico) - Captura de pantalla del aplicativo de nómina de la entidad en el que se observa el salario devengado por la señora Adelaida Rodríguez en el año 2018 (archivo digital No. 23 ibídem) En el curso de la primera instancia fue decretada y practicada la siguiente prueba. - Certificación de pago de las cesantías fiduprevisora en el cual se hizo constar que el dinero quedó a disposición del demandante a partir del día 27 de febrero de 2019, por valor de $ 9.252.180 (fls. 1-2 del archivo digital No.13 del expediente electrónico) 5.5. FUNDAMENTOS DE DERECHO a) De la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantíasNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-008-2021-00102-01 Sentencia de segunda instancia

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La indemnización por mora en el pago de la cesantía de los servidores públicos fue establecida mediante la Ley 244 de 19952 moroso y a favor del trabajador, con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último, ante el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía dentro de los términos previstos de manera expresa por la ley. Al respecto, consagró lo siguiente: - Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley. Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social. Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se Como se advierte, dicha Ley se ocupó de fijar los términos perentorios para el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos, y en caso de mora, estableció a título de sanción, a cargo de la Administración y a favor del trabajador, un día de salario por cada día de retardo en el pago de la referida prestación. Esta disposición busca proteger el derecho de los servidores públicos que

cesantías de los servidores públicos, y en caso de mora, estableció a título de sanción, a cargo de la Administración y a favor del trabajador, un día de salario por cada día de retardo en el pago de la referida prestación. Esta disposición busca proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus cesantías. En tal sentido, se puede afirmar que constituye una garantía del derecho al pago oportuno del salario contenido en el inciso 3 del artículo 53 Constitucional, y es también desarrollo del Convenio 95 de la OIT que protege el salario y su pago oportuno. El Convenio No. 95 de la OIT, relativo a la protección al salario, aprobado mediante Ley 54 de 1962, incluyó dentro de la definición de salario forma de así: "Artículo 1.- A los efectos del presente Convenio, el término salarió, significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo 2 se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecenNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-008-2021-00102-01 Sentencia de segunda instancia

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que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar". La Corte Constitucional, en la Sentencia T-260 de 1994, sostuvo que esta amplia definición que sobrepasa lo que en Colombia se entiende como salario, permitió que en el artículo 12 del mismo Convenio se dijera: "Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos de conformidad con la Legislación Nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos del contrato". Dicho planteamiento fue reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia C-448 de 1996, por la cual declaró exequible el parágrafo del artículo 3 de la Ley 244 de 1995, al referirse al derecho al pago oportuno en materia salarial para sostener que éste no sólo comprende las pensiones sino toda remuneración salarial y laboral, incluidas las prestaciones: el salario y las prestaciones sociales son derechos subjetivos, patrimoniales, no solo porque son derechos adquiridos sino porque la Nueva Constitución se expidió precisamente con el fin de asegurar el trabajo dentro de un marco económico y social justo (Preámbulo de la Carta), caracterizándose al Estado como Social de Derecho, fundado entre otras cosas en el respeto al trabajo (art. 1º), teniendo como uno de sus fines esenciales la efectividad de los derechos dentro de los cuales está la remuneración y el pago oportuno (art. 53 C.P.) (...) No hay pues la menor duda de que el salario y las prestaciones son REMUNERACIONES protegidas constitucionalmente. Es más, el constitucionalismo del 91 no se limita a promulgar los derechos, a dejarlos escritos, sino a protegerlos realmente (art. 2º C.P.). Recalcó la Corte en

de que el salario y las prestaciones son REMUNERACIONES protegidas constitucionalmente. Es más, el constitucionalismo del 91 no se limita a promulgar los derechos, a dejarlos escritos, sino a protegerlos realmente (art. 2º C.P.). Recalcó la Corte en esta oportunidad, que desde la exposición de motivos del proyecto de Ley 244 de 1995, fue clara la finalidad de dicha iniciativa legislativa en desarrollar el inciso final del artículo 53 de la C.P., pues los salarios y prestaciones sociales deben ser pagados oportunamente, entre otras razones porque ese fruto es el sustento de los trabajadores y sus familiares, razón por la cual, el pago de la cesantía definitiva debe ser oportuno, pues precisamente la finalidad de esta prestación es la de "entregarle al trabajador una suma de dinero para satisfacer sus necesidades inmediatas al retiro y en proporción al tiempo servido Y así también lo comprendió la Sala Plena del Consejo de Estado3, al sostener que la Ley 244 de 1995, artículo 1, al establecer un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de marzo de 2007, rad.: 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ)., M.P.: Jesús María Lemos Bustamante.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-008-2021-00102-01 Sentencia de segunda instancia

