TA CHO - Sentencia 02-2022-00448-01 (24-02-2026)

Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300220220044801

ELCY RODRIGUEZ ORTIZ

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Quibdó, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiseis (2026).

SENTENCIA No. 014

RADICADO: 27001333300220220044801

DEMANDANTE: ELCY RODRIGUEZ ORTIZ

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BOJAYÁ

MEDIO DE CONTROL:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LEY 2080 DE 2021)

TEMA: CONTRATO REALIDAD (AUXILIAR DE

ENFERMERÍA)

MAGISTRADA PONENTE: DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: Contrato realidad – Prestación personal del servicio, remuneración y subordinación o dependencia/ PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO – Ejecución directa de las labores de vigilancia por parte del contratista, sin posibilidad de delegación, de manera personal, presencial y continua, en atención a las necesidades permanentes de seguridad de la entidad territorial/ REMUNERACIÓN – Pago periódico pactado en los contratos de prestación de servicios, generalmente de carácter mensual, denominado formalmente como honorarios, pero que constituye la contraprestación directa por la labor de vigilancia efectivamente desarrollada, con

– Pago periódico pactado en los contratos de prestación de servicios, generalmente de carácter mensual, denominado formalmente como honorarios, pero que constituye la contraprestación directa por la labor de vigilancia efectivamente desarrollada, con naturaleza retributiva del trabajo prestado/ SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA – Evidenciada en la obligación de cumplir turnos y horarios previamente establecidos, acatar órdenes e instrucciones impar tidas por los superiores jerárquicos o el supervisor del contrato, desempeñar las funciones en los lugares determinados por la entidad y sujetarse a control, seguimiento y vigilancia permanentes/ SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA EN LOS CONTRATOS DE VIGILANCIA – De acuerdo con el análisis del caso concreto, las funciones de vigilancia no se ejecutan con autonomía ni independencia, pues la seguridad institucional exige presencia continua, obediencia a directrices operativas y disponibilidad permanente; la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que, por la naturaleza misma del servicio de vigilancia, resulta indispensable la subordinación, lo que permite concluir la existencia de una relación laboral encubierta bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios.

1. Procede la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de octubre de 2025 , a través de la cual el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Quibdó negó las súplicas de la demanda.

2. La controversia versa sobre la nulidad del oficio del 6 de junio de 2022, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales y prestacionales

Administrativo Oral de Quibdó negó las súplicas de la demanda.

2. La controversia versa sobre la nulidad del oficio del 6 de junio de 2022, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales y prestacionales causadas a favor d el fallecido José de la Cruz Chaverra Valencia por el tiempo laborado como vigilante al servicio del municipio de Bojayá (Chocó), las cuales fueron reclamadas por la demandante en su calidad de compañera permanente.

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia de fecha 30 de octubre de 2025 , el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , resolvió, entre otros , (i) declararSentencia N/R 2da instancia

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probada de oficio la excepción de prescripción , (ii) negar las pretensiones de la demanda y (iii) abstenerse de condenar en costas.

Pretensiones

4. La parte actora solicita que se declare la nulidad del oficio del 6 de junio de 2022, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y de los aportes a la seguridad social del señor José de la Cruz Chaverra Valencia, quien en vida prestó sus servicios a la entidad demandada como vigilante.

por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y de los aportes a la seguridad social del señor José de la Cruz Chaverra Valencia, quien en vida prestó sus servicios a la entidad demandada como vigilante.

5. Así mismo, como restablecimiento del derecho, pretende que se declare que entre el señor Chaverra Valencia y el Municipio de Bojayá existió una relación laboral y, en consecuencia, s e condene a dicho ente territorial al pago de las prestaciones sociales adeudadas —cesantías, primas, vacaciones, intereses y sanación moratoria—, al igual que los aportes a seguridad social dejados de pagar.

