TA CHO - Sentencia 27001-33-33-001-2021-00019-01 (29-09-2025)

Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300120210001901

JIMMY ALBERTO LEDEZMA DENIS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Palacio de Justicia (Quibdó) – Oficina 414 des05tadmcho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Quibdó, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 134

RADICADO: 27001333300120210001901

DEMANDANTE: JIMMY ALBERTO LEDEZMA DENIS

DEMANDADO: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL

PACIFICO S.A. “DISPAC”

MEDIO DE CONTROL:

TEMA:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Tema: CADUCIDAD – Figura procesal que extingue el derecho de acción por el transcurso del término legal sin presentar la demanda/ CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – La demanda debe presentarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo, según lo dispone el artículo 164 numeral 2 literal d) del CPACA . En el Sub -lite la demanda fue presentada por fuera del plazo establecido en la ley/ SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO – Según las Leyes 446 de 1998

d) del CPACA . En el Sub -lite la demanda fue presentada por fuera del plazo establecido en la ley/ SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO – Según las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial suspende el cómputo del término de caducidad hasta la celebración de la audiencia . Adicionalmente, el Decreto Legislativo 564 de 2020 suspendió de manera general los términos de prescripción y caducidad en todos los procesos judiciales desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020 por la emergencia sanitaria COVID -19/ JERARQUÍA NORMATIVA – En materia de servicios públicos, la ley prevalece sobre las cláusulas contractuales de condiciones uniformesSe acreditó que el término de cinco (5) días previsto en la Ley 142 de 1994 para interponer recursos debía aplicarse por encima de los diez (10) días contemplados en el contrato de c ondiciones uniformes de la empresa.

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 25 de junio de 2025 , a través de la cual el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Quibdó concedió las súplicas de la demanda.

2. La controversia versa sobre la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios Nros. DPSA-ATC-20-76524 y DPSA-ATC-20-76094, expedidos por la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. “Dispac” mediante los cuales se determinó el cobro al usu ario de la cuenta N. 158494543. Tales decisiones administrativas

Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. “Dispac” mediante los cuales se determinó el cobro al usu ario de la cuenta N. 158494543. Tales decisiones administrativas tuvieron como fundamento una presunta omisión en la lectura del medidor durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, lo que derivó en la facturación con base en consumos promediados y, por ende, en la generación de valores superiores a los consumos reales.Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300120210001901

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I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia de fecha 25 de junio de 2025 , el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros: (i) declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada , (ii) declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios Nros. DPSA --ATC20-76094 del 7 de mayo de 2020, DPSA -ATC20-76524 del 12 de junio de 2020 y la Resolución SSPD 2020 83000 67795 del 28 de agosto de 2020, mediante los cuales se dio r espuesta a la reclamación presentada por el señor Jimmy Alberto Ledezma Denis el 29 de abril de 2020, se negaron los recursos interpuestos y se

la Resolución SSPD 2020 83000 67795 del 28 de agosto de 2020, mediante los cuales se dio r espuesta a la reclamación presentada por el señor Jimmy Alberto Ledezma Denis el 29 de abril de 2020, se negaron los recursos interpuestos y se resolvió el recurso de queja, (iii) ordenar la expedición de una nueva factura para dicho periodo, excluyendo los valores facturados por desviación significativa de consumo correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, y enero de 2020; así como la devolución o reembolso de los valores pagados por este concepto, debidamente indexados conforme al artículo 187 del CPACA, desde la fecha del pago hasta la efectiva devolución, (iv) exhortar a la entidad demandada a garantizar, en las reclamaciones sobre facturación del servicio de energía eléctrica, el pleno respeto del debido proceso y los derechos de los usuarios y (v) no condenar en costas.

Pretensiones

4. En la demanda, se solicita se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios Nros. DPSA -ATC-20-76524 y DPSA -ATC-20-76094, relacionados con la cuenta N.° 158494543, mediante los cuales se determinó el cobro al usuario. Se afirmó que tales decisiones vulneraron el derecho fundamental de la parte actora al debido proceso y, en consecuencia, pretende que se disponga la anulación de los cobros realizados, los cuales ascienden hasta la fecha a la suma de $5.665.230.

