TA CES - Sentencia 20001-33-33-002-2022-00471-01 (04-12-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Valledupar, cuatro (04) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de Control: Controversias Contractuales

Demandante: Consorcio Planta de Beneficio 2017

Demandado: Municipio La Jagua de Ibirico

Radicado: 20001-33-33-002-2022-00471-011

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL FERNANDO GUERRERO BRACHO

I.-ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida el 14 de marzo de 2024, por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, que resolvió negar las pretensiones de la demanda.

II.- ANTECEDENTES PROCESALES2.1.- HECHOS

El apoderado judicial de la parte demandante expuso, en síntesis, lo siguiente:

1. El 18 de julio de 2017 se suscribió el contrato de obra Nº 231 de 2017 entre el Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, y el Consorcio Planta de Beneficio 2017, cuyo objeto fue la construcción de una planta d e beneficio de ganado bovino y porcino, por un valor de $14.841.500.000, financiado con recursos del Sistema

General de Regalías.

2. El 27 de julio de 2017 se suscribió el acta de inicio del contrato, estableciendo un plazo de ejecución de catorce (14) meses , con vencimiento el 24 de septiembre de 2018.

3. Durante la ejecución del contrato se suscribieron las siguientes actas:

un plazo de ejecución de catorce (14) meses , con vencimiento el 24 de septiembre de 2018.

3. Durante la ejecución del contrato se suscribieron las siguientes actas:

 Prórroga 1: 24/09/2018, por 81 días (hasta el 17/12/2018).  Prórroga 2: 06/12/2018, por 3 meses (hasta el 17/03/2019).  Suspensión 1: 13/03/2019, por 30 días (hasta el 14/04/2019).  Reinicio 1: 25/11/2019, nueva fecha de terminación 28/11/2019.  Prórroga 3: 27/11/2019, por 29 días (hasta el 27/12/2019).  Suspensión 2: 24/12/2019, por 1 mes (hasta el 27/01/2020).  Ampliaciones de suspensión: Resoluciones GE182 (15/04/2020) y GE217 (13/05/2020), por efectos de decretos nacionales derivados de la pandemia.  Reinicio 2: 03/11/2020, nueva fecha de terminación 06/11/2020.  Suspensión 3: 04/11/2020, por 1 mes (hasta el 04/12/2020).  Reinicio 3: 18/12/2020, nueva fecha de terminación 20/12/2020.

1 Ver expediente digital en SAMAI | Proceso JudicialControversias Contractuales Radicación 20001-33-33-002-2022-00471-01 Sentencia de 2ª Instancia 2

 Acta de adición en valor y tiempo: 18/12/2020, por 3 meses y

Radicación 20001-33-33-002-2022-00471-01 Sentencia de 2ª Instancia 2

 Acta de adición en valor y tiempo: 18/12/2020, por 3 meses y $613.434.085,69.  Suspensión 4: 16/03/2021, por 1 mes (hasta el 16/04/2021).  Reinicio 4: 08/11/2021, nueva fecha de terminación 10/11/2021.  Acta de terminación: 10/11/2021.  Acta de liquidación: 22/12/2021.

4. El objeto contractual consistió en la construcción de la planta de beneficio de ganado bovino y porcino, conforme a lo estipulado en el contrato, pliego de condiciones y documentos precontractuales.

5. Durante la ejecución, el contratista gestionó permisos de funcionamiento ante Corpocesar e Invima, requeridos para la certificación y operación de la planta, situación no prevista inicialmente en el contrato.

6. Para cumplir con los requerimientos normativos y técnicos exigidos por Corpocesar e Invima, establecidos en el Decreto 1500 de 2007 y la Resolución 240 de 2013, y de esta forma, obtener el permiso de funcionamiento, el contratista realizó actividades adicionales , efectuó el suministro de equipos y elementos, e incurrió en costos indirectos de carácter administrativo, lo que dio lugar a la expedición de los siguientes actos administrativos:

 Resolución 1494 (24/12/2019): Corpocesar otorgó concesión de aguas subterráneas y permiso de vertimientos.  Resolución 2021037794 (01/09/2021): Invima concedió autorización

 Resolución 1494 (24/12/2019): Corpocesar otorgó concesión de aguas subterráneas y permiso de vertimientos.  Resolución 2021037794 (01/09/2021): Invima concedió autorización sanitaria y registro para planta de porcinos.  Resolución 2021037987 (02/09/2021): Invima concedió autorización sanitaria y registro para planta de bovinos y bufalinos.

