TA CHO - 27001233300020170012600-(16-09-2022)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado ponente: Enrique Dussán Cabrera Neiva Once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Reparación Directa Demandante Orlando Ladino Bonilla y otros Demandado Nación Rama Judicial y otros Radicación 41 001 33 33 006 2021 00090 01

Asunto SENTENCIA Número: S018

Acta de Sala N°. 009 De la fecha.

1. ASUNTO A RESOLVER.

Decide la Sala el recur so de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha del 21 de abril de 2023 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

2. LA DEMANDA.1

2.1. Pretensiones.

Los señores Orlando Ladino Bonilla y Yesenia Garzón Sánchez en nombre propio y representación de Kamila Alejandra Ladino Garzón y Yorlan Alexis Ladino; Ángel María Ladino Cerquera, Candelaria Bonilla; Yenny Paola, Nancy, Luis Albeiro, Angela Patricia, Gloria Emilse y Diego Andrés Ladino Bonilla , pretenden s e declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación Fiscalía General de la Nación, y la Nación Rama Judicial , por los perjuicios materiales y morales causados al señor Orlando Ladino Bonilla como consecuencia de la privación injusta de la libertad; condena devengará intereses de plazo y mora, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 y ss. del CPACA desde la ejecutoria de la sentencia hasta su efectivo cumplimiento la cuales deberán ser indexadas.

plazo y mora, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 y ss. del CPACA desde la ejecutoria de la sentencia hasta su efectivo cumplimiento la cuales deberán ser indexadas.

2.2. De los hechos fundamento de la demanda.

Expuso que, la Fiscalía general de la Nación en el mes de mayo de 2012, inició investigación contra el señor Orlando Ladino Bonilla, entre otras personas dado que para el ente acusador pertenecían como milicianos a una red de apoyo de un frente de las FARC que opera en el sur occidente del Huila.

Sostuvo que, en razón a la investigación, la Fiscalía Primera Especializada de Neiva, el 23 de marzo de 2013, solicitó ante el Juez Penal Municipal de Neiva con Función de Control de Garantías de Neiva librara orden de captura contra el señor Orlando Ladino Bonilla , así como a los otros investigados, como coautores del delito de rebelión,

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medida que fue concedida por el juzgado referido, atendiendo testimonios de oídas, reconocimientos fotográficos e informes de inteligencia.

Adujo que el señor Orlando Ladino Bonilla fue capturado el 23 de marzo de 2013, siendo llevado ante el Juez Primero Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantía de Algeciras , quien le impuso medida

inteligencia.

Adujo que el señor Orlando Ladino Bonilla fue capturado el 23 de marzo de 2013, siendo llevado ante el Juez Primero Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantía de Algeciras , quien le impuso medida de as eguramiento de detención preventiva en centro carcelario sin beneficio de libertad, vinculado al proceso identificado con radicación No. 410016000586201202185 que posteriormente por ruptura de la unidad procesal se identificó con el No. 41001600000020130005900.

Señaló que el 21 de octubre de 2013 se llevó a cabo la audiencia de acusación y el 31 de enero de 2014 la audiencia preparatoria, aseverando que en diferentes sesiones se desarrolló la audiencia de juicio oral (sin identificar la fechas).

Indicó que, el Juzgado Tercero Municipal de Pitalito el 30 de marzo de 2016 ordenó la libertad inmediata del señor Orlando Ladino Bonilla quien se encontraba recluido en el establecimiento penitenciario de Pitalito.

Manifestó que el 26 de febrero de 2019, el Juz gado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pitalito profirió sentencia absolutoria, que quedó ejecutoriada el 12 de marzo de 2019, contra la cual la Fiscalía interpuso recurso de apelación que no fue sustentado y por ende se declaró desierto el 5 de marzo de 2019.

Relató que estuvo privado de la libertad por un lapso de 3 años y 7 días, desde el 23 de marzo de 2013 hasta el 30 de marzo de 2016, dado que fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, tiempo en que

Relató que estuvo privado de la libertad por un lapso de 3 años y 7 días, desde el 23 de marzo de 2013 hasta el 30 de marzo de 2016, dado que fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, tiempo en que generó un daño antijurídico al señor Ladino Bonilla y su familia al tener que soportar perjuicios materiales e inmateriales.

