TA CHO - 27001333300220160012001-(28-10-2022)

Radicación número: 27001333300220190027901

Acción: Ejecutivo Demandante: Mabel Esther Mena Santos Demandado: Municipio de Quibdó y otro.

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Interlocutorio No. 549

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300220160012001

ACCIÓN: EJECUTIVO

DEMANDANTE: MABEL ESTHER MENA SANTOS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE QUIBDO - SECRETARIA DE

EDUCACION MUNICIPAL.

ASUNTO: RESUELVE APELACIÓN DE AUTO.

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante en contra del Auto Interlocutorio No. 11 del 22 de enero de 2021, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que se abstuvo de librar mandamiento de pago.

1. Antecedentes.

Mediante memorial tendiente a obtener el cumplimiento de las sentencias No. 152 del 29 de agosto de 2019 y 61 del 16 de mayo de 2019, proferidas por el Juzgado Segundo

mandamiento de pago.

1. Antecedentes.

Mediante memorial tendiente a obtener el cumplimiento de las sentencias No. 152 del 29 de agosto de 2019 y 61 del 16 de mayo de 2019, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, respectivamente; cual fuere radicado por el apoderado de la parte demandante.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Quibdó, se abstuvo de librar mandamiento de pago, por los siguiente:

“En este punto y teniendo en cuenta que se trata de un proceso ejecutivo, en el cual el Juez competente en cada caso particular debe analizar el documento o cúmulo de documentos aportados por el ejecutante para determinar si los mismos cumplen con los requisitos formales y de fondo que permitan cobrar a través de la acción ejecutiva las obligaciones en ellos contenidas . Es decir, ante una demanda ejecutiva el Juez debe decidir si el líbelo y los documentos anexos al mismo permiten o no librar mandamiento ejecutivo a favor del demandante y en contra del demandado. Así las cosas, se tiene que las opciones que tiene el juez frente a la demanda ejecutiva tiene tres opciones. 1) Librar el mandamiento de pago cuando los documentos aportados con la demanda contienen una obligación clara, expresa y exigible, esto es, constituyen título ejecutivo. 2) Negar el mandamiento de pago porque junto con la demanda no se aportó el título ejecutivo. 3) Disponer la práctica de las diligencias previas solicitadas en la demanda ejecutiva que cumplan los supuestos legales. Las cuales, una vez cumplidas, conducen al juez a proferir el mandamiento de pago si fueron acreditados los requisitos legales para que exista título ejecutivo; o

en la demanda ejecutiva que cumplan los supuestos legales. Las cuales, una vez cumplidas, conducen al juez a proferir el mandamiento de pago si fueron acreditados los requisitos legales para que exista título ejecutivo; o negarlo, en caso contrario.Radicación número: 27001-33-33-002-2019-00279-01.

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Página 2 de 6 Es entonces, como la presente demanda no se acreditó el requisito de procedibilidad, exigido por la norma especial, para este caso; las a nteriores son razones suficientes para que el Despacho se abstenga de librar mandamiento de pago en el presente asunto.”

2. La apelación de la parte ejecutante.

El apoderado de la parte actora, censuró la decisión, y para ello manifestó:

“Si bien es cierto La Ley 640 de 2001, "Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. dispone en su artículo 35, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, que: "En los asuntos susceptibles de conciliac ión, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, de familia y contencioso administrativa, de conformidad con lo previsto I la presente ley para cada una de estas áreas. (...)" En el caso sub-examine olvido el a-quo que la sentencia C -533

acudir ante las jurisdicciones civil, de familia y contencioso administrativa, de conformidad con lo previsto I la presente ley para cada una de estas áreas. (...)" En el caso sub-examine olvido el a-quo que la sentencia C -533 de 2013 Plena concluye e: (i) el legislador no viola el derecho de acceso a la justicia al establecer la conciliación judicial como requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios, por cuanto es una herramienta ra zonable [busca fines legítimos constitucionalmente, a través de un medio no prohibido, que es conducente para alcanzarlos y que, prima facie, no sacrifica desproporcionadamente otros valores, principios o derechos constitucionales]. (i) El legislador no viola el principio de igualdad al poner a los deudores de los municipios una carga procesal (conciliación prejudicial) que tienen los demás deudores en los procesos ejecutivos considerados en general, pu esto que se trata de una decisión legislativa que constituye un ejercicio razonable del poder configuración normativa que busca una finalidad legítima, mediante un medio no prohibido y adecuado para alcanzarlo.,

