TA CHO - Sentencia 27001-33-33-001-2023-00388-01 (29-09-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Providencia Sentencia No. 117

Medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIAS

Demandado LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA

NACIONAL Radicado 27001333300120230038801

Instancia Segunda Temas y subtemas i) Régimen Salarial y Prestacional de los Soldados Voluntarios Incorporados como Profesionales. Decisión Confirma sentencia

MAGISTRADA PONENTE: ADELA YRIASNY CASAS DUNLAP

Decide la Sala Primera de Decisión el recurso de apelación interpuesto por el demandante RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIAS, contra la Sentencia de primera instancia, del cinco (05) de julio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la cual declaró probada de oficio la excepción de inexistencia de la obligación y no condenó en costas.

I. ANTECEDENTES Por conducto de apoderado judicial el señor RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIAS , en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA instauró demanda contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL para que, con audiencia y citación del Agente del

ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA instauró demanda contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL para que, con audiencia y citación del Agente del Ministerio Público, previo los trámites de un proceso ordinario, se pronuncie mediante sentencia sobre las siguientes:

1.1. PRETENSIONES.

En la demanda se formulan las siguientes pretensiones:

1.1.1. Se declare la nulidad del Oficio No. 20210042360105331/MDN -COGFM-COARCSECAR-JEDHU-DPSOC-1.10 del 17 de marzo de 2021, proferido por la Dirección de Prestaciones Sociales de la Armada Nacional, por medio de la cual se niega el pago completo de la bonificación por retiro definitivo de que trata el artículo 6° de la Ley 131 de 1985. 1.1.2. Se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la bonificación por retiro definitivo de que trata el artículo 6° de la Ley 131 de 1985, desde el 14 de agosto de 2003 y hasta el 20 de abril de 2017, o cuando se compruebe que se produjo la baja o retiro definitivo del servicio, debidamente indexado. 1.1.3. Se disponga el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se condene a la parte demandada en costas y gastos del proceso en los términos del artículo 188 ibíd.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001 33 33 001 2023 00388 01

artículo 188 ibíd.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001 33 33 001 2023 00388 01

DEMANDANTE: RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIAS

DEMANDADO: ARMADA NACIONAL

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1.2. HECHOS

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el apoderado de la parte demandante hizo el relato de los siguientes hechos:

1.2.1. El señor RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIA, en el año 1998 ingresó al servicio de las Fuerzas Militares en calidad de soldado voluntario, prestando sus servicios por última vez, como Soldado Prof esional comisionado en el Batallón de ASPC No. 2 “Cacique Alonso Xeque” ubicado en Malambo - Atlántico. 1.2.2. El demandante permaneció vinculado bajo la denominación de soldado voluntario hasta el mes de noviembre del año 2003, fecha en la que, por disposición d e sus superiores, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1793 de 2000, se ordenó el cambio de la denominación del cargo de todos los soldados voluntarios a la nueva denominación de “Soldado Profesional y/o Infante de Marina Profesional” sin solución de continuidad. 1.2.3. Al actor se le reconoció este tiempo de servicio como soldado voluntario, como tiempo de carácter laboral, a efectos de computarse el término total para el reconocimiento de su asignación pensional conforme lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto 4433 de 2004.

tiempo de carácter laboral, a efectos de computarse el término total para el reconocimiento de su asignación pensional conforme lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto 4433 de 2004. 1.2.4. El 20 de abril de 2017 se produjo el retiro del servicio, haciéndose efectivo a través de Resolución No. 0382 del 19 de abril de 2017, la Dirección de Prestaciones Sociales de la Armada Nacional le reconoce al actor el pago de la cesan tía definitiva, resolución en la que además se incluyó el reconocimiento del derecho consagrado en el artículo 6° de la Ley 131 de 1985, consistente en el pago de un mes de bonificación (Salario percibido mientras estuvo vinculado como Soldado Voluntario) por cada año de servicios, desde la fecha de su vinculación y solo hasta el 13 de agosto de 2003, tomando para tal efecto el salario percibido en esta última anualidad. 1.2.5. Consideró que la entidad omitió reconocer que el emolumento previsto en el artículo 6° de la Ley 131 de 1985 posee un carácter autónomo y distinto al de la cesantía definitiva. En consecuencia, su reconocimiento y pago debieron efectuarse mediante un acto administrativo independiente, teniendo en cuenta para su liquidación la fecha efectiva del retiro definitivo, esto es, el 20 de abril de 2017, y el salario que percibía el actor en ese momento. 1.2.6. Por tal motivo el 1° de febrero de 2021 elevó solicitud de reconocimiento y pago de la bonificación por retiro definitivo conforme lo regula el artículo 6° de la Ley 131 de 1985, desde el año 2003 y hasta el retiro definitivo del servicio, teniendo