2.3. Fundamentos Jurídicos.

Fundamentó la demanda en los artículos 1, 2, 6, 13, 15, 21 y 90 de la Constitución Política; el artículo 140 del CPACA; Los artículos. 65, 66, 67 y 68 de la ley 270 de 1996; artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Hizo un recuento normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad e indica , que la tesis mayoritaria establece, que se puede endilgar responsabilidad patrimonial al Estado por privación de la libertad , c uando el proceso penal termina con sentencia absolutoria o preclusión de la investigación u opera por equivalencia, la aplicación del indubio pro reo; pese a que en la detención se hayan cumplido todas las exigencias legales, ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas o soportables que una persona en el Estado social d e Derecho debe asumir; máxime cuando se compromete el ejercicio del derecho fundamental a la libertad.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 20

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derecho fundamental a la libertad.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 20

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3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

3.1. Nación Rama Judicial Consejo Superior d e La Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.2

El apoderado se opuso a que se fallen favorablemente todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas , dado que los hechos en que se fundan no constituyen falla en el servicio de la administración de Justicia atribuible a la Rama Judicial, por lo que solicita disponer en la sentencia qué no le asiste responsabilidad u obligación alguna de resarcir los supuestos perjuicios reclamados y condenar en costas a la parte actora.

Respecto de los hechos señaló que el señor Orlando Ladino Bonilla fue capturado el 23 de marzo de 20 13, por el delito de rebelión, y fue absuelto el 26 de febrero de 2019 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, recobrando su libertad el 30 de marzo de 2016.

Frente al régimen de responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad, hizo referencia a las sentencias SU-072 de 2018 y C-037 de 1996 proferidas por la Corte Constitucional, y la sentencia de reemplazo de agosto 6 de 2020 dentro del radicado 66001233100020110023501 (46947) proferida por la Sección tercera, Subsección A del Consejo de

1996 proferidas por la Corte Constitucional, y la sentencia de reemplazo de agosto 6 de 2020 dentro del radicado 66001233100020110023501 (46947) proferida por la Sección tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en las que se indica que, independientemente del título de imputación que se aplique, inicialmente debe analizar es la antijuridicidad del daño, en el sentido de establecer si la detención preventiva fue legal, razonable y proporcionada.

Así mismo indicó que se cumplieron los presupuestos exigidos en los artículos 308 y 309 de la Ley 906 de 2004 para la imposición de la medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que, de las pruebas aportadas como la declaración juramentada de 7 ex subversivos de las FARC, dentro de los que se encontraba el señor Oliverio Muñoz Urbano quien fue asesinado luego de rendir versión en el juicio oral entre otros, quienes declararon que el señor Orlando Ladino Bonilla, bajo el alias de “Libardo” prestaba apoyo logístico entre otras actividades, lo cual conllevó a fundar su autoría en el delito de rebelión.

Lo anterior conllevó a que la medida de aseguramiento era necesaria , al existir las pruebas para ello, además de garantizar la comparecencia del sindicado al proceso; proporcional, toda vez que el delito endilgado como es el de rebelión implica una pena privativa de la libertad de al menos 8 años; y razonable, teniendo en cuenta la gr avedad de la conducta y las circunstancias bajo las cuales fue detenido.

Finalmente propuso las excepciones: “hecho exclusivo y determinante

menos 8 años; y razonable, teniendo en cuenta la gr avedad de la conducta y las circunstancias bajo las cuales fue detenido.

Finalmente propuso las excepciones: “hecho exclusivo y determinante de un tercero” , “falta de causa para demandar” , “inexistencia de

2 Documento 017 expediente digital onedrive primera instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 4 de 20

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perjuicios”, “inexistencia de nexo de causalidad”, “inexistencia del daño antijurídico” e “innominada”.

3.2. Nación - Fiscalía General de la Nación.3

La apoderada de la entidad señaló que la entidad se opone a las pretensiones de la demanda, dado que no es posible declarar la responsabilidad de su representada al no evidenciar prueba del daño, omisión y menos falla del servicio por la administración.

Consideró que la entidad actuó en cumplimiento de un deber legal (art. 66 ley 906 de 2004) puesto que la titularidad de la acción penal está en cabeza de la Fiscalía General, de allí infiere que sus decisiones se ajustaron a los presupuestos fácticos, probatorios y jurídicos, teniendo en cuenta que no existe prueba que la actuación haya sido caprichosa, arbitraria y violatoria del derecho de defensa , por el contrario al sindicado se le brindaron las garantías procesales durante la investigación y en aplicación a los artículos 306 y 308 de la Ley 906 de

arbitraria y violatoria del derecho de defensa , por el contrario al sindicado se le brindaron las garantías procesales durante la investigación y en aplicación a los artículos 306 y 308 de la Ley 906 de 2004 se legalizó la captura por la imputación del delito de rebelión en la modalidad de coautoría, y la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

Decisiones anteriores que fueron legalizadas, decretadas y aprobadas por el Juez de Control de Garantía s y la imposición de la medida fue solicitada con base al test de proporcionalidad, racionalidad y necesidad debiéndose a un delito que exigía detención.

Propuso como excepciones de mérito : “Falta de Legitimación por Pasiva”, “inexistencia de l Daño Antijurídico ”, “ Ausencia de Nexo Causal”, “Hecho determinante de un tercero”.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.4

El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva en sentencia del 21 de abril de 2023, decidido negar las pretensiones de la demanda.

Hizo una exposición del marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, señalando que la sentencia SU - 072 de 2018, ha servido de fundamento para morigerar la postura que se ha tenido frente a l tema, en el sentido de sostener que para concluir si la privación de la libertad, dispuesta por las autoridades judiciales competentes, puede ser considerada “injusta”, debe analizarse la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida privativa de libertad que le fue impuesta.

dispuesta por las autoridades judiciales competentes, puede ser considerada “injusta”, debe analizarse la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida privativa de libertad que le fue impuesta.

Señaló que la privación de la libertad del señor Ladino Bonilla se encuentra acreditada y al tomar como referente el material probatorio recaudado dentro del proceso, advierte que el Juez de Garantías

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encontró una inferencia razonable de la autoría o participación del señor Orlando Ladino por el punible de rebelión, además que se invocó por la Fiscalía dos de los requisitos de carácter subjetivo contenidos en el artículo 308 del CPP, concluyendo que “el imputado representa un peligro para la comunidad, dada la gravedad del delito y porque de las pruebas aportadas por la Fiscalía se puede concluir que dejarlo en libertad sería permitirle que continúe con la actividad delictiva, proveyéndole remesas y otros elemento s al grupo guerrillero”. Además de cumplirse con el requisito objetivo previsto en el numeral 2 del artículo 313 ibídem, al comportar el delito imputado, una pena mínima de 8 años de prisión. Razones por la que se impuso medida de aseguramiento privativa d e la libertad en establecimiento carcelario.

numeral 2 del artículo 313 ibídem, al comportar el delito imputado, una pena mínima de 8 años de prisión. Razones por la que se impuso medida de aseguramiento privativa d e la libertad en establecimiento carcelario.

Luego de analizar en conjunto las pruebas obrantes en el expediente penal y concordante con el precedente jurisprudencial, concluye que “no se exige que el Juez al momento de imponer la medida de aseguramiento deba tener plena certeza respecto de la comisión del delito imputado.” Y cumplidos los demás requisitos, indicó “que la medida de aseguramiento resultaba necesaria, proporcional y razonable, dada la gravedad del delito y la inferencia razonable de autoría o participación según los elementos probatorios allegados por la Fiscalía. ” Pese a la sentencia absolutoria a su favor, en aplicación del principio “in dubio pro reo” proferida con posterioridad a la medida de aseguramiento, puesto que tal situación no afecta la valoración que en su momento realizó el Juez de Control de Garantías.

Declaró probadas las excepciones de inexistencia de daño antijurídico, propuesta por las entidades demandadas, y falta de causa para demandar, propuesta por la Nación – Rama Judicial; la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación se declaró no probada, y finalmente, no abordó el análisis de las excepciones denominadas inexistencia de nexo causal, hecho determinante y exclusivo de un tercero e inexistencia de perjuicios, propuestas por las entidades demandadas, al considerar que no se verificó la existencia del daño antijurídic o alegado , primer

hecho determinante y exclusivo de un tercero e inexistencia de perjuicios, propuestas por las entidades demandadas, al considerar que no se verificó la existencia del daño antijurídic o alegado , primer presupuesto para la declaratoria de responsabilidad.

5. APELACIÓN PARTE DEMANDANTE.5

Indicó que disiente de todos los argumentos planteados en la sentencia, especialmente, los basados en una indebida valoración probatoria en conjunto, que produjo como conclusión de la decisión la inexistencia del daño antijurídico.