Hechos

6. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

7. La señora Elcy Rodríguez Ortiz convivió con José de la Cruz Chaverra Valencia desde 1989 hasta su fallecimiento en junio de 2019, con quien conformó un hogar y tuvo dos hijos. Durante ese tiempo, aquel prestó sus servicios en el Municipio de Bojayá en dos periodos —1992 a 1994 y 2012 a 2019 — bajo contratos de prestación de servicios que, en realidad, encubrían una verdadera relación laboral, pues cumplía horario, seguía órdenes y ejecutaba de manera personal las funciones de vigilante, devengando un salario mensual de $921.461. Pese a ello, la entidad nunca pagó las prestaciones sociales causadas ni realizó los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, obligaciones que él mismo asumió con sus propios recursos.

8. Tras su fallecimiento, la compañera permanente solicitó el 17 de mayo de 2022

correspondientes al sistema de seguridad social, obligaciones que él mismo asumió con sus propios recursos.

8. Tras su fallecimiento, la compañera permanente solicitó el 17 de mayo de 2022 el pago de las prestaciones y aportes adeudados. Sin embargo, mediante oficio del 6 de junio de 2022, el Municipio demandado negó su petición, desconociendo la existencia del vínculo laboral y la obligación de cancelar las sumas reclamadas.

Normas violadas y concepto de la violación

9. La parte actora invocó como normas violadas los artículos 53 de la Constitución Política de Colombia, artículos 138 y 155 numeral 2 del CPACA, artículo 23 y 65 del Código Laboral Colombiano y demás normas concordantes y complementarias.

10. En el concepto de la violación manifestó : “(…) Se vislumbra la presente causal de nulidad, respecto del acto administrativo oficio N° S-2020-039215/ASJURARSAN-22 del 30 de noviembre de 2020, en el entendido que la entidad convocada utilizo mal intencionadamente una modalidad de contratación, la cual fue contrato de prestación de servicios, con el objeto de evadir las obligaciones prestacionales de mi mandante, aunque esta entidad, utilizo la modalidad de contrato de prestación de servicio, lo que en realidad se presentó de conformidad con el artículo 23 del código sustantivo del trabajo, fue un contrato de trabajo, teniendo en cuenta que la señora Onís Becerra Terán, desde el día 26 de agosto de 2016 al 31 de octubre de 2018, personalmente ejercía sus actividades, como enfermera en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Chocó, cumplía un horario de trabajo, el cual era de

2018, personalmente ejercía sus actividades, como enfermera en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Chocó, cumplía un horario de trabajo, el cual era de 8: 00 a.m. a 12:00 y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., tenía un jefe inmediato del cual recibía órdenes, es decir, no tenía autonomía ni independencia, y recibía un salario mensual.Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300220220044801

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Con la actividad desplegada y los argumentos planteados a lo largo de este escrito, la entidad convocada, es violatoria de los artículos 53 constitucional y 23 del código sustantivo laboral. (…)”.

Contestación de la demanda

11. La entidad demandada Municipio de Bojayá no contestó la demanda.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

12. Para arribar a la decisión de declarar probada de oficio la excepción de prescripción y negar las súplicas de la demanda, el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Quibdó consideró que en el plenario está acreditado que el señor José de la Cruz Chaverra Valencia suscribió varios contratos de prestación de servicios con el municipio de Bojayá, todos con objeto de apoyo a la gestión en labores de

Oral de Quibdó consideró que en el plenario está acreditado que el señor José de la Cruz Chaverra Valencia suscribió varios contratos de prestación de servicios con el municipio de Bojayá, todos con objeto de apoyo a la gestión en labores de vigilancia, en los cuales se fijó el cumpl imiento de horarios establecidos por la entidad, rasgo que evidencia subordinación. De ese modo, concurren los tres elementos definidos por la jurisprudencia como propios de la relación laboral: prestación personal, subordinación y remuneración. Indicó, ad emás, que la demandante Elcy Rodríguez Ortiz se encuentra legitimada para reclamar en calidad de compañera permanente del causante, pues manifestó haber convivido con él durante treinta (30) años, en este sentido, las pruebas resultan suficientes para acreditar la unión marital de hecho conforme a la Ley 54 de 1990 y su modificación por la Ley 979 de 2005.

13. Sin embargo, precisó también que en el proceso está demostrado que el último contrato de prestación de servicios celebrado entre el señor José de la Cruz Chaverra Valencia y el municipio de Bojayá tuvo vigencia entre el 5 de enero y el 30 de junio de 2018. En consecuencia, las obligaciones derivadas de dicha vinculación se hicieron exigibles a partir del 1 de julio de 2018, y, de conformidad con la normatividad aplicable, la parte actora disponía hasta el 1 de julio de 2021 para presentar la reclamación e interrumpir la prescripción.

