TA CHO - Sentencia 27001-23-33-000-2022-00014-00 (02-05-2025)

Sentencia 1ra instancia (repetición) Radicado No. 27001233300020220001400

JESUS HOMERO LEDEZMA RENTERIA

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Quibdó, dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 052

RADICADO: 27001233300020220001400

DEMANDANTE: JESÚS HOMERO LEDEZMA RENTERÍA

DEMANDADO: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CIVIL – DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL

DEL CHOCÓ

MEDIO DE CONTROL:

TEMA:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE

REGISTRADOR MUNICIPAL

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

PRONUNCIAMIENTO

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a proferir sentencia de primera instancia, dentro del proceso promovido por el señor JESÚS HOMERO LEDEZMA RENTERÍA en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ en el que pretende obtener la nulidad de los actos administrativos contenidos en los fallos

nulidad y restablecimiento del derecho contra la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ en el que pretende obtener la nulidad de los actos administrativos contenidos en los fallos de primera y segunda instancia de fec ha 12 de julio de 2021 y 20 de septiembre de 2021 y la resolución No. 182 de 2021 , mediante los cuales se declaró su responsabilidad disciplinaria , se le sancionó con inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos y se le retiró del servicio.

2. Solicitó además a título de restablecimiento del derecho, el reintegro al cargo de que venía desempeñando, la cancelación en el registro de sanciones de la Procuraduría General de la Nación de la sanción de destitución e inhabilidad y el pago de una indemnización por perjuicios materiales y morales.

ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Tesis de la parte demandante; 2.2. Tesis de la parte demandada; 2.3. Trámite procesal de primera instancia y, 2.4. Alegatos de conclusión.

2.1. Tesis de la parte demandante

3. La parte demandante pretende en este asunto obtener la declaratoria de nulidad de los fallos de primera y segunda instancia proferidos por la entidad demandada en los que se le destituyó e inhabilitó por 10 años y el acto administrativo a través del cual se hizo efectiva la sanción disciplinaria que se le impuso.

4. Solicitó además a título de restablecimiento del derecho, su reintegro a su cargo de Registrador Municipal del Carmen de Atrato, o a otro de igual o mayor categoría

del cual se hizo efectiva la sanción disciplinaria que se le impuso.

4. Solicitó además a título de restablecimiento del derecho, su reintegro a su cargo de Registrador Municipal del Carmen de Atrato, o a otro de igual o mayor categoría y el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados deSentencia 1ra instancia (repetición)

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percibir, desde la fecha en que fue desvinculado de la entidad hasta que se haga efectivo el reintegro.

5. También solicitó la cancelación en el registro de sanciones de la Procuraduría General de la Nación de la sanción de destitución e inhabilidad.

6. Aunado a ello, solicitó que se condene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al pago de una indemnización por los perjuicios de orden material en que hubiere incurrido para el reclamo de sus derechos. Así como los perjuicios morales causados por los actos administrativos acusados.

7. Igualmente, solicitó a título de reparación simbólica en aplicación de los tratados internacionales y de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, que se le ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le envíe una comunicación en la cual ofrezca unas sinceras disculpas por su actuación arbitraria y el desconocimiento de sus derechos fundamentales.

ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le envíe una comunicación en la cual ofrezca unas sinceras disculpas por su actuación arbitraria y el desconocimiento de sus derechos fundamentales.

8. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan, incluso con errores

“PRIMERO: El señor JESÚS HOMERO LEDEZMA RENTERÍA fue vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante Nombramiento Provisional Discrecional como Registrador Municipal 4035 -05 de Bagadó, el 01 de febrero de 2002.

SEGUNDO: Durante los 20 años que ejerció el cargo de Registrador Municipal 4035-05 fue trasladado a distintos municipios del Chocó y de otros departamentos de Colombia, finalmente fue trasladado a la Registraduría del Carmen de Atrato Chocó, municipio este donde permaneció hasta la fecha en que fue desvinculado de la entidad.

TERCERO: Mediante oficio fechado el 06 de agosto de 2018, la presidenta del Concejo Municipal del Carmen de Atrato Chocó, solicitó al señor JESÚS HOMERO LEDEZMA RENTERÍA, en calidad de Registr ador Municipal, informar a esa corporación la persona que seguía en la lista del partido Cambio Radical para ocupar la vacante absoluta generada por la renuncia del

concejal DAWINSON RESTREPO SANCHEZ.

QUINTO: El 24 de agosto de la misma anualidad, la pres identa del Concejo Municipal del Carmen de Atrato, nuevamente requiere al Registrador Municipal de ese ente territorial para la época de los hechos, para que

QUINTO: El 24 de agosto de la misma anualidad, la pres identa del Concejo Municipal del Carmen de Atrato, nuevamente requiere al Registrador Municipal de ese ente territorial para la época de los hechos, para que informara quien seguía en la Lista de Cambio Radical con mayor votación para reemplazar la citada vacante ante la no aceptación del señor CARLOS JULIO ALVAREZ SOTO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.033.646.750 expedida en Bolívar – Antioquia.

SEXTO: Al tramitar la anterior petición, el señor JESÚS HOMERO LEDEZMA RENTERÍA estableció que en el formulario E26 CO, existe un empate entre los señores RAMIRO DE JESÚS GIRALDO HENAO y GLORIA MARGARITA TABORDA MARIN, pues ambos obtuvieron la misma votación, por lo que le informa telefónicamente el hecho a la Presidenta del concejo Municipal, quien le manifiesta que a ella esa información no le sirve para llenar la vacante absoluta y que requiere es que la Registraduría resuelva el tema y le informe a quien debe posesionar.Sentencia 1ra instancia (repetición)

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SÉPTIMO: Teniendo en cuenta lo anotado por la peticionaria, para dar una

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SÉPTIMO: Teniendo en cuenta lo anotado por la peticionaria, para dar una respuesta oportuna, efectiva y de fondo a la solicitud, conforme a lo consagrado en el artículo 23 superior reglamentado por la ley 1755 de 2015, acude a revisar las siguientes normas: Sus fun ciones consagradas en el Código electoral decreto 2241 de 1986, las contempladas en la resolución 6053 de diciembre 27 de 2000 y las demás normas electorales, con el fin de determinar su competencia y las de los superiores, pero en especial se detuvo a revisar y analizar lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, reglamentado por la ley 1755 de 2015, y el precedente fijado por la Honorable

Corte Constitucional.

(…)

NOVENO: Con fundamento en lo anterior, para dirimir empates después de declarada la elección , el funcionario sancionado, decide ordenar a las funcionarias YOLIMA CAROLINA JIMENEZ RUEDA, DIANA MARIA TUBERQUIA RESTREPO y JULY SANCHEZ ZULETA, quienes fueron vinculadas a la Registraduría Municipal para la realización de la consulta de 2018, que conforme a lo contemplado en ese artículo 183 de la multicitada norma, realizaran el desempate entre las dos personas, levanten las evidencias (registro fotográfico del procedimiento y que expidan un acta contentiva del mismo); con fundamento en esa acta que produjeron las funcionarias que realizaron el procedimiento de desempate, fue que certificó a

evidencias (registro fotográfico del procedimiento y que expidan un acta contentiva del mismo); con fundamento en esa acta que produjeron las funcionarias que realizaron el procedimiento de desempate, fue que certificó a la presidencia del Concejo Municipal del Carmen de Atrato, quien resultó ganador en ese balotaje, para llenar la vacante del concejo Municipal.

DECIMO: Debido a lo anterior, la señora GLORIA MARGARITA TABORDA MARIN, presentó una queja ante la Delegación Departamental del Chocó, donde manifestó que en las elecciones de 2015 quedó de tercera en la lista de Cambio Radical con 22 votos conforme al formulario E-24 y que extrañamente aparece un empate con el señor RAMIRO DE JESÚS GIRALDO HENAO, solicitando se le informara la justificación de la inconsistencia en las cifras, cual fue el mecanismo utilizado por la Registraduría para dirimir el desempate, copia de las actas del procedimiento, entidades que participaron y la convocatoria previa que se hizo para realizar la actividad e indicar cuál fue el fundamento legal para el trámite.

DECIMO PRIMERO: Con base en la queja presentada, los delegados Departamentales para la fecha de los hechos, dieron traslado de la misma a la Oficina de Control Interno disciplinario, que ordenó aperturar la investigación disciplinaria y posteriormente formuló pliego de cargos en contra de mi mandante, por haber incurrido presuntamente en falta al haber dirimido el empate supuestamente sin tener esa función asignada, extralimitándose en las mismas y cometer un prevaricato.

DECIMO SEGUNDO: La funcionaria Califica la falta c omo gravísima a título

el empate supuestamente sin tener esa función asignada, extralimitándose en las mismas y cometer un prevaricato.

DECIMO SEGUNDO: La funcionaria Califica la falta c omo gravísima a título de dolo, al considerar que el señor JESÚS HOMERO LEDEZMA RENTERÍA, se extralimitó en sus funciones cuando no era competente para dirimir el empate si no la comisión escrutadora municipal y que además expidió un documento contrario a derecho con el que se escogió a quien debía ocupar la vacante del Concejo Municipal, que era el concejo quien debía dirimir el empate, que el sancionado, debió haber consultado a los Delegados Departamentales para determinar cuál era el procedimiento a seg uir en el desempate. Con posterioridad a la salida de la Operadora disciplinaria de la Delegación Chocó, el nuevo operador disciplinario, declar ó la nulidad del proceso desde el pliego de cargos y prácticamente reprodujo el mismo, simplementeSentencia 1ra instancia (repetición)

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cambiando la teoría del caso; según este funcionario, el sancionado, debió consultar a los Delegados Departamentales, para que estos elevaran la consulta al Consejo Nacional Electoral, quien debía definir el procedimiento y

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cambiando la teoría del caso; según este funcionario, el sancionado, debió consultar a los Delegados Departamentales, para que estos elevaran la consulta al Consejo Nacional Electoral, quien debía definir el procedimiento y luego si hacerlo, que carecía de competencias, pues no le estaba asignada la de dirimir un empate ni el Código Electoral, ni en la resolución No. 6053 de 2000, que se había extralimitado en sus funciones al Crear una comisión escrutadora Municipal y ordenar realizar el desempate para proveer la vacante del con cejo municipal, con lo que había además cometido un prevaricato por acción.

DECIMO TERCERO: La defensa del sancionado, solicitó la intervención de la procuraduría, al considerar que a nuestro mandante se le estaba vulnerando el debido proceso al investigarlo por una falta que no existe, pues se están inventando una interpretación normativa y un p rocedimiento inexistente; igualmente manifestamos la falta de garantías, pues era un secreto a voces, que al sancionado lo querían destituir por haber denunciado irregularidades de unos Delegados Departamentales por mal manejo de recursos en épocas electorales y posible corrupción, es decir; puntualizamos, el señor Homero no cometió falta alguna, simplemente dio respuesta oportuna, efectiva y de fondo a una petición elevada por la presidencia del Concejo Municipal del Carmen de Atrato, haciendo uso de la no rma que existe en el ordenamiento jurídico, pues esa función de dirimir empates después de declarada la elección no está asignada a ningún funcionario de la Organización electoral, debido a que las comisiones escrutadoras se desintegran una vez declarada la elección y que

pues esa función de dirimir empates después de declarada la elección no está asignada a ningún funcionario de la Organización electoral, debido a que las comisiones escrutadoras se desintegran una vez declarada la elección y que además no existe norma en la Registraduría que le ordene consultar obligatoriamente a los Delegados Departamentales ni al Consejo Nacional Electoral esta situación, por lo que al no estar esa función contemplada a su cargo, no se le puede sancionar por incumplir un deber que no tiene. De otra parte, se manifestó que los conceptos no obligan conforme al artículo 28 del Código contencioso administrativo, además que aún si se hubiera consultado a los aludidos funcionarios y órgano electoral, e l procedimiento a aplicar habría sido el mismo por el sancionado; a pesar de los argumentos, el Ministerio Público ordenó una visita, que únicamente revisó el procedimiento empleado, pero no el fondo del asunto, por lo que no asumió el poder preferente.

DECIMO CUARTO: La defensa, presentó el recurso de apelación al referido fallo, solicitó a los delegados Departamentales declararse impedidos para conocer y decidir la segunda instancia, pues uno de ellos le había manifestado en el mes de marzo que a homero lo iban a destituir y la otra delegada, dos semanas antes de conocerse el fallo, se lo había manifestado a unos amigos suyos de la costa pacífica (Bahía solano), situación que fue puesta en conocimiento del Operador disciplinario a inicios de julio del 20 21 vía telefónica, negando la situación, sin embargo estos no se declararon impedidos y no remitieron el impedimento a la instancia superior, para que decidiera al respecto, hecho este violatorio de la constitución y la ley, del

telefónica, negando la situación, sin embargo estos no se declararon impedidos y no remitieron el impedimento a la instancia superior, para que decidiera al respecto, hecho este violatorio de la constitución y la ley, del debido proceso, causal de n ulidad y constitución de falta disciplinaria y penal.(…)”.

9. La parte demandante citó en la demanda como normas violadas y el concepto

de la violación, lo siguiente:

 Constitución Política de Colombia: Artículos 29, 125, y 209.  Ley 734 de 2002.Sentencia 1ra instancia (repetición) Radicado No. 27001233300020220001400

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10. En el concepto de la violación manifestó: “(…) Con la expedición del acto administrativo compuesto por las siguientes providencias: fallo de primera instancia de fecha 12 de julio de 2021, proferido por la oficina de Control Interno Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil y fallo de segunda instancia de fecha 20 de septiembre de 2021, proferido por los Delegados departamentales de la referida entidad, que dispuso la sanción principal de destitución e inhabilidad general por 10 años, en e l marco del proceso disciplinario radicado 017 -002-2019, se incurrió en las causales de anulación de los actos administrativos a saber:

referida entidad, que dispuso la sanción principal de destitución e inhabilidad general por 10 años, en e l marco del proceso disciplinario radicado 017 -002-2019, se incurrió en las causales de anulación de los actos administrativos a saber: violación de la constitución política y de la ley y desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, expedición irregular y falsa motivación. (…)”.

2.2. Tesis de la parte demandada

11. La entidad demandada REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ contestó la demanda dentro del término establecido para tales efectos, oponiéndose a las pretensiones de esta, argumentando que el acto demandando está revestido de legalidad. Indicó que las afirmaciones del demandante son parcialmente ciertas, pero que, a la luz del expediente, todas las actuaciones en el proceso disciplinario fueron realizadas bajo las garantías constitucionales y legales, especialmente las consagradas en la Ley 734 de 2002. Además, indicó que los motivos principales del fallo sancionato rio fueron la extralimitación de funciones del entonces sancionado, quien, en su calidad de registrador, se atribuyó facultades no conferidas por el legislador, expidiendo actos administrativos contrarios a la ley y que las excusas presentadas se basaban e n interpretaciones caprichosas y de dudosa procedencia al dar respuesta a un derecho de petición.

2.3. Trámite procesal de primera instancia

12. Mediante auto interlocutorio No. 080 del 16 de febrero de 2022 1 se admitió la demanda, al considerar que la misma reunía los requisitos exigidos en los artículos 161 y ss del CPACA.

12. Mediante auto interlocutorio No. 080 del 16 de febrero de 2022 1 se admitió la demanda, al considerar que la misma reunía los requisitos exigidos en los artículos 161 y ss del CPACA.

13. Las notificaciones se cumplieron a cabalidad, según obra en el expediente digital2.

14. La entidad demandada contestó la demanda oponiéndose a las súplicas y propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda y la genérica3.

15. Posteriormente, en aplicación del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, mediante auto interlocutorio No. 0445 del 25 de octubre de 2022 , se incorporó al plenario las pruebas allegadas con la demanda y durante el trámite procesal. Además, se

fijó el litigio en los siguientes términos4:

“(…) Corresponde a la Sala establecer si en el presente caso, la entidad demandada, Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC ejerció correctamente la facultad del poder disciplinario administrativo dentro del expediente 017-002-2019 al destituir e inhabilitar por 10 años al señor Jesús Homero Ledezma Rentería, o si, por el contrario, desvió los motivos que justifican la adopción de esta medida.

1 visible a índice 2 denominado “Auto Admite” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI. 2 visible a índices 7 y 9 denominados “Envió De Notificación” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI. 3 visible a índice 10 denominado “Contestación” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI.

2 visible a índices 7 y 9 denominados “Envió De Notificación” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI. 3 visible a índice 10 denominado “Contestación” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI. 4 visible a índice 21 denominado “Auto ordena” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI.Sentencia 1ra instancia (repetición) Radicado No. 27001233300020220001400

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Si como consecuencia de ello resultan procedentes las declaraciones que a título de restablecimiento del derecho se solicitan en la demanda, es decir, la nulidad de los actos administrativos (Fallo de primera instancia del 12 de julio de 2021, proferido por el Operador Disciplinario de la Delegación Departamental del Chocó, Fallo de segunda instancia del 20 de septiembre de 2021 proferido por los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en el Chocó que confirmó el fallo de primera instancia, Resolución N° 182 del 12 de octubre de 2021, mediante el cual se hace efectiva la sanción, el reintegro a su cargo de Registrador Municipal del Carmen de Atrato - Chocó, a uno igual o de mayor jerarquía, el pago de los salarios prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir, y demás petitum de la demanda.

y/o si se encuentran probadas las excepciones propuestas por la entidad y/o

o de mayor jerarquía, el pago de los salarios prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir, y demás petitum de la demanda.

y/o si se encuentran probadas las excepciones propuestas por la entidad y/o las que puedan ser declaradas por la Sala”.

16. En la misma providencia, se dispuso por secretaría correr traslado por el término de 10 días a las partes y al Ministerio Público para que presentaran por escrito, los primeros sus alegatos de conclusión y el segundo su concepto final si a bien lo consideraba en el marco de sus competencias.

2.4. Alegatos de conclusión

17. La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión, en resumen, reiterando lo expuesto en el escrito de la demanda y solicitando que se accedan a las pretensiones de la demanda5.

18. La entidad demandada allegó sus alegatos de conclusión, los cuales se resumen

en los siguientes términos6:

“(…) Que a la luz del expediente se puede visualizar que todas las actuaciones en el proceso disciplinario adelantadas por el Operador de la Delegación Departamental del Chocó se hicieron bajo las garantías constitucionales y legales y en especial las consagradas en la ley 734 de 2002.

(…)

Es preciso resaltar que los escritos argüidos por el demandante no son claros, no tiene un orden secuencial, realiza citas jurisprudenciales que no son congruentes al caso; más sin embargo se harán conforme a las traídas por el pretendiente.

(…)

Otro de los fundamentos que describe el actor en la demanda y que quedó demostrado que no es cierto, Irregularidades en el trámite de las solicitudes

pretendiente.

(…)

Otro de los fundamentos que describe el actor en la demanda y que quedó demostrado que no es cierto, Irregularidades en el trámite de las solicitudes de recusación. Nos permitimos manifestar que está plenamente demostrado en el expediente que el entonces disciplinado y hoy sancionado nunca manifestó causales de recusación o allegó pruebas que contendieran el incidente de recusación previsto en el código único disciplinario.

(…)

5 visible a índice 25 denominado “Alegatos de conclusión” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI. 6 visible a índice 26 denominado “Alegatos de conclusión” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI.Sentencia 1ra instancia (repetición) Radicado No. 27001233300020220001400

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Es claramente una estricta extralimitación de sus funciones tal cual como en su momento el Operador disciplinario califico la adecuación de la conducta. Amén de lo anterior, se observa que si existía un deber legal por parte del demandante de haber remitido por la naturaleza del asunto la petición al órgano competente tal y como hemos sido insistentes en el proceso judicial . (…)”

19. El Ministerio Público no emitió concepto final.

CONTROL DE LEGALIDAD

órgano competente tal y como hemos sido insistentes en el proceso judicial . (…)”

19. El Ministerio Público no emitió concepto final.

CONTROL DE LEGALIDAD

20. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión de primera instancia.

CONSIDERACIONES

Contenido: 4.1 Competencia; 4.2. Problema jurídico de instancia; 4.3. Tesis de la Sala; 4.4. Metodología y estructura de la decisión ; 4.5. Análisis integral de la actuación disciplinaria dentro del proceso contencioso administrativo; 4.6. Marco normativo del escrutinio general y el procedimie nto para el desempate de una elección; 4.7. El análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso; y 4.8. La condena en costas.

4.1. Competencia

21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 numeral 2 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer en primera instancia de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier au toridad, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.2. Problema jurídico de instancia

22. Le corresponde a la Sala determinar, si con la expedición de los actos administrativos acusados y durante el trámite adelantado en el proceso disciplinario, se transgredieron los derechos de defensa y debido proceso del señor

22. Le corresponde a la Sala determinar, si con la expedición de los actos administrativos acusados y durante el trámite adelantado en el proceso disciplinario, se transgredieron los derechos de defensa y debido proceso del señor JESÚS HOMERO LEDEZMA RENTERÍA, incumpliéndose con los requisitos sustanciales para proferir el pliego de cargos y sin pruebas suficientes para declararlo responsable disciplinariamente , o por si el contrario, se encuentra probada alguna de las excepciones propuestas por la entidad demandada y por tal razón, deben negarse las súplicas de la demanda?.

4.3. Tesis de la Sala

23. La Sala negará las súplicas de la demanda, por cuanto, el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, pues, las pruebas obrantes en el plenario dan cuenta de la existencia de elementos de juicio suficientes para declarar su responsabilidad disciplinaria, así como, de las actuaciones que le garantizaron el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa.

24. Sumado a lo anterior, advierte la Sala que existió una extralimitación en el ejercicio de las funciones asignadas al señor Jesús Homero Ledezma Rentería como Registrador Municipal de el Carmen de Atrato, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Código Electoral , la competencia para dirimirSentencia 1ra instancia (repetición)

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empates durante o posterior a la elección le correspondía era a la comisión escrutadora y no a él.

4.4. Metodología y estructura de la decisión

25. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala analizará de manera integral la actuación disciplinaria dentro del proceso contencioso administrativo (4.5), se examinará el marco normativo del escrutinio general y el procedimiento para el desempate de una elección. (4.6) y, posteriormente, a partir de lo probado en el proceso, estudiará el caso concreto

(4.7).

4.5. Análisis integral de la actuación disciplinaria dentro del proceso contencioso administrativo

26. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una función especializada, que contiene un componente preventivo y correctivo que busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la función pública.

27. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la defensa cobran significativa importancia.

transparente de la función pública.

27. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la defensa cobran significativa importancia.

28. Respecto a la actuación disciplinaria, el Consejo de Estado, ha sostenido que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición de un acto administrativo que quebranta las normas legales o constitucionales con la consecuente decisión de restablecer el derecho vulnerado, dicha competencia debe de estar en consonancia con la previsión contenida en el artículo 103 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que prevé como objeto de esta jurisdicción la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley y la preservación de l orden jurídico e impone la observancia de los principios constituciones y del derecho procesal7.

29. Asimismo, dispuso que el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple verificador, condicionado por los formalismos que imponen restringir su ámbito de razonamiento a los términos de una demanda o de los mismos