TA CES - Sentencia 20-001-33-33-002-2015-00567-02 (27-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Valledupar, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: CLÍNICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA

DANIELA

DEMANDADOS: MINISTERIO DE SALUD Y SUPE RINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD RADICADO: 20-001-33-33-002-2015-00567-02

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN DALIS ARGOTE SOLANO

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia del 7 de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar que negó las pretensiones de la demanda, así: “(…) PRIMERO: DESESTÍMENSE las pretensiones de la demanda de acuerdo a lo expuesto en este proveído. SEGUNDO Contra esta sentencia procede el recurso de apelación, en firme esta providencia, archívese el expediente.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Ejecutoriado materialmente este fallo, se hará la correspondiente depuración del expediente, devolviendo los anexos a los demandantes y destruyendo las copias que legalmente corresponda, para que el envío al ARCHIVO se haga en las condiciones estab lecidas en la respectiva tabla de retención documental; para el efecto el Despacho tomará las determinaciones que conforme a los principios de publicidad y transparencia se avengan al caso

(…)”. (Sic).

II. ANTECEDENTES

2.1. HECHOS

retención documental; para el efecto el Despacho tomará las determinaciones que conforme a los principios de publicidad y transparencia se avengan al caso (…)”. (Sic).

II. ANTECEDENTES 2.1. HECHOS Según la demanda, la parte accionante, CLÍNICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA SA., prestó sus servicios a la SOCIEDAD SOLIDARIA DE SALUD

(SOLSALUD EPS . SA.)”; sin embargo, desde el momento en que la Empresa Promotora de Salud fue intervenida no se le pagaron las facturas correspondientes a dichos servicios1, muy a pesar de haberlas presentado de manera oportuna para el pago.

1Mediante Resolución No. 735 de fecha 6 de mayo de 2013, se ordenó la toma de posesión de bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de entidad promotora del Régimen Contributivo EPS y el programa de entidad promotora del Régimen Subsidiado EPSS, de la Sociedad Solidaria de Salud “SOLSALUD EPS SA”.Sentencia de Segunda Instancia

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Asimismo, señaló la demanda que iniciado el trámite liquidatorio de SOLSALUD EPS. SA., el liquidador rechazó por glosas las facturas relacionadas en el CD No. 3 por un valor de $2.274.876.828.00 ; glosas que fueron respondidas oportunamente por la parte actora, quien interpuso sendos recursos de reposición contra las

EPS. SA., el liquidador rechazó por glosas las facturas relacionadas en el CD No. 3 por un valor de $2.274.876.828.00 ; glosas que fueron respondidas oportunamente por la parte actora, quien interpuso sendos recursos de reposición contra las Resoluciones 003213 de mayo 27 de 2014 y 003546 de junio 3 de 2014. Finalmente, sostuvo la parte accionante que la causa del daño sufrido , objeto de reparación en el presente proceso, se concretó en la omisión del agente designado por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD , en el pago de las facturas expedidas y presentadas para el recaudo de los servicios médicos prestados; omisión que, en su sentir, generó un empobrecimiento injustificado y , por tanto, el enriquecimiento para la EPS intervenida.

2.2. PRETENSIONES

En la demanda se solicitó: “(…) a. Que se declare la Responsabilidad Administ rativa Extracontractual de la NaciónMinisterio de Salud y de la Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud, por los perjuicios ocasionados a mi cliente con ocasión de la acción omisiva del agente interventor durante la intervención forzosa Administrativa a la que fue sometida la Sociedad Solidaria de Salud “ SOLSALUD EPS S.A”, consistente en el no pago por parte del señor interventor de los servicios que la CLINICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA S.A, prestó a dicha EPS.

b. Que como consecuencia de la declaración de Responsabilidad Administrativa Extracontractual deprecada en literal anterior, se condene a los demandados a pagar a favor de la CLINICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA S.A, los perjuicios de orden material en sus dos componentes