14. Asimismo, destacó que en su declaración la señora Elcy Rodríguez Ortiz afirmó que el señor Chaverra Valencia laboró de manera continua hasta el día de su

para presentar la reclamación e interrumpir la prescripción.

14. Asimismo, destacó que en su declaración la señora Elcy Rodríguez Ortiz afirmó que el señor Chaverra Valencia laboró de manera continua hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el 26 de junio de 2019; sin embargo, tal circunstancia no se desprende de la prueba documental obrante en el expediente.

15. Seguidamente, concluyó que al radicar la reclamación administrativa el 17 de mayo de 2022, esto es, casi cuatro años después de la finalización del último contrato acreditado, ya había transcurrido en exceso el término trienal previsto en la ley. Si bien la presentación del derecho de petición tendría efecto interruptivo de la prescripción, para ese momento el derecho ya se encontraba extinguido.

16. Así las cosas, indicó que no le quedaba otro camino al Despacho que negar las pretensiones de la demanda, al enco ntrarse probada de oficio la excepción de prescripción respecto de los derechos laborales reclamados.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

17. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia de fecha 30 de octubre de 2025 , en primer lugar, argumentando que en el proceso quedó demostrado que entre el señor José de la Cruz Chaverra Valencia y el Municipio de Bojayá existió una verdadera relación laboral. Indicó que esta realidad fue incluso reconocida por la propia jueza durante el desarrollo de la audien cia, por lo que resultaba improcedente que, pese a ese reconocimiento, la providencia no hubieraSentencia N/R 2da instancia

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y prestacionales reclamadas.

23. O si, por el contrario, no es posible declarar la existencia de la relación laboral, dado que el último contrato que suscribió el causante finalizó el 30 de junio de 2018 y la reclamación administrativa solo se presentó el 17 de mayo de 2022, lo que conduce a declarar probada de oficio la excepción de prescripción por haber transcurrido el término trienal legal, como se hizo en la sentencia recurrida. En tal caso, deberá establecerse si, pese a dicha prescripción, es procedente ordenar el pago de los aportes pensionales que, de existir una relación laboral, correspondía efectuar al empleador durante la vinculación del trabajador.Sentencia N/R 2da instancia

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Tesis de la Sala

24. La Sala revocará parcialmente la sentencia apelada, por cuanto en el presente asunto se encuentran acreditados los elementos propios de la relación laboral entre el señor José de la Cruz Chaverra Valencia y el Municipio de Bojayá, dado que aquel prestó sus servicios como vigilante durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2018 a través de sendos contratos de prestación de servicios. Asimismo, está probada que respecto de las prestaciones

resultaba improcedente que, pese a ese reconocimiento, la providencia no hubieraSentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300220220044801

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declarado dicha relación laboral ni ordenado el pago de las obligaciones derivadas de ella.

18. Adicionalmente, sostuvo que, acreditado el vínculo de trabajo, era obligación del despacho declarar su existencia y, al menos, disponer que la entidad cancelara los aportes a pensión dejados de efectuar. Precisó que estos aportes no están sujetos a prescripción, en tanto constituyen un derecho en formación dentro del Sistema de Seguridad Social Integral, lo que imposibilita su extinción por el transcurso del tiempo.

19. Finalmente, la parte apelante también adujo que el causante se encontraba vinculado laboralmente con el Municipio de Bojayá al momento de su fallecimiento, ocurrido en junio de 2019, y que la reclamación administrativa presentada el 18 de enero de 2022 interrumpió la prescripción respecto de los derechos laborales originados en ese periodo. Sin embargo, afirmó que la entidad demandada solo aportó los c ontratos de años anteriores, omitiendo allegar la documentación correspondiente al año 2019, con el propósito —según la apelación— de generar la apariencia de que todas las acreencias estaban prescritas y evitar que se ordenara su pago.

correspondiente al año 2019, con el propósito —según la apelación— de generar la apariencia de que todas las acreencias estaban prescritas y evitar que se ordenara su pago.

