TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2021-00296-01 (26-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISION

SENTENCIA No. 024

Quibdó, Veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: EXPEDIENTE NÚMERO: 27001333300220210029601

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: LIZZ VIRGINIA AGUALIMPIA MATURANA

EDYS PAULINA RIVAS SALAZAR

DEMANDADO: NACION – MINEDUCACION – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

SEMQUIBDÓ

MAGISTRADA PONENTE : DRA. NORMA MORENO MOSQUERA La sala decide el recurso de apelación interpuesto, contra la sentencia 108 del 2 de abril de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, que resolvió: “...PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto producto de la reclamación administrativa del 4 de mayo de 2021, mediante la cual se solicitaba al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaria de Educación del Municipio de Quibdó, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria reclamada por las señoras LIZZ VIRGINIA AGUALIMPIA MATURANA y EDYS PAULINA RIVAS SALAZAR, por el no pago oportuno de sus cesantías parciales, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de Restablecimiento del Derecho CONDENAR al FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARIA

conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de Restablecimiento del Derecho CONDENAR al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ a reconocer y pagar a favor de la señora LIZZ VIRGINIA AGUALIMPIA MATURANA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 54.254.414, la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías parciales, así: A razón de un día de salario por cada día de retardo en el pago, tomando como base la asignación salarial percibida en no viembre del año 2020, mora que se pagara desde el 24 de noviembre de 2020 hasta el 22 de enero de 2021, día anterior a aquel en que fue puesta a disposición para pago la prestación, en los términos de la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: A título d e Restablecimiento del Derecho CONDENAR a la SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ a reconocer y pagar a favor de la señora EIDYS PAULINA RIVAS SALAZAR, identificada con la cedula de ciudadanía No. 35.602.553, la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías parciales, así: A razón de un día de salario por cada día de retardo en el pago, tomando como base la asignación salarial percibida en noviembre del año 2020, mora que se pagara desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 3 de febrer ode 2021, día anterior a aquel en que fue puesta a disposición para pago la prestación, en los términos de la parte motiva de esta sentencia.

2020, mora que se pagara desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 3 de febrer ode 2021, día anterior a aquel en que fue puesta a disposición para pago la prestación, en los términos de la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: A la providencia se dará cumplimiento de conformidad con lo ordenado en el artículo 192, 194 y 195 del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

QUINTO: CONDENAR en costas y agencias en derecho a la parte demandada el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir la suma de dos millones de pesos ($2.000.000), a favor de la parte demandante.

SEXTO: Ejecutoriado el presente proveído, expídanse copias auténticas de la sentencia, con constancia de ejecutoria a las partes y al Ministerio Público; conforme lo disponen los artículos 192 y 195 del CPACA.

SEPTIMO: Ejecutoriado el presente proveído, archívese el expediente y cancélese su radicación, previa anotación y registro. en el Sistema de Gestión Judicial de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa – “SAMAI”...”

I. ANTECEDENTES Actuando a través de apoderado judicial se instauró medio de control de NULIDAD

Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO , promovida por LIZZ VIRGINIA

AGUALIMPIA MATURANA Y EDYS PAULINA RIVAS SALAZAR , contra la

NACION – MINEDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERI OMUNICIPIO DE QUIBDÓ - SECRETARIA DE EDUCACION DE QUIBDÓ con la cual se pretende que esta Corporación declare la

NACION – MINEDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERI OMUNICIPIO DE QUIBDÓ - SECRETARIA DE EDUCACION DE QUIBDÓ con la cual se pretende que esta Corporación declare la nulidad de los siguientes Actos Administrativos Ficto Negativo al no dar respuesta al derecho de petición radicado QBD2021ER001282, presentado el 04 de mayo de 2021 por medio de la cual niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a las demandantes. Pretensiones Las pretensiones que sirven de fundamento a los hechos de la demanda son las siguientes: - LIZ VIRGINIA AGUALIMPIA MATURANA Que se DECLARE la nulidad del acto administrativo presunto negativo que nace a la vida jurídica al no dar respuesta a la petición presentada el 04 de mayo de 2021, con radiación QBD2021ER001282 , expedido por la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES, Municipio de Quibdó- Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó - Chocó, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de LIZZ VIRGINIA AGUALIMPIA MATURANA, consagrada en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, como consecuencia de la morosidad en el pago de la cesantías parciales. Que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 187,192 y 195 e la Ley 1437 de 2011 y se condene a las demandadas al pago de costas y agencias en derecho.

cesantías parciales. Que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 187,192 y 195 e la Ley 1437 de 2011 y se condene a las demandadas al pago de costas y agencias en derecho. - EDYS PAULINA RIVAS SALAZARQue se DECLARE la nulidad del acto administrativo presunto negativo que nace a la vida jurídica al no dar respuesta a la petición presentada el 04 de mayo de 2021, con radiación QBD2021ER001282 , expedido por la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES, Municipio de Quibdó- Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó - Chocó, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de EDYS PAULINA RIVAS SALAZAR, consagrada en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, como consecuencia de la morosidad en el pago de la cesantías parciales. Que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 187,192 y 195 e la Ley 1437 de 2011 y se condene a las demandadas al pago de costas y agencias en derecho. 1.1. Hechos y omisiones: Los fundamentos de hecho que sirven de base a las pretensiones, se expresaron así: Primero: Las demandantes, a través de apoderado, mediante oficio del 4 de mayo de 2021, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales consagrada en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

Segundo: Los demandados negaron la anterior solicitud al no contestar, naciendo a la vida jurídica un acto presunto negativo, demandable a través del presente medio

el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

Segundo: Los demandados negaron la anterior solicitud al no contestar, naciendo a la vida jurídica un acto presunto negativo, demandable a través del presente medio de control.

Tercero: La parte demandante no fue notificada del pago de las cesantías vía cuenta bancaria.

Cuarto: El extremo demandante, dio cumplimiento al requisito de procedibilidad, de conformidad a lo establecido en la Ley 1285 de 2009. 1.2. Fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de la violación

Como normas violadas se indicaron las siguientes:

Constitución, artículos 2,13,23,25 y 53.

Ley 244 de 1995, modificada por la ley 1071 de 2006.

En el concepto de violación, indica la parte actora que la negativa de pago de las cesantías parciales por parte de los demandados contradice las normas constitucionales y legales arriba citadas, en razón a que desconocen su aplicación. 1.3. Posición de la entidad demandada. La Secretaría de Educación de Quibdó, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, indicando que la parte demandante no agotó la vía gubernativa como presupuesto para demandar. Propuso las excepciones de mérito de Inexistencia de vulneración de los derechos invocados y Falta de legitimación en la causa por pasiva. Finaliza solicit ando se exonere al Municipio de Quibdó – Secretaría de Educación del presente proceso , por su supuesto pago tardío a las demandantes.1.4. La sentencia apelada El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la

Educación del presente proceso , por su supuesto pago tardío a las demandantes.1.4. La sentencia apelada El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la sentencia apelada, concedió las pretensiones de la demanda explicando en las consideraciones, lo siguiente:

“...LIZZ VIRGINIA AGUALIMPIA MATURANA

El 11 de agosto de 2020, la señora Lizz Virginia Agualimpia Maturana, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales para compra de vivienda, según se desprende de las consideraciones de la resolución que reconoció esa prestación; de manera que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, la administración contaba con 15 días para expedir el acto de reconocimiento de ese auxilio, es decir, hasta el 2 de septiembre de 2020.

Así las cosas, a partir del 3 de septiembre de 2020, empezaron a correr los diez días para que quedara ejecutoriado el acto administrativo, en el caso de que se hubiera expedido oportunamente, es decir, hasta el 16 de septiembre de ese año, vencidos los cuales inició el conteo de los cuarenta y cinco días en que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio debía pagar la prestación reclamada, los que se cumplieron el 23 de noviembre de 2020, razón por la cual, a partir del día siguiente -24 de noviembre de 2020 - se empezó a causar la indemnización moratoria.