Administrativa Extracontractual deprecada en literal anterior, se condene a los demandados a pagar a favor de la CLINICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA S.A, los perjuicios de orden material en sus dos componentes de LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE, los cuales ascienden a la suma total de CINCO MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($ 5.303.858.691.00), tal y como se probar á durante el curso d el proceso y conforme a la explicación razonada de la cuant ía que se dejará anotada en el respectivo acápite (…)”. (SIC). 2.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La entidad demandada, NACIÓN-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, a través de apoderado judicial , contestó la demanda; se opuso a las pretensiones de la parte actora, en razón a que el Ministerio de Salud y Protección Social no tiene dentro de sus funciones y competencias la s de “adelantar, graduar y calificar acreencias” de cualquier índole cuando se trata de EPS., en liquidación o liquidadas, por lo cual no es la llamada a responder por las consecuencias que se derivan de tales hechos. Con fundamento en ello, formuló las e xcepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de daño antijurídico por parte del Ministerio de Salud y Protección Social; inexistencia de la obligación e inexistencia del derecho , por cuanto el Ministerio de Salud y Protección Social no intervino directa ni indirectamente en el proceso liquidatorio de SOLSALUD EPS SA., ni en la expedición de los actos acusados que causaron al convocante los presuntos

cuanto el Ministerio de Salud y Protección Social no intervino directa ni indirectamente en el proceso liquidatorio de SOLSALUD EPS SA., ni en la expedición de los actos acusados que causaron al convocante los presuntos perjuicios que motivaron la presente solicitud.

Por su parte, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD contestó la demanda; se opuso a las pretensiones de la misma, atendiendo a que esa entidad no es promotora o prestadora de salud al no tener f unciones de aseguramiento dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud; por tanto, no existe nexoSentencia de Segunda Instancia

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de causalidad entre el presunto daño antijurídico producido a la parte demandante con las funciones o actuaciones desarrolladas por la entidad pública.

Resaltó que en el presente caso la causa directa , eficiente y determinante del presunto daño, invocado por la demandante, radica en un hecho totalmente ajeno a la competencia y funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, razón por la cual no se le puede atribuir responsabilidad.

Propuso como excepciones el cumplimiento del ordenamiento legal y de las funciones asignadas a la Superintendencia Nacional de Salud; falta de legitimación en la causa por pasiva; los actos y/o omisiones del agente especial son autónomos e independientes de la Superintendencia Nacional de Salud; inexistencia de la obligación e inexistencia del nexo o relación de causalidad, con fundamento en que el demandante no precis ó el presunto incumplimiento de las funciones de la

e independientes de la Superintendencia Nacional de Salud; inexistencia de la obligación e inexistencia del nexo o relación de causalidad, con fundamento en que el demandante no precis ó el presunto incumplimiento de las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, sino que describe una presunta conducta activa u omisiva del Agente Especial Interventor.

2.4. PRUEBAS - Documento Excel que contiene la r elación de facturas relativas a la prestación del servicio de salud (régimen subsidiado y contributivo) por parte de la CLINICA LAURA DANIELA , radicadas ante SOLSALUD EPS, donde se indica la fecha de la factura , de radicación y el valor de las mismas2.

• Formulario único para presentar reclamación oportuna de acreencias suministrado por SOLSALUD en liquidación a sus acreedores , donde aparecen los datos del reclamante (CLÍNICA LAURA DANIELA SA) y como fecha de presentación el día 15 de noviembre de 20133.

• Formulario único para presentar reclamación oportuna de acreencias suministrado por SOLSALUD en liquidación, diligenciado por la CLÍNICA LAURA DANIELA SA ., por concepto de reclamación: “(…) A03.

Proveedores Servicios de Salud Régimen Contributivo (…) valor reclamado $1.174.907.214 (…)” 4.

• Formulario único para presentar reclamación oportuna de acreencias suministrado por SOLSALUD en liquidación, diligenciado por la CLÍNICA LAURA DANIELA SA., por concepto de reclamación: “ (…) A03.90.

Proveedores Servicios de Salud Régimen Contributivo (Anexo 3) (…) y

suministrado por SOLSALUD en liquidación, diligenciado por la CLÍNICA LAURA DANIELA SA., por concepto de reclamación: “ (…) A03.90. Proveedores Servicios de Salud Régimen Contributivo (Anexo 3) (…) y cuyo valor reclamado es (…) $1.174.907.214 (…)”5.

• Formulario único para presentar reclamación oportuna de acreencias a nombre del reclamante CLÍNICA LAURA DANIELA SA por concepto de

“(…) A04.88 (...) Proveedores de Servicios de Salud Régimen Subsidiado (Anexo 4) (…) valor reclamado $3.528.951.477 (…)”6.