de la bonificación por retiro definitivo conforme lo regula el artículo 6° de la Ley 131 de 1985, desde el año 2003 y hasta el retiro definitivo del servicio, teniendo en cuenta el último salario percibido al momento de producirse su retiro. 1.2.7. A través de Oficio No. 20210042360105331/MDN -COGFM-COARC-SECAR-JEDHUDPSOC-1.10 del 17 de marzo de 2021, proferida por la Dirección de Prestaciones Sociales de la Armada Nacional, se dio respuesta desfavorable a la solicitud anterior.

1.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Como normas violadas, la parte demandante citó las siguientes:

• Artículos 13, 25, 29, 53, 58 y 230 de la Constitución Política - Ley 131 de 1985 - Ley 578 de 2000 - Ley 4ª de 1992

Como concepto de violación, menciona que el señor LIDUEÑAS TAPIAS fue vinculado como Soldado Voluntario en 1998 y retirado en 2017 por pensión, sin interrupción en el vínculo laboral, la entidad demandada reconoció la bonificación solo hasta 2003, alegando que desde entonces el cargo cambió a “Soldado Profesional”, lo cual se considera una interpretación arbitraria.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001 33 33 001 2023 00388 01

DEMANDANTE: RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIAS

DEMANDADO: ARMADA NACIONAL

3 de 25 Se sostiene que no hubo baja definitiva en 2003; por lo tanto, el derecho a la bonificación debe extenderse hasta 2017.

DEMANDADO: ARMADA NACIONAL

3 de 25 Se sostiene que no hubo baja definitiva en 2003; por lo tanto, el derecho a la bonificación debe extenderse hasta 2017.

Se afirma que es evidente el desconocimiento por parte de la administración de los derechos adquiridos del actor, toda vez que, teniendo este el derecho legal a perci bir la bonificación por retiro definitivo durante los años 2003 a 2017, periodo en el cual no sufrió interrupción del vínculo, mutación ni cambio de cargo, la bonificación por retiro de que trata el artículo 6° de la Ley 131 de 1985, no le fue reconocida en su totalidad.

Continúa indicando que el artículo 53 de la Constitución Política consagra la protección al derecho al trabajo, estableciendo principios constitucionales de obligatorio cumplimiento, entre ellos, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales vigentes. En virtud de ello, los soldados voluntarios que hicieron parte de las Fuerzas Militares, gozando de un vínculo reglamentario y ejerciendo las funciones propias del cargo, no pueden ser despojados de un derecho nacido por mandato legal, máxime cuando se encuentra demostrado que su retiro se produjo por reconocimiento de pensión en el año 2017, y no en 2003 como lo sostiene la entidad demandada.

Adicionalmente, no existe duda sobre la vigencia de la Ley 131 de 1985, norma que reconoce el derecho en cabeza del accionante, la cual no ha sido modificada, adicionada ni derogada por disposición posterior. Así lo confirma el Decreto 1794 de 2000, que en su artículo 1° ratifica la vigencia de dicha ley y el respeto a los derechos adquiridos por los

ni derogada por disposición posterior. Así lo confirma el Decreto 1794 de 2000, que en su artículo 1° ratifica la vigencia de dicha ley y el respeto a los derechos adquiridos por los soldados vinculados bajo su imperio.