Actuaciones en segunda instancia

20. Mediante auto interlocutorio del 20 de enero de 2026, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

III. CONSIDERACIONES

21. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

Problema jurídico de instancia

22. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscr ibe en determinar: si la señora ELCY RODRÍGUEZ ORTIZ, en su calidad de compañera permanente del señor JOSÉ DE LA CRUZ CHAVERRA VALENCIA (q. e. p. d.), tiene derecho a que se declare la existencia de una relación laboral entre este último y el Municipio de Bojayá, con ocasión de los servicios que prestó como vigilante, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, y a que, en consecuencia, se ordene el pago de las acreencias laborales y prestacionales reclamadas.

23. O si, por el contrario, no es posible declarar la existencia de la relación laboral, dado que el último contrato que suscribió el causante finalizó el 30 de junio de

aquel prestó sus servicios como vigilante durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2018 a través de sendos contratos de prestación de servicios. Asimismo, está probada que respecto de las prestaciones sociales reclamadas operó el fenómeno de la prescripción trien al, pues la reclamación administrativa de tales acreencias fue radicada el día 17 de mayo de 2022, esto es, cuando ya había transcurrido el término de tres (3) años después de finalizado el vínculo contractual.

25. No obstante, contrario a lo decidido por el A quo, conviene precisar que las cotizaciones al Sistema General de Pensiones no están sujetas a prescripción, conforme a la jurisprudencia de unificación vigente del Consejo de Estado. En consecuencia, se di spondrá que la entidad demandada realice el pago de los aportes pensionales adeudados ante el fondo al cual se encontraba afiliado el señor Chaverra Valencia, con base en el ingreso correspondiente al cargo de vigilante.

El principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales

26. La realidad sobre las formalidades evidenciadas en las relaciones de trabajo, hace referencia a un principio constitucional imperante en materia laboral y expresamente reconocido por el artículo 53 1 de la Carta Política, entendido de la siguiente forma: no importa la denominación que se le dé a la relación laboral, pues, siempre que se evidencien los elementos integrantes de la misma, ella dará lugar a que se configure un verdadero contrato realidad.

27. Es preciso destacar que se ha denominado contrato realidad aquél que, teniendo apariencia distinta, encierra por sus contenidos materiales una verdadera

lugar a que se configure un verdadero contrato realidad.

27. Es preciso destacar que se ha denominado contrato realidad aquél que, teniendo apariencia distinta, encierra por sus contenidos materiales una verdadera relación laboral en donde se establece el primado de la sustancia sobre la forma.

28. Adicionalmente, el artículo 25 constitucional, establece que el trabajo es un derecho fundamental que goza "...en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado". De ahí que se decida proteger a las personas que bajo la figura de un contrato de prestación de servicios cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter prestacional, independientemente de las formalidades adoptadas por las partes contratantes.

29. Ahora bien, para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que el actor pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es: i. Que su actividad en la entidad haya sido personal; ii. Que por dicha labor haya

1 ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social,

trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300220220044801

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recibido una remuneración o pago y, iii. Además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.

30. Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad y

todo el tiempo de duración del vínculo.

30. Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral. Todo ello con el propósito de realizar efectivamente el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral.

31. Adicional a lo anterior, y sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, por este sólo hecho de estar vinculado no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión como lo ha reiterado el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso

32. Conforme las pruebas válidamente aportadas al proceso, la Sala encuentra acreditadas las siguientes situaciones fácticas relevantes:

33. El señor José de la Cruz Chaverra Valencia fue vinculado como vigilante por el Municipio de Bojayá mediante sendos contratos de prestación de servicios durante desde el 1 de enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2018, en forma interrumpida,

así2:

Contrato Periodo de ejecución Valor Interrupción días hábiles

desde el 1 de enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2018, en forma interrumpida, así2:

Contrato Periodo de ejecución Valor Interrupción días hábiles 023 01 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014 3.270.000 21 029 2 de febrero 2015 al 31 de mayo 2015 3.094.000 0 012 01 de junio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 5.320.000. 8 024 15 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2016 4.472.600 0 119 1 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 4.879.200 3 005 5 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2017 5.104.728 0

2 Visible a índice 9 denominado del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI -Primera Instancia, páginas 31-43.Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300220220044801

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91 4 de julio de 2017 a 31 de diciembre de 2018 5.162.736 3 049 Del 05 de enero de 2018 a 30 de junio de 2018 5.405.905 0

34. En los contratos de prestación de servicio, se pactaron, entre otras, las

siguientes obligaciones:

“1. Prestar el servicio en forma oportuna.

