TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2016-00317-01 (24-06-2025)

Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300320160031701

ANA OFELIA CASTILLO PEREA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Palacio de Justicia (Quibdó) – Oficina 414 des05tadmcho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Quibdó, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 082

RADICADO: 27001333300320160031701

DEMANDANTE: ANA OFELIA CASTILLO PEREA

DEMANDADO: MUNICIPIO DE QUIBDÓ

MEDIO DE CONTROL:

TEMA:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

TRASLADO DE DOCENTE

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó resuelve la apelación presentada por la parte demandante contra la sentencia de fecha 28 de septiembre del 2021, a través de la cual el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, negó las suplicas de la demanda.

ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Tesis de la parte demandante; 2.2. Tesis de la parte demandada; 2.3. Sentencia de primera instancia ; y, 2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

2.1. Tesis de la parte demandante

2.3. Sentencia de primera instancia ; y, 2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

2.1. Tesis de la parte demandante

2. La señora ANA OFELIA CASTILLO PEREA presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el MUNICIPIO DE QUIBDÓ con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en las Resoluciones Nros. 061 del 08 de febrero de 2016 y 0233 del 28 de marzo de 2016, mediante l os cuales se ordenó su traslado a una institución educativa diferente a aquella en la que v enía laborando y se confirmó tal decisión, respectivamente.

3. Solicitó, además, a título de restablecimiento del derecho, la asignación de carga académica en la Institución Educativa MÍA Rogerio Velásquez Murillo , de la cual fue transferida.

4. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones, las cuales se

trascriben con todo y errores:

"PRIMERA: Declarar la Nulidad de la Resolución No . 061 del 08 de febrero de 2016, "Por medio de la cual se procede a unos traslados por necesidad del servicio en la planta de personal docente y directivo docente del Municipio de Quibdó; y de la Resolución No. 0233 del 28 de marzo de 2016, "por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reposición.Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300320160031701

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SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, y a título de Restablecimiento del Derecho, se le asigne la carga académica a la

Profesora ANA OFELIA CASTILLO PEREA, en el Área de Matemáticas, en la I.E. MÍA Rogerio Velásquez Murillo.

TERCERA: Dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con el

CPACA.

CUARTA: Se condene al demandado al pago de las costas del proceso y las agencias en derecho”.

5. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se transcriben, incluso con errores:

“PRIMERO: Mi poderdante es docente del Área de Matemáticas y Física al servicio del Municipio de Quibdó y vinculada a la I. E. Miguel Vicente Garrido (hoy 1.E. MÍA Rogerio Velásquez), desde el año 2003.

SEGUNDO: Mediante escrito del 13 de enero de 2016, mi poderdante le solicitó al Señor OBDULIO MENA PALACIOS, Rector de la I.E. MIA Rogerio Velásquez Murillo, se sirviera entregarle la carga académica que le corresponde laborar por el periodo académico do 2016.

TERCERO: En respuesta a dicha solicitud, en forma lacónica y sin

Rogerio Velásquez Murillo, se sirviera entregarle la carga académica que le corresponde laborar por el periodo académico do 2016.

TERCERO: En respuesta a dicha solicitud, en forma lacónica y sin sentido, mediante Oficio S/N del 14 de enero de 20916, se le responde que "se redujo grados debido a falta de aulas", sin ser cierto, puesto que en dicha Inst itución se ampliaron las instalaciones con una alta inversión del Gobierno Nacional.

CUARTO: Ante esa "supuesta causa", el 18 de enero de 2016, se le interpuso un Recurso de Reposición, con el fin de obtener los verdaderos motivos que incidieron en la no asignación de carga académica para el año lectivo de 2016, en dicha Institución.

QUINTO: Igualmente, en forma precipitada y sin argumentación justificada alguna, emite una respuesta en donde manifiesta, entre otras, que la plaza que venía desempeñando mi poderdante, fue llenada por un docente en periodo de prueba. Es decir, otra excusa que no viene al caso.

SEXTO: Ante la negatividad del Señor Rector de la I.E. MIA Rogerio Velásquez Murillo, de expresar los verdaderos motivos por los cuales dejó sin carga académica a mi poderdante, se interpuso una Acción de

Tutela.

SÉPTIMO: En el transcurso de dicha Acción Constitucional, el 28 de marzo de 2016, expresa otro argumento falaz, manifestando que "el 10 de marzo de 2016, se realizó en la secretaria de Educaci ón con personal de supervisión, talento humano y cobertura el análisis de la

marzo de 2016, expresa otro argumento falaz, manifestando que "el 10 de marzo de 2016, se realizó en la secretaria de Educaci ón con personal de supervisión, talento humano y cobertura el análisis de la matriz de necesidades y perfiles docente, arrojando que en la Institución presenta un excedente de otros 10 docentes (...) incluida usted. Es decir, sigue sin determinar las verda deras razones de la dejación sin carga académica de mi poderdante para el año lectivo 2016, en dicha Institución

OCTAVO: Ante la falta de asignación de Carga académica, me dirigí ante la Procuraduría General de la Nación, quien le pone de presenteSentencia N Y R 2da instancia

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a la secretaria de Educación, la queja instaurada por Acoso Laboral, para que sea debatida en el Comité de Convivencia.

NOVENO: La Secretaria de Educación Municipal, le pone de presente al Rector de la 1.E. MIA Rogerio Velásquez Murillo, los criterios a tener en cuenta para el reporte de excedente, entre los cuales se destaca, como primer ítem la "Antigüedad del docente en la IE; cosa que no tuvo en cuenta el Rector, ya que el 14 de enero de 2016, hace entrega a la Secretaria de Educación Municipal, para que se a "reubicadas en la

como primer ítem la "Antigüedad del docente en la IE; cosa que no tuvo en cuenta el Rector, ya que el 14 de enero de 2016, hace entrega a la Secretaria de Educación Municipal, para que se a "reubicadas en la institución donde se necesite de su perfil de desempeños de resaltar que desde inicios del año anterior, ha venido constantemente en hacer la entrega la Secretaria de Educación Municipal, sin que los anteriores Secretarios, (e hayan pue sto atención. Solo este año se vino a fructificar.

DÉCIMO: Sin hacer un análisis del caso, el Secretario de Educación, procede a dictar un acto Administrativo, sin tener competencia para ello, a través de la Resolución No. 0061 del 8 de febrero de 2016, e n donde se me traslada de la I.E. Miguel Vicente Garrido a la IE Santo Domingo de Guzmán, por una supuesta necesidad del servicio, el cual fue notificado 'por aviso.

DÉCIMO PRIMERO: El día 4 de marzo de 2016, estando en términos, presenté ante el Alcalde de Quibdó, reposición en contra de la Resolución No. 0061 del 8 de febrero de 2016, en donde se le daba a conocer las arbitrariedades y los defectos que contenía dicho acto administrativo.

DÉCIMO SEGUNDO: No obstante, el Alcalde Mayor de Quibdó, sin mayores consideraciones, decide "confírmese en todos sus apartes la decisión tomada por la administración Municipal, el Decreto 0061 de Febrero de 2016, sin haber observado que el Secretario de Educación Municipal carece de competencia para trasladar docentes y directivos docentes.

decisión tomada por la administración Municipal, el Decreto 0061 de Febrero de 2016, sin haber observado que el Secretario de Educación Municipal carece de competencia para trasladar docentes y directivos docentes.

DÉCIMO TERCERO: En todo proceso de reestructuración o reorganización de la administración, por regla general, debe

garantizarse la estabilidad de los funcionarios de carrera, en este caso, los docentes del 2277 del 1 979 (Estatuto Docente), tienen privilegios frente a los del Estatuto de Profesionalización Docente (1278 de 2002).

DÉCIMO CUARTO: En el presente caso, por decisión unilateral y arbitraria del Rector de la Institución fue dejada sin carga académica, aludiendo necesidad del servicio que no se refleja en la realidad, encontrándose por consiguiente viciado el acto administrativo de falsa motivación y abuso de poder.

DÉCIMO QUINTO: Así las cosas, en aras de garantizar los derechos laborales a mi poderdante, se deberá revocar la decisión adoptada y en su lugar mantenerla en el cargo e institución en la cual viene trabajando hace aproximadamente doce (12) años, sin solución de continuidad”.

2.2. Tesis de la parte demandada

6. La entidad demandada al ejercer su derecho de defensa y/o contradicción solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, argumentando que la LeySentencia N Y R 2da instancia

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715 de 2001 le confiere la facultad a las entidades territoriales de trasladar docentes entre Instituciones Educativas, a través de actos administrativos que deben estar motivados, por lo tanto, en cumplimiento de dich a potestad legal, se procedió a la administración de la planta de personal docente del municipio, reubicando a la demandante en otra Institución Educativa debi do a la existencia de una vacante definitiva y a la falta de asignación o carga académica en su posición anterior, respondiendo así a necesidades del servicio.

2.3. Sentencia de primera instancia

7. Mediante Sentencia de fecha 28 de septiembre del 2021 , el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros: (i) negar las suplicas de la demanda y (ii) no condenar en costas.

8. Lo anterior, al considerar que la decisión de trasladar a la demandante, en ejercicio de la facultad discrecional por razones del servicio, fue ajustada a derecho, toda vez que no se evidenció una afectación grave o directa de sus derechos. La reubicación se efectuó conforme a la normativa vigente, dentro del mismo municipio, en un cargo del mismo nivel y con idéntica asignación salarial.

2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

reubicación se efectuó conforme a la normativa vigente, dentro del mismo municipio, en un cargo del mismo nivel y con idéntica asignación salarial.

2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

9. La parte demandante, apeló la sentencia de primera instancia, argumentando, que la competencia para emitir el acto administrativo de traslado recae exclusivamente en el Alcalde Municipal, en calidad de autoridad nominadora, sin embargo, en el presente asunto, el acto administrativo fue expedido por el Secretario de Educación Municipal, quien carece de las facultades necesarias para realizar traslados y no cuenta con autorización ni delegación de funciones para tal efecto. Por lo tanto, dicho acto administrativo está viciado de nulidad debido a una clara extralimitación de atribuciones por parte de dicho funcionario.

10. Por Auto de fecha 16 de febrero de 2024, esta Corporación admitió la apelación interpuesta por la parte demandante y no existe constancia de pronunciamiento alguno con posterioridad.

CONTROL DE LEGALIDAD

11. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

CONSIDERACIONES

Contenido: 4.1 Competencia; 4.2. Problema jurídico de instancia; 4.3. Tesis de la Sala; 4.4. Metodología y estructura de la decisión; 4.5. Marco legal del traslado de los docentes; 4.6. El marco normativo y jurisprudencial de la causal de anulación de falta de competencia en la expedición del acto administrativo ; 4.7. El análisis

los docentes; 4.6. El marco normativo y jurisprudencial de la causal de anulación de falta de competencia en la expedición del acto administrativo ; 4.7. El análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso; y 4.8. La condena en costas.

4.1. Competencia

12. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, en virtud del artículo 153 del CPACA, el cual dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las Sentencias dicta das en primera instancia por los jueces administrativos.Sentencia N Y R 2da instancia

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4.2. Problema jurídico de instancia

13. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar: si el acto administrativo demandado fue expedido por un funcionario incompetente o, por el contrario, se ajustó a las exigencias legales fijadas para el traslado de los docente y por ende se encuentra probada alguna excepción que deba ser declarada de oficio y por tal razón, deb a confirmarse la sentencia de primera instancia que negó las suplicas de la demanda?.

exigencias legales fijadas para el traslado de los docente y por ende se encuentra probada alguna excepción que deba ser declarada de oficio y por tal razón, deb a confirmarse la sentencia de primera instancia que negó las suplicas de la demanda?.