De tal manera se debe concluir que la sanción por mora correrá de manera compartida a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y

indemnización moratoria.

De tal manera se debe concluir que la sanción por mora correrá de manera compartida a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la Secretaria de Educación demandada el pago de la mora causada desde el 24 de noviembre de 2020 hasta el 22 de enero de 2021.

El demandante formuló reclamación tendiente al reconocimiento de l a sanción por mora en la consignación de sus cesantías el 4 de mayo de 2021, es decir, cuando aún no habían transcurrido tres años desde el momento en que se hizo exigible la sanción, por lo que se debe concluir que no está afectada por el fenómeno extintivo.

EDYS PAULINA RIVAS SALAZAR

El 21 de julio de 2020, la señora Eidys Paulina Rivas Salazar, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales para compra de vivienda, según se desprende de las consideraciones de la resolución que reconoció esa prestación; de manera que en cumplimiento de lo dispuesto en el artíc ulo 4 de la Ley 1071 de 2006, la administración contaba con 15 días para expedir el acto de reconocimiento de ese auxilio, es decir, hasta el 12 de agosto de 2020.

No obstante, lo anterior, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó) excedió el plazo de quince días señalado en la norma citada para expedir el acto, comoquiera que emitió la resolución tan solo hasta el 20 de octubre de 2020. Así las cosas, a partir del 13 de agosto de 2020, emp ezaron a correr los diez días

señalado en la norma citada para expedir el acto, comoquiera que emitió la resolución tan solo hasta el 20 de octubre de 2020. Así las cosas, a partir del 13 de agosto de 2020, emp ezaron a correr los diez días para que quedara ejecutoriado el acto administrativo, en el caso de que se hubiera expedido oportunamente, es decir, hasta el 28 de agosto de ese año, vencidos los cuales inició el conteo de los cuarenta y cinco días en que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio debía pagar la prestación reclamada, los que se cumplieron el 18 de noviembre de 2020, razón por la cual, a partir del día siguiente -3 de noviembre de 2020se empezó a causar la indemnización moratoria. Ahora bien, las cesantías se pusieron a disposición de la demandante el 4 de febrero de 2021, según comprobante certificación expedida por la Fiduprevisora SA.Que con la contestación de la demanda se allega la Resolución No. 501 del 11 de diciembre de 2020, por medio de la cual la Secretaria de Educación del Municipio de Quibdó, corrige un yerro advertido por el FOMAG al momento de realizar el pago, en cuanto a la suma reconocida por concepto de cesantías parciales, por lo que para el despacho el pa go se efectuó dentro de los 45 días con los que contaba el fondo para ello. De tal manera se debe concluir que correrá a cargo de la Secretaria de Educación demandada el pago de la mora causada desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 3 de febrero de 2021. El demandante formuló reclamación tendiente al reconocimiento de la sanción por

demandada el pago de la mora causada desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 3 de febrero de 2021. El demandante formuló reclamación tendiente al reconocimiento de la sanción por mora en la consignación de sus cesantías el 4 de mayo de 2021, es decir, cuando aún no habían transcurrido tres años desde el momento en que se hizo exigible la sanción, por lo que se debe concluir que no está afectada por el fenómeno extintivo. Así las cosas, la obligación de asumir la condena reside únicamente en la Secretaria de Educación del Municipio de Quibdó y así se habrá de ordenar. En lo que respecta al salario con base en el cual deberá liquidarse la sanción moratoria por el periodo descrito, es aquel que el demandante percibía para el momento en que se originó el incumplimiento, es decir, en el año 2020, atendiendo la regla jurisprudencial dispuesta en la sentenci a de unificación CE -SUJ-SII-012-2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se sostuvo lo siguiente: 3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo. [Resalta la Sala]…” 1.6 El recurso de apelación.