5. Adicionalmente, solicita que se ordene a la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. “Dispac” expedir una nueva factura ajustada a los consumos reales registrados

de $5.665.230.

5. Adicionalmente, solicita que se ordene a la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. “Dispac” expedir una nueva factura ajustada a los consumos reales registrados en el medidor y, adicionalmente, que se condene a la entidad demandada al pago de las costas y costos del proceso.

Hechos

6. En la demanda se expusieron como fundamentos fácticos de las pretensiones

los que, a continuación, se sintetizan:

7. En primer lugar, la parte demandante manifiesta que, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 , así como en enero y febrero de 2020, la empresa DISPAC expidió facturas de energía eléctrica aplicando cobros por promedio, sin brindar explicación alguna acerca de la causa de la falta de lectura del medidor ni notificar al usuario sobre la existencia de investigaciones en curso.

Las facturas emitidas en dichos periodos contenían valores y consumos inconsistentes, lo cual generó confusión e incertidumbre respecto de la medición real del servicio.

8. De igual modo, expone que el 24 de febrero de 2020 la empresa realizó una visita de revisión, dejando constancia en el acta N.° 125670, en la cual se verificó que la edificación contaba con cuatro matrículas de energía. Posteriormente, el 9 de marzo de 2020, en nueva visita consignada en el acta N.° 144891, la empresa reportó que las pruebas practicadas estaban dentro del margen de error permitido y recomendó la verificación de una posible fuga interna en la instalación, sugiriendo la intervención de un técnico electricista.Sentencia N Y R 2da instancia

Radicado No. 27001333300120210001901

la verificación de una posible fuga interna en la instalación, sugiriendo la intervención de un técnico electricista.Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300120210001901

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9. Asimismo, indicó que el 24 de marzo de 2020 la empresa incluyó, de manera sorpresiva, en la factura correspondiente al periodo de febrero, los cobros por diferencias de consumo presuntamente no facturadas en periodos anteriores. Tal situación se materializó el 26 de marzo de 2020 , cuando el propietario del inmueble, señor Jimmy Ledezma, fue informado de la expedición de una nueva factura por valor de $2.105.361, incluyendo el cobro de alumbrado público, sustentada en la normativa que autoriza la facturación de diferencias de consumo dejadas de cobrar dentro de un plazo de cinco meses.

10. Igualmente, refiere que el 29 de abril de 2020 presentó un derecho de petición solicitando aclaración sobre las inconsistencias en la facturación, dado que las lecturas no guardaban secuencia lógica. En respuesta, la empresa DISPAC ratificó los cobros efectuados, reiterando que las pruebas realizadas se encontraban dentro del margen de error permitido y recomendando nuevamente la revisión de eventuales fugas internas. Con ello, se generaron dos valores distintos exigidos al

los cobros efectuados, reiterando que las pruebas realizadas se encontraban dentro del margen de error permitido y recomendando nuevamente la revisión de eventuales fugas internas. Con ello, se generaron dos valores distintos exigidos al usuario, lo que acentuó la incertidumbre y las dudas sobre la facturación.

11. En ese mismo sentido, sostiene que en medio de la emergencia social, económica y sanitaria derivada del COVID -19, intentó presentar recursos administrativos de reposición y apelación el 22 de mayo de 2020. No obstante, al no poder acceder personalmente a l as oficinas de la empresa debido a las restricciones de pico y cédula, optó por enviarlos a través de mensajería especializada, la cual los entregó el mismo día. Sin embargo, mediante oficio del 12 de junio de 2020, notificado el 2 de julio del mismo a ño, la empresa rechazó los recursos alegando su extemporaneidad, desconociendo los vicios de procedimiento y las medidas especiales adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria, además de omitir un pronunciamiento de fondo. Finalmente, el 9 de julio de 2020, la parte actora acudió ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, presentando virtualmente un recurso de queja, ante la imposibilidad de atención presencial en la oficina de Quibdó.

Normas violadas y concepto de la violación

12. En sustento de sus pretensiones, la parte actora invocó como norma violada los artículos 138 y 164 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011.

13. En el concepto de la violación manifestó : “(…) Al interpretar el artículo

12. En sustento de sus pretensiones, la parte actora invocó como norma violada los artículos 138 y 164 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011.