4.3. Tesis de la Sala

14. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda, toda vez que en el plenario está acreditado que el funcionario que expidió el acto administrativo que ordenó el traslado de la demandante tenía competencia para ello. Además, no se advierte que tal decisión hubiese tenido una finalidad distinta al mejoramiento de la prestación del servicio educativo y por tal razón, procediera su nulidad.

4.4. Metodología y estructura de la decisión

15. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala el Marco legal del traslado de los docentes (4.5.), El marco normativo y jurisprudencial de la causal de anulación de falta de competencia en la expedición del acto administrativo (4.6.) y, posteriormente, a partir de lo probado en el proceso, examinará el caso concreto (4.7).

4.5. El Marco legal del traslado de los docentes

16. La ley 715 de 2001 reguló lo relacionado con el traslado de los docentes para la debida prestación del servicio educativo . Y la figura del traslado ha sido entendida como una facultad del empleador para modificar las condiciones de trabajo en cuanto a modo, lugar, cantidad y tiempo de labor, en virtud del poder subordinante que tiene sobre sus empleados. Así lo dispuso el artículo 22 ibidem:

entendida como una facultad del empleador para modificar las condiciones de trabajo en cuanto a modo, lugar, cantidad y tiempo de labor, en virtud del poder subordinante que tiene sobre sus empleados. Así lo dispuso el artículo 22 ibidem:

“(…) Artículo 22. Traslados. Cuando para la debida prestación del servicio educativo se requiera el traslado de un docente o directivo docente, este se ejecutará discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio certificado cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial.

Cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados se requerirá, además del acto administrativo debidamente motivado, un convenio interadministrativo entre las entidades territoriales.

Las solicitudes de traslados y las permutas procederán estrictamente de acuerdo con las necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de las plantas de personal de las entidades territoriales. El Gobierno Nacional reglamentará esta disposición. (…)”. (Destaca la Sala)

17. La norma trascrita fija las condiciones para el traslado docente o directivo docente identificando dos (2) circunstancias, la primera cuando se realiza dentro de la misma entidad territorial, y la segunda cuando se da entre departamentos, distritos o municipios certificados.Sentencia N Y R 2da instancia

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18. Respecto de la primera, señaló que se ejecutará discrecionalmente y mediante acto administrativo motivado por la autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio certificado y frente a la segunda, precisa que, además del acto administrativo motivado es necesario un convenio interadministrativo entre las diferentes entidades territoriales. El citado artículo 22 de la Ley 715 de 2001, fue objeto de demanda de exequibilidad ante la Corte Constitucional, la cual a través de la sentencia C918 de 200215, se pronunció sobre la pretensión relacionada con la facultad discrecional que tiene el nominador para realizar el traslado docente.

19. Sobre el particular, indicó que no es una discrecionalidad absoluta, incompatible con los principios del Estado de derecho, sino que debe estar acorde con las necesidades del servicio. Para el efecto consideró:

“(…) De un lado la discrecionalidad no viola per se el Estado de derecho, pues no es sinónima de arbitrariedad y se encuentra sometida a controles judiciales. De otro lado, el deber de motivación es una garantía contra eventuales arbitrari edades, pues obliga a las autoridades a explicar las razones que justifican el traslado, lo cual además facilita el control judicial de esas actuaciones. Finalmente, y como bien lo destacan varios intervinientes, el actor yerra al afirmar que la Ley 715 de 2001 carece de criterios que orienten los traslados. Esa aseveración del demandante nace de una lectura

esas actuaciones. Finalmente, y como bien lo destacan varios intervinientes, el actor yerra al afirmar que la Ley 715 de 2001 carece de criterios que orienten los traslados. Esa aseveración del demandante nace de una lectura fraccionada de la norma impugnada, e ignora lo dispuesto en los artículos 22 y 40 Parágrafo 1°, de la misma Ley 715 de 2001, en los cuales se indican las normas a las cuales han de atender los traslados de docentes.