La norma citada otorga preeminencia a los derechos adquiridos de los soldados vinculados bajo la Ley 131 de 1985, respetándoles la asignación mensual que percibían antes de la entrada en vigencia del decreto. En consecuencia, si la entidad demandada ha reconocido el derecho adquirido al pagar el salario conforme a dicha legislación, también le corresponde reconocer el pago de la bonificación por retiro definitivo, a cargo del Tesoro Público, por haber cumplido el actor con los requisitos legales: i) haberse desempeñado como soldado y ii) haber sido dado de baja.

Añade que la bonificación por retiro definitivo, regulada por el artículo 6° de la Ley 131 de 1985, tiene como naturaleza el reconocimiento, por parte del Tesoro Públic o, de una suma equivalente a un mes de salario incrementado en un 60% por cada año de servicio, exigible al momento en que el soldado es dado de baja. Por su parte, las cesantías son una prestación distinta, reconocida a partir del artículo 9° del Decreto 1794 de 2000, irrenunciable e imprescriptible, cuyo valor corresponde a un mes de salario por cada año de servicio, y que es consignado anualmente a la Caja Promotora de Vivienda Militar, conforme a la Ley 973 de 2005.

Ambos emolumentos tienen naturaleza, regulación y finalidad distintas, por lo que no pueden ser confundidos ni sustituidos entre sí. En consecuencia, la entidad demandada

conforme a la Ley 973 de 2005.

Ambos emolumentos tienen naturaleza, regulación y finalidad distintas, por lo que no pueden ser confundidos ni sustituidos entre sí. En consecuencia, la entidad demandada debió reconocer la bonificación por retiro definitivo mediante un acto administrativo independiente, conforme a lo dispue sto en el artículo 6° de la Ley 131 de 1985, y no incluirla parcialmente en la resolución de cesantías definitivas, como ocurrió en el presente caso.

Por el contrario, el retiro definitivo se produjo el 20 de abril de 2017, fecha en la que se le reconoció la pensión al actor. Por tanto, le asiste el derecho a percibir la bonificación por retiro definitivo desde su vinculación en 1998 hasta su retiro en 2017.

Finalmente, no puede aceptarse como argumento válido la alegación de la entidad empleadora sobre el “cambio de denominación del cargo” derivado del Decreto 1793 de

2000. El paso de “Soldado Voluntario” a “Soldado Profesional” no implicó interrupción del vínculo ni modificación sustancial del cargo, por lo que dicha interpretaciónMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001 33 33 001 2023 00388 01

DEMANDANTE: RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIAS

DEMANDADO: ARMADA NACIONAL

4 de 25 resulta caprichosa y arbitraria, y genera un detrimento patrimonial en cabeza del actor, quien no está llamado a soportarlo.

1.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demandada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL, allegó

quien no está llamado a soportarlo.

1.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demandada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL, allegó contestación el día 1 9 de octubre de 2023 1, en la que tuvo como ciertos los hechos relacionados con la prestación del servicio y la expedición de los actos administrativos que reconocen prestaciones, en relación al no pago de la bonificación por retiro en los términos aducidos por el actor, sostuvo que no es cierto. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las siguientes razones:

Expuso que el señor RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIAS prestó sus servicios a la entidad demandada como Infante de Marina Voluntario (soldado voluntario) desde el 19 de junio de 1998 hasta el 13 de agosto de 2003, y posteriormente como Infante de Marina Profesional (soldado profesional) desde el 14 de agosto de 2003 hasta el 20 de enero de 2017, con tres meses adicionales de alta hasta el 20 de abril de 2017.

Lo anterior indica que el demandante estuvo vinculado a la entidad en dos periodos distintos, bajo el amparo de dos regímenes normativos diferentes:

• El régimen consagrado en la Ley 131 de 1985, aplicable a los soldados voluntarios o infantes de Marina voluntarios. - El régimen establecido en los Decretos 1793 y 1794 de 2000, que regula a los soldados profesionales.