13. En el concepto de la violación manifestó : “(…) Al interpretar el artículo transcrito, se tiene que la empresa sólo cuenta con el término de cinco meses, contados desde el momento en que debió haber entregado la factura contentiva del consumo no cobrado, para recuperar el valor que por error, omisión o investigación de desviación significativa no pudo cobrar de forma oportuna. Término que no operará cuando se compruebe que el usuario actuó con dolo.

Por lo tanto, si una empresa revoca la decisión final tomada en un proceso de energía consumida dejada de facturar, al desatar el recurso de reposición por no aplicación del debido proceso o retrotrae la actuación en cualquier etapa para subsanar irregularidades procedimentales, estas acciones, ni ninguna otra, interrumpen el término señalado en el artículo 150. El incumplimiento del plazo señalado genera la imposibilidad de la empresa de cobrar lo no facturado.

(…)

De los conceptos anteriores se puede indicar que: la empresa NUNCA le informo al usuario que estaba realizando una investigación por desviación significativa, el usuario solo se enteró al recibir la factura el QUINTO mes, y fue exactamente en ese mes que fue hacer las visitas, siendo violatorio del debido proceso, dado que desde el mes de octubre se evidencio la desviación significativa.Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300120210001901

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(…)

Es claro que la ley le permite el cobro promedio, pero solo durante un periodo y como se puede observar en las facturas que se adjunta y donde se resalta en TIPO DE COBRO dice PROMEDIO en varios meses, adicionalmente ese cobro promedio era para que se real izara la investigación y se determinara la causa real de la desviación, la cual nunca fue determinada por la empresa y solo presumieron que podría haberla causado mas no lo comprobaron (…)”.

Contestación de la demanda

14. Por su parte, la entidad demandada EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. “DISPAC”, al ejercer su derecho de defensa, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda. Sostuvo que no existió omisión en la lectura del medidor, pues al verificar el consumo correspondiente al mes de octubre de 2019 se detectó una desviación significativa frente a los registros anteriores, motivo por el cual se aplicó lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 . En ese sentido, indicó que las diferencias encontradas fueron debidamente trasladadas al suscriptor.

15. De igual modo, la parte demandada alegó que el actor debía haber presentado la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante la Procuraduría a más

sentido, indicó que las diferencias encontradas fueron debidamente trasladadas al suscriptor.

15. De igual modo, la parte demandada alegó que el actor debía haber presentado la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante la Procuraduría a más tardar el 22 de septiembre de 2020; sin embargo, dicha solicitud solo fue radicada el 4 de noviembre del mismo año . En consecuencia, afirmó que este trámite no tenía la virtualidad de interrumpir el término de caducidad, el cual, para la fecha de su presentación, ya se encontraba vencido.

16. Con fundamento en lo anterior, la entidad demandada propuso las excepciones previas de caducidad de la acción e ineptitud de la demanda.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

17. Para fundamentar la decisión de conceder las sú plicas de la demanda, el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Quibdó precisó que, para verificar la caducidad, no era procedente contar los términos desde la notificación del acto administrativo del 7 de mayo de 2020, ya que el usuario no contó con garantías suficientes para interponer oportunamente los recursos. En su lugar, el conteo se realizó a partir de la notificación de la Resolución SSPD –20208300067795 del 28 de agosto de 2020. De esta forma, indicó que, con la suspensión ocasionada por la solicitud de conciliación prejudicial, la demanda se presentó el 2 de febrero de 2021, cuando solo habían transcurrido cinco días del término de caducidad, lo que descartó la configuración de este fenómeno.

18. Asimismo, indicó el A quo que, se evidenció que en la factura de octubre de

2021, cuando solo habían transcurrido cinco días del término de caducidad, lo que descartó la configuración de este fenómeno.