7. Las gestiones, activid ades y suministros realizados por el contratista fueron conocidos por la entidad contratante y notificados mediante diferentes comunicaciones, entre ellas el oficio del 8 de mayo de 2020, remitido al señor Ovelio Jiménez Machado, con copia a la señora Marycarmen Ospina Guerra, en el que se presentó el informe sobre el estado actual del contrato.

8. En las actas de suspensión del contrato (N° 1 del 13/03/2019, N° 2 del 24/12/2019, N° 3 del 04/11/2020 y N° 4 del 16/03/2021), el contratista dejó constancia de observaciones relacionadas con la necesidad de realizar trámites y actividades para la obtención de permisos ambientales y sanitarios, así como para garantizar la funcionalidad del proyecto.

9. Mediante oficio del 22 de noviembre de 2019, el Secretario de Infr aestructura y Obras del Municipio autorizó al Consorcio para ejecutar actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en atención a las modificaciones requeridas por Invima y Corpocesar.

10. En el acta de prórroga N° 3 del contrato se dejó constancia de la necesidad de cumplir con los requerimientos del Invima para la certificación y funcionalidad de

requeridas por Invima y Corpocesar.

10. En el acta de prórroga N° 3 del contrato se dejó constancia de la necesidad de cumplir con los requerimientos del Invima para la certificación y funcionalidad de la planta de beneficio.

2.2.- PRETENSIONES.

El apoderado judicial de la parte demandante solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:Controversias Contractuales Radicación 20001-33-33-002-2022-00471-01 Sentencia de 2ª Instancia 3

“Declarativas

PRIMERA: Que SE DECLARE que el CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, incurrió en la realización, suministro y arrogación, a su costa, de mayores cantidades de obra e ítems no previstos, dentro de la ejecución del con trato de obra 231 de 2017, a efectos del otorgamiento

de los permisos necesarios para la cabal ejecución de la obra y funcionalidad de la Planta de Beneficio Bovino y Porcino del Municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar.

TERCERA: Que SE DECLARE que las mayores cantidades de obra e ítems no previstos ejecutados y suministrados por el CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, a efectos del otorgamiento de los permisos necesarios para la cabal ejecución de la obra y funcionalidad de la Planta de Beneficio Bovino y Porcino del Municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar, fueron debida y efectivamente incorporados al objeto del contrato de obra 231 de 2017.

CUARTA: Que SE DECLARE que el MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCESAR, le adeuda al CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, los valores en que éste incurrió para la realización y suministro, de mayores cantidades de obra e ítems no previstos dentro de la ejecución del contrato de obra 231 de 2017, a efectos del otorgamiento de los permisos necesarios para la cabal ejecución de la obra y funcionalidad de la Planta de Beneficio Bovino y Porcino del Municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar.

De Condena:

QUINTA: Que SE CONDENE al MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO -CESAR, AL PAGO, a favor del CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, de la suma de

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($11.405.720,64°°), por concepto del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC 8”, RED DE

PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($11.405.720,64°°), por concepto del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC 8”, RED DE AGUAS RESIDUALES, DOMESTICAS Y DE PROCESOS, mayores cantidades ejecutadas e impagadas dentro del contrato de obra 231 de 2017.

SEXTA: Que SE CONDENE al MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR, AL PAGO, a favor del CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, de la suma de

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($154.707.200,92), por concepto de las OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS, mayores cantidades ejecutadas e impagadas dentro del contrato de obra 231 de 2017.

SEPTIMA: Que SE CONDENE al MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR, AL PAGO, a favor del CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, de la suma de

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($19.755.661,94), por concepto de la CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, mayores cantidades ejecutadas e impagadas dentro del contrato de obra 231 de 2017.

OCTAVA: Que SE CONDENE al MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO -CESAR, AL PAGO, a favor del CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, de la suma de

obra 231 de 2017.

OCTAVA: Que SE CONDENE al MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO -CESAR, AL PAGO, a favor del CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, de la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTISEISControversias Contractuales Radicación 20001-33-33-002-2022-00471-01

Sentencia de 2ª Instancia 4

CENTAVOS ($467.951.792,26), por concepto de ITEMS NO PREVISTOS, ejecutados e impagados dentro del contrato de obra 231 de 2017.

NOVENA: Que SE CONDENE al MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO -CESAR, AL PAGO, a favor del CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, de la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($196.146.112,73), por concepto del A.I.U., de las cantidades de obra e ítems no previstos ejecutados e impagadas dentro del contrato de obra 231 de 2017.