2.5. SENTENCIA APELADA

2 Fs. 21-50; 51-89 exp. ONE DRIVE -primera instancia 3 Ver folios 90-91 ibidem 4 Ver folio 92 ibidem 5 Ver folio 93 ibidem 6 Ver folio 94 ibidemSentencia de Segunda Instancia

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El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, en sentencia de primera instancia del 7 de febrero de 20227, desestimó las pretensiones de la parte demandante; con fundamento en lo siguiente: “(…) Así, frente a la falla o falta en los deberes de inspección, vigilancia y control a cargo de las demandadas, las pruebas que reposan en el plenario conducen a inferir que estas llevaron a cabo todas las evaluaciones, inspecciones, visitas,

“(…) Así, frente a la falla o falta en los deberes de inspección, vigilancia y control a cargo de las demandadas, las pruebas que reposan en el plenario conducen a inferir que estas llevaron a cabo todas las evaluaciones, inspecciones, visitas, requerimientos, informes y medidas adoptadas con anterioridad a la liquidación forzosa administrativa llevada a cabo en SOLSALUD EPS S.A., conforme al marco constitucional y legal que regula sus competencias. De este modo, los medios probatorios obrantes en el proceso resultan insuficientes para probar la falla en el servicio alegada, lo que quiere decir que la parte actora no asumió la carga de demostrar los hechos que alegó como fundamento de su pretensión de reparación. Este evento no es uno de aquellos en los que resulta procedente el decreto de pruebas de oficio para el esclarecimiento de puntos confusos, porque esta potestad no lleva implícita la obligación de suplir las cargas probatorias que le corresponden a los extremos de la litis. En relación con la facultad oficiosa del juez de lo contencioso administrativo en materia probatoria, la Corte Constitucional, en la sentencia SU -636 de 2015, señaló que su ejercicio no tiene como finalidad que “se releve o supla de manera injustificada a las partes en su carga probatoria, a fin de no afectar el equilibrio procesal entre ellas y, de este modo, su derecho a recibir un trato igual por parte de la autoridad judicial”. No se advierte un estado de duda que amerite prueba oficiosa, en cuanto lo que se observa es que la parte actora no asumió la carga de probar los hechos que invocó a su favor en la demanda. Finalmente, el Despacho precisa que se desconocen las razones que

se observa es que la parte actora no asumió la carga de probar los hechos que invocó a su favor en la demanda. Finalmente, el Despacho precisa que se desconocen las razones que conllevaron al no reconocimiento de la acreencia objeto de discusión, dura nte el trámite de liquidación forzosa de Solsalud E.P.S, así como las gestiones realizadas por la clínica demandante para lograr su inclusión en la masa liquidatoria, ni las razones por que no la haya obtenido pues se itera, ninguna probanza al respecto se allegó para acreditar en qué consistió la falla de las entidades accionadas. En efecto, el proceso es huérfano en materia probatoria sobre este tópico y no basta con hacer imputaciones a las instituciones accionadas por una presunta falla en el servicio, pues tal como lo ha reconocido en forma reiterada el H. Consejo de Estado y este Juzgado, en un proceso de esta naturaleza debe demostrase el daño y la imputación, elementos que, en el presente caso, brillan por su ausencia (…)”. 2.6. RECURSO DE APELACIÓN El apoderado judicial de la parte demanda nte, CLÍNICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA SA., solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, con fundamento en que al proceso se allegaron las pruebas que demuestran que oportunamente presentó la reclamación de las acreencias adeudadas por la EPS SOLSALUD (Nos. A03.90 y A04.88) , como consta en los formularios únicos de reclamación oportuna de acreencias del 15 de noviembre de 2013, dispuestos para tal fin; acreencias que fueron glosadas por el liquidador y

formularios únicos de reclamación oportuna de acreencias del 15 de noviembre de 2013, dispuestos para tal fin; acreencias que fueron glosadas por el liquidador y oportunamente controvertidas por la entidad accionada, a través de los recursos de ley contra las Resoluciones 003213 del 27 de mayo de 2014 y 003546 del 3 de junio de 2014.

7 Ver anexo 30 ibidemSentencia de Segunda Instancia

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Sostuvo que le correspondía a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD , por ser la entidad donde se surtió el procedimiento liquidatorio, remitir los antecedentes del mentado procedimiento al momento de contestar la demanda , pero deliberadamente no lo envió.

