TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2017-00027-01 (24-06-2025)

Sentencia RD (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170002701

MARIA OLIVIA MINOTTA MURILLO Y OTROS

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Quibdó, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 083

RADICADO: 27001333300320170002701

DEMANDANTE: MARIA OLIVIA MINOTTA MURILLO Y

OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA –

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

MEDIO DE CONTROL:

TEMA:

REPARACIÓN DIRECTA

ERROR JURISDICCIONAL

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de fecha 7 de marzo de 2025 , a través de la cual el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Quibdó, negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Tesis de la parte demandante; 2.2. Tesis de la parte demandada;

Oral de Quibdó, negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Tesis de la parte demandante; 2.2. Tesis de la parte demandada; 2.3. Sentencia de primera instancia ; y, 2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

2.1. Tesis de la parte demandante

2. Los señores MARIA OLIVIA MINOTTA MURILLO, LUISA VANESSA COPETE

MINOTTA, KEIDY ELISA COPETE MINOTTA, YISETH COPETE MINOTTA,

OMAR FERNANDO MINOTTA MURILLO, MARIAN CECILIA MINOTTA MURILLO, DANIEL EDUARDO COPETE MINOTTA, CEYLER ANTONIO COPETE MINOTTA y ALBA LUCIA COPE TE MINOTTA por conducto de apoder ado presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL con el fin de que se le declare responsable administrativa y extracontractualmente por los perjuicios irrogados con la omisión de la notificación de la Sentencia No.12 del 27 de agosto de 2014, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Quibdó.

3. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones, las cuales a

continuación se sintetizan, incluso con errores:

“PRIMERA: (…) se DECLARE, patrimonial y administrativamente responsable, a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

continuación se sintetizan, incluso con errores:

“PRIMERA: (…) se DECLARE, patrimonial y administrativamente responsable, a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por todos los perjuiciosmorales y materiales causados a la señora MARIA OLIVIA M INOTTASentencia RD (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170002701

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MURILLO, quien a la vez actúa en nombre y representación de sus menores

hijos LUISA VANESSA COPETE MINOTTA, KEIDY ELISA COPETE MINOTТТА

У YISETH PAOLA COPETE MINOTTA; OMAR FERNANDO MINOТТА MURILLO;

MARIAN CECILIA MINOTTA MURILLO; DANIEL EDUARDO COPETE MINOTTA; CEYLER ANTONIO COPETE MINOTTA y ALBA LUCIA COPETE MINOTTA, por el error jurisdiccional causado y/o el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, través de la sentencia Nro. 12 de agosto 27 de 2014 emanada del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión de Quibdó (…).

SEGUNDA: Que se tenga como subsidiario al momento de dictar el respectivo fallo el fundamento del Principio IURA NOVIT CURIA.

2014 emanada del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión de Quibdó (…).

SEGUNDA: Que se tenga como subsidiario al momento de dictar el respectivo fallo el fundamento del Principio IURA NOVIT CURIA.

TERCERA: Que, como consecuencia de la declaración de responsabilidad estatal, se CONDENE a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar todos los perjuicios-morales y materialescausados a los demandantes, así:

Perjuicios Morales para nueve (09) demandantes a razón de cien Salarios Mínimos Legales Mensuales en el año 2016 para cada uno, para un gran total de $620.509.500.

PERJUICIOS MATERIALES $150.000.000

POR DAÑO A LA VIDA DE RELACION $250.000.000

DAÑO EMERGENTE $150.000.000

TOTAL ADEUDADO $1.170.509.500

CUARTA: La condena respectiva será actualizada con lo previsto en el artículo 187 del C. P. A. C. A., es decir, el correspondiente ajuste de valor, liquidado con la variación promedio mensual de índices de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es, agosto de 2014 hasta la ejecutoria de la sentencia. Además, se condene en costas de conformidad con el art. 188 del C. P. A. C. Administrativo y se le dé cumplimiento a la sentencia y se reconozcan los intereses de conformidad con el articulo 192 ibidem”.

4. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las

y se reconozcan los intereses de conformidad con el articulo 192 ibidem”.

4. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan, incluso con errores:

“PRIMERO: La señora MARIA OLIVIA MINOTTA MURILLO, instauró ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Quibdó, una acción de reparación directa en contra de la NACION - MINDEFENSAEJERCOL-, con el objeto de que se le reconocieran todos los perjuicios causado por la muerte de su hijo el soldado del Ejérc ito Nacional MINOTTA MURILLO

OSCAR LEIVER.

SEGUNDO: Dicha demanda fue radicada bajo el Nro. 27001333300120120015900 y mediante sentencia Nro. 12 del 27 de agosto de 2014, se negaron las suplicas de la demanda y en el numeral quinto de dicha sentencia se dijo.

“(...)

QUINTO. La presente decisión queda notificada en ESTRADO.

(...)Sentencia RD (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170002701

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TERCERO: Como dicha decisión, fue notificada en ESTRADO, no fue debidamente notificada a las partes dentro de los parámetros del art. 203 del

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TERCERO: Como dicha decisión, fue notificada en ESTRADO, no fue debidamente notificada a las partes dentro de los parámetros del art. 203 del

СРАСА.

El juzgado guardó silenc io de esa decisión por varios meses, ya que solo la dio a conocer en febrero de 2015, cuando actualizaron el sistema, por ello, en forma inmediata se presentó el respectivo recurso de apelación en contra de la sentencia, recurso que se presentó, teniendo e n cuenta, que la misma no había sido notificada a las partes de conformidad con lo ordena el art. 203 del

C. P. A. C. A., el cual reza.

“(…)

Lo anterior significa que la sentencia no adquiere firmeza sino cuando es debidamente notificada a las partes y en el presente caso ello no había acontecido.

CUARTO: Recurso que fue rechazado por el Juzgado, supuestamente, porque la sentencia se había notificado en ESTRADO, un grave yerro, ya que la misma norma ordena y trae inmersa la forma de notificar las sentencias -art. 203 del CPACAy allí en ningún momento se habla de la notificación en ESTRADO, como forma para que queden notificadas las partes de la sentencia dentro de un proceso.

(…)

OCTAVO: En la presente demanda, se solicitará que se tenga de presente el principio IURA NOVIT CURIA, porque ha sido un criterio reiterado por el H.

Consejo de Estado, ya que establece que en aquellos asuntos en donde se discute la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual del Estado, se aplica dicho principio, es decir, que frente a los hechos alegados y

Consejo de Estado, ya que establece que en aquellos asuntos en donde se discute la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual del Estado, se aplica dicho principio, es decir, que frente a los hechos alegados y probados por las partes corresponde al juez seleccionar la norma aplicable al caso.

NOVENO: El daño causado a mi poderdante, deviene imputable en el plano fáctico y jurídico a la entidad demandada porque fue producido por un error jurisdiccional y/o el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y los daños causados a la involucrada resquebraja la igualdad trata sobre el derecho a indemnización en caso de error judicial y/o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”.

2.2. Tesis de la parte demandada

5. La entidad demandada al ejercer su derecho de defensa y contradicción, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, argumentando que el apoderado judicial de la parte demandante no compareció a la audiencia de alegaciones y juzgamiento, instancia procesal en la que las partes tienen la oportunidad de presentar sus objeciones. Sin embargo, dicha comparecencia no se realizó por parte del actor debido a una inasistencia injustificada.

6. Asimismo, afirmó que la audiencia fue fijada y notificada a través del Sistema de Gestión Judicial SIGLO XXI el día 27 de agosto de 2014, por lo que el apoderado judicial de la parte actora debió tener conocimiento de dicha actuación mediante los canales establecidos. No obstante, la falta de conocimiento oportuno evidencia una falta de diligencia en el cumplimiento de sus deberes legales.Sentencia RD (2da instancia)

Radicado No. 27001333300320170002701

los canales establecidos. No obstante, la falta de conocimiento oportuno evidencia una falta de diligencia en el cumplimiento de sus deberes legales.Sentencia RD (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170002701

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7. Por otra parte, indicó que el recurso de apelación fue presentado únicamente el 11 de febrero del año siguiente, es decir, transcurridos más de cuatro meses desde la notificación de la audiencia, lo cual confirma que no existió vulneración de derecho alguno por parte de la entidad demandada. En consecuencia, sostiene que no puede atribuírsele responsabilidad alguna por la negligencia del apoderado de la parte demandante.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. Mediante sentencