TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2021-00033-01 (30-04-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA N° 046

REFERENCIA: 27001333300220210003301

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

DEMANDANTE: BELLY ELISEDIZ GARCÍA CAICEDO

DEMANDADO: MUNICIPIO DE QUIBDÓ

MAGISTRADO PONENTE: LARRY YESID CUESTA PALACIOS (E)

Corresponde desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderad o judicial de la parte demandante contra de la Sentencia N° 320 del 15 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Cuart o Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que resolvió:

“PRIMERO: DECLÁRESE probada de oficio la excepción de caducidad de la acción y falta de legitimación en l a causa por activa respecto de la señora BELLY GARCÍA CAICEDO, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriado este proveído, archívese el expediente y cancélese su radicación, previa las anotaciones de rigor…”

I. ANTECEDENTES

La señora Belly Elisediz García Caicedo , actuando a través de apoderado instauró el medio de control de Controversias Contractuales contra el Municipio de Quibdó , a fin de que se declare existencia de contratos de arrendamiento

I. ANTECEDENTES

La señora Belly Elisediz García Caicedo , actuando a través de apoderado instauró el medio de control de Controversias Contractuales contra el Municipio de Quibdó , a fin de que se declare existencia de contratos de arrendamiento celebrados entre las partes del presente proceso, y como consecuencia de lo anterior, se dec lare el incumplimiento de las obligaciones contenidas en las cláusulas sexta y tercera, en lo relativo al pago de los cánones de arrendamiento. Por lo expuesto, solicita se accede a las siguientes pretensiones que se sintetizan a continuación:

1.1. Pretensiones1:

Primera: Que se declare la existencia de los contratos de arrendamiento celebrados entre las partes en contienda en el presente proceso el 10 de junio de 2012 y 2015, renovado tácitamente en el año 2019, y por tanto el incumplimiento de las cláusulas sexta y tercera por parte del Municipio de Quibdó en relación al pago del canon de arrendamiento los cinco primeros días de cada mes.

1 Visible pagina 3 índice 9 Incorpora Expediente Digitalizado en SAMAISegunda: Que, como consecuencias de las anteriores declaraciones, el municipio de Quibdó deberá cancelar por concepto de cánones de arrendamiento a la demandante la suma de Sesenta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos ($63.757.554).

Tercero: Que el municipio de Quibdó deberá pagar la suma de Seis Millones de Pesos ($6.000.000) por concepto de saldo de cánones de arrendamiento dejados de pagar de acuerdo con la orden de pago N° 02533 del 30 de diciembre de 2015.

Pesos ($6.000.000) por concepto de saldo de cánones de arrendamiento dejados de pagar de acuerdo con la orden de pago N° 02533 del 30 de diciembre de 2015.

Cuarta: Que la parte demandada deberá pagar los intereses legales y moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que se extinga por medio de su pago, de conformidad al artículo 1625 numeral 1° del CC.

Quinto: Que la sentencia que de fin al presente proceso deberá ordenarse a la parte demandante darle cumplimiento a lo señalado en los artículos 189, 192, 193, 194 y 195 del CPACA.

Sexto: Que se condene a las costas del proceso.

1.2. Hechos y omisiones2

Como fundamentos fácticos de la demanda la parte actora expresó los siguientes:

Primero: El señor Aldemar Arce Denis, celebró contrato de arrendamiento con el Municipio de Quibdó, por el termino de 7 meses, del 10 de junio al 31 de diciembre

del mismo año, sobre el bien inmueble ubicado en la calle 26 con carrera 11, subida Barrio San Judas, con el objeto de funcionamiento de plaza satélite N° 1 donde se ubicó a una parte de los vendedores ambulante s del barrio Alameda reyes. Puntualizo que dicho contrato a veces se reanudaba tácitamente y otras por escrito.

Segundo: Que el valor inicial del contrato fue por la suma de $ 56.000.000 pagaderos en mensualidades de $ 8.000.000 pesos los primeros cinco días de cada mes.

