TA CHO - Sentencia 08-2024-00056-01 (30-04-2026)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

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Quibdó, treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Sentencia Sentencia N.°37 Medio de control. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORALDemandante (s). YASMINA MOSQUERA MURILLO Demandado (s). NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MUNICIPIO DE QUIBDÓ – SEDQUIBDÓ Radicado. 27001333300820240005601

Instancia Segunda Temas y subtemas Diferencia en el porcentaje de incremento salarial en el año 2008 entre docentes del grado de escalafón 3BM y el escalafón 3DM Decisión Confirma Sentencia

MAGISTRADA PONENTE: ADELA YRIASNY CASAS DUNLAP

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia N.°96 de fecha 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La señora Yasmina Mosquera Murillo, por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó inaplicar por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024 y se declare la nulidad del

del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó inaplicar por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024 y se declare la nulidad del acto administrativo 2024-EE-116270, de fecha 17 de abril de 2024, proferido por el Ministerio de Educación Nacional y QBD2024EE000944 de fecha 29 de abril de 2024 expedido por el Municipio de Quibdó-Secretaria de Educación Municipal a través de los cuales se le negó el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008.

1.1. LA DEMANDA.

1.1.1. PRETENSIONES Y CONDENAS.

La señora Yasmina Mosquera Murillo , por medio de apoderada formuló las siguientes pretensiones:

1.1.1.1. Inaplicar por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024, que derogó el Decreto Nacional 887 del 2 de junio de 2023, que derogó a su vez del Decreto Nacional 449 de 2022, que así mismo derogó el Decreto Nacional 965 de 2021 y que con posterioridad derogó el Decreto Nacional 319 de 2020, y/o se declare la nulidad de los decretos que lo modifiquen, adicionen, aclaren o revoquen, en relación con la asignación salarial que correspondió a la categoría 3BM teniendo de presente que los salarios de tres (3) a ños anteriores a la fecha de la reclamación administrativa, debieron ser superiores a lo ordenado por estas disposiciones del orden nacional, expedidas en virtud de lo establecido

correspondió a la categoría 3BM teniendo de presente que los salarios de tres (3) a ños anteriores a la fecha de la reclamación administrativa, debieron ser superiores a lo ordenado por estas disposiciones del orden nacional, expedidas en virtud de lo establecido en la ley 4 de 1992 y en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002.

1.1.1.2. Declarar la nulidad del acto administrativo 2024-EE-116270, de fecha 17 de abril de 2024 mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional le negó a la demandante el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2009 para el grado en el escalafón 3 DM, mediante elPágina 2 de 13

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MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACTOR: YASMINA MOSQUERA MURILLO CONTRA: NACIÓN - MINEDUCACIÓN –MUNICIPIO DE QUIBDÓ Decreto Nacional 714 de 2008, en porcentaje del 44.89%, mientras que, para la categoría del escalafón 3BM, se le incrementó el 13.92%. En igual sentido, solicita que se declare la nulidad del acto administrativo QBD2024EE000944 de fecha 29 de abril de 2024, a través del cual el Municipio de Quibdó –Sed Quibdó le negó el mismo derecho.

1.1.1.3. Declarar que l a demandante, quien pertenece a la categoría 3BM del Escalafón Nacional Docente, de acuerdo al artículo 21 del Decreto - Ley 1278 de 2002 tiene derecho

1.1.1.3. Declarar que l a demandante, quien pertenece a la categoría 3BM del Escalafón Nacional Docente, de acuerdo al artículo 21 del Decreto - Ley 1278 de 2002 tiene derecho a que la Nación – Ministerio de Educación Nacional y Municipio de Quibdó-Secretaria de educación del municipio de Quibdó, le reconozcan y paguen las diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años anteriores a la petición realizada, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el futuro, y que esta diferencia salarial, tenga efectos fiscales hacia el futuro.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y, a título de restablecimiento del Derecho, solicita:

1.1.1.4. Que se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional y Municipio de Quibdó-Secretaría de Educación Municipal, al reconocimiento y pago de los dineros a la docente oficial, perteneciente a la categoría 3BM, de acuerdo al artículo 21 del DecretoLey 1278 de 2002, de las diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años anteriores a la petición por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el futuro, con ocasión de la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada e ilegal en el año en el año 2008.