III. TRÁMITE PROCESAL El proceso fue repartido al Despacho 04 del Tribunal8; Despacho que, por haber conocido el asunto con anterioridad, mediante auto del 12 de mayo de 2022 9, dispuso su remisión al Despacho 01; donde una vez recibido se profirió auto del 16 de febrero de 2023 que admitió el recurso de apelación que int erpuso la parte demandante contra la sentencia del 7 de febrero de 2022.

Posteriormente, el Despacho 01 ordenó la remisión del proceso al Despacho 05 , con ocasión al Acuerdo No. CSJCEA23-105 de fecha 4 de octubre de 2023, que profirió el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar ; dependencia judicial que

con ocasión al Acuerdo No. CSJCEA23-105 de fecha 4 de octubre de 2023, que profirió el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar ; dependencia judicial que mediante oficio GA 012 de fecha 19 de octubre de 2023 , dispuso su devolución al Despacho 01 por el no cumplimiento de los requisitos establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura. Luego, el Despacho 01 dispuso la remisión del proceso a este Despacho, mediante auto del 7 de mayo de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, en el Acuerdo No. CSJCEA 24 - 52 del 2 de mayo de 2024, donde se ordenó la redistribución de los expedientes con ocasión a su creación. Finalmente, por auto del 16 de mayo de 2024 10 este Despacho avocó el conocimiento del asunto, por lo que , ejecutoriada la providencia de admisión del recurso, procederá la Sala a resolver lo pertinente.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público no rindió concepto dentro del término de traslado concedido.

V. CONSIDERACIONES 5.1. COMPETENCIA La Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 7 de febrero de 2022 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Sala determinar si la decisión adoptada por el Juez de primera instancia debe ser confirmada o revocada; para ello se deberá verif icar si las

el artículo 153 del CPACA.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Sala determinar si la decisión adoptada por el Juez de primera instancia debe ser confirmada o revocada; para ello se deberá verif icar si las demandadas, NACIÓN-MINISTERIO DE SALUD y SUPERINTENDEN CIA NACIONAL DE SALUD, son responsables administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados a la parte accionante, CLÍNICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA SA., como consecuencia de la omisión en que incurrieron al no realizar las labores de inspección, vigilancia y control respecto de la EPS SOLSALUD y, concretamente, respecto del agente interventor, designado

8 Índice 0002 del aplicativo SAMAI-Segunda instancia 9 Índice 0004 ibidem 10 Índice 0022 ibidemSentencia de Segunda Instancia

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por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, quien no pagó las facturas generadas por los servicios médicos prestados por la parte demandante. Para resolver lo planteado, la Sala analizará en primer lugar i) las normas y pronunciamientos jurisprudenciales atinentes al asunto, para concluir con iii) el caso concreto. 5.3. MARCO JURÍDICO APLICABLE 5.3.1. La Responsabilidad del Estado –de los títulos de imputación.

El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado a partir de la Constitución

concreto. 5.3. MARCO JURÍDICO APLICABLE 5.3.1. La Responsabilidad del Estado –de los títulos de imputación.

El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado a partir de la Constitución Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 11; norma que se erige como la cláusula general de la responsabi lidad extracontractual del Estado 12, por aquellos daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes.

A su vez, el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma que regula el me dio de control de reparación directa, dispone:

“Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformi dad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”.

En este sentido, para imponer condena a una entidad de derecho público se requiere la demostración de dos elementos fundamentales: el daño antijurídico y el título de imputación.

Para que el daño sea indemnizable se requiere que esté cabalmente estructurado, y que cumpla los siguientes aspectos: i) que el daño sea antijurídico, esto es, que

título de imputación.

Para que el daño sea indemnizable se requiere que esté cabalmente estructurado, y que cumpla los siguientes aspectos: i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico porque no está amp arado por la ley o el Derecho, que contraría el orden legal o que está desprovisto de una causa que la justifique.; ii) que lesione un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar mater ial y jurídicamente y, por ende, no se limite a una mera conjetura.

La imputación, por su parte, no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, ya sea por falla del servicio –régimen subjetivo–, riesgo excepcional o daño especial –régimen objetivo–.