Sostuvo que erró el fallador al restringir el estudio del título de imputación solo a la etapa preliminar, sin un análisis probatorio a todo el proceso penal, puesto que las falencias expuestas por la defensa en dicha etapa tomaron fuerza a lo largo del juicio, pues ningún testigo y/o declarante “logró reconocer al demandante ”, y el ente acusador junto con el operador judicial, ante la medida de aseguramiento en diligencia preliminar, solo contaban con entrevistas de desmovilizados que daban

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cuenta de un “ALIAS-LIBARDO”, sin características contundentes y serias, por ejemplo para deducir que las entrevistas no arrojaban con detalle el nombre del señor ORLANDO, pues solo hablaban de un ALIAS LIBARDO, omiti endo entonces evaluar que uno de los

serias, por ejemplo para deducir que las entrevistas no arrojaban con detalle el nombre del señor ORLANDO, pues solo hablaban de un ALIAS LIBARDO, omiti endo entonces evaluar que uno de los entrevistados dio una señal particular en torno al cabello de LIBARDO.

Resaltó otro aspecto relacionado con una captura anterior del demandante, en febrero 18 de 2013, cuando se prese ntó a la Fiscalía con el fin de aclarar su situación jurídica y la demandada omitió su deber de obtener elementos de convicción sólidos para decidir imputar con seguridad y solidez al actor, por ejemplo, haber realizado un reconocimiento en fila de personas.

Manifestó que el Juez administrativo dio argumentos generales, sin ahondar con criterio sobre las falencias probatorias en el proceso penal, máxime, cuando afirma que se trató de un caso armado contra Orlando Ladino, acreditado con todo lo que afloró en la causa penal especialmente en la etapa probatoria respecto de los testigos y desmovilizados, junto con el reconocimiento fotográfico, ademá s de lo que no hizo la Fiscalía para obtener elementos probatorios serios y convincentes.

Consideró que el estudio de la responsabilidad bajo el régimen objetivo no debió descartarse de entrada, toda vez que, la Corte Constitucional en la sentencia SU 072 de 2018 si bien citó que bajo su criterio solo compartía el miramiento de aquellos casos en los dos eventos -el hecho no existió o la conducta es objetivamente atípica -; esta tampoco cerró la puerta para que bajo las otras causales se pudieran aplicar de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto.

no existió o la conducta es objetivamente atípica -; esta tampoco cerró la puerta para que bajo las otras causales se pudieran aplicar de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto.

Afirmó que “el fallo de Unificación del Honorable Consejo de Estado del año 2013, cuenta con plena vigencia, y ell o es así porque según se desprende de los argumentos o razón de la decisión e incluso de la parte resolutiva de las jurisprudencias dentro del proceso 52001233100019960745901 no se deja sin efecto el mismo, esto es, el de 2013, (…) cosa diferente es que el órgano Constitucional en el año 2018, en su argumento defina que no comparte ciertos criterios que fueron decantados en la unificación del 2013 del Consejo de Estado, argumentos que no pueden tener la virtualidad de dejarla sin efecto .” En consecuencia, d ebía ser objeto de aplicación por el Juzgado en el presente caso, ello en acatamiento del precedente vertical, siendo desconocido por el fallador de instancia.

Finalmente, solicita “se proceda por estar también demostrado el daño antijurídico en este escenario de lo objetivo a revocar la sentencia de primera instancia.”

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

Conforme lo regulado en el numera 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la ley 2080 de 2020, y dado que en el presente caso no es necesario decretar pruebas, no hubo lugar a correr traslado a las partes para alegar.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 20

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presente caso no es necesario decretar pruebas, no hubo lugar a correr traslado a las partes para alegar.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 20

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7. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

7.1. Competencia

Como el proceso es de competencia de los jueces administrativos en primera instancia de conformidad con el artículo 155, numeral 6 en concordancia con el 156 inciso 6 del CPACA, el Tribunal es competente para conocer la segunda instancia al así preverlo el artículo 153 ibídem y como quiera que se trata de la sentencia que decide el litigio planteado, esta es apelable de conformidad con el inciso primero del artículo 243 del CPACA.

7.2. Asunto jurídico a resolver.

Conforme la apelación de la parte demandante y al tenor de lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, corresponde determinar si se debe revocar la sentencia recurrida ante las actuaciones realizadas por la Nación Fiscalía General de la Nación y la Nación Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que privaron de la libertad al señor Orlando Ladino Bonilla, configurando un daño antijurídico.

7.3. Precedente sobre res ponsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

Como primera medida se debe indicar que e l artículo 90 de la Carta

Orlando Ladino Bonilla, configurando un daño antijurídico.

7.3. Precedente sobre res ponsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

Como primera medida se debe indicar que e l artículo 90 de la Carta Política, señala que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de las autoridades, de lo cual ha inferido la jurisprudencia que esa responsabilidad exige que se acrediten los siguientes requisitos: a) Un daño antijurídico y b) La imputabilidad del citado daño al Estado, junto con el nexo causal de aquél y éste; requisitos que seguidamente se analizan.

En nuestra legislación interna el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 19916, y el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 regularon lo relacionado con la privación injusta de la libertad, señalando que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Est ado la reparación de perjuicios.

Por otro lado, cabe precisar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 15 de agosto de 20187, fijó las reglas para resolver casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

6 Artículo derogado por el artículo 535 de la Ley 600 de 2000 7 C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera rad. 66001-23-31-000-2010-00235-01-(46.947); Demandante: Martha Lucía Ríos Cortés y otros; Demandado: La Nación Rama Judicial Fiscalia General de la NaciónTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 20

Cortés y otros; Demandado: La Nación Rama Judicial Fiscalia General de la NaciónTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 20

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No obstante lo anterior, la Sección Tercera Subsección B, en sentencia de tutela de fecha 15 de noviembre de 2019 8 dejó sin efectos la citada sentencia y le ordenó profiriera un fallo de reemplazo; el cual fue proferido el 6 de agosto de 2020 9, sin que se hubiesen fijado nuevas reglas de unificación.

Teniendo en cuenta que, a la fecha, no se tiene un criterio unificado en esta materia, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta10, considera que, al desaparecer dicha sentencia de unificación se debe acudir al criterio fijado por la Corte Constitucional en sentencias C037 de 1996 y SU072 de 2018.

Así las cosas, se tiene que en la sentencia C037 de 1996, se estudió la constitucionalidad del artículo 68 del proyecto de ley, por medio del cual se regula la privación injusta de la libertad, y allí se estableció que, era necesario aclarar que el térmi no “injustamente” se refiere a “una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abie rtamente arbit raria”;

actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abie rtamente arbit raria”; pues de lo contario se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, lo que generaría una lesión grave para el patrimonio del Estado.

Aclarado lo anterior, la misma Corte Constitucional, consideró que el artículo estudiado – 68-, tenía fundamento constitucional en los artículos 6, 28, 29, y 90 de la C.P., de tal suerte que declaró la exequibilidad del mismo.

En igual sentido se pronunció sobre el artículo 70 del proyecto de ley, el cual regula la culpa exclusiva de la víctima, pues consideró que la misma, era una manifestación del principio general del derecho de que nadie puede sacar provecho de su propia culpa, explicando que:

“no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y petic iones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados”.

despachos judiciales con demandas, memoriales y petic iones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados”.

Por su parte, la sentencia de unificación SU - 072 de 2018, estableció los siguientes presupuestos a la hora de estudiar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

8 C.P. Martín Bermúdez Muñoz rad. 11001-03-15-000-2019-00169-01 Accionante: Martha Lucía Ríos Cortés y otros; Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, fecha 15 de noviembre de 2019. 9 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera; C.P. José Roberto Sáchica Méndez; rad. 66001-23-31-000-201100235-01 (46.947). 10 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; Rad. 11001-03-15-000-2021-00806-01; demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B; fecha 5 de agosto de 2021TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 20

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Demandante: Orlando Ladino Bonilla y otros Demandado: Nación Rama Judicial y otros Radicación: 41 001 33 33 006 2021 00090 01

 El juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.  Cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que, para estos eventos se aplica un régimen objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.  En los eventos de in dubio pro reo , y cuando el procesado no cometió la conducta, no se aplican los títulos objetivos de la responsabilidad estatal pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del juez mayores análisis para definir si existen pruebas que permitan vincular al inves tigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma.

En recientes pronunciamientos, el H. Consejo de Estado 11 precisó que cuando una persona privada de la libertad es absuelta, se debe analizar si la medida restrictiva fue injusta y si la misma respetó los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. Porque la absolución no es razón suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial:

“De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

(…)

criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

(…) Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial al Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.” (subraya propia).

Así mismo, el Tribunal de Cierre de la Jurisdicción 12, señala que la metodología adecuada para abordar el estudio de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en los casos de privación injusta de la libertad, en aplicación de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, se debe aplicar de la siguiente manera:

“i) en primer lugar , se identifica la existencia del daño, esto es, debe estar proba