(iii) El legislador viola los derechos de los bajadores que tengan acreencias laborales a su favor, susceptibles de ser reclamadas mediante un proceso ejecutivo, en especial los derechos a la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales t. 53, CP) y su derecho a la igualdad (art. 13, CP), al exigirles un requisito procesal (la conciliación prejudicial) que está expresamente excluido por la ley para el resto de los trabajadores. Es decir, la conciliación previa no es exigible no requisito de procedibilidad cuando se trata de

requisito procesal (la conciliación prejudicial) que está expresamente excluido por la ley para el resto de los trabajadores. Es decir, la conciliación previa no es exigible no requisito de procedibilidad cuando se trata de acreencias laborales susceptibles de ser reclamadas a los municipios. (Negrillas fuera del texto original)

Ahora bien, en armonía con el artículo 53 de la Constitución Política, el cual, tratándose de derech os de carácter laboral, otorga la facultad para conciliar o transigir expresamente sobre derechos inciertos y discutibles, el operador judicial de lo contencioso administrativo, con relación a los asuntos susceptibles de conciliación en materia laboral ante esta jurisdicción, y que se discuten a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como garantía de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, debe analizar en rigor si se está ante derechos inciertos y discutibles o no, puesto que de estar ante derechos ciertos e indiscutibles, no es viable exigir el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, toda vez que tales derechos no pueden ser objeto de conciliación.

En esa línea, el Honorable Consejo de Estado, ha considerado jurisprudencialmente que, cuando se trata de litigios de carácter laboral, por regla general se está ante derechos irrenunciables de los trabajadores, resultando en tal sentido improcedente exigir la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.

En este orden de ideas, el trámite de conciliación extrajudicial como requisito d e procedibilidad, hace referencia a derechos que "tengan el carácter de inciertos indiscutibles(sic)" la reclamación de la demandante que se ventiló

En este orden de ideas, el trámite de conciliación extrajudicial como requisito d e procedibilidad, hace referencia a derechos que "tengan el carácter de inciertos indiscutibles(sic)" la reclamación de la demandante que se ventiló a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es de carácter laboral, lo que se debate es u n derecho cierto e indiscutible, lo que hace que las pretensiones no sean conciliables ”.

3. Consideraciones de la Sala.

4. Consideraciones previas

Previo a pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra el auto Interlocutorio N° 11 del 22 de enero de 2021, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y realizado el estudio de procedencia del recurso de apelación establecido en el artículo 180 numeral 6 del C. de P. A. y de lo C. A., la Sala encuentra que el auto recurrido corresponde a los enunciados por las normas en mención com o apelable, fue interpuesto de manera oportuna y debidamenteRadicación número: 27001-33-33-002-2019-00279-01.

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Página 3 de 6 sustentado por lo cual se concluye que es procedente y puede ser estudiado de fondo por la Sala.

5. Análisis de la Sala

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Página 3 de 6 sustentado por lo cual se concluye que es procedente y puede ser estudiado de fondo por la Sala.

5. Análisis de la Sala

La providencia apelada será revocada bajo los siguientes argumentos:

La Sala desde ya observa que la interpretación realizada no fue la que en derecho corresponde; toda vez que la misma sentencia que sirvió de base para la toma de la decisión de instancia, esto es, la C – 533 de 2013, en su ratio decidendi, fue muy clara en indicar que la conciliación prejudicial cuando se trate de demandas ejecutivas en contra de municipios sería obligatoria, siempre y cuando no se trata de asunto de carácter laboral; veamos.

De la C – 533 de 2013, se citará en extensión las consideracion es de la Corte para tomar la decisión de constitucionalidad e indicar que el legislador al momento de establecer una conciliación como medio para acceder a la jurisdicción es violatorio de derechos cuando se traten de asuntos laborales

“8. El legislador v iola los derechos laborales y el derecho a la igualdad de los trabajadores que tienen deudas con municipios, susceptibles de ser reclamadas mediante un proceso ejecutivo

Por último, la Sala Plena considera que la respuesta al tercer problema jurídico es a firmativa. Le asiste la razón al accionante cuando acusa a la norma de violar los derechos laborales constitucionales, así como el derecho a la igualdad entre los trabajadores.