Dichas disposiciones prevén reglas de procedimiento y limitan el poder discrecional de la actuación administrativa, al disponer el traslado de docentes. Así, el artículo 22 establece que los traslados proceden "para la debida prestación del servicio educativo" y requieren de un convenio interadministrativo si se realiza entre distintas entidades territoriales.

Además, la disposición señala que esos traslados proceden "estrictamente de acuerdo con las necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de las plantas de personal de las entidades territoriales". Por su parte, el parágrafo 1 del artículo 40 fortalece esas garantías, pues señala prioridades para los tras lados entre departamentos, así: vacantes, plazas recién provistas por la incorporación de quienes tenían orden de prestación de servicios, docentes vinculados con una antigüedad no mayor de 5 años.

Todo esto muestra que la discrecionalidad para los traslados no es absoluta. Además, la Corte recuerda que el código Contencioso Administrativo dispone un principio que rige la actividad administrativa, en general y que funciona expresamente como mecanismo garante contra la eventualidad de una decisión administrativa discrecional absolutamente. En efecto, el artículo 36

Además, la Corte recuerda que el código Contencioso Administrativo dispone un principio que rige la actividad administrativa, en general y que funciona expresamente como mecanismo garante contra la eventualidad de una decisión administrativa discrecional absolutamente. En efecto, el artículo 36 de ese cuerpo normativo establece que, "en la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa (…)”.

20. La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto 3222 de 10 de noviembre de 2003, el cual en su artículo 2º estableció que el acto administrativo de traslado docente y directivo docente debe ser motivado y fundado en razones del

servicio, así:

“(…) Artículo 2º. Traslados por necesidades del servicio. Cuando para la debida prestación del servicio educativo se requiera el traslado de un docente o directivo docente, la autoridad nominadora efectuará el traslado mediante acto administrativo debidamente motivado. Para todo traslado la autoridadSentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300320160031701

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nominadora deberá tener en cuenta las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal.

Los traslados por necesidades del servicio son de carácter discrecional y pueden tener origen en:

nominadora deberá tener en cuenta las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal.

Los traslados por necesidades del servicio son de carácter discrecional y pueden tener origen en:

a) Disposición de la autoridad nominadora b) Solicitud de los docentes o directivos docentes. (…)”.

21. Conforme al contenido de la norma trascrita se colige que, en tratándose del traslado por necesidades del servicio de un docente o directivo docente, éste: i) puede originarse en disposición de la autoridad nomina dora o por solicitud del propio educador o directivo docente; ii) para su ejecución se requiere de acto administrativo debidamente motivado; y, iii) el nominador debe atender las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal respectiva.

22. Empero, posteriormente, el Decreto 520 del 17 de febrero de 2010, que derogó el Decreto 3222 de 2003, en sus artículos 2 y 5 previó que el traslado de docentes que atienden el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, administrados por cada una de las entidades territoriales certificadas en educación, atendería de una parte, un proceso ordinario y de otra, con ausencia de aquel.

23. En cuanto al primer proceso se tiene que, el artículo 2 ibídem señaló que cada entidad territorial cert ificada en educación deberá implementar el proceso para tramitar los traslados que tengan origen en solicitud de los docentes o directivos docentes, el cual debe desarrollarse, de la siguiente manera:

“(…) 1. El Ministerio de Educación Nacional fijará cad a año, antes de la iniciación del receso estudiantil de que trata el Decreto 1373 de 2007, el

docentes, el cual debe desarrollarse, de la siguiente manera:

“(…) 1. El Ministerio de Educación Nacional fijará cad a año, antes de la iniciación del receso estudiantil de que trata el Decreto 1373 de 2007, el cronograma para la realización por parte de las entidades territoriales certificadas del proceso de traslados ordinarios de docentes y directivos docentes al servicio de las entidades territoriales certificadas, con el fin de que al inicio del siguiente año escolar los docentes trasladados se encuentren ubicados en los establecimientos educativos receptores para la oportuna prestación del servicio educativo.

2. Cada entidad territorial certificada expedirá un reporte anual de vacantes definitivas, por establecimiento educativo, considerando las sedes, haciendo uso del sistema de información de recursos humanos del que disponga, con corte a 30 de octubre de cada añ o para calendario A y 30 de mayo para calendario B.