Tercero: Que de acuerdo con la orden de pago N° 02533 del 30 de diciembre de

pagaderos en mensualidades de $ 8.000.000 pesos los primeros cinco días de cada mes.

Tercero: Que de acuerdo con la orden de pago N° 02533 del 30 de diciembre de 2015, por valor de $ 46.000.000, valor abonado en dos contados de $20.000.000 quedando como saldo a favor del demandante la suma de $6.000.000 valor objeto de las pretensiones del presente proceso.

Cuarto: En escrito del 4 de enero de 2007, el señor Aldemar Arce Denis, solicitó al señor alcalde de la época, la inclusión de su acreencia en el proceso de restructuración de pasivos del dicho ente territorial, pero no se obtuvo respuesta al respecto.

Quinto: Que para el año 2019, la entidad demandada continúa ocupando el inmueble y adeuda de dichas vigencias, los meses de julio a diciembre por valor de $10.626.259, situación que obedece a otra pretensión de esta demanda, cánones que fueron cobrados ante el ente demandado en escrito del 9 de enero de 2020, y frente al cual tampoco se obtuvo respuesta.

Sexto: El 7 de febrero de 2020 el señor Aldemar Arce Denos, autoriza a la señora Belly Elisediz García Caicedo, a fin de que continú e actuando ante el municipio de Quibdó en relación con el inmueble arrendado, y es así como, en ejercicio de dicho poder, la aquí demandante solicita al municipio el reconocimiento y pago de las sumas adeudados por concepto de cánones de arrendamiento.

Séptimo: El 26 de agosto de 2020 y ano obtener respuesta de la entidad

dicho poder, la aquí demandante solicita al municipio el reconocimiento y pago de las sumas adeudados por concepto de cánones de arrendamiento.

Séptimo: El 26 de agosto de 2020 y ano obtener respuesta de la entidad

2 Visibles páginas 4,5 y 6 índice 9 Incorpora Expediente Digitalizado en SAMAI.demandada, la demandante impetra la demanda de la referencia, previo agotamiento del requisito de proced ibilidad ante la procuraduría de asuntos administrativos, diligencia que se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

El apoderado de la parte demandante considera como violadas las siguientes disposiciones:

• Artículos 1602 y 1603 Código Civil - Artículos 141, 155 numeral 5°, 156 numeral 4° y demás concordantes Ley 1437 de 2011 - Artículos 1,2,6,13,23,26, 32,39,40,41,50,51,75,77 de la L ey 80 de 1993 concordante con la ley 1150 de 2007, art ículos 870,871 del Código de Comercio - Artículos 1974, 1975, 1996, 2000, 2005 y concordantes del Código Civil - Artículo 90 de la Constitución Política.

Como concepto de violaci ón indicó que el Municipio de Quibd ó desconoció lo normado en el artículo 1602 del código civil, al incumplir con las obligaciones a su cargo después de disfrutar el uso y goce del inmueble arrendado.

1.4. Contestación de la demanda

No hay evidencia en el expediente electrónico que la parte demandada haya contestado la demanda.

su cargo después de disfrutar el uso y goce del inmueble arrendado.

1.4. Contestación de la demanda

No hay evidencia en el expediente electrónico que la parte demandada haya contestado la demanda.

1.5. La sentencia apelada3 El Juzgado Cuart o Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, med iante la sentencia apelada, declaró probada de oficio la excepción de caducidad y falta de legitimación por activa, considerando:

“…Conforme lo expuesto, es claro que, en este asunto en particu lar, no puede entenderse que los contratos de arrendamiento Nros. 213 del 10 de junio del 2013 y 199 del 3 de noviembre de 2015 suscritos entre las partes demandante y demandada, se prorrogaron tácitamente, por expresa prohibición legal. Luego entonces, el término del conteo de caducidad en este caso, debe efectuarse a partir del vencimiento del plazo para liquidar los citados negocios jurídicos, esto es, 6 meses, que corresponden a los dos (2) meses para liquidarlo la administración unilateralmente adicion al a los cuatro (4) meses, para hacerlo de manera bilateral. Ello por cuanto, si bien no se pactó la referida liquidación, al tratarse de contratos de tracto sucesivo, requieren liquidación, tal y como lo dispone el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado a su vez, por el artículo 217 del decreto 19 de

2012. En ese orden de ideas, y sin realizar mayores elucubraciones, es claro para el Despacho, que en este asunto en particular, se configuró el fenó meno jurídico de la

2012. En ese orden de ideas, y sin realizar mayores elucubraciones, es claro para el Despacho, que en este asunto en particular, se configuró el fenó meno jurídico de la caducidad, toda vez que, el contrato Nro. 213 del 10 de junio del 2013, finalizó el 10 de enero del 2014, y el contrato Nro. 199 del 3 de noviembre de 2015, finalizó el 31 de diciembre del año 2015, por lo que, la parte actora, tenía respecto del primero hasta el 11 de julio del 2016, y en cuanto al segundo, hasta el 30 de junio de 2018, para acudir agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público y/o a la Jurisdicción Contenciosa Administ rativa, lo cual hizo, solamente el 8 de septiembre de 2020.

3 Visible a índice 14 Expediente Electrónico en SamaiAsí las cosas, y como quiera que la parte actora tanto el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público como la demanda ante esta Jurisdicción, la radic ó cuando ya se habían superado con creces los términos de caducidad, no le queda otro camino al Despacho que declarar probada de oficio tal medio exceptivo.

De otro lado, si en gracia de discusión se aceptare que la demanda fue interpuesta oportunamente y por tal razón, debería estudiarse el fondo del asunto, advierte el Despacho que la señora BELLY ELISEDIZ GARCIA CAICEDO quien acude al proceso en calidad de demandante, no acreditó la titularidad de la relación jurídica material, pues los contratos de ar rendamiento que se predican incumplidos por la entidad

Despacho que la señora BELLY ELISEDIZ GARCIA CAICEDO quien acude al proceso en calidad de demandante, no acreditó la titularidad de la relación jurídica material, pues los contratos de ar rendamiento que se predican incumplidos por la entidad demandada, fueron suscritos por el señor ALDEMAR ARCE DENIS en su condición de arrendador y no existe constancia procesal de que éste le hubiese cedido los derechos contenidos en el citado negocio jurídico y por ello, estuviese habilitada para reclamar lo aquí pretendido.

En cuanto a la legitimación en la causa, se tiene que esta ha sido definida en sentido amplio, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” 5, de forma tal que, cuando una de estas, carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas . La jurisprudencia del Consejo de Estado 7, ha diferenciado entre la legitimación en la causa de hecho y material. La primera se refiere a la relación procesal entre el demandante y el demandado y nace con la presentación de la demanda y la notificación del auto admisorio una vez se traba la litis. Y la segunda alude a la relación que nace entre las partes, como consecuencia de los hechos que dan lugar al litigio.

Por consiguiente, es posible que un sujeto procesal pueda estar legitimado en la causa de hecho y no materialmente, pues la legitimación material solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la presentación de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales. De manera que, el estudio sobre la legitimación

predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la presentación de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales. De manera que, el estudio sobre la legitimación material en la causa se contrae a determinar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula, o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condici ón anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra.

Conforme lo expuesto, como en el presente asunto, la señora GARCIA CAICEDO no acreditó ser la titular del interés jurídico que se debate en este proceso, no le queda otro c amino al Despacho que declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y como consecuencia de ello, negar las suplicas de la demanda…”

1.6. Alegatos de conclusión.

Parte demandada

No hay evidencia en el expediente de que la parte demandada haya alegado de conclusión.

Parte demandante

El apoderado judicial de la parte accionante alegó de conclusión reiterando en esencia los argumentos expuestos en l a demanda, indicando que, respecto a la caducidad del medio de cont rol, si bien es cierto se aplicó la ley en el presente asunto, también lo es el hecho de que, al existir la deuda insoluta por parte de la entidad demandada, se tornaba injusto e inequitativoEn relación a la falta de legitimación por activa de la parte actora, manifestó que el a quo no tenía razón, como quiera que la demandante se encuentra legitimada para actuar en el presente asunto por contar con po der amplio y suficiente de parte del

a quo no tenía razón, como quiera que la demandante se encuentra legitimada para actuar en el presente asunto por contar con po der amplio y suficiente de parte del señor Aldemar Arce Denis.

Finalmente, solicitó se revoque la sente ncia apelada y se despachen favorablemente las súplicas de la demanda. El Ministerio Público El representante del Ministerio Público hace un recuento del proceso, para puntualizar que dicha agencia, desde la audiencia de conciliación prejudicial , vislumbró la caducidad de las pretensiones, coincidiendo con lo analizado en el fallo de primera instancia. Por lo expuesto, consideró que hay lugar a que sean negadas las pretensiones de la demanda y confirmada la decisión contenida en la sentencia de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia.

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”.

2.2. Problema jurídico

Como se advierte de la sustentación del auto impugnado, la controversia gira en torno a determinar si en el presente medio debe declararse e incumplimiento del

2.2. Problema jurídico

Como se advierte de la sustentación del auto impugnado, la controversia gira en torno a determinar si en el presente medio debe declararse e incumplimiento del contrato de arrendamiento celebrado entre el demandante y el Municipio de Quibdó, con el consecuente pago de los cánones de arrendamiento adeudados, o si c omo lo determinó el a quo operó el fenómeno jurídico de la caducidad , advirtiéndose además la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Para el efecto deberá la Sala determinar los supuestos de hecho y de derecho que sirven de fundamento a efectos de contabilizar el término de caducidad en tratándose de una pretensión de incumplimiento contractual, así como de algunas precisiones del contrato de arrendamiento de local comercial, la improcedencia de la prórroga automática en el contrato de arrendamiento estatal y la legitimación en la causa por activa en contratos del Estado.

Dado que el tema principal del sub-lite versa sobre el arrendamiento de un local comercial, respecto del cual solicita la parte demandante que se ordene el pago de los cánones caus ados durante la vigencia y prórrogas de los contratos dearrendamiento N° 213 del 10 de junio de 2013 y 199 del 3 de noviembre de 2015 , es pertinente traer a colación los pronunciamientos que al respecto en forma consolidada ha hecho la ley y el Consejo de Estado.

2.3. Del contrato estatal de arrendamiento de local comercial El contrato de arrendamiento es una institución jurídica eminentemente propia del derecho privado. En efecto, tal tipo de contrato se encuentra regulado ampliamente en el artículo 197 3 del Código Civil, y “establece que el arrendamiento es un

El contrato de arrendamiento es una institución jurídica eminentemente propia del derecho privado. En efecto, tal tipo de contrato se encuentra regulado ampliamente en el artículo 197 3 del Código Civil, y “establece que el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un pr ecio determinado”. Tenemos entonces, que el contrato de arrendamiento es estrictamente consensual, se perfecciona con el consentimiento de las partes, siendo sus elementos básicos una cosa y un precio, caracterizándose además porque el cumplimiento de las obligaciones de las partes solo es susceptible de realizarse mediante la reiteración o repetición de un mismo acto, o, en otras palabras, por la observancia permanente en el tiempo de una determinada conducta, única manera ésta impuesta por la naturaleza d e la prestación debida, para satisfacer el interés económico que indujo a las partes a la celebración del contrato. Así las cosas, dentro de las obligaciones primordiales del arrendatario está la de pagar la renta o precio en los términos acordados en el respectivo contrato (art. 2000 ibidem), obligación que es de su esencia. Entonces, en los contratos de arrendamiento la obligación de todo arrendatario no está sólo en efectuar el pago de la renta como lo señala el artículo 2000 del Código Civil, sino tamb ién en que dicho pago se haga en forma, período, lugar y a la persona convenidos, tal como lo dispone en forma general el artículo 1627 , y es pecialmente los artículos 1634 y 1645 ejusdem, por lo que es evidente que los contratos deben ejecutarse de buena

dicho pago se haga en forma, período, lugar y a la persona convenidos, tal como lo dispone en forma general el artículo 1627 , y es pecialmente los artículos 1634 y 1645 ejusdem, por lo que es evidente que los contratos deben ejecutarse de buena fe y de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar debidamente establecidas por las partes en el desarrollo de su autonomía de la voluntad. Si ello es así, debe decirse que el arrendatario no puede válidamente sustraerse de la obligación del pago en el tiempo y forma señalado. Ese tipo de contrato, entonces, no tiene regulación propia en el estatuto de contratación estatal, pero también puede ser celebrado por las entidades públicas con arreglo a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 80 de 19 93, que prevé que las disposiciones civiles y comerciales serán aplicables siempre y cuando no exista regulación especial en aquel Estatuto y no sean incompatibles con el estatuto de contratación estatal, pues hay normas que son propias del derecho público y no le son aplicables en forma plena y llana las normas del derecho privado. Lo anterior significa que el contrato de arrendamiento, que es de naturaleza privada, también puede ser celebrado por entidades públicas, y pese a sus particularidades, está con templado dentro del esquema general del contrato estatal. Este hecho implica que para su celebración debe cumplirse con los requisitos que al efecto prevé la Ley 80 de 1993 , en lo concerniente a la manera de celebrar y de perfeccionar ese tipo de contrato estatal, pues dispone que siempre deberá ser por escrito, constituyéndose este requisito ad sustantiam actus, es decir, de la esencia del contrato que, de faltar, simplemente no hay contrato. Por esa razón, el contrato

perfeccionar ese tipo de contrato estatal, pues dispone que siempre deberá ser por escrito, constituyéndose este requisito ad sustantiam actus, es decir, de la esencia del contrato que, de faltar, simplemente no hay contrato. Por esa razón, el contrato de arrendamiento estatal se erige como un contrato solemne, que requiere manifestarse expresamente por escrito para que se entienda perfeccionado. Así lo ha precisado el Consejo de Estado: “(…) En este sentido, las disposiciones del derecho comercial sólo tienen lugar a ser aplicadas como ley del contrato estatal, en la medida en que las reglasrespectivas no se encuentren en contraposición al régimen de la contratación estatal. Por ejemplo, constituyen casos t ípicos de excepción a la integración normativa del régimen de contratación, los procedimientos de formación del contrato estatal y la formalidad escrita del mismo, puesto que en esos asuntos existen reglas legales específicas de acuerdo con la Ley 80 de 1993, contrarias a las disposiciones del derecho comercial en las que se pregona como principio general la libertad de las formas de negociación en la etapa precontractual y el consenso de voluntades como fuente suficiente para dar lugar a la existencia de un contrato mercantil (…)”

2.4. De la improcedencia de la prórroga automática y de la tácita reconducción en el contrato estatal de arrendamiento. Un tema que particularmente que resulta relevante y difiere sustancialmente del contrato privado, es que en el contrato estatal de arrendamiento no procede pactar la prórroga automática ni la reconducción tácita. Sobre este tema la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de octubre de 2014, dentro del

contrato privado, es que en el contrato estatal de arrendamiento no procede pactar la prórroga automática ni la reconducción tácita. Sobre este tema la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de octubre de 2014, dentro del expediente radicado 25000 -23-26-000-2001-01477-01(29851) C.P. Hernán Andrade Rincón, ha señalado:

“En primer lugar, la Sala reitera la jurisprudencia vigente en el sentido de que en el contrato de arrendamiento estatal no tiene lugar la cláusula de prórroga automática, ni la renovación tácita prevista en el artículo 2014 del Código Civil. En orden de mayor jerarquía, esta Subsección ha advertido que las referidas disposiciones no resultan aplicables en el contrato de arrendamiento estatal en la medida en que darían lugar un derecho de permanenc ia indefinida de la relación contractual, más allá de lo que se puede prever en esta clase de contratos estatales, en contravía de las exigencias de igualdad, moralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la función administrativa consagrada en el orden constitucional (artículo 209 C.P.) e igualmente, se ha llegado a dicha conclusión teniendo en cuenta que este tipo de cláusulas del derecho común se apartan de los principios y fines de la contratación estatal, desarrollados en la Ley 80 expedida en 1993, entre otros, el deber de planeación, establecido en el referido régimen de contratación. En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha advertido que la situación de hecho creada por la continuidad en la ejecución del contrato de arren damiento una vez vencido el

el referido régimen de contratación. En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha advertido que la situación de hecho creada por la continuidad en la ejecución del contrato de arren damiento una vez vencido el término, no tiene la idoneidad de configurar el contrato de arrendamiento estatal, por razón de la carencia del documento escrito que se exige como formalidad esencial del contrato estatal de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

2.5. En el régimen de la contratación estatal no hay lugar a la integración normativa del artículo 518 del Código de Comercio.

Otro aspecto relevante que difiere del contrato estatal de arrendamiento es que en este tipo de contratos no tiene aplicación la integración normativa prevista en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 que prevé que las reglas de derecho comercial y civil son aplicables, “salvo en aquellas materias reguladas en esta ley.” En este sentido, las disposiciones del derec ho comercial sólo tienen lugar a ser aplicadas como ley del contrato estatal, en la medida en que las reglas respectivas no se encuentren en contraposición al rég imen de la contratación estatal, h a dicho el Consejo de Estado4:

2.6. De la excepción de Cadu cidad del Medio de Control de Controversias Contractuales

4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2021. Radicación número: 05001-23-31-000-2010-0174401(49483). CP.: José Roberto Sáchica MéndezEl fenómeno de la caducidad implica la imposibilidad de formular ante la jurisdicción

de lo contencioso administrativo una determinada pretensión, en razón a que ha transcurrido el término que pere ntoriamente ha fijado la ley para ejercitar el correspondiente medio de control.

En este contexto el artículo 141 del CPACA, respecto al medio de control de Controversias contractuales, establece: ”Artículo 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES . Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley…”

A su turno el artículo 164 ibídem respecto a la oportunidad de presentar la demanda de controversias contractuales con pretensiones de declaratoria de incumplimiento contractual, establece que se deberá interponer dentro de los dos años siguientes a la fecha de ocurrencia de los motivos d e hecho o de derecho que le sirven de causa; en efecto indica la norma:

Artículo 164 . OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La

demanda deberá ser presentada: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: j) En las relativas a con tratos el término para demandar será de dos (2) años

demanda deberá ser presentada: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: j) En las relativas a con tratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente. En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato; ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa; iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta; iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga (…)”

para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga (…)” Por su parte la Jurisprudencia del consejo de Estado 5 en decisión unificada sobre la materia, a cerca de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, sentó lo siguiente: “2.4.5.7.- Por lo anterior, considerando las pautas de interpretación restrictiva de los términos de caducidad, y de favorabilidad bajo los principios pro homine, pro actione y pro damato , la Sala recoge parcialmente su jurisprudencia para establecer una forma unificada que: en el evento en que la liquidación bilateral del contrato se haya practicado luego de vencido el término pactado o supletorio (de 4 meses) para su adopción por mutuo acuerdo y del período (de 2 meses) en que la administración es habilitada para proferirla unilateralmente, pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato, conforme al ap. iii del literal j. En este sentido, el apartado v) del literal j solo se deberá aplicar cuando al momento de interponerse la demanda, el operador judicial encuentre