1.1.1.5. Que se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional y Municipio de Quibdó-secretaría de Educación Municipal, al reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima de Navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación pedagógica,

Quibdó-secretaría de Educación Municipal, al reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima de Navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación pedagógica, horas extras y demás emolumentos percibidos por la demandante en los últimos tres (3) años anteriores a la reclamación.

1.1.1.6. Que se condene a las entidades demandadas, a reconocer y pagar el valor de las diferencias salariales que, por concepto de cesantías anualizadas, se hayan causado en estos últimos tres (3) años anteriores a la reclamación administrativa.

1.1.1.7. Igualmente, solicita el reconocimiento y pago de intereses moratorios conforme lo dispone el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el pago de condena en costas.

1.1.2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA.

Como fundamento fáctico de las pretensiones, la parte demandante señala:

Que en el año 2008, se crearon mejoras salariales para docentes con especialización en el escalafón 2, debido al aumento de profesionales especializándose. Sin embargo, el aumento salarial de 2008 fue incorrecto y desigual, contraviniendo la Constitución y las leyes. Que a través de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008 se aplicó un incremento del 44.89% para docentes de la categoría 3DM, mientras que la categoría 3AM recibió un incremento del 17.40%, lo que ha afectado los salarios futuros, porque cada año el aumento se aplica sobre la base del salario anterior.

incremento del 44.89% para docentes de la categoría 3DM, mientras que la categoría 3AM recibió un incremento del 17.40%, lo que ha afectado los salarios futuros, porque cada año el aumento se aplica sobre la base del salario anterior.

Expresó que, radicó reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación nacional y la Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó, entidades las cuales respondieron de manera desfavorable.

1.1.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PRETENSIÓN Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

1.1.3.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PRETENSIÓN - NORMAS VIOLADAS.

Invocó como normas violadas los artículos 13 y 53 de la Constitución Política de Colombia; los artículos 1, 3, 4 y 6 de la Ley 4ª de 1992; artículos 46 y 49 del Decreto - Ley 1278 de 2002 y el artículo 137 del CPACA.Página 3 de 13

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ACTOR: YASMINA MOSQUERA MURILLO

CONTRA: NACIÓN - MINEDUCACIÓN –MUNICIPIO DE QUIBDÓ

1.1.3.2. CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

La parte actora expuso que para los docentes oficiales existe un sistema de escalafón que determina las asignaciones salariales; sin embargo, desde el año 2008 se ha evidenciado un trato desigual en los incrementos anuales, lo que ha generado diferencias en la base

La parte actora expuso que para los docentes oficiales existe un sistema de escalafón que determina las asignaciones salariales; sin embargo, desde el año 2008 se ha evidenciado un trato desigual en los incrementos anuales, lo que ha generado diferencias en la base salarial entre los docentes. Señaló que los incrementos realizados en los años 2005, 2006 y 2007 fueron uniformes para todos los vinculados a la nuev a carrera docente, pero a partir de 2011 se rompió dicho principio, situación que considera contr aria a la Constitución y, en particular, al principio de favorabilidad. Por tal razón, solicitó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que establecieron dichos incrementos.

La apoderada de la parte demandante afirmó que el Ministerio de Educación Nacional y la entidad territorial demandada no han aplicado de manera correcta los incrementos salariales, generando un trato discriminatorio entre los docentes y afectando sus derechos. A su juicio, todos los docentes deben recibir un tratamiento igualitario, sin que se otorguen aumentos superiores a determinados grupos, por lo que solicitó la inaplicación del Decreto Nacional 284 de 2024, al considerar que la base para calcular dich os incrementos es errónea desde el año 2008.

Finalmente, cuestionó la legalidad de los actos administrativos expedidos, argumentando que en su expedición y aplicación no se respetaron los principios de igualdad y transparencia, pues se otorgaron incrementos diferenciados según la categoría o el nivel académico del docente, desconociendo la obligación legal y constitucional de garantizar incrementos equitativos para todos.

