TA CHO - Sentencia 27001-33-33-001-2023-00250-01 (26-11-2025)

Sentencia R/D (2da instancia) Radicado No. 27001333300120230025001

EVER ROMAÑA PARRA Y OTROS

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RAMA JUDICIAL

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Quibdó, veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 173

RADICADO: 27001333300120230025001

DEMANDANTE: EVER ROMAÑA PARRA Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

POLICÍA NACIONAL Y EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR “ICBF”

MEDIO DE CONTROL:

TEMA:

REPARACIÓN DIRECTA

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR

MUERTE DE MENOR DE EDAD BAJO

PROTECCION DEL INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 199 1 consagró dos requisitos para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado / MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - En los procesos donde se declare en situación de vulneración de derechos a los niños, niñas

de éste al Estado / MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - En los procesos donde se declare en situación de vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, la autoridad administrativa deberá hacer seguimiento por un término que no exceda seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, término en el cual determinará si procede el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de derechos, el reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantiza r sus derechos , o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos/ FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS - la Administración solo responderá patrimonialmente, siempre y cuando se cumplan los siguientes eventos: i) cuando se solicita protección especial con indicación de las especiales condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona y ii) cuando sin que medie solicitud de protección alguna, de todas maneras, resulta evidente que la persona la necesitaba en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones.

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia No. 141 del 29 de julio de 2025 , a través de la cual el Juzgado Séptimo

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia No. 141 del 29 de julio de 2025 , a través de la cual el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó negó las súplicas de la demanda.

2. La controversia versa sobre la presunta responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por la muerte del menor Andrés Camilo Romaña Córdoba en hechos ocurridos el 21 de abril de 2021 en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Quibdó.Sentencia R/D (2da instancia)

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I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia No. 141 del 29 de julio de 2025 , e l Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros: (i) negar las súplicas de la demanda y (ii) no condenar en costas.

Pretensiones

4. La parte actora solicit ó se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” por la falla de servicio derivada de la falta de protección a la vida y ausencia de medidas de restablecimiento de derecho del

responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” por la falla de servicio derivada de la falta de protección a la vida y ausencia de medidas de restablecimiento de derecho del menor Andrés Camilo Romaña Córdoba, quien fue asesinado en hechos ocurridos el día 21 de abril de 2021 en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Quibdó.

5. Como consecuencia de ello , solicitaron se condene solidariamente a la s entidades demandadas a reconocer y pagar por concepto de perjuicios morales un valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los demandantes, así como por los perjuicios materiales por concepto de daño emergente y lucro cesante estimados en un valor de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes o el mayor valor que logre probarse a favor del demandante Ever Palacios (sic).

6. Adicionalmente, solicitaron cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de pérdida de oportunidad a favor de cada uno de los demandantes y quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los demandantes por afectación a bienes o derechos convencionales y constitucionalmente amparados.

7. Asimismo pidieron, se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas y se ordene dar cumplimiento al fallo conforme lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

Hechos

8. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

artículos 192 y 195 del CPACA.

Hechos

8. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

9. La parte demandante expresó que, el 8 de marzo de 2018 el señor Ever Romaña Parra informó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Quibdó que su hijo,

el menor Andrés Camilo Romaña Córdoba se encontraba en situación de calle, solicitando intervención urgente. Sostuv o que, a pesar de reiteradas gestiones dicha entidad tardó en conseguir cupo en un centro especializado en Pereira, condicionado a la autorización de la madre, quien se negó a firmar por experiencias previas negativas que finalmente impidieron el traslado y el restablecimiento de los derechos de aquel.

10. Afirmó que, durante casi dos (2) años el padre del menor intentó rescatarlo de

la calle llevándolo a su casa en repetidas ocasiones, sin embargo, por razones económicas él al igual que la medre del menor debían dejarlo en la residencia y salir a laborar, razón por l a cual el joven regresaba a deambular por sectores vulnerables de Quibdó acompañado de otros dos (2) menores. Manifest ó que, la Defensoría del Pueblo intervino en enero del año 2020, alertando sobre la situación del menor y solicitando acciones concretas, sin que se evidenciaran medidas efectivas. Expuso que, el 2 de noviembre de esa misma anualidad realizaron comité institucional para decidir sobre la situación del Andrés Camilo Romaña de la queSentencia R/D (2da instancia) Radicado No. 27001333300120230025001

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institucional para decidir sobre la situación del Andrés Camilo Romaña de la queSentencia R/D (2da instancia) Radicado No. 27001333300120230025001

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afirma desconocer cuáles fueron los compromisos y medidas acordadas para atender la reincidente y degradación del estado de calle de aquel.