8.1. Tal como se indicó previamente, en la sentencia C -160 de 1999, la Corte decidió que una norma legal que establece la conciliación prejudicial obligatoria en materia laboral, de forma general, sin distinciones y precisiones

8.1. Tal como se indicó previamente, en la sentencia C -160 de 1999, la Corte decidió que una norma legal que establece la conciliación prejudicial obligatoria en materia laboral, de forma general, sin distinciones y precisiones necesarias para asegurar los derechos fundamentales, en especial, el derecho de acceso a la justicia, es inconstitucional. Concretamente, se estableció que ello era así, a propósito de los procesos laborales ejecutivos. Para la Corte “ […] la conciliación no opera en los procesos eje cutivos, porque en razón de su naturaleza la conciliación busca crear una situación de certeza en cuanto a los derechos laborales que el trabajador reclama al empleador, lo cual, por sustracción de materia no se requiere cuando ya se posee un título ejecut ivo del cual emana una obligación a cargo de éste que para el trabajador configura un derecho cierto e indiscutible que no se puede renunciar ni negociar, como lo prevé el art. 53 de la Constitución Política.” Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en varias ocasiones, en especial en la sentencia C -893 de 2001, en la cual se decidió que “sí es inconstitucional la norma que consagra la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en asuntos laborales”; indicó que una regla legal de e se estilo “ […] quebranta abiertamente el principio constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta, según el cual, corresponde a la Ley tener en cuenta la facultad de los trabajadores para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles , la cual se ve afectada cuando se exige al particular acudir a la conciliación como requisito previo a la presentación de la demanda. ”.

trabajadores para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles , la cual se ve afectada cuando se exige al particular acudir a la conciliación como requisito previo a la presentación de la demanda. ”.

8.2. En tal medida, la restricción al derecho laboral que supone la exigencia de la conciliación como un requisito de procedibilidad de la acción ejecutiva, es una medida legislativa irrazonable constitucionalmente, en tanto se vale de un medio prohibido. Esto es, si bien el artículo 47 de la Ley1551 de 2012 busca fines que no sólo son legítimos constitucionalmente, sino que además son imperiosos, el medio por el cual optó el legislador está prohibido constitucionalmente, como lo ha señalado la jurisprudencia. En tanto el artículo 53 de la Constitución contempla el derecho a ‘la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales’, la jurisprudencia constitucional ha indicado que una norma que desconozca abiertamente esta restricción, vulnera un mandato expreso de la Constitución.

8.3. La jurisprudencia también ha sostenido que exigir la conciliación prejudicial como requisito procesal en materia de procesos judiciales de forma general e imprecisa es una herramienta legal irrazonable constitucionalmente, entre otros motivos, cuando se emplean normas vagas y ambiguas o altamente indeterminadas, que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos judiciales laborales. El artículo 47 de la Ley 1551 de 2012 fija el requisito procesal de la conciliación prejudicial en procesos ejecutivos con tra municipios de manera amplia, pero a la vez se establecen una serie de parámetros y reglas que hacen más o menos precisa la aplicación de la figura. Sin embargo, al hacer referencia a los procesos ejecutivos en contra de municipios, sin

manera amplia, pero a la vez se establecen una serie de parámetros y reglas que hacen más o menos precisa la aplicación de la figura. Sin embargo, al hacer referencia a los procesos ejecutivos en contra de municipios, sin distinción algun a, se puede concluir que la norma acusada contempla también las obligaciones de carácter laboral.Radicación número: 27001-33-33-002-2019-00279-01.

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8.3.1. Podría alegarse que la norma acusada debe ser interpretada de acuerdo con la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional en la materia. De hecho, la participación del Ministerio de Hacienda dentro del presente proceso interpreta que la norma contempla el requisito de la conciliación prejudicial en un “ tipo de procesos [que] hace referencia a obligaciones patrimoniales adquiridas por parte de los municipios con los particulares. Son obligaciones dinerarias no laborales […] ”. Sin duda que es una forma adecuada de interpretar la norma a la luz de la Constitución Política.

8.3.2. Pero el proceso ha servido para mostrar que no es ésta la únic a interpretación posible. La incertidumbre de las reglas se evidencia al contrastar la posición del Ministerio, por una parte, y de la Federación Colombiana de Municipios por otra. En su intervención, la Federación indica que “[…] cuando la conciliación se trate de créditos

de las reglas se evidencia al contrastar la posición del Ministerio, por una parte, y de la Federación Colombiana de Municipios por otra. En su intervención, la Federación indica que “[…] cuando la conciliación se trate de créditos laborales no podrá conducir al desconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles, tan sólo se ocupará de la programación del pago según las posibilidades de flujo de recursos de los Municipios y la mayor conveniencia del convocante.”

8.4. Adicionalmente la Sala Plena de la Corte considera que la imposición del requisito procesal de la conciliación prejudicial en materia de procesos ejecutivos laborales que se adelante en contra de un municipio constituye una violación a la especial protección que brinda el principio de igualdad a los trabajadores.

8.4.1. El artículo 53 establece los principios que han de regir la ley laboral en el estado social de derecho. Entre otros, además del respeto al derecho constitucional a irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, se contempla expresamente el principio de igualdad de oportunidades a los trabajadores. En tal medida, se torna categórica la protección que ha dado la Constitución, la ley y la jurisprudencia a sus derechos, impidiendo que se les imponga el requisito procesal de la conciliación prejudicial, especialmente si se hace mediante normas vagas y ambiguas o altamente indeterminadas, y sin fijar parámetros básicos como, por ejemplo, la imposibilidad de con ciliar derechos laborales mínimos o de exigirla especialmente para procesos ejecutivos.

8.4.2. Pero en cualquier caso, no existe en el proceso defensa alguna de por qué no se viola el derecho a la igual protección de los trabajadores bajo la Constit ución, al establecer desde las propias reglas que regulan los

ejecutivos.

8.4.2. Pero en cualquier caso, no existe en el proceso defensa alguna de por qué no se viola el derecho a la igual protección de los trabajadores bajo la Constit ución, al establecer desde las propias reglas que regulan los derechos procesales, un trato diferente entre los trabajadores municipales y el resto de trabajadores. Por qué las reglas del proceso ejecutivo para reclamar derechos laborales han de ser unas p ara los trabajadores de las entidades territoriales y otras para el resto de los trabajadores. En especial, qué justificaría el trato diferente entre trabajadores del sector público en cuanto a las reglas de acceso a la justicia. A diferencia de lo que ocu rre con las acreencias en general, las deudas laborales están sometidas a una condición específica, señalada en la Constitución Política y que ha de ser cumplida por el legislador: las protecciones que se den a los trabajadores deben ser respetuosas del pr incipio de igualdad. La Corte tampoco advierte prima facie, razón alguna que permitiera una distinción de trato que sólo se podría justificar si es un medio estrictamente necesario. Dada la exigencia de igualdad en el trato a los trabajadores, en especial cuando sus derechos se encuentran en conexidad con el derecho al acceso a la justicia, como ocurre en el presente caso, introducir una regla diferente debe estar estrictamente justificado.

8.4.3. En el presente caso, el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, considera que la norma legal acusada bajo el orden constitucional y legal vigente no es aplicable a obligaciones laborales; la Federación Nacional de Municipios por su parte sostiene que sí, pero solicita a la Corte que de acuerdo con su jurisprudencia reiterada se declare la exequibilidad condicionada de la norma. Es claro entonces, que la regulación vigente no

Nacional de Municipios por su parte sostiene que sí, pero solicita a la Corte que de acuerdo con su jurisprudencia reiterada se declare la exequibilidad condicionada de la norma. Es claro entonces, que la regulación vigente no es precisa en cuanto a cuáles son las condiciones de aplicación del artículo 47 demandado a los procesos ejecutivos en contra de los municipios, en los que se reclamen obligaciones de carácter laboral, y como podría ser interpretada válidamente, como que incluye controversias de este tipo, porque la norma dispone que en todo proceso ejecutivo adelantado contra un municipio debe llevarse a cabo previamente una conciliación, es factible afirmar que el legislador viola los derechos laborales de los trabajadores que tienen deudas reconocidas, pendientes de pago por los dichos entes territoriales, susceptibles de ser reclamadas mediante un pr oceso ejecutivo, en especial los derechos a ‘la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales’ (art. 53, CP) y su derecho a la igualdad (art. 13, CP), al exigirles un requisito procesal (la conciliación prejudicial) que está expresamente excluido por la ley para el resto de los trabajadores.

Esto quiere decir que, aunque la norma es ajustada a la Constitución a la luz de los dos primeros cargos analizados, es a la vez inconstitucional a la luz del tercer cargo estudiado. Esto lleva a que la decisión de la Sala sea la de declarar exequible la norma constitucional, bajo el entendido que la misma no es aplicable a los procesos ejecutivos en contra de municipios que puedan tener por objeto el reclamo de deudas laborales reconocida s, a los trabajadores susceptibles de ser cobradas mediante proceso ejecutivo.Radicación número: 27001-33-33-002-2019-00279-01.

ejecutivos en contra de municipios que puedan tener por objeto el reclamo de deudas laborales reconocida s, a los trabajadores susceptibles de ser cobradas mediante proceso ejecutivo.Radicación número: 27001-33-33-002-2019-00279-01.

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Página 5 de 6 Conforme a lo anterior, la Sala mediante una interpretación más encaminada a hacer efectivo los postulados constitucionales y respetando las decisiones de las Sentencias “C” de nuestro máximo órgano protector de la Constitución Política, dirá que la decisión emitida por el juez de instancia no solo quebranta el acceso efectivo a la administración de justicia en el sentido de que crea obstáculos para que se ejecute una decisión tomada por la misma juez, es decir, prácticamente desconociendo su misma providencia; pero por otro lado, desconoce de manera evidente una decisión con efectos erga omnes, la cual es de obligatorio cumplimiento a todos los operadores jurídico sin distinción alguna.

Para mayor claridad, en la providencia que se reseña, la Corte Constitucional en su parte resolutiva indicó de forma tajante:

“Declarar EXEQUIBLE los apartes acusados del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, ‘por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios ’, bajo el entendido de que el requisito

“Declarar EXEQUIBLE los apartes acusados del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, ‘por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios ’, bajo el entendido de que el requisito de la conciliación prejudicial no puede ser exigido, cuando los trabajadores tengan acreencias laborales a su favor, susceptible s de ser reclamadas a los municipios mediante un proceso ejecutivo ”. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Pero de igual manera, en apoyatura de la decisión que deba tomarse, debe recurrirse además a las sentencias hito que antecedieron a la decisión proferida en la C – 533 de 2013, así:

En la sentencia C – 160 de 1999, la Corte indicó:

“CONCILIACION LABORAL-No opera en procesos ejecutivos ni en los de fuero sindical

A juicio de la Corte, la conciliación no opera en los procesos ejecutivos, porque en razón de su naturaleza la conciliación busca crear una situación de certeza en cuanto a los derechos laborales que el trabajador reclama al empleador, lo cual, por sustracción de materia no se requiere cuando ya se posee un título ejecutivo del cual emana una obligación a cargo de éste que para el trabajador configura un derecho cierto e indiscutible que no se puede renunciar ni negociar, como lo prevé el art. 53 de la Constitución Política.

La conciliación no opera en los procesos ejecutivos, porque en razón de su naturaleza la conciliación busca crear una situación de certeza en cuanto a los derechos laborales que el trabajador reclama al empleador, lo cual, por sustracción de materia no se requiere cuando ya se posee un título ejecutivo del cual emana un a obligación a

una situación de certeza en cuanto a los derechos laborales que el trabajador reclama al empleador, lo cual, por sustracción de materia no se requiere cuando ya se posee un título ejecutivo del cual emana un a obligación a cargo de éste que para el trabajador configura un derecho cierto e indiscutible que no se puede renunciar ni negociar, como lo prevé el art. 53 de la Constitución Política. Tampoco la conciliación opera para los asuntos de fuero sindical, en cuanto a la garantía que tienen los trabajadores aforados para no ser despedidos o desmejorados en sus condiciones de trabajo o trasladados a otro establecimiento de la empresa, porque el derecho al fuero sindical, reconocido por la propia Constitución (a rt. 39) se vincula íntimamente con el derecho fundamental de asociación sindical, siendo, por consiguiente, un aspecto nuclear de éste. De modo que, en principio, no parece procedente que se pueda negociar o renunciar un derecho que es esencial para la vig encia efectiva del derecho fundamental de asociación; es más en este evento, por aparecer involucrado este derecho el asunto trasciende al simple interés personal del trabajador, de naturaleza económica, para internarse en el ámbito de una cuestión vincula da a la vigencia y realización efectiva de un derecho fundamental, el cual no es susceptible de negociación”.

De igual modo, en la C – 247 de 1999, se estableció en su parte resolutiva:

“Primero: Sobre los artículos 68 y 82 de la ley 446 de 1998, estars e a lo resuelto en la sentencia C-160 de 1999, que los declaró inexequibles”.

Así las cosas y como no es posible desconocer los criterios jurisprudenciales expuestos en las

que los declaró inexequibles”.

Así las cosas y como no es posible desconocer los criterios jurisprudenciales expuestos en las sentencias que profiere la Corte Constitucional en ejercicio de control abstracto , estos deben ser acatadas por todas las autoridades judiciales y demás autoridades públicas; lo procedente en este caso es asegurar el acceso a la administración de justicia, para que su derecho sea posible efectivizarlo. Todo ello en razón a que la Corte Constitucional funge como intérprete y guardiana de la supremacía e integridad de la Carta Política (labor que realiza cuando seRadicación número: 27001-33-33-002-2019-00279-01.

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Página 6 de 6 estudia la exequibilidad de una norma, la revisión de tutelas y la unificación de derechos constitucionales fundamentales).

Es ese orden, el juez no solo constitucional, sino el administrativo, se legitima en la medida en que respete de buena forma el precedente fijado por nuestras altas cortes; ahora con más razón las de la Corte pues quien más para dirigir los destinos interpretativos de nuestra Carta Política. Conforme a ello, de nada vale proferir una decisión judicial, si al momento de exigir el cumplimiento de la misma por la entidad pública, el mismo juez que profiere la decisión, desconozca los derechos allí plasmados.

Política. Conforme a ello, de nada vale proferir una decisión judicial, si al momento de exigir el cumplimiento de la misma por la entidad pública, el mismo juez que profiere la decisión, desconozca los derechos allí plasmados.

No es dable entonces avalar una decisión que limita o incluso prohíbe el ingreso efectivo a la administración de justicia, con una decisión como la que hoy se distingue. En ese orden de ideas, y evidenciándose que el tema por el cual la parte actora solici tó la ejecución o cumplimiento de una sentencia judicial de carácter laboral donde se ordenó el reintegro de la demandante y el correspondiente pago de los salarios dejados de percibir, encaja perfectamente en las consideraciones expuestas por nuestra gran Corte Constitucional, es automática la decisión revocatoria de la providencia apelada.

Por las razones anteriormente, el Tribunal Administrativo del Chocó,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto interlocutorio N° 11 del 22 de enero de 2021, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que se abstuvo de librar mandamiento de pago , por las consideracio nes expuestas en la providencia, y, en consecuencia, se disponga el a quo a librar el mandamiento de pago respectivo.

SEGUNDO: Por Secretaría, ejecutoriado este proveído, DEVUELVASE el expediente al despacho de origen. Anótese la salida.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión se discutió y aprobó en Sala, según consta en el acta N° 84 de la fecha.

(Firmado electrónicamente)

MIRTHA ABADÍA SERNA

Magistrada

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión se discutió y aprobó en Sala, según consta en el acta N° 84 de la fecha.

(Firmado electrónicamente)

MIRTHA ABADÍA SERNA

Magistrada (Firmado electrónicamente)

ARIOSTO CASTRO PEREA

Magistrado

(Firmado electrónicamente)

NORMA MORENO MOSQUERA

Magistrada

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Tribunal Administrativo del Chocó denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.