1.2. DE LA DEFENSA O RESISTENCIA.

1.2.1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional 1 - Secretaría de Educación del

incrementos equitativos para todos.

1.2. DE LA DEFENSA O RESISTENCIA.

1.2.1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional 1 - Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó, guardo silencio durante el termino de traslado.

1.3. LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante sentencia de primera instancia N° 96 de fecha 29 de septiembre de 2025 , negó las pretensiones de la demanda al considerar que, no se advierte vulneración al derecho a la igualdad, habida cuenta que el tratamiento diferente que se establece en los actos acusados, en relación con el aumento salarial entre quienes se encontraban en el escalafón perteneciente a la actora y quienes se e ncontraban en el escalafón 3BM, no debe considerarse discriminatorio, por las siguientes razones. (i) Los criterios que el legislador señaló específicamente en el numeral 2 del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, mediante la cual se confirieron facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir los decretos que se piden inaplicar, en vir tud del principio de la configuración legislativa, bien puede el legislador considerar que es necesario fijar unas diferentes condiciones salariales para los docentes escalafonados de un grado, respecto de otro, atendiendo unos parámetros, sin que ello signifique que se esté discriminado a los docentes de uno u otro grado. (ii) Ahora bien, es preciso recordar, como bien lo anotó la Corte Constitucional, no es posible comparar prestaciones específicas entre grados de escalafón diferentes.

1.4. EL RECURSO DE APELACIÓN.

grado. (ii) Ahora bien, es preciso recordar, como bien lo anotó la Corte Constitucional, no es posible comparar prestaciones específicas entre grados de escalafón diferentes.

1.4. EL RECURSO DE APELACIÓN.

La parte demandante a través de apoderada apeló la decisión de primera instancia en forma oportuna, argumentando que los actos administrativos demandados desconocieron los principios constitucionales y legales establecidos, generando que en la actualidad los docentes estén percibiendo un salario inferior al que realmente deberían estar percibiendo, toda vez que su base se encuentra afectada desde anteriores anualidades, por lo cual, se solicita, honorable Juez, que acceda a las pretensiones de la demanda para poner fin a la vulneración de principios superiores, tales como la igualdad y la no discriminación, sufrida por la parte demandante debido a la actuación arbitraria de la entidad demandada, quien aplicó incrementos porcentuales injustificados en los año s 2008, 2009 y 2011, afectó la base salarial de años posteriores, sin que expusiera en la oportunidad procesal correspondiente las razones de hecho y de derecho que motivaron dicha medida.

1 Visible a índice 07 del Expediente de primera instancia en la plataforma Samai.Página 4 de 13

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ACTOR: YASMINA MOSQUERA MURILLO

CONTRA: NACIÓN - MINEDUCACIÓN –MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Como consecuencia solicito que se revoque la sentencia de primera instancia proferida el 29 de septiembre de 2025 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de

Para tal efecto, se abordarán los siguientes aspectos:

1. Determinar si procede declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó y el Ministerio de Educación Nacional, mediante los cuales se negó a la parte demandante el reconocimiento y pago de las diferencias salariales generadas por los incrementos porcentuales diferenciados establecidos por el Gobierno Nacional en el Decreto 714 de 2008 que fijó un aumento del 44.89% para el grado 3DM y del 13.92% para la categoría 3BM.

1. Establecer si resulta procedente la inaplicación del Decreto Nacional 284 de 2024, que fijó la escala salarial docente para dicho año, bajo el argumento de que los incrementos allí previstos se calcularon sobre una base salarial afectada desde los años 2008, 2009 y

2011.

2.3. DE LOS FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES.

2.3.1. Excepción de inconstitucionalidad.

La Honorable Corte Constitucional, en la sentencia SU-132 de 2013, al pronunciarse sobre el concepto y alcance de la excepción de inconstitucionalidad, señaló que esta constituye una facultad, posibilidad o herramienta de los operadores jurídicos, la cual no requiere ser alegada o interpuesta como una acción. No obstante, también comporta un deber, en la medida en que las autoridades están obligadas a aplicarla cuando adviertan una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales. Conforme al pronunciamiento de la Alta Corte, dicha herramienta se emplea con el fin de

contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales. Conforme al pronunciamiento de la Alta Corte, dicha herramienta se emplea con el fin de proteger, en un caso específico y con efectos inter partes, los derechos fundamentales que puedan verse comprometidos por la aplicación de una norma de inferior jerarqu ía que, de manera clara y evidente, contraríe las disposiciones contenidas en la Constitución Política.

2 “ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”.Página 5 de 13

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MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACTOR: YASMINA MOSQUERA MURILLO CONTRA: NACIÓN - MINEDUCACIÓN –MUNICIPIO DE QUIBDÓ En Sentencia C – 122 de 2011, la Corte de cierre en materia constitucional, al referirse al fundamento de la excepción de inconstitucionalidad precisó: “La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán

CONTRA: NACIÓN - MINEDUCACIÓN –MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Como consecuencia solicito que se revoque la sentencia de primera instancia proferida el 29 de septiembre de 2025 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.

1.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

Dentro del término establecido en el numeral 4° del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no existe constancia de pronunciamiento de las partes.

II. CONSIDERACIONES

2.1. COMPETENCIA.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.) 2, este Tribunal Administrativo es competente para decidir, en segunda instancia, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, el 17 de octubre de 2025.

2.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a esta Sala establecer si, en el caso objeto de estudio, debe confirmarse o no la sentencia N°96 de fecha 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que negó las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, se abordarán los siguientes aspectos:

1. Determinar si procede declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó y el Ministerio de Educación Nacional,

excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”. Esta norma hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concent rado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución. De otra parte, hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del si stema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución. Por este hecho una norma que haya sido exceptuada por cualquier autoridad judicial, administrativa o por un particular cuando tenga que aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes si la norma

particular cuando tenga que aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes si la norma exceptuada es constitucional o no. Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Corte que las excepciones de inconstitucionalidad que profieren las autoridades judiciales, administrativas o los particulares cuando tengan que aplicar una ley, no elimina la posibilidad que tiene la corporación de realizar el control de constitucionalidad de determinado precepto”. El Honorable Consejo de Estado, en providencia del 30 de enero de 2020, C.P. Dra. ROCÍO ARAUJO OÑATE, expediente número 11001 -03-28-000-2019-00017-00, al referirse a la excepción de inconstitucionalidad dijo: “114. La jurisprudencia constitucional ha definido que la excepción de inconstitucionalidad es una facultad de los jueces, o inclusive, un deber que tienen los mismos, de inaplicar una norma jurídica en aquellos eventos en que detecten que contradice postulados constitucionales3.

115. En consecuencia, “esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política”.4

116. El carácter prevalente de la Constitución Política, expresamente consagrado en el inciso 1° del artículo 4°5, también puede apreciarse en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, que previó en el acápite de medios de control lo siguiente:

el inciso 1° del artículo 4°5, también puede apreciarse en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, que previó en el acápite de medios de control lo siguiente:

“ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte”.

3 En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 28 de febrero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 25000-23-41-000-2018-01126-01(ACU). 4 Corte Constitucional, sentencia SU 132 del 13 de marzo de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. 5 “ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.Página 6 de 13

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ACTOR: YASMINA MOSQUERA MURILLO

CONTRA: NACIÓN - MINEDUCACIÓN –MUNICIPIO DE QUIBDÓ

117. En virtud de las normas antes señaladas, tanto a petición de parte como de oficio, en cualquiera de los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo

CONTRA: NACIÓN - MINEDUCACIÓN –MUNICIPIO DE QUIBDÓ

117. En virtud de las normas antes señaladas, tanto a petición de parte como de oficio, en cualquiera de los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, resulta procedente establecer si para el caso objeto de estudio una norma es o no contraria a la Constitución Política, y en caso afirmativo que se inaplique la misma, sin perder de vista que la decisión sólo produce efectos para el caso concreto, en atención a que el análisis de si el precepto correspondiente debe permanecer o no en el ordenamiento jurídico con efectos erga omnes, está llamado a realizarse en sede de nulidad o constitucionalidad, según el caso, luego de surtido el procedimiento especializado respectivo6”.

Conforme al análisis jurisprudencial trascrito, se concluye entonces que la excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4° de la Constitución Política, constituye un mecanismo de control difuso que faculta y en ciertos casos obliga a jueces, autoridades administrativas e incluso particulares a inaplicar, en un caso concreto y con efectos inter partes, normas jurídicas que resulten claramente contrarias a la Constitución.

Las altas cortes han analizado y utilizado esta figura, precisando su alcance, fundamento y límites, resaltando que su finalidad es proteger los derechos fundamentales frente a la aplicación de normas de inferior jerarquía, sin que ello implique la expulsión definitiva de la disposición del ordenamiento jurídico, dado que su eventual retiro con efectos erga omnes corresponde a un control concentrado de constitucionalidad.

En suma, la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta de aplicación inmediata

la disposición del ordenamiento jurídico, dado que su eventual retiro con efectos erga omnes corresponde a un control concentrado de constitucionalidad.

En suma, la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta de aplicación inmediata para salvaguardar la supremacía de la Constitución, cuya utilización está sujeta a criterios de claridad, evidencia y pertinencia en el caso concreto.

2.3.2. Régimen Salarial de Empleados Públicos La Constitución Política de 1991, señala que corresponde al Congreso, mediante la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterio a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional d e los servidores públicos y régimen prestacional mínimo de los trabajos oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en los literales e) y f) del numeral 19 de su artículo 150.

Ha dicho el Consejo de Estado7, que la facultad que tiene el Gobierno para fijar los salarios y prestaciones sociales del sector oficial no es ilimitada y no la puede ejercer de manera arbitraria, sino que está sometida a los lineamientos de la Constitución y la Ley marco objeto de desarrollo reglamentario.

“En concreto, pueden identificarse los siguientes elementos como parámetros determinantes para que el ejecutivo ejerza sus competencias en términos de legalidad, razonabilidad y respeto de los valores que pregona nuestro Estado:

➢ Desde el punto de vista constitucional8

1. Garantizar un salario justo, pues es expresión del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.9 ii) Asegurar una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.

1. Garantizar un salario justo, pues es expresión del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.9 ii) Asegurar una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. iii) Respetar el principio «a trabajo igual salario igual».10

6 Sobre la aplicación de la referida excepción, del Consejo de Estado, Sección Quinta pueden consultarse entre otras las siguientes providencias: (i) Del 28 de febrero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 25000 -23-41-000-2018-0112601(ACU); (ii) del 4 de agosto de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001 -03-28-000-2015-00050-00; (iii) del 28 de julio de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-28-000-2015-00060-00; (iv) del 9 de agosto de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 25000-23-24-000-2011-00829-00; (v) del 6 de octubre de 2011, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001 -03-28-000-2010-00120-00; (vi) del 11 de noviembre de 2010, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón, Rad. 11001-03-28-000-2010-00087-00. 7 Consejo De Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda -Subsección A Sentencia del 30 de septiembre de 2021. C. P.: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00103-00(0209-14)

Sentencia del 30 de septiembre de 2021. C. P.: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00103-00(0209-14) 8 Sentencia C-081 de 1996. 9 Artículos 1 y 25 de la Constitución Política. 10 Artículo 53 de la Constitución Política. Sentencias C-071 de 1993 y T-102 de 1995.Página 7 de 13

REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300820240005601

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACTOR: YASMINA MOSQUERA MURILLO CONTRA: NACIÓN - MINEDUCACIÓN –MUNICIPIO DE QUIBDÓ ➢ Desde el punto de vista de la Ley 4 de 1992 - Ley marco para la fijación del régimen salarial y prestacional del sector oficial

Los artículos 2 y 3 ibidem dispusieron que el Gobierno nacional debía atender a variados objetivos, criterios y lineamientos para desarrollar la referida norma, de los cuales se resaltan los siguientes:

1. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales.

1. La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal. iii) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad.

1. El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño.

limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad.

1. El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño. v) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral.

El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.

Refiriéndose al régimen salarial de los empleados públicos, el Consejo de Estado en Sentencia del 20 de enero del 2022, Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER, Radicación número: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018), expresó:

“…el régimen salarial y prestacional d