9 Ahora bien, la Ley 244 de 1995 fue adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006 que en su artículo 2º precisó que son destinatarios de la indemnización todos los servidores públicos del Estado, con la salvedad establecida en el artículo 5 respecto al Fondo Nacional del Ahorro. La Ley 1071 de 2006 distinguió entre el término para el reconocimiento de la cesantía (art. 4º) y el dispuesto para el pago oportuno de la misma (art. 5º), indicando que la entidad empleadora, o aquella que tenga a su cargo la prestación, cuenta con un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud para expedir el acto de reconocimiento, y la entidad, dispone de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagarla. De igual manera reconoció la sanción moratoria para cesantías parciales, ya que la norma anterior no lo contemplaba. Ahora bien, en relación con el momento a partir del cual empieza a correr el término de la sanción moratoria en el reconocimiento de las cesantías ya sean parciales o definitivas, el Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-012-S2, de 18 de julio de 2018, dentro del proceso radicado 73001233300020140058001, estudió las siguientes hipótesis y fijó las siguientes reglas unificadoras: 4 Se consideran los supuestos de los artículos 68 y 69 del CPACA según los cueles, la entidad tuvo 5 días para citar al peticionario a recibir notificación personal, 5 días más para que comparezca, 1 día para entregarle el aviso, y 1 día para perfeccionar la notificación por este medio. Estas diligencias totalizan 12 días.

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA TÉRMINO PAGO CESANTÍA CORRE MORATORIA PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EXTEMPORANEO (después de 15 días) Aplica, pero no se tiene en cuenta para el computo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 4 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve recursoNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Proceso No. 20001-33-33-008-2021-00102-01 Sentencia de segunda instancia 10

En ese orden, será deber del juez evaluar en cada caso concreto las diferentes hipótesis para concluir a partir de qué momento empieza a contabilizarse la sanción por mora. b) Aplicación de la Ley 1071 de 2006 al personal docente del sector oficial La Ley 1071 de 2006 cobija a todos los empleados y trabajadores del Estado. Así quedó consagrado en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, al advertir la misma cubre a todos los funcionarios públicos y servidores estatales de las tres ramas del poder e incluye de igual forma a la fiscalía general, los órganos de control, las entidades que prestan servicios públicos y de educación. Es decir, involucra a todo el aparato del Estado, no sólo a nivel nacional sino territorial5, de modo que no encuentra el Despacho ninguna razón para excluir, a los docentes del sector oficial, pues al igual de los demás servidores públicos, los docentes oficiales, en calidad de trabajadores, tienen derecho a que se le reconozcan pronta y oportunamente sus prestaciones sociales, proceder en contrario significaría desconocer injustificadamente, el derecho a la igualdad de oportunidades de estos trabajadores, establecido en el artículo 53 C.P. y el artículo 13 ibidem. En sentencia SU 336 del 18 de mayo de 20176, la Corte Constitucional indicó que plicar el régimen general de los servidores públicos a los docentes oficiales en materia de sanción moratoria resulta ser la condición más beneficiosa y, en esa medida, la que se adecúa mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, particularmente, al principio de favorabilidad Y el Consejo de Estado en la referida sentencia SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018, luego de realizar un estudio del régimen salarial y prestacional de los docentes estatales, así como la naturaleza de la función educadora que cumplen unificó su jurisprudencia, indicando: de servidores

Estado en la referida sentencia SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018, luego de realizar un estudio del régimen salarial y prestacional de los docentes estatales, así como la naturaleza de la función educadora que cumplen unificó su jurisprudencia, indicando: de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales7, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley. 5 Consulta realizada en la página web senado.gov.co. Proyecto de Ley No. 44 de 2005. 6 Corte Constitucional, sentencia SU 336 del 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. 7 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales.

ACTO ESCRITO, RECURSO SIN RESOLVER Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 61 día