En relación con la normatividad aplicable a los soldados voluntarios, citó el contenido de la Ley 131 de 1985, cuyo artículo 6º les reconoce una suma equivalente a un mes de bonificación por cada año de servicio prestado, y proporcionalmente por las fracciones

En relación con la normatividad aplicable a los soldados voluntarios, citó el contenido de la Ley 131 de 1985, cuyo artículo 6º les reconoce una suma equivalente a un mes de bonificación por cada año de servicio prestado, y proporcionalmente por las fracciones de mes, al momento de su retiro. Se sostiene que el actor fue beneficiario de la bonificación establecida en el artículo 6º de la Ley 131 de 1985, tomando como base la última bonificación devengada, más la prima de antigüedad equivalente al 6.5% de la asignación salarial mensual básica por cada año de servicio, sin exceder el 58.5%.

Para el caso concreto, dijo que la bonificación fue reconocida en su totalidad y debidamente liquidada mediante la Resolución No. 0382 del 19 de abril de 2017, correspondiente al periodo en que le hoy demandante ostentó la calidad de Infante de Marina Voluntario.

Respecto al periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2003 y el 20 de abril de 2017, el señor LIDUEÑAS TAPIA S se desempeñó como Infante de Marina Profesional, regulado por los Decretos 1793 y 1794 de 2000, los cuales no contemplan el reconocimiento de la bonificación establecida en la Ley 131 de 1985. Por tanto, no es beneficiario de la bonificación reclamada por ese lapso.

Tampoco es jurídicamente viable aplicar simultáneamente amb os regímenes, dado que se trata de sistemas normativos distintos.

En otras palabras, la bonificación reclamada está prevista exclusivamente en la Ley 131 de 1985, y no en los Decretos 1793 y 1794 de 2000. Por ello, solo puede ser reconocida a

se trata de sistemas normativos distintos.

En otras palabras, la bonificación reclamada está prevista exclusivamente en la Ley 131 de 1985, y no en los Decretos 1793 y 1794 de 2000. Por ello, solo puede ser reconocida a los soldados voluntarios, no a los soldados profesionales.

En síntesis, la bonificación reconocida por la Ley 131 de 1985 no puede ser reliquidada por el periodo en que el demandante se desempeñó como Infante de Marina Profesional, ya que dicho régimen no contempla tal beneficio.

Así las cosas, se encuentra demostrado que la entidad demandada liquidó conforme a derecho y en su debida oportunidad tanto la bonificación por el periodo como voluntario, como las cesantías correspondientes al periodo como profesional, tam bién mediante la Resolución No. 0382 del 19 de abril de 2017.

1 Índice 00006 Expediente SAMAIMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001 33 33 001 2023 00388 01

DEMANDANTE: RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIAS

DEMANDADO: ARMADA NACIONAL

5 de 25 No es procedente reclamar una combinación de regímenes, ya que, al aceptar su incorporación como soldado profesional, el demandante se acogió íntegramente al régimen de los Decretos 1793 y 1794 de 2000, por tanto, no le asiste razón al pretender ahora la aplicación del régimen anterior, vulnerando el principio de inescindibilidad normativa.

Propuso como excepciones las que denominó i) Ineptitud sustantiva de la demanda por

ahora la aplicación del régimen anterior, vulnerando el principio de inescindibilidad normativa.

Propuso como excepciones las que denominó i) Ineptitud sustantiva de la demanda por demandar un acto que no tiene carácter de acto administrativo enjuiciable, ii) Carencia del Derecho e Inexistencia de la Obligación de la demandada, iii) Prescripción de derechos laborales, iv) Presunción de legalidad del acto acusado, vi) Cobro de lo no debido y vii) Buena fe.

Por lo expuesto, solicitó denegar las súplicas de la demanda y mantener la legalidad del acto acusado, el cual fue emitido cumpliendo los requisitos sustantivos y procesales, sin que se advierta causal de nulidad alguna.

1.5. LA SENTENCIA APELADA El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante sentencia de instancia, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el Consejo de Estado, en aplicación del principio de respeto por los derechos adquiridos, dispuso conserva r, para aquellos que venían de ser soldados voluntarios, el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985, cuyo artículo 4º establecía, que estos últimos tenían derecho a recibir como sueldo, una “bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 60%”.