18. Asimismo, indicó el A quo que, se evidenció que en la factura de octubre de 2019 no se registró la lectura real del contador, lo que impidió establecer con certeza el consumo que motivó la investigación por desviación significativa, configurándose un incumplimiento de las obligaciones de DISPAC previstas en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

19. Finalmente, el juzgado de primera instancia concluyó que la empresa aplicó protocolos poco confiables en la medición y facturación del servicio, trasladando al usuario valores de consumo irregulares entre octubre de 2019 y enero de 2020. En consecuencia, se determinó que DISPAC incurrió en una serie de irregularidades que vulneraron el debido proceso y restringieron el ejercicio de los recursos administrativos, llegando incluso a desconocer las garantías previstas en su propio Contrato de Condiciones Uniformes , las cuales resultaban más favorables al usuario que las contenidas en la ley.Sentencia N Y R 2da instancia

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II. EL RECURSO DE APELACIÓN

20. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, alegando que el acto administrativo DPSA-ATC-20-76094 del 7

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

20. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, alegando que el acto administrativo DPSA-ATC-20-76094 del 7 de mayo de 2020 fue notificado el 15 de mayo del mismo año y adquirió firmeza con el vencimiento del término para interponer recursos. En ese orden, sostuvo que el demandante no los presentó en forma oportuna, razón por la cual, al momento de radicar la solicitud de conciliación, el medio de control ya se encontraba caducado.

21. Asimismo, cuestionó la afirmación del A quo según la cual el actor no tuvo posibilidad de interponer recursos. A su juicio, está demostrado que los mismos fueron presentados de manera extemporánea. Agregó que no puede alegarse la falta de acceso a los canales virtuales de DISPAC, pues estos son de carácter público, se encuentran disponibles en la página web de la entidad y no se aportó prueba alguna que acredite la imposibilidad alegada. De esta forma, consideró que la carga de la prueba correspondía al demandante.

22. De otra parte, afirmó que tanto el juez como la parte actora incurren en un error al sostener que se omitió la lectura del medidor . Precisó que en octubre de 2019 sí se efectuó la lectura correspondiente y que, al detectarse una desviación significativa, se aplicó lo previsto en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 , facturando con base en el promedio de consumos anteriores. Añadió que en las facturas de octubre de 2019 a febrero de 2020 se indicó expresamente al usuario

facturando con base en el promedio de consumos anteriores. Añadió que en las facturas de octubre de 2019 a febrero de 2020 se indicó expresamente al usuario la causal “Promedio Desviación Significativa”, sin que exista norma que obligue a notificar por un medio específico el inicio de dicha investigación.

23. Finalmente, expuso que en febrero de 2020 se practicó un análisis técnico al medidor, consignado en el Acta N°. MD125670 , mediante el cual se identificó la causa de las desviaciones. En consecuencia, las diferencias de consumo fueron cobradas al suscriptor dentro del plazo de cinco meses fijado por el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, con lo cual se evitó la sanción allí prevista. Por ello, afirmó que no se vulneró el debido proceso ni se desconoció derecho alguno, puesto que el procedimiento aplicado se ajustó a las disposiciones legales vigentes.

Actuaciones en segunda instancia

24. Mediante auto Interlocutorio No. 256 de fecha 30 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

III. CONSIDERACIONES

25. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

Problema jurídico de instancia

26. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los

decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

Problema jurídico de instancia

26. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se delimita en los siguientes términos:

• Determinar si el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue interpuesto dentro del término previsto en el literal d) del numeral 2 delSentencia N Y R 2da instancia

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artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo?.

• En caso de no haberse configurado el fenómeno de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto , se deberá establecer si los actos administrativos contenidos en los oficios Nros. DPSAATC-20-76524 y DPSA -ATC-20-76094, mediante los cuales la entidad demandada efectuó el cobro al usuario por presuntas omisiones en la lectura del medidor, se ajustan o no a derecho, o si, por el contrario, vulneraron el debido proceso de aquel, generando la nulidad solicitada y en virtud de ello, debe confirmarse o revocarse la sentencia apelada?.

Tesis de la Sala

vulneraron el debido proceso de aquel, generando la nulidad solicitada y en virtud de ello, debe confirmarse o revocarse la sentencia apelada?.

Tesis de la Sala

27. La Sala procederá a revocar la decisión de primera instancia, mediante la cual se concedieron las súplicas de la demanda, y en su lugar , declarará probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta por la entidad demandada. Ello por cuanto, contrario a lo sostenido por el A quo, el término para interponer los recursos administrativos no era de diez (10) días , como lo estableció el Contrato de Condiciones Uniformes, sino de cinco (5) días, de conformidad con lo previsto de manera expresa y taxativa el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 . En consecuencia, las estipulaciones contractuales carecen de eficacia frente a la jerarquía normativa, pues la regulación legal prevalece sobre las cláusulas del contrato.

28. En consecuencia, verificado el cómputo legal, se advierte que la demanda fue presentada cuando ya había vencido el término de cuatro (4) meses previsto en el artículo 164 del CPACA para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido, resulta indiscutible que operó la caducidad, lo que resuelve de manera definitiva el primer problema jurídico planteado en esta instancia judicial y torna innecesario el análisis del segundo, relativo al estudio de la legalidad de los actos administrativos demandados.

El fenómeno de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho durante la suspensión de términos establecida mediante decreto 564 de 2020

relativo al estudio de la legalidad de los actos administrativos demandados.

El fenómeno de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho durante la suspensión de términos establecida mediante decreto 564 de 2020

29. La caducidad es entendida como aquel fenómeno procesal que tiene por objeto consolidar situaciones jurídicas, que de lo contrario permanecerían indeterminadas en el tiempo; acontece cuando ha vencido el plazo consagrado por la ley para instaurar algún ti po de acción o medio de control, es decir, es una sanción de carácter legal por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, para quien ha dejado vencer los términos preclusivos que el ordenamiento prevé para acudir a la administración de justicia.

30. Sobre el tema, la doctrina con fundamento en la jurisprudencia enseña lo

siguiente:

"Ha sostenido en forma reiterada el Consejo de Estado que la caducidad cuando aparezca clara, desde un principio deberá decretarse en el primer auto que se dicte dentro del proceso, por razones de economía procesal y de seriedad , ya que no tiene sentido que las partes se sometan a un debate costoso y de larga duración para terminar con una declaración de tal naturaleza…1

1 Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, cuarta edición, Pág. 156.Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300120210001901

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31. También ha sido clara la posición del Consejo de Estado para definir la caducidad como un aspecto procesal que hace parte de los presupuestos procesales y debido a ello, como un elemento habilitante del rechazo de la demanda, cuando ella aparezca establecida.

32. Al respecto la Alta Corporación, indicó:

“El criterio mayoritario de la Sala sobre la naturaleza de las normas relativas a la caducidad de la acción, ahora se orienta a que las mismas son de carácter procesal; lo anterior al punto de que, precisamente, el aspecto de la caducidad debe examinarse dentro de los “presupuestos procesales” e incluso en caso de verificar su ocurrencia, desde antes del inicio del proceso, se impone el rechazo de la demanda, de plano (artículo 143 C.C.A.)

33. En cuanto a la oportunidad para interponer la demanda bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se tiene que el artículo 164 numeral 2 literal d) de la Ley 1437 de 2011 “CPACA”, prevé:

“(…) ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA

DEMANDA. La demanda deberá ser presentada: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la

DEMANDA. La demanda deberá ser presentada: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales; (resaltado fuera de texto).

34. Precisado lo anterior, es del caso indicar que la caducidad es una institución jurídica que impide que las situaciones puedan ser debatidas en cualquier tiempo ante la jurisdicción, pues ello iría en contravía del principio de seguridad jurídica y permitiría la permanencia indefinida de los conflictos en el tiempo.

35. Y es por su carácter de norma de orden público, que es posible que su configuración pueda ser declarada a petición de parte o de oficio, en la sentencia ―en los términos del artículo 187 ibídem―; esto, en caso de no haber sido advertida al momento de examinar la admisibilidad de la demanda.

36. Con el propósito de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador ―apuntando a la protección del interés general ―, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial previstos en el CPACA.

37. Estos plazos resultan ser entonces razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y ―se reitera― de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la

improrrogables, irrenunciables y ―se reitera― de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. Al respecto, el Consejo de Estado indicó en la sentencia de fecha 16 de diciembre de 20202, lo siguiente:

2 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES. Sentencia de dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020). Radicación número: 25000-23-36-000-2018-01172-01(65635)A.Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300120210001901

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«El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 3, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite

y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo que brinda certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la encuentre configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure4 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia5, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido