TA CHO - 27001333300420100011901-(28-10-2022)

Rad. 27001333300420100011901

Ejecutante: Delucy Paola Caicedo Hinestroza y Otros

Ejecutado: Municipio de Tadó

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

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Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).

INTERLOCUTORIO Nº_0458_

REFERENCIA: 27001333300420100011901

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO SEGUIDO DE SENTENCIA

EJECUTANTE: DELUCY PAOLA CAICEDO HINESTROZA Y OTROS

EJECUTADO: MUNICIPIO DE TADÓ

MAGISTRADA PONENTE: DRA. MIRTHA ABADÍA SERNA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto 1004 del 01 de julio de 2022, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante el cual se decretó la medida cautela de embargo.

I. ANTECEDENTES

1. El doctor Migdonio Mosquera Murillo , actuando como apoderado judicial de los señores Delucy Paola Caicedo Hinestroza y Otros instauró demanda ejecutiva en contra del Municipio de Tadó, con el fin de que se librara mandamiento de pago por las sumas contenidas en las sentencias N° 132 del 12 de agosto de 1999, emitida por esta Corporación y la sentencia del 03 d e octubre de 2007, dictada por el Honorable Consejo de Estado, que declaró al Municipio de Tadó patrimonialmente

por esta Corporación y la sentencia del 03 d e octubre de 2007, dictada por el Honorable Consejo de Estado, que declaró al Municipio de Tadó patrimonialmente responsable de la muerte de Mirian Nohelia Hinestroza Gómez, ocurrida el 30 de mayo de 1993.

2. Mediante providencia del 08 de junio de 2010, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó de la época, libró mandamiento de pago en favor de los ejecutantes por las obligaciones dinerarias contenidas en la sentencia arriba descrita. 1

3. Con auto del 18 de julio de 2014, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó, ordenó seguir adelante con la ejecución en el presente asunto.

4. Por otro lado, mediante escr ito allegado vía email el día 13 de junio de 2022, el apoderado de los ejecutantes, solicitó al señor Juez, el embargo y retención de los recursos que posee o llegue a poseer el Municipio de Tadó en sus cuentas corrientes o de ahorros de los bancos Agrario de Tadó y Bancolombia de Quibdó en la proporción y medida en que se satisfaga el pago de crédito.

5. Con providencia del primero (01) de julio de dos mil veintidós (2022 ), el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó , d ecretó la medida cautelar de embargo solicitada, con la salvedad de que la orden recae única y exclusivamente

1 Ver Expediente en SAMAIRad. 27001333300420100011901

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1 Ver Expediente en SAMAIRad. 27001333300420100011901

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ sobre los dineros que no tengan el car ácter de inembargables en los términos del artículo 594 del C.G.P.

6. El apoderado de la parte ejecutante presentó oportunamente recurso de apelación contra la anterior decisión y en esencia acotó que coincidía con la señora Juez en el sentido de que dicho e mbargo de la totalidad de las cuentas debía limitarse en un 15%, pero dista de la advertencia contenida en la providencia en el sentido de que la orden de embargo recae única y exclusivamente sobre los dineros que no tengan el carácter de inembargables en los términos del artículo 594 del C.G.P.2

7. Mediante auto de 30 de agosto de 2022 , el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, rechazó por improcedente el recurso de reposición y concedió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante contra el auto del 01 de julio de 2022.3

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 125 del CPACA modificado por el artículo 20 de la ley 2080 del 25 de enero de 2021, literal h) “ El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente ” corresponde a la Sala decidir el recurso de

del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente ” corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto mediante el cual se decretó la medida cautelar de embargo.

Problema jurídico.

La controversia planteada por el recurrente busca determinar si es procedente la medida cautelar frente a los recursos girados a la entidad p ública por concepto de transferencias de la Nación.

Para absolver el anterior problema jurídico la Sala unitaria se referirá brevemente i) Inembargabilidad de los recursos públicos y criterio jurisprudencial sobre la materia y; ii) caso concreto.

1. Inembargabilidad de los recursos públicos y criterio jurisprudencial sobre la materia.

El artículo 63 de la Constitución Política establece que son inalienables, imprescriptibles e inembargables los bienes de uso público, parques naturales, entre otros, y los que determine la ley.

En atención a tal precepto, la Ley 179 de 19944 dispuso, en su artículo 6.°, que «Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así

2 Ver cuaderno de medidas de expediente en SAMAI. 3 Ver cuaderno de medidas de expediente en SAMAI. 4 «Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto».Rad. 27001333300420100011901

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman»5. De igual manera, los artículos 18 y 91 de la Ley 715 de 20016 consagran que los recursos del sistema general de participaciones «no pueden ser sujetos de embargo», premisa que fue reproducida en el artículo 1.7 del Decreto 1101 de 20078•

Ahora bien, el mencionado sistema fue creado en virtud de los artículos 356 y 357 superiores, con la finalidad de que los entes territoriales pudieren financiar los servicios a su cargo con recursos transferidos por la Nación, y está constituido, de acuerdo con el artículo 3.° de la Ley 715 de 2001, de la siguiente manera:

El Sistema General de Participaciones estará conformado así:

3.1. Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se denominará participación para educación. 3.2. Una participación con destinación específica para el sector salud, que se denominará participación para salud. 3.3. Una participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y saneamiento básico, que se denominará participación para propósito general.

El artículo 4.° de la citada Ley establece que los recursos del sistema general de participaciones, se distribuyen así: 58.5% para educación, 24.5% destinados a salud y el 17% restante a <<propósito general».

La prohibición de embargar activos públicos tiene como objeto preservar los recursos destinados a la consecución de los fines esenciales del Estado, en

y el 17% restante a <<propósito general».

La prohibición de embargar activos públicos tiene como objeto preservar los recursos destinados a la consecución de los fines esenciales del Estado, en especial, la protección de la dignidad humana, pues de no existir tal veto, podría afectarse el funcionamiento de la Administración y privilegiarse el interés particular en afectación del general.

No obstante, la Corte Constitucional 9, al estudiar la constitucionalidad del artículo 6.° de la Ley 179 de 1994, concluyó que el principio de inembargabilidad del presupuesto público tenía excepciones, pues era dable embargado cuando se persigue el pago de condenas judiciales, tal como ya lo había afirmado en anteriores pronunciamientos.10

Ese alto tribunal reiteró tal criterio, en sentencia C-566 de 200311, al señalar que «la inembargabilidad de dichos recursos solamente se ajusta a la Constitución en la

5 Precepto reproducido en el artículo 19 del Decreto 1II de 1996. 6 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 Y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros». 7 (Los recursos del Sistema General de Participaciones, por su destinación social constitucional, no pueden ser objeto de embargo [... ]». 8 "Por medio del cual se reglamenta el artículo 19 del Decreto III de 1996, los articulas 1 y 91 de la Ley 715 de 2001, y se dictan otras disposiciones».

embargo [... ]». 8 "Por medio del cual se reglamenta el artículo 19 del Decreto III de 1996, los articulas 1 y 91 de la Ley 715 de 2001, y se dictan otras disposiciones». 9 Corte Constitucional, sentencia C-354 de 1997, M. P. Antonio Barrera Carbonell: "La Corte entiende la norma acusada, con el alcance de que si bien la regla general es la inembargabilidad. ella sufre excepciones cuando se trate de sentencias Judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias». 10 Sentencias (i) C-13 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; (ii) C-337 de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa; y (iií) C103 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía. 11 M. P. Álvaro Tafur Galvís.Rad. 27001333300420100011901

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ medida en que ello no impida la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias surgidas de las obligaciones laborales», postura reafirmada en los fallos C-1154 de 200812 y T-873 de 201213.

Por otro lado, aunque el artículo 294 del Código General del Proceso (CGP) prevé que no podrán embargarse los bienes «incorporados en el sistema general de participación», esta Corporación14 dijo que ello era posible cuando se pretendiera garantizar derec hos reconocidos mediante una providencia judicial, en los

que no podrán embargarse los bienes «incorporados en el sistema general de participación», esta Corporación14 dijo que ello era posible cuando se pretendiera garantizar derec hos reconocidos mediante una providencia judicial, en los siguientes términos:

[... ] la salvaguarda de los bienes del presupuesto general no obsta para que la Administración adopte medidas conducentes al pago de sentencias condenatorias a su cargo, la rigidez de la regla que prohíbe su retención cautelar se matiza, puesto que existe un de ber explícito de respetar integralmente los derechos judicialmente reconocidos a terceros.

[...] tanto la legislación vigente como la jurisprudencia constitucional que la ha depurado establecen que, no obstante el principio de inembargabilidad de los recursos públicos sirve de base para el desarrollo del Estado social de derecho, su aplicación cede cuando de satisfacer ciertas obligaciones se trata, puntualmente si estas son de estirpe laboral, se derivan de sentencia judiciales o constan en títulos emanados de la administración.

En atención al derrotero jurisprudencial analizado, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido del criterio de que los recursos del presupuesto general son embargables, cuando con tal medida cautelar se prete ndan el cumplimiento de una condena judicial relacionada con derechos laborales.15

1. Caso concreto.

En el sub lite, a través del proceso ejecutivo, los ejecutantes pretenden el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las sentencias proferidas por esta Corporación y modificada por el Honorable Consejo de Estado, dentro del proceso de la referencia. La sentencia declarativa condenó al Municipio de Tadó, a pagar por concepto de perjuicios morales y materiales unas sumas de dineros a los

Corporación y modificada por el Honorable Consejo de Estado, dentro del proceso de la referencia. La sentencia declarativa condenó al Municipio de Tadó, a pagar por concepto de perjuicios morales y materiales unas sumas de dineros a los accionantes, producto de haberlo declarado patrimonialmente responsable de la muerte de Mirian Nohelia Hinestroza Gómez, ocurrida el 30 de mayo de 1993.

Con memorial día 13 de junio de 2022, el apoderado de los ejecutantes, solicitó al señor Juez, el embargo y retención de los recursos que posee o llegue a poseer el Municipio de Tadó en sus cuentas corrientes o de ahorros de los bancos Agrario de Tadó y Bancolombia de Quibdó.

12M. P. Clara Inés Vargas Hemández. 13 M. P. Mauricio González Cuervo. 14 Sección segunda, subsección B, auto de 21 de julio de 2017, M. P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 08001 -23-31000-2007-00112-02. 15 Postura acogida por la sección primera de esta Corporación, en fallo de tutela de 19 de noviembre de 2018, C. P. Hemando Sánchez Sánchez, expediente 11001-03-15-000-2018-02203-01.Rad. 27001333300420100011901

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Dicha solicitud fue decretada mediante la providencia recurrida, bajo la premisa fundamental de la prohibición expresa de embargabilidad de los bienes y recursos

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Dicha solicitud fue decretada mediante la providencia recurrida, bajo la premisa fundamental de la prohibición expresa de embargabilidad de los bienes y recursos estatales consagrada en el artículo 594 del Código General del Proceso.

Inconforme con la decisión anterior, la parte ejecutante presentó recurso de apelación por cuanto considera que no tiene sentido la citada advertencia de que la orden recae única y exclusivamente sobre los dineros que no tengan el carácter de inembargables.

Esta Sala considera que ninguna de las consideraciones expuestas es suficiente para desvirtuar las excepciones q ue la jurisprudencia contencioso -administrativa y constitucional, ha reconocido como habilitantes para practicar la medida de embargo sobre bienes inembargables.

A juicio de la Sala unitaria el a quo desconocimiento las sentencias C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1154 de 2008, C-539 de 2010 y C -543 de 2013, dictadas por la Corte Constitucional, y en desconocimiento del precedente fijado en el auto del 8 de mayo de 2014 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado16. Veamos.

Especial prevalencia se predica de la pretensión cautelar del caso, puesto que el crédito cuyo pago se demanda, además de mostrarse como una orden judicial, se relaciona con una prestación de origen laboral.

Como se vio, las sentencias constitucionalidad en mención y el auto del 8 de mayo de 2014 identifica unas reglas.

A través de la primera 17 de las providencias mencionadas, se declaró exequible el

Como se vio, las sentencias constitucionalidad en mención y el auto del 8 de mayo de 2014 identifica unas reglas.