11. En el mes de abril del año 2021, Andrés Camilo fue torturado y asesinado junto a otros dos (2) menores en el barrio Buenos Aires parte baja sector los Claveles de la ciudad de Quibdó. Al respecto manifestó que, se evidenció una falla grave en el servicio por parte de Bienestar Familiar al no aplicar los lineamientos técnicos ni valorar adecuadamente el riesgo, lo que impidió proteger el interés superior del menor. Añadió que, también se presentó omisión por parte de la Policía Nacional, pese a la vigencia de la alerta temprana No. 049-19 de 2019, que exigía presencia activa en zonas de alto riesgo. Los autores del crimen, alias “Fierro” y alias “Ganya”, ya habían sido identificados y contaban con órdenes de captura por desplazamiento forzado, pero no fueron detenidos oportunamente, lo que permitió que ejecutaran el triple homicidio.

12. Po r último aduj o que e stas omisiones institucionales vulneraron derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida, y generaron perjuicios que

el triple homicidio.

12. Po r último aduj o que e stas omisiones institucionales vulneraron derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida, y generaron perjuicios que deben ser reparados integralmente conforme al artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y al artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Fundamentos de derecho

13. La parte actora invocó como fundamentos las siguientes normas y

jurisprudencia:

 Constitución Nacional: Artículo 2, 45, 90 y 218.  Código Civil: Artículo 2341.  Sentencia del 24 de octubre de 2013 de la Subsección C, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, C.P. Enrique Gil Botero. Radicado No. 68001231500019941119501.

Contestación de la demanda

14. La entidad demandada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL al ejercer su derecho de defensa y/o contradicción solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda , al considerar que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues, la imputación jurídica y/o fáctica relacionada con el traslado del menor a un centro de rehabilitación no se encuentra dentro de sus funciones.

15. Indicó que, en coordinación con la SIJIN, SIPOL y UBIS CEPRO adelantó las actividades investigativas a fin de recolectar el material probatorio y evidencia física suficiente contra la banda delincuencial denominada “Los Locos Yam” por el homicidio del menor Andrés Camilo Romaña y otros dos (2) menores con noticia criminal 270016001100202100284 y la captura de estos se materializó el 26 de

suficiente contra la banda delincuencial denominada “Los Locos Yam” por el homicidio del menor Andrés Camilo Romaña y otros dos (2) menores con noticia criminal 270016001100202100284 y la captura de estos se materializó el 26 de abril del año 2023.

16. La anterior afirmación permite inferir que cumplió con su labor de vigilancia, control y actividad de policía judicial. Refirió que, es difícil establecer un nexo de causalidad por una falla o mala prestación del servicio de vigilancia y control, teniendo en cuenta que las circunstancias en las que ocurrieron los hechos eran imprevisibles e impredecibles para la administración.

17. Igualmente, puso de presente que, ante la alerta temprana, adelantó las actividades y operaciones de vigilancia y control pertinentes para la desarticulaciónSentencia R/D (2da instancia)

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del grupo criminal que atentó contra la vida del menor Andrés Camilo Romaña. Con sustento en lo anterior formuló la excepción de hecho de un tercero.

18. La entidad INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR “ICBF” por su parte solicitó que se despachen de manera negativa las pretensiones de la demanda, argumentando que, el proceso para el restablecimiento de derechos del menor Andrés Camilo Romaña Córdoba se inició de oficio y no a petición del señor

su parte solicitó que se despachen de manera negativa las pretensiones de la demanda, argumentando que, el proceso para el restablecimiento de derechos del menor Andrés Camilo Romaña Córdoba se inició de oficio y no a petición del señor Ever Romaña Parra (sic) como lo asegura la parte demandante.

19. Alegó que, desde el mes de agosto año 2018 venía adelantando las gestiones necesarias para el traslado del menor y el 5 de agosto de 2019 el equipo psicosocial de la Defensoría de Familia reportó que cuando le informaron a la señora Jacinta Córdoba madre del menor, sobre la aprobación de los cupos a institución especializada a fin que aquel recibiera atención y mejorara las conductas asociadas

a la vida de calle y posible consumo de sustancias psicoactivas, se mostró apática, exponiendo que “no quiere que le pase lo mismo que con su hijo Brayan el cual expresa ella, vino peor de cómo se fue” y expresó tajantemente su desacuerdo con dicho traslado.

20. Manifestó que, con el mencionado reporte se concluye que pese al esfuerzo que hizo el ICBF para reubicar en un ambiente adecuado al menor, fu e la madre del aquel quien rechazó la ayuda que le ofreció la institución. Aclaró además que para ejecutar dicho traslado se requería de la autorización de ambos padres.

21. Precisó que, con la demanda se pretende discutir la legalidad del acto administrativo expedido el 3 de marzo de 2020 en el que se decidió el cierre del proceso de restablecimiento de d erechos del menor fallecido, el cual no fue controvertido en el término establecido por la norma. Por tanto, sostuvo que el

administrativo expedido el 3 de marzo de 2020 en el que se decidió el cierre del proceso de restablecimiento de d erechos del menor fallecido, el cual no fue controvertido en el término establecido por la norma. Por tanto, sostuvo que el medio de control idóneo es el de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación directa.

22. Con sustento en lo anterior propuso las excepciones de caducidad, inexistencia de demostración del daño, falta de prueba del lucro cesante, inexistencia de la pérdida de oportunidad por falta de prueba y/o argumentación, inexistencia de daño a bienes convencional y constituc ionalmente protegidos, inexistencia de imputación fáctica e inexistencia de imputación jurídica.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

23. Para fundamentar la decisión de negar las pretensiones de la demanda, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de l Circuito de Quibdó consideró que conforme la valoración probatoria efectuada, para el día 21 de abril de 2021 (sic) fecha del deceso del menor Andrés Camilo Romaña Córdoba, no se encontraba bajo el cuidado y protección del ICBF, mo tivo por el cual no es posible endilgar responsabilidad alguna a dicha entidad, al no tener la posición de garante del menor.

24. Estimó que, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar demostró que desarrolló el trámite correspondiente del proceso adm inistrativo de restablecimiento de derechos a favor del menor y aplicó las medidas necesarias y adecuadas para la protección y cuidado de aquel, tendientes a ubicarlo en una institución especializada logrando obtener un cupo en la Fundación Juan XXIII,

restablecimiento de derechos a favor del menor y aplicó las medidas necesarias y adecuadas para la protección y cuidado de aquel, tendientes a ubicarlo en una institución especializada logrando obtener un cupo en la Fundación Juan XXIII, sin embargo, la madre del menor no autorizó su traslado. Expuso que, aun así, el defensor de familia prorrogó por seis (6) meses más la medida en aras de persuadir a aquella, y debido a que continuaron las situaciones de vulneración de derechos, adoptó la ubicación en hogar sustituto y cerró el caso.Sentencia R/D (2da instancia) Radicado No. 27001333300120230025001

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25. En relación con la Policía Nacional consideró que, aunque dicha institución tiene el deber de brindar protección y seguridad a la población, el daño sufrido por la parte actora no logra ser imputable a la misma debido que, el hecho dañino no era previsible para dicha institución. Tampoco encontró la existencia de denuncia por parte de los demandantes.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

26. La parte demanda nte interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que el A quo no tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas aportadas y resolvió el caso sin efectuar un análisis razonado.

27. Como sustento de dicha afirmación, indicó que, se aportó pantallazo donde se

primera instancia, argumentando que el A quo no tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas aportadas y resolvió el caso sin efectuar un análisis razonado.

27. Como sustento de dicha afirmación, indicó que, se aportó pantallazo donde se muestra que 17 días después de ejecutada la Resolución No. 144 del 7 de noviembre de 2019, mediante la cual se modificó la medida de restablecimiento de derecho al menor Andrés Camilo Romaña y se ordenó ubicarlo en hogar sustituto de la señora Ana Rosa Ariza Ibarguen, aquella se presentó informando sobre la evasión del mencionado menor y de su hermano.

28. Agregó que, también se encuentra demostrado que posterior a la expedición de la Resolución No. 003 del 3 de febrero de 2020 a través de la cual se cerró el caso, el ICBF continuó actuand o. Sost uvo que, conforme al lineamiento técnico y la Resolución No. 1514 del 23 de febrero de 2016 la única medida a imponerse en los

casos de menores en estado de calle es el internamiento en un centro especializado.

29. Asimismo expuso que, no se tuvo en cuenta el interrogatorio rendido por el señor Ever Romaña Parra, en el que expresó que en múltiples ocasiones e incluso días antes del fallecimiento del menor acudió a las instalaciones del ICBF a fin de que le prestara apoyo para que el menor fue ra internado en un centro ya que la madre no asintió el traslado del menor, empero la entidad no le ofreció ninguna

“decisión”.

30. Adicionalmente expresó que, en la declaración de la defensora de familia Shirley Indira Marín Asprilla se evidencias contradicciones y falencias en la atención

“decisión”.