El régimen subjetivo acarrea los presupuestos que se enuncian a continuación:

“La falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo

11 Art. 90 CP.: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. (...)”. 12 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-037 de

2003. “3Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada –en especial en el artículo 16 - los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial.

Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”.Sentencia de Segunda Instancia

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se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal, se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa o no lo presta” 13.

Por su parte, el régimen objetivo de responsabilidad implica lo siguiente:

“El daño especial resultará aplicable en aquellos supuestos en que el daño sea producto de un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas

Por su parte, el régimen objetivo de responsabilidad implica lo siguiente:

“El daño especial resultará aplicable en aquellos supuestos en que el daño sea producto de un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas (…) La teoría del riesgo excepcional resulta aplicable a eventos en los cuales se somete a una persona a la existencia de un peligro que desborda la normalidad, como consecuencia del uso de instrumentos o elementos para la prestación de un determinado servicio o actividad”14 .

Con respecto al juicio de imputación que el juzgador debe realizar para resolver cada controversia sometida a su conocimiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en especial. De esta manera, la jurisprudencia no puede fijar la existencia de un título único de imputación sobre los eventos que guarden semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares de cada proceso, y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

“En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la ju risdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los

adoptar. Por ello, la ju risdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia”15.

En este orden de ideas, corresponde al Juez de lo Contencioso Administrativo establecer, en cada caso particular, el criterio de imputación aplicable que más se ajuste, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso y las alegaciones de las partes.

5.3.2. De las funciones del MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL.

El Decreto 4107 de 2011 establece, entre otros, los siguientes objetivos y funciones, así:

13 CE. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 26 de abril de 2018. CP. Marta Nubia Velásquez Rico. Rad. 05001-23-31-000-2002-04463-01(44826). 14 CE. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Subsección A. CP. María Adriana Marín. Sentencia del 19 de

Nubia Velásquez Rico. Rad. 05001-23-31-000-2002-04463-01(44826). 14 CE. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Subsección A. CP. María Adriana Marín. Sentencia del 19 de abril de2018. Rad. 2115043 68001-23-31-000-2001-00452-01.. 15 CE. Sección Tercera -Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 19001233100019990081501 (21515), CP. Hernán Andrade Rincón.Sentencia de Segunda Instancia

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“Artículo 1. Objetivos . El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá como objetivos, dentro del marco de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar en la formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos profesionales, lo cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo.

El Ministerio de Salud y Protección Soc ial dirigirá, orientará, coordinará y evaluará el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales, en lo de su competencia, adicionalmente formulará establecerá y definirá los lineamientos relacionados a con los sistemas de información de la Protección Social.

Artículo 2. Funciones . El Ministerio de Salud y Protección Social, además de las funciones

competencia, adicionalmente formulará establecerá y definirá los lineamientos relacionados a con los sistemas de información de la Protección Social.

Artículo 2. Funciones . El Ministerio de Salud y Protección Social, además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 cumplirá las siguientes:

1. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos del

Sector Administrativo de Salud y Protección Social.

2. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de Salud y Protección Social.

3. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional en materia de salud, salud pública, riesgos profesionales, y de control de los riesgos provenientes de enfermedades comunes, ambientales, sanitarias y psicosociales, que afecten a las personas, grupos, familias o comunidades.

4. Formular, adoptar, coordinar la ejecución y evaluar estrategias de promoción de la salud y la calidad de vida, y de prevención y control de en fermedades transmisibles y de las enfermedades crónicas no transmisibles.

5. Dirigir y orientar el sistema de vigilancia en salud pública.

6. Formular, adoptar y coordinar las acciones del Gobierno Nacional en materia de salud en situaciones de emergencia o desastres naturales.

7. Promover e impartir directrices encaminadas a fortalecer la investigación, indagación, consecución, difusión y aplicación de los avances nacionales e internacionales, en temas tales como cuidado, promoción, protección, desarrollo de la sal ud y la calidad de vida y prevención de las enfermedades.

8. Formular y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de protección de

tales como cuidado, promoción, protección, desarrollo de la sal ud y la calidad de vida y prevención de las enfermedades.

8. Formular y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de protección de los usuarios, de promoción y prevención, de aseguramiento en salud y riesgos profesionales, de prestación de servicios y atención primaria, de financiamiento y de sistemas de información, así como los demás componentes del Sistema General de Seguridad Social en

Salud.

9. Formular,