A través de la primera 17 de las providencias mencionadas, se declaró exequible el aparte demandado del artículo 18 18 de la Ley 715 de 2001, al considerar que los créditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias del sector educación (que conste en decisiones judiciales u otros títulos legalmente validos), se deben pagar mediante el procedimiento allí señalado, y una vez transcurrido el termino para su exigibilidad, es posible adelantar su ejecución con em bargo de recursos del presupuesto, en principio los destinados al pago de sentencias o conciliaciones (cuando se trate de esta clase de títulos), y si es necesario, sobre los dineros para educación del sistema general de participaciones.

Por medio de prov idencia C -566 de 2003 19, se declaró la exequibilidad de la expresión “estos recursos no pueden ser sujetos de embargo” contenida en el primero inciso del artículo 91 20 de la Ley 715 de 2001, condicionado a que los

16 Expediente 11001-03-27-000-2012-00044-00 (19717) 17 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 18 “Artículo 18. Administración de los recursos. Los departamentos, los distritos y los municipios certificados administrarán los recursos del Sistema General de Participaciones en cuentas especiales e independientes de los demás ingresos de las entidades territoriales. Estos dineros no harán unidad de caja con las demás rentas y recursos de la entidad territorial. Estos recursos, del sector educativo, no podrán ser objeto de embargo , pignoración, titularización o cualquier otra clase

entidades territoriales. Estos dineros no harán unidad de caja con las demás rentas y recursos de la entidad territorial. Estos recursos, del sector educativo, no podrán ser objeto de embargo , pignoración, titularización o cualquier otra clase de disposición financiera” (aparte. Subrayado, condicionalmente exequible) 19 M.P. Álvaro Tafur Galvis 20 “Prohibición de la Unidad de caja. Los recursos del Sistema General de Participaciones no harán Unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. Igualmente, por su destinación socia l constitucional, estos recursos no pueden ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera” (aparte. Subrayado, condicionalmente exequible)Rad. 27001333300420100011901

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ créditos a cargo de las entidades territoria les por actividades propias de cada uno de los sectores a los que se destinan los recursos del sistema general de participaciones (educación, salud y propósito general), bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente validos que contengan una obligación clara, expresa y exigible, “(…) deben ser pagados mediante el procedimiento que señale la ley y que trascurrido el término para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo, en primer lugar, de los recursos del pres upuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esa clase de títulos, y, si ellos no fueren suficientes, de los recursos de la participación respectiva,

ejecución, con embargo, en primer lugar, de los recursos del pres upuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esa clase de títulos, y, si ellos no fueren suficientes, de los recursos de la participación respectiva, sin que puedan verse afectados con embargo los recursos de las demás participaciones”.

Con el fallo C -115421 de 26 de noviembre de 2008, esa alta Corporación declaró exequible el artículo 2122 del Decreto 28 de 200823, bajo el entendido de que «[...] el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses[ 24], contados a partir de la ejecutoria de la misma, y que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica».25

Por su parte, en la sentencia C-543 de 2013, el máximo tribunal constitucional se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los cargos formulados contra “(…) el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo); el artículo 70 (parcial) de la Ley 1530 de 2012; numerales 1, 4 y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012”, no obstante, en la parte considerativa reiteró las reglas exceptivas al principio de inembargabilidad de los recursos que forman parte del sistema nacional de participaciones, bajo los siguientes presupuestos:

“El artículo 63 de la Constitución dispone que "Los bienes de uso público, los

las reglas exceptivas al principio de inembargabilidad de los recursos que forman parte del sistema nacional de participaciones, bajo los siguientes presupuestos:

“El artículo 63 de la Constitución dispone que "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables"

21 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 22 “Inembargabilidad. Los recursos del Sistema de P articipaciones son inembargables. Para evitar situaciones de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relaci onadas con obligación laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y cancel ará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes. Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes” (se subraya). 23 “Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguidamente y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”. 24 El artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) disminuyó el termino para que proceda la ejecución de las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero de 18 a 10 meses.

termino para que proceda la ejecución de las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero de 18 a 10 meses. 25 En sentencia C-539 de 2010, la Corte Constitucional, respecto de los cargos formulados contra el artículo 21 de Decreto 28 de 2008, ordenó estarse a lo resuelto en la C-1154 DE 2008Rad. 27001333300420100011901

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ A la luz del anterior precepto debe entenderse que además de los bienes señalados expresamente en éste, el Constituyente le otorgó al legislador la facultad para determinar, entre otros, los bienes que tienen naturaleza de inembargables, del cual también se deriva el sustento constitucional del principio de inembargabilidad presupuestal.

Por su parte, la Corte Constitucional, al fijar el contenido y alcance del artículo 63 sobre el tema en discusión, ha sostenido que el principio de inembargabilidad es una garantía que se hace necesario preservar y defender, con el fin de proteger los recursos financieros del Estado, en particular, los destinados a cubrir las necesidades esenciales de la población. Esto, por cuanto si se permitiera el embargo de todos los recursos y bienes públicos (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior26.

realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior26.

Sin embargo, contempló excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembarg abilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. Éstas son:

(i) Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas27". (ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos28. (iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.29 (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)30

Esta posición ha sido reiterada por la Corporación, sin que haya declarado la inexequibilidad de las normas referentes a la inembargabilidad de bienes y recursos públicos31, como lo pretende el actor.”

26 Corte Constitucional, sentencia C -546 de 1992, M agistrado Ponente: Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero. 27 C-546 DE 1992 28 En la sentencia C -354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que aunque el principio general de

Caballero. 27 C-546 DE 1992 28 En la sentencia C -354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que aunque el principio general de inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajus tada a la Constitución. Precisó que tratándose de los créditos a cargos del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 mes es después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto - en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos – y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos. 29 La sentencia C -103 de 1994 (Jorge Arango Mejía), se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en un acto administrativo qu e preste merito ejecutivo, esto es, que se expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses. 30 C-793 DE 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 31 La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C-546 de 1992, C-013,C-017, C107, C-337,

C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.Rad. 27001333300420100011901

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ De lo anterior, la Sala colige que el principio de inembargabilidad de los recursos públicos (que encuentra su fundamento en la protección de los fondos financieros de la Nación en aras de la prevalencia del interés general) no es absoluto, pues su afectación es necesaria en algunos casos con miras a hacer efectivos otros principios de raigambre fundamental como la igualdad, dignidad humana y el derecho al trabajo, cuya garantía también corre por cuenta del Estado.

En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha decantado la aplicación de este principio para precisar las tres reglas exceptivas que regulan su aplica ción: la primera surge cuando es menester cancelar créditos u obligaciones de origen laboral, con el fin de efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; la segunda tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para proteger la seguridad jurídica y el respeto de las garantías en ellas reconocidas; y la tercera se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.

judiciales para proteger la seguridad jurídica y el respeto de las garantías en ellas reconocidas; y la tercera se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.

En este punto, la Sala estima importante señalar que las excepciones de inembargabilidad deben sujetarse a los precisos términos contemplados en la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que permite concluir que corresponde al Operador Judicial definir en cada caso concreto la procedencia o improcedencia de la medida cautelar requerida.

Por su parte, la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado ha establecido lo siguiente32:

La Corte ha sostenido que este principio tiene sustento constitucional (art. 63) en la protección de los recursos y bienes del Estado y la facultad de administración y manejo que a éste compete, que permite asegurar la consecución de los fines de interés general que conlleva la necesidad de hacer efectivos materialmente los derechos fundamentales y, en general, el cumplimiento de los diferentes cometidos estatales33.

No obstante, este principio no puede ser considerado absoluto, pues la aplicación del mismo debe entenderse de acuerdo a los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional.

Es por esto que la Corte en reiteradas oportunidades ha sostenido que el citado principio respecto del presupuesto de las entidades y órganos del Estado encuentra algunas excepciones cuando se trate de34:

1. la satisfacción de créditos u obligaciones de origen laborales, necesaria para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas35;

algunas excepciones cuando se trate de34:

1. la satisfacción de créditos u obligaciones de origen laborales, necesaria para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas35;

32 Consejo de Estado, Auto del 8 de mayo de 2014, Exp. 19.717, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 33 Cfr. sentencias C-546 de 1992, C-337 de 1993, C-103 de 1994, , C-354 de 1997,