3. Con base en el cronograma fijado por el Ministerio de Educación Nacional y el reporte anual de vacantes, antes de la iniciación del receso estudiantil previsto en el Decreto 1373 de 2007, la entidad territorial certificada convocará al proceso de traslado mediante acto administrativo, en el cual detallará las necesidades del servicio educativo por atender mediante traslado ordinario de docentes y directivos docentes, con la indicación del cargo direct ivo o del área de desempeño para el caso de los docentes, localización del establecimiento educativo, considerando las sedes, requisitos, oportunidad y procedimiento para la inscripción en el proceso de traslados, información sobre los criterios de priorización para la definición de los mismos, fechas para la verificación del cumplimiento de los requisitos y de expedición

oportunidad y procedimiento para la inscripción en el proceso de traslados, información sobre los criterios de priorización para la definición de los mismos, fechas para la verificación del cumplimiento de los requisitos y de expedición de los actos administrativos de traslado.

4. Cada entidad territorial certificada deberá realizar la difusión de la convocatoria durante un periodo mínimo de quince (15) días hábiles,Sentencia N Y R 2da instancia

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anteriores a la fecha en la cual dé inicio a la inscripción en el proceso ordinario de traslados, a través de los medios más idóneos de que disponga. En todo caso, realizará la difusión en el sitio web de la secretaría de educación correspondiente y en lugar de fácil acceso al público.

5. Cumplidas las actividades programadas en el cronograma del proceso de traslados, la autoridad nominadora de cada entidad territorial certificada adoptará la decisión que corresponda y la comunicará al docente o directivo docente, así como a los rectores o directores rurales de los establecimientos educativos donde se hayan de producir los cambios. (…)”.

24. En relación con los traslados no sujetos al proceso ordinario, se estableció que cuando por necesidades del servicio de carácter académico o administrativo que deban ser resueltas discrecionalmente para garantizar la continuidad del servicio

24. En relación con los traslados no sujetos al proceso ordinario, se estableció que cuando por necesidades del servicio de carácter académico o administrativo que deban ser resueltas discrecionalmente para garantizar la continuidad del servicio educativo se requiera el traslado de un docente o directivo docente, la autoridad nominadora de la entidad territorial efectuará el traslado mediante acto administrativo debidamente motivado en cualquier época del año, considerando en su orden las solicitudes que habiendo aplicado el último proceso ordinario de traslado no lo hayan alcanzado. Para el efecto dispuso, la norma en comento:

«Artículo 5º. Traslados no sujetos al proceso ordinario. La autoridad nominadora efectuará el traslado de docentes o directivos docentes mediante acto administrativo debidamente motivado, en cualquier época del año lectivo, sin sujeción al proceso ordinario de traslados de que trata este Decreto, cuando se originen en:

1. Necesidades del servicio de carácter académico o administrativo, que deban ser resueltas discrecionalmente para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo. En tal caso, el nominador de la entidad territorial debe adopta r la decisión correspondiente considerando, en su orden, las solicitudes que habiendo aplicado al último proceso ordinario de traslado no lo hayan alcanzado.

2. Razones de seguridad fundadas en la valoración de riesgo adoptada con base en la reglamentación que establezca el Ministerio de Educación Nacional.

3. Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico del comité de medicina laboral del prestador del servicio de salud.

4. Necesidad de resolver un conflicto que afecte seri amente la convivencia

3. Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico del comité de medicina laboral del prestador del servicio de salud.

4. Necesidad de resolver un conflicto que afecte seri amente la convivencia dentro de un establecimiento educativo, por recomendación sustentada del consejo directivo».

25. Conforme a los contenidos de las normas referenciadas se observa que los traslados de docentes y docentes directivos pueden provenir (i) por solicitud del propio maestro, evento en el cual se deberá someter a un trámite ordinario el cual se lleva a cabo al inicio del receso estudiantil y de conformidad con el cronograma que fije