2.Realizar las labores de vigilancia que se le encomienden en el horario que para el efecto se establezca.

3. Responder por el buen uso y conservación de los elementos y/ o equipos de trabajo.

4. El contratista mantendrá indemne al CONTRATANTE, en el c aso de demandas, reclamaciones o acciones legales con EL CONTRATANTE por las acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, quien será notificado obligándose a responder por dichas reclamaciones y asumir todo los costos y gastos que se generen.

5. Cumplir con los derechos y deberes conforme al artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

6. A excepción de la Ley y la autoridad acreditadora el Contratista actuará de manera confidencial y no revelará a terceros, sin previo consentimiento por escrito del cliente, la información que se considere confidencial.

7. Cumplir con lo pactado en este contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando oportuna e idóneamente el objeto contratado.

8. Cumplir con las obligaciones antes descritas y con las demás que le asigne el supervisor, en forma oportuna y con sujeción a las instrucciones

ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando oportuna e idóneamente el objeto contratado.

8. Cumplir con las obligaciones antes descritas y con las demás que le asigne el supervisor, en forma oportuna y con sujeción a las instrucciones que sobre el particular le imparta el mismo.

9. Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual acordes con el mismo y no atenten contra la independencia y autoría administrativa del contratista”.

35. El día 17 de mayo de 2022 la señora ELCY RODRIGUEZ ORTIZ le solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas a favor del fallecido JOSE DE LA CRUZ CHAVERRA VALENCIA correspondiente a los años 1992, 1993, 1994, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y hasta junio de 2019 y la devolución de los dineros correspondiente a las cotizaciones de seguridad social hechas por aquel3.

36. Mediante oficio del 6 de junio de 2022, el Alcalde del Municipio de Bojayá negó la solicitud presentada por la demandante, al considerar que el señor José de la Cruz Chaverra Valencia estuvo vinculado a la entidad a través de órdenes de prestación de servicios, razón por la cual le correspondía asumir directamente el

3 Visible a índice 9 denominado del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI -Primera Instancia, páginas 25-27.Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300220220044801

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pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. En ese sentido, sostuvo que el ente territorial no tenía obligación alguna de reintegrar los aportes efectuados por el causante durante el tiempo de vinculación.

37. Adicionalmente, indicó que la solicitante carecía de legitimación en la causa por activa para formular dicha reclamación, por cuanto no se encontraba acreditada la existencia de la unión marital de hecho en los términos previstos en la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005.

38. Conforme la valoración probatoria efectuada en este asunto, se advierte que (i) el señor José de la Cruz Chaverra Valencia prestó de manera personal sus servicios en forma interrumpida como vigilante en el Municipio de Bojayá (Chocó) desde el 1º. de enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2014; y (ii) el 17 de mayo de 2022, la demandante en calidad de compañera permanente del causante reclamó a dicho ente territorial el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y la devolución de los dineros pagados por aquel por concepto de seguridad social, lo que le fue negado a través del acto administrativo demandado.

39. En cuanto a la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar

de los dineros pagados por aquel por concepto de seguridad social, lo que le fue negado a través del acto administrativo demandado.

39. En cuanto a la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar que, de conformidad con los referidos contratos de prestación de servicios, su objeto fue “Prestar el servicio de apoyo a la gestión de la entidad realizando labores de vigilancia a nombre de la Alcaldía Municipal de Bojayá (Chocó)”.

40. De igual modo, con fundamento en las copias de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el señor José de la Cruz Chaverra Valencia (q. e. p. d) y la entidad demandada , los certificados de disponibilidad presupuesta l, el oficio expedido el 6 de junio de 2022 por el Alcalde del Municipio de Bojayá y la declaración de la señora Elcy Ridríguez Ortiz obrante en el plenario, se encuentra acreditada la existe