De esta manera, precisó el juez de instancia que, con la expedición del Decreto 1794 de 2000 se constituyó para los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales, una suerte de régimen de transición tácito en materia salarial, en virtud del cual, pese a aplicárseles íntegramente el nuevo estatuto de personal de los

2000 se constituyó para los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales, una suerte de régimen de transición tácito en materia salarial, en virtud del cual, pese a aplicárseles íntegramente el nuevo estatuto de personal de los soldados profesionales, en materia salarial conservarían el monto de su sueldo básico que les fue determinado por el artículo 4º de la Ley 131 de 1985. En ese orden, y al revisar de manera integral los Decretos 1793 y 1794 de 2000, concluyó que, en ninguno de sus apartes se encuentra disposición alguna que establezca que los soldados voluntarios que posteriormente fueron enlistados como profesionales, fueran a percibir la bonificación por retiro consagrada en la ley 131 de 1985 durante el tiempo que desempeñaran sus funciones en calidad de soldados profesionales.

La anterior, por cuanto, luego de su conv ersión a soldados profesionales, empezaron a disfrutar de varias prestaciones sociales que antes no devengaban. Bajo este panorama, precisó el A -quo que si bien el actor ingresó como soldado voluntario percibiendo las bonificaciones mensuales de navidad y de retiro, con la entrada en vigor del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 se definieron las prestaciones que devengarían los soldados profesionales, tanto de los que iban a ingresar por vez primera, como los que venían de ser voluntarios, y, donde no se en cuentra incluida la prestación social que se solicita reconocer durante el término que laboró como infante profesional, esto es, desde el 14 de agosto de 2003 hasta el 20 de enero de 2017.

Trajo a colación la Sentencia de Unificación jurisprudencial CE-SUJ2 No. 003/16 en la cual

de agosto de 2003 hasta el 20 de enero de 2017.

Trajo a colación la Sentencia de Unificación jurisprudencial CE-SUJ2 No. 003/16 en la cual se definió que sólo en materia salarial se mantendría el valor de su sueldo básico que les fue determinado por el artículo 4 de la ley 131 de 1985.

Concluyó entonces, que teniendo en cuenta que la situación salarial de los solda dos voluntarios que posteriormente fueron convertidos en profesionales, se encuentra regulada de manera íntegra en un solo estatuto que es el Decreto Reglamentario 1794 de 2000 y que, la misma no consagra la bonificación por cada año de servicio prestado definida en el artículo 6 de la Ley 131 de 1985, no se encuentra desvirtuada la legalidad del Oficio No. 20210042360105331/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DPSOC 1.10 del 17 de marzo de 2021, razón por la cual, negó las suplicas de la demanda.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001 33 33 001 2023 00388 01

DEMANDANTE: RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIAS

DEMANDADO: ARMADA NACIONAL

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1.6. EL RECURSO DE APELACIÓN.

El apoderado de la parte demandante dentro del término legal presentó recurso de apelación2 contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, al considerar que dicha decisión desconoce el derecho adquirido por su representado a la bonificación por retiro definitivo, consagrada en el artículo 6° de la

Circuito de Quibdó, al considerar que dicha decisión desconoce el derecho adquirido por su representado a la bonificación por retiro definitivo, consagrada en el artículo 6° de la Ley 131 de 1985.

Sostiene que entre los años 2003 y 2017 el demandante mantuvo un vínculo laboral ininterrumpido con el Ministerio de Defensa – Armada Nacional, sin mutación de cargo ni interrupción en sus funciones, lo que le otorga legalmente el derecho a percibir dicha bonificación. El retiro definitivo se produjo en 2017, fecha en la que se le reconoció la pensión, y no en 2003 como erróneamente lo afirma la entidad demandada.