La apoderada de la parte demandada Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo. [Resalta la Sala]…” 1.6 El recurso de apelación.

La apoderada de la parte demandada Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, interpone recurso de apelación únicamente respecto de la condena a favor de la señora Lizz Virginia Agualimpia Maturana, en cuando el a quo no estimó lo preceptuado en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 en relación a que la mora abarca los años 2021 y 2021 posterior a 31 de diciembre de 2019, sin tener en cuenta que el ente territorial fue quien tardó en expedir el acto administrativo y por tanto la condena debió ser en contra de la Friduprevisora y no del Fomag.

1.4. Alegatos de conclusión en segunda instancia La parte demandante: No hay constancia en el expediente que la parte demandante haya alegado de conclusión. La parte demandada No hay constancia en el expediente que la parte demandante haya alegado de conclusión.

El Ministerio Público: No existe constancia procesal que la delegada del Ministerio Público haya emitido concepto de fondo.II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia. El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone: “ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunal es Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de

SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunal es Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja c uando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si es procedente o no, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales a las docentes Liz Virginia Agualimpia Maturana y Edys Paulina Rivas Salazar, y si, por tanto, se debe determinar cuál es la entidad responsable de reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995, de acuerdo con las reglas fijadas en artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

2.2.1. Sanción moratoria y fundamento Normativo.

La Ley 244 de 1995, modificada por la ley 1071 de 2006, dispone que:

“…ARTÍCULO 1o. Artículo subrogado por el artículo 4o. de la ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

ARTÍCULO 2o. Artículo subrogado por el artículo 5o. de la ley 1071 de 2006. El

correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

ARTÍCULO 2o. Artículo subrogado por el artículo 5o. de la ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente: L a entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este…”

El propósito del legislador al establecer una sanción por el retardo en el pago de las cesantías quedó expresado en la exposición de motivos así:

“…la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinc ulación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima

terminado su vinc ulación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hechoorigina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando el final se paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiemp o han estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador.”1.

De lo expuesto se extrae, que el legislador quiso buscar objetividad, igualdad y agilidad en el pago d e las cesantías, porque con ello se evitaba la corrupción que tales trámites conllevaban. De otra parte, castigar la inercia de la administración y el incumplimiento de la entidad.

No trae consigo la norma ninguna excepción a la aplicación de la sanción relacionada con el periodo de vinculación o limitante relacionada con el régimen de cesantías al que pertenecía el trabajador, bien sea régimen retroactivo o anualizado y/o la fecha de vinculación a la entidad accionada, lo que quiere decir, que, si no se pagó dentro del término estipulado para ello, la sanción se aplica sin importar al

y/o la fecha de vinculación a la entidad accionada, lo que quiere decir, que, si no se pagó dentro del término estipulado para ello, la sanción se aplica sin importar al régimen de cesantías al que pertenezca, pues se reitera, nada establece la norma al respecto de ello.

De lo hasta aquí dicho, puede afirmar la Sala que la Ley 244 de 1995, artículo 1 al establecer un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajado res públicos de manera general, sin fijar una restricción en razón a la función desarrollada, su fecha de vinculación y/o el régimen de cesantías al que pertenecen.

Cabe precisar que el artículo 2º de la ley 244 de 1995, subrogado por el artículo 5º de la ley 1071 de 2006, al disponer “sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional del Ahorro”, dejó a salvo lo previsto en el artículo 31 del decreto 1453 de 1998, que estableció para el Fondo Nacional de Ahorro la obligación de pagar la cesantía parcial de sus afiliados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud.

En reciente providencia de unificación, al H. Corte Constitucional, dijo2:

“3.1.1. 3.1.1. “El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social.

La tardanza o falta de pago de las cesantías genera una afectación para el

“3.1.1. 3.1.1. “El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social.

La tardanza o falta de pago de las cesantías genera una afectación para el trabajador que desconoce a su vez otras garantías funda mentales y desdibuja el propósito mismo por el cual fueron establecidas a su favor.

Según se expuso, el auxilio de las cesantías es un derecho irrenunciable de todo trabajador, que cumple con una importante función social ante la eventualidad del desempleo o para satisfacer otras necesidades vitales del trabajador y de su núcleo familiar. Por su propia naturaleza jurídica, por ser una de las prestaciones sociales más importantes para los trabajadores y para su núcleo familiar, y por tratarse de un respaldo económico para el acceso a bienes y servicios, o como único sustento en caso de quedar cesante, la tardanza o falta de pago de las cesantías desestabiliza el bienestar social del trabajador y transgrede la finalidad por la cual fue instituida

1 Gaceta del Congreso año IV - N°. 225 del 5 de agosto de 1995.

2 SU – 336 de 2017 M.P. Iván Humberto Escruceria Mayolo.Precisamente, lo que se busca con el pago de esta prestación social es, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad productiva y, por otro, en el caso del pago parcial de cesantías, permitir al trabajador satisfacer otras necesidades. Es por ello, que la efectividad del derecho a la seguridad social se desdibuja cuando a pesar de reconocer que un trabajador, cualquiera sea su naturaleza, tiene derecho al pago

parcial de cesantías, permitir al trabajador satisfacer otras necesidades. Es por ello, que la efectividad del derecho a la seguridad social se desdibuja cuando a pesar de reconocer que un trabajador, cualquiera sea su naturaleza, tiene derecho al pago de sus cesantías, el Estado o el empleador demora su pago durante un término indefinido, que haría aún más gravosa su condición de trabajador cesante.

Por ser un derecho del cual es sujeto todo trabajador sin distinción alguna, la Sala concluye que en aplicación de los postulados constitucionales, la jurisprudencia de esta Corporación sobre la naturaleza de las cesantías y a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia, a los docentes oficiales les es aplicable el régimen general contenido en la Ley 244 de 1995, m odificado por la Ley 1071 de 2006, que contempla la posibilidad de reconocer a favor de estos la sanción por el pago tardío de las cesantías previamente reconocidas”.

La Sala seguirá los planteamientos esgrimidos por la H. Corte Constitucional, como quiera que el valor normativo del Precedente de las altas Cortes, resultan obligatorios para todos los jueces, cuando se trate de precedente en materia de interpretación de derechos fundamentales emanados por la Corte Constitucional3.

En pronunciamientos, el H . Consejo de Estado en su Sección Segunda, ha sido enfática en manifestar que cuando la administración, sobrepasa los límites temporales legales para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías bien definitivas, ora parciales, debe si y solo si, reconocer al docente un día de salario por cada día de retardo injustificado4.

2.2.2. Sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.

definitivas, ora parciales, debe si y solo si, reconocer al docente un día de salario por cada día de retardo injustificado4.

2.2.2. Sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.

Mediante la ley 1071 de 2006 «por medio de la cual se adiciona y modifica la ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.», en el artículo 4. º señaló:

« […] Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo […]”

3 Sentencia C-621 de 2015.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Consejero Ponente: WILLIAM

3 Sentencia C-621 de 2015.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, sentencia del 1 de febrero de 2018, Radicación Número: 08001-23-33-000-2013-00527-01(4610-14), Actor: Carlos Alberto Gutiérrez Cárdenas, Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla – Contraloría Distrital de Barranquilla, Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Ley 1437 de 2011, Sentencia O -00112018.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación Número: 08001-23-33-000-2012-00369-01(344714), Actor: José Agustín Herrera Sara, Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Contraloría Distrital de Barranquilla, Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Ley 1437 de 2011, Sentencia O -01572017.En concordancia con la norma anterior, el artículo 5° de la mencionada ley, reguló la sanción moratoria:

«[…] Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las c esantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido

cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las c esantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del tér mino previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este […]»

De la normativa transcrita se observa que el legislador le dio un término a la entidad para expedir el acto administrativo de reconocimient