30. Adicionalmente expresó que, en la declaración de la defensora de familia Shirley Indira Marín Asprilla se evidencias contradicciones y falencias en la atención brindada en el restablecimiento de los derechos del menor. Entre las inconsistencias trajo a colación apartes d e la declaración de aquella donde manifiesta que en algunas oportunidades no atendió al señor Ever porque se presentaba en estado de embriaguez y donde refiere que los menores entre ellos Andrés Camilo Romaña, eran de difícil atención, por lo cual fueron u bicados en diversas ocasiones en hogares sustitutos debido a que a la semana la Policía Nacional reportaba que los menores se encontraban bajo la responsabilidad de sus padres, luego de estar involucrados en eventos delictivos los fines de semana o que se encontraban durmiendo en las aceras de las calles del centro de Quibdó.

31. Refirió que, aunque en primera medida el daño fue causado materialmente por terceros, el mismo también le es imputable al ICBF, debido a que, la omisión de protección fue determinante en la causación del daño y por tanto debe responder por los perjuicios causados a los demandantes. Igualmente adujo que, la conducta del menor era previsible y resistible para las autoridades , motivo por el cual, no comparte la decisión del A quo respecto de la entidad demandada Policía Nacional, pues a su juicio desconoció las condiciones especiales enmarcadas en una alerta temprana realizada por la Defensoría del Pueblo.Sentencia R/D (2da instancia)

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Actuación de segunda instancia

32. Por auto interlocutorio No. 340 del 14 de octubre de 2025 , se admitió la apelación interpuesta por la parte demandante, sin que exista constancia de pronunciamiento alguno con posterioridad.

III. CONSIDERACIONES

33. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

Problema jurídico de instancia

34. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar: sí la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR “ICBF” son administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios irrogados a los demandantes por la muerte del menor ANDRÉS CAMILO ROMAÑA CÓRDOBA ocurrida el día 20 de abril de 2021 o sí por el contrario, debe declararse que el daño alegado fue consecuencia del hecho de un tercero y por tal motivo, se

CÓRDOBA ocurrida el día 20 de abril de 2021 o sí por el contrario, debe declararse que el daño alegado fue consecuencia del hecho de un tercero y por tal motivo, se encuentran probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas?.

35. En tal sentido, se determinará si debe revocarse, modificarse o confirmarse la decisión de primera instancia?.

Tesis de la Sala

36. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las suplicas de la demanda, por cuanto, las pruebas obrantes en el plenario no permiten tener por acreditada la responsabilidad del Estado derivada de la endilgada omisión en la que incurrió el ICBF al no materializar la medida de protección otorgada al menor Andrés Camilo Romaña Córdoba consistente en institucionalización en centro especializado, debido a que, se evidenció que: (i) en el momento en que aquel falleció, el proceso de restablecimiento de derechos de aquel había culminado, es decir, que se encontraba bajo el cuidado y protección de sus padres y, (ii) el ICBF realizó las gestiones y adoptó las medidas necesarias aplicables al caso particular del menor. Por lo que el daño alegado no le es imputable a dicha entidad.

37. En cuanto a la responsabilidad endilgada a la Nación – Ministerio de DefensaPolicía Nacional no resultó acreditada, por cuanto las pruebas arrumadas al plenario no dan cuenta de que la parte demandante hubiese incoado solicitud de protección a favor del menor Andrés Camilo Romaña ni era evidente que debía brindársele. Tampoco se probó la relación de causalidad entre el hecho dañoso que originó la presente acción y la conducta sea por acción u omisión realizada por dicha autoridad demandada.

brindársele. Tampoco se probó la relación de causalidad entre el hecho dañoso que originó la presente acción y la conducta sea por acción u omisión realizada por dicha autoridad demandada.

Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

38. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991 1 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

1 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a laSentencia R/D (2da instancia) Radicado No. 27001333300120230025001

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39. El daño antijurídico es la lesión i njustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho2, que contraría el orden legal3 o que está desprovista de una causa que la justifique 4, resultando que se produce si n derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida5 violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor

normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida5 violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa.

40. En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión” 6; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica

(imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a lo s diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia”7.

41. Al respecto, la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, ha sostenido

que:

“La imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuibl e a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico

fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”8.

42. En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por el incumplimiento de normas cuya observancia se exige a los agentes estatales, por lo que el régimen de imputación, en este caso, es subjetivo por falla en el servicio por el alegado uso excesivo de la fuerza pública. En efecto, “la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber

diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber

reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 3 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed.

Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 5 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia. 6 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932. 7 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622. 8 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.Sentencia R/D (2da instancia)

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legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el ser vicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía9” (Se destaca)10.

43. Por lo tanto, es necesario contrastar el contenido obligacional que rige la función de la autoridad demandada con el grado de cumplimiento de la misma, para en caso de encontrar una actitud omisiva, proced