Dice que e l artículo 53 de la Constitución Política establece la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, por lo que no es jurídicamente válido que se pretenda desconocer un derecho adquirido bajo el argume nto de un cambio de denominación del cargo, pasando de “soldado voluntario” a “soldado profesional”. Esta modificación, introducida por el Decreto 1794 de 2000, no implicó una alteración en el régimen prestacional ni en las funciones desempeñadas, por lo q ue no puede considerarse como una nueva vinculación ni como causal para limitar derechos previamente adquiridos.

Aunado a lo anterior, considera que la bonificación por retiro definitivo es un emolumento autónomo y distinto de las cesantías, con naturalez a jurídica propia, regulaciones normativas diferentes y procedimientos de reconocimiento y pago independientes. Por tanto, la entidad demandada debió reconocerla mediante acto administrativo separado, y no incluirla parcialmente en la resolución de cesantías definitivas.

La interpretación del juez de primera instancia, al considerar que el actor no tiene

tanto, la entidad demandada debió reconocerla mediante acto administrativo separado, y no incluirla parcialmente en la resolución de cesantías definitivas.

La interpretación del juez de primera instancia, al considerar que el actor no tiene derecho a la bonificación por el tiempo laborado como soldado profesional, resulta errada y contraria al principio de legalidad, pues introduce una distinción no prevista por la ley. La Ley 131 de 1985 no establece diferencia alguna entre las categorías de soldado, y su aplicación debe extenderse a todo el tiempo de servicio prestado bajo el mismo régimen.

Finalmente, solicita que el fallo de primera instancia sea revocado en su integridad y, en su lugar, se ordene el reconocimiento, liquidación y pago de la bonificación por retiro definitivo a favor del demandante, conforme al artículo 6° de la Ley 131 de 1985, desde el año 2003 hasta el 5 de junio de 2018 , o hasta la fecha en que se acredite su retiro definitivo del servicio activo, tomando como base el salario devengado al momento de su baja.

1.7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

Mediante auto interlocutorio No. 823 del 26 de septiembre de 2024 se admitió el recurso interpuesto contra el fallo de primera instancia y se advirtió a las partes que de conformidad con los numerales 4° y 6° del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, podrían alegar de conclusión, des de la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, y al Ministerio Público se le recordó que podría rendir concepto hasta antes de

del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, y al Ministerio Público se le recordó que podría rendir concepto hasta antes de que ingresara el proceso al Despacho para sentencia, sin recibirse ninguna intervención .

II. CONSIDERACIONES

PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

2.1 COMPETENCIA.

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

2 Índice 00023 Expediente SAMAIMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001 33 33 001 2023 00388 01

DEMANDANTE: RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIAS

DEMANDADO: ARMADA NACIONAL

7 de 25 “ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos (…)”.

Respecto a los límites de la decisión de segunda instancia, el Honorable Consejo de Estado, en providencia del 25 de marzo de 2015, C.P. Dr. HERNAN ANDRADE RINCON, expediente 41001-23-31-000-1999-00435-01 (28425) dijo:

“Para el jue z de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia,

“Para el jue z de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás asp ectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo3.”

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá exclusivamente al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, en concordancia con el artículo 328 del C.G.P., aplicable al caso concreto por el artículo 306 del CPACA, y la jurisprudencia citada.

2.2. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA

El medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se encuentra definido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

“ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto admini strativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular

segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”

A su turno el literal d) del artículo 164 ibídem respecto a la oportunidad de presentar la demanda, indica:

“d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”

3 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.” (Negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005,

Pág. 106.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001 33 33 001 2023 00388 01

DEMANDANTE: RAFAEL GUSTAVO LIDUEÑAS TAPIAS

DEMANDADO: ARMADA NACIONAL

8 de 25 De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la notificación del oficio 20210042360105331 del 17 de marzo de 2021 se surtió vía correo electrónico en la misma fecha del acto 4. En consecuencia, el término de cuatro (4) meses para presentar la demanda vencía el 18 de julio de 2021, y como se desprende del acta de reparto a los Juzgados Administrativos de Barranquilla, la demanda se radicó el día 1° de junio de 20215, esto es, dentro del término de ley.

2.3. LEGITIMACIÓN E