DECIMA: Que SE CONDENE al MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO -CESAR, AL PAGO, a favor del CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, de la suma de

CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($119.781.475,31) por concepto del suministro de elementos y equipos no

CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($119.781.475,31) por concepto del suministro de elementos y equipos no contemplados e impagados dentro del contrato de obra 231 de 2017.

DECIMA PRIMERA: Que SE CONDENE al MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCESAR, AL PAGO, a favor del CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, de la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($79.044.320°°), por concepto de los COSTOS ADMINISTRATIVOS, por mayor permanencia en obra para la cabal ejecución, funcionalidad y puesta en funcionamiento del objeto del contrato de obra 231 de 2017.

DECIMA SEGUNDA: Que SE C ONDENE al MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCESAR, a favor del CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO 2017, al pago de las COSTAS PROCESALES Y AGENCIAS EN DERECHO, por la interposición y curso de la presente causa judicial.”

III.-PROVIDENCIA RECURRIDA. –

Mediante sentencia del 14 de marzo de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

El juzgado señaló que, con la suscripción de la Adición Nº 01 del 18 de diciembre de 2020, cuando la obra presentaba un avance del 98%, se amplió el plazo en tres meses y se adicionó el valor del contrato en $613.434.085,69, incluyendo

de 2020, cuando la obra presentaba un avance del 98%, se amplió el plazo en tres meses y se adicionó el valor del contrato en $613.434.085,69, incluyendo actividades como suministro e instalación de polipasto eléctrico, tubería sanitaria PVC, retiro de material sobrante, acero de refuerzo, acometida eléctrica y cielo falso en PVC para áreas de sacrificio y faenado.

Afirmó que las obras adicionales requerían, para su reconocimiento, la suscripción de un contrato adicional o modificatorio, conforme a la cláusu la 4.21 del Pliego Definitivo de Condiciones y a la actuación de las partes durante la ejecución, lo que se materializó en la Adición Nº 01

Precisó que la construcción de una planta de beneficio animal implica el cumplimiento de requisitos legales, sanitarios y ambientales relacionados con el uso del agua, suelo, vertimientos y residuos sólidos, normatividad que no era ajena al contratista.

Advirtió que desde diciembre de 2019 el Municipio contaba con permiso de vertimientos otorgado por Corpocesar mediante Resolución 1494, expedida durante la ejecución de la obra y antes de la suscripción del adicional Nº 01.Controversias Contractuales Radicación 20001-33-33-002-2022-00471-01 Sentencia de 2ª Instancia 5

Luego de explicar la diferencia entre mayores cantidades de obra y obras adicionales en contratos de obra a precios unitarios , concluyó que el Municipio de La Jagua de Ibirico no adeudaba mayores cantidades de obra imputables al contrato Nº 231 de 2017, toda vez que las actividades ejecutadas correspondieron a obras adicionales requeridas para cumplir el objeto contractual, las cuales dieron origen a

La Jagua de Ibirico no adeudaba mayores cantidades de obra imputables al contrato Nº 231 de 2017, toda vez que las actividades ejecutadas correspondieron a obras adicionales requeridas para cumplir el objeto contractual, las cuales dieron origen a la Adición Nº 01 suscrita por las partes por valor de $613.434.085,69 y un plazo adicional de tres meses.

Advirtió que, después de la suscripción de dicha adición, no se evidenció correspondencia entre el contratista, la interventoría y la entidad territorial que informara insuficiencia de recursos para culminar la obra , y que el contrato fue celebrado a precio global, por lo que el contratista, en ejercicio de su autonomía contractual, conocía y aceptaba que las cantidades de obra eran aproximadas y asumía el riesgo de su aumento o disminución durante la ejecución.

Por estas razones, el Juzgado consideró suficientes los argumentos para negar las pretensiones de la demanda.

IV.-RECURSO DE APELACIÓN. –

El apoderado judicial de la parte demandante, inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, interpuso recurso de apelación , solicitando la revocatoria de la sentencia, con fundamento en los siguientes argumentos:

En su escrito, alegó que el Juzgado omitió valorar pruebas relevantes y realizó apreciaciones erróneas sobre la naturaleza de las obras ejecutadas . Sostuvo que, contrario a lo manifestado por el a quo, el objeto del contrato Nº 231 de 2017 consistió exclusivamente en la construcción física de la planta de beneficio animal, y no en su puesta en funcionamiento ni en la obtención de licencias sanitarias, las cuales correspondían a la entidad contratante o al concesionario encargado de la operación.

consistió exclusivamente en la construcción física de la planta de beneficio animal, y no en su puesta en funcionamiento ni en la obtención de licencias sanitarias, las cuales correspondían a la entidad contratante o al concesionario encargado de la operación.

Argumentó que las suspensiones del contrato se originaron por falta de planeación del Municipio, debido a que al momento de la suscripción no se contaba con permisos de vertimiento de aguas residuales, lo que obligó al contratista a gestionar dichos trámites ante Corpocesar y a ejecutar actividades no previstas inicialmente. Indicó que estas circunstancias generaron ítems no contemplados y mayores cantidades de obra, reflejadas en las actas de suspensión y en las salvedades consignadas en el acta de liquidación.

Señaló que la solicitud del adicional Nº 1 presentada por el contratista y respaldada por la interventoría incluía el valor total de las actividades adicionales necesarias para la culminación del proyecto, pero la entidad contratante aprobó un monto inferior al requerido, pese a contar con autorización del OCAD. Afirmó que esta situación obligó al contratista a asumir con recursos propios la ejecución de obras indispensables para evitar la entrega de una obra inconclusa y lograr la correcta terminación del proyecto.

Cuestionó la interpretación del Juzgado sobre la diferencia entre ítems no previstos y obras adicionales, indicando que confundió las figuras de acta adicional y contrato adicional, las cuales tienen naturaleza distinta según la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Sostuvo que el a -quo omitió valorar la autorización otorgada por el Secretario de Infraestructura y Obras del Municipio, en su calidad de supervisor del contrato NºControversias Contractuales

de Estado.

Sostuvo que el a -quo omitió valorar la autorización otorgada por el Secretario de Infraestructura y Obras del Municipio, en su calidad de supervisor del contrato NºControversias Contractuales Radicación 20001-33-33-002-2022-00471-01 Sentencia de 2ª Instancia 6

231 de 2017, para la ejecución de todas las actividades necesarias para la correcta y total realización del proyecto. Indicó que dicha autorización incorporó las mayores cantidades de obra y los ítems no previstos al negocio jurídico.

V.- ALEGATOS

5.1. En esta etapa procesal no se corrió traslado para alegar de conclusión.

5.2. El Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho, no rindió concepto.

VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Problema jurídico

De acuerdo con los cargos formulados en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si procede revocar la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda. En particular, se debe establecer si es procedente reconocer al contratista el pago por obras ejecutadas para obtener permisos sanitarios y ambientales requeridos para la puesta en funcionamiento de la planta de beneficio animal.

Tesis de la Sala

La Sala considera que debe confirmarse la sentencia apelada, por cuanto el contratista no demostró la existencia de un acuerdo escrito que modificara el contrato para incluir las obras adicionales reclamadas, ni acreditó su ejecución cierta, ni su recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante.

6.2. Fundamentos jurídicos

contrato para incluir las obras adicionales reclamadas, ni acreditó su ejecución cierta, ni su recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante.

6.2. Fundamentos jurídicos

6.2.1 Acreditación de los requisitos para el reconocimiento de obras adiciones y mayores cantidades de obra

Para resolver el punto se impone precisar, primero, el contenido y alcance de los conceptos de mayores cantidades de obra y de obras adicionales, a lo cual se procede en línea con el reciente pronunciamientos del Consejo de Estado en el cual se precisó lo siguiente2.

“2. Diferencia entre los conceptos de “mayores cantidades de obra” y “obras adicionales” y su impacto en la decisión de las reclamaciones económicas asociadas a estos

1. Para resolver el fondo de la presente controversia es necesario reiterar la diferencia existente entre los conceptos de mayores cantidades de obra y obras adicionales; (i) las primeras ocurren cuando la remuneración del contratista no está acordada como una suma global fija de dinero en el momento de la suscripción del contrato, situación que ocurre generalmente en los contratos a precios unitarios en los que las partes acuerdan el valor de los distintos ítems objeto de la ejecución y el valor total del contrato es determinable mediante la multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas por el valor contractualmente establecido, de modo que el precio final de la obra puede ser superior al inicialmente estimado; (ii) por el contrario, las obras adicionales, con independencia de la fo rma de remuneración pactada, consisten en obras o trabajos nuevos, que no hicieron parte del contrato debido a que nunca hubo acuerdo sobre su realización, alcance y remuneración, por ende ,

obras adicionales, con independencia de la fo rma de remuneración pactada, consisten en obras o trabajos nuevos, que no hicieron parte del contrato debido a que nunca hubo acuerdo sobre su realización, alcance y remuneración, por ende ,

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de octubre de 2024, exp. 67.508, MP Fredy Ibarra Martínez.Controversias Contractuales Radicación 20001-33-33-002-2022-00471-01 Sentencia de 2ª Instancia 7

para poder ser ejecutadas requieren del previo acuerdo solemne de voluntades entre las partes en el cual acepten en forma inequívoca modificar el alcance de lo inicialmente contratado.

1. En esa perspectiva, la ejecución y remuneración de las mayores cantidades de obra en los contratos a precios unitarios no implica mo dificación del contrato ni variación de su precio, por el contrario, la remuneración del contratista (precio de la obra) es perfectamente determinable con la simple operación aritmética en la cual se multipliquen las cantidades efectivamente ejecutadas por un importe que las partes conocen, han consentido y pactado en el respectivo contrato, por consiguiente, son mayores cantidades de obra las ejecuciones de rubros o labores que hacen parte del contrato, entendidos estos como aquellos respecto de los cuales existe acuerdo escrito sobre su alcance y remuneración en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 19933.

1. Como consecuencia obligada de lo anterior, el simple desfase o diferencia entre las cantidades de obra previstas al momento de la celebración del negocio jurídico -que conduce a que el precio del contrato sea superior al inicialmente estimado - y las finalmente ejecutadas no modifica el contrato siempre que correspondan a obras

las cantidades de obra previstas al momento de la celebración del negocio jurídico -que conduce a que el precio del contrato sea superior al inicialmente estimado - y las finalmente ejecutadas no modifica el contrato siempre que correspondan a obras o trabajos con acuerdo previo respecto de su alcance y remuneración y, consecuencialmente, no constituyen adición ni entrañan una modificación contractual en cuanto a alcance y precio.

1. Por ende, la Sala entiende que se presentan mayores cantidades de obra siempre que (i) el contrato se haya pactado a precios unitarios, en forma tal que no exista duda respecto de que el valor presupuestado al momento de la suscripción del contrato corresponde a un estimado y el precio real se determinará multiplicando el valor total de lo realmente ejecutado por los precios acordados, (i i) exista acuerdo expreso e inequívoco sobre las obras o trabajos reclamados y su valor, esto es, que hagan parte integral del contrato y, (iii) no se altere, modifique o reforme el objeto contractual; en síntesis, son mayores cantidades de obra las que no implican modificación del contrato.

1. Por el contrario, son obras adicionales todas aquellas que implican la modificación o variación de lo expresa y puntualmente acordado, situación que ocurre, por ejemplo, cuando se incluyen obras o trabajos no previstos (en alcance y/o precio).

1. La mencionada diferencia resulta fundamental para efectos de analizar la prohibición del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 4 y el debido acatamiento al deber de selección objetiva en aquellos casos en los que la cuantía de la contratación es relevante para determinar la modalidad de escogencia del contratista; lo anterior porque en las mayores cantidades de obra no ocurre

acatamiento al deber de selección objetiva en aquellos casos en los que la cuantía de la contratación es relevante para determinar la modalidad de escogencia del contratista; lo anterior porque en las mayores cantidades de obra no ocurre materialmente una adición de lo inicialmente pactado, sino que, se insiste, con independencia del trámite presupuestal que ello impone a la parte contratante para efecto de la erogación correspondiente, se trata en forma pura y simple de aplicar un recurso metodológico o aritmético para la determinación del valor final de la remuneración de lo efectivamente ejecutado. Las partes han estipulado el precio de cada ítem unitario y acordado la ejecución de los que sean necesarios para la ejecución del determinado objeto, de modo que su pago no excede los límites del negocio jurídico inicialmente conven ido. En estos casos es claro que se mantiene inalterado el objeto contractual previamente identificado, planificado y preestablecido, siempre que no se utilice esta forma de remuneración con el fin de desconocer los procedimientos de selección objetiva de contratistas dispuestos por el legislador, ni tampoco para variar o modificar el objeto contractual originalmente pactado.

3 Ley 80 de 1993, “artículo 41. Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre ac uerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”. 4 Ley 80 de 1993, “Artículo 40. (…) Los co ntratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial,

expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.”. La Sala no se refiere al artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 por estar derogado.Controversias Contractuales Radicación 20001-33-33-002-2022-00471-01 Sentencia de 2ª Instancia 8

1. Por su parte, la adición del contrato -o contrato adicional según se menciona en forma impropia esta figura en referencia al derogado artículo 58 del Decreto-ley 222 de 1983 que así denominaba las alteraciones en plazo y valor - sí implica la modificación de lo inicialmente contratado, por el hecho de agregar obras o trabajos que, aunque relacionados con el objeto inicial, excede n el alcance del contrato por no haber sido inicialmente previstos y no haber sido materia de pacto expreso. En estos eventos debe existir acuerdo entre las partes en el objeto y la contraprestación y debe elevarse a escrito como la ley lo dispone para los contratos estatales y, por supuesto, se someten al límite previsto en la ley en relación con su cuantía.

1. En esa perspectiva, la Sala acoge lo expresado por el Consejo de Estado5, en el que se aparta, con base en las disposiciones legales citadas, de lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-214 de 2022, en relación con los conceptos de adición contractual, mayor cantidad de obra, contrato adicional y, particularmente, respecto de la supuesta necesidad de suscribir contratos adicionales para efectos de la ejecución de mayores cantidades de obra y de la afirmación según la cual estas están sujetas en todos los casos al límite previsto por la ley para la adición de contratos, por las siguientes razones:

a) El caso que resolvió la Corte C onstitucional en la referida sentencia no tenía

afirmación según la cual estas están sujetas en todos los casos al límite previsto por la ley para la adición de contratos, por las siguientes razones:

a) El caso que resolvió la Corte C onstitucional en la referida sentencia no tenía relación con una reclamación de mayores cantidades de obra y, por ende, lo afirmado en relación con ese específico punto corresponde a dichos de paso u obiter dictum, los cuales no constituyen precedente obligatorio.

b) En efecto, el caso que fue revisado por dicha Corte en sede de revisión de tutela correspondió a una sentencia penal condenatoria por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en contra de un ordenador del gasto en el marco de un contrato de obra para la construcción de un parque en el distrito de Cartagena, a precios unitarios, al cual se agregaron ítems no previstos inicialmente consistentes en la construcción de 15 módulos para vendedores ambulantes, lo cual se acordó mediante el adicional número 1) y, 30 módulos más para vendedores estacionarios, pacto que se perfeccionó cuando ya había expirado el plazo contractual, incluida la prórroga de 60 días pactada en la adición número 1.

c) En la referida causa penal se encontró configurado el hecho punible antes mencionado por considerar la justicia ordinaria que el entonces alcalde del distrito de Cartagena Alberto Rafael Eduardo Barboza Senior era penalmente responsable por el hecho de haber suscrito un contrato adicional por fuera del plazo de ejecución del contrato en lugar de adelantar el procedimiento de selección correspondiente por tratarse de un nuevo contrato, decisiones judiciales que fueron cuestionadas por el condenado en sede de tutela.

por el hecho de haber suscrito un contrato adicional por fuera del plazo de ejecución del contrato en lugar de adelantar el procedimiento de selección correspondiente por tratarse de un nuevo contrato, decisiones judiciales que fueron cuestionadas por el condenado en sede de tutela.

d) En ese ámbito de comprensi ón, la Corte Constitucional estimó que no hubo defecto en las sentencias de condena porque una vez vencido el plazo de ejecución del contrato y suscrita el acta de recibo del contrato no era jurídicamente posible adicionarlo, lo cual hacía irrelevante la distinción entre mayores cantidades de obra y adición de contrato, pues, no se estaba en presencia de ninguna de dichas figuras.

1. Por último, la Sala precisa que los acuerdos de voluntades suscritos por las partes de un contrato con los cuales se modifiq ue el objeto contractual luego de expirado el plazo, no corresponden a una adición de contrato sino a un negocio jurídico nuevo sujeto a las reglas y procedimientos de selección de contratistas.

1. Como se aprecia a simple vista, por razón de ser el negocio jurídico cuestionado uno nuevo por haberse celebrado cuando ya había expirado el contrato inicial, el caso que resolvió la Corte era ajeno al concepto fáctico y jurídico de mayores cantidades de obra y de adición de contrato, por lo tanto, lo afirmado en la sentencia

5 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)Controversias Contractuales Radicación 20001-33-33-002-2022-00471-01 Sentencia de 2ª Instancia 9

diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)Controversias Contractuales Radicación 20001-33-33-002-2022-00471-01 Sentencia de 2ª Instancia 9

de unificación en relación con estos conceptos jurídicos no constituye la razón de la decisión y, por ende, tampoco es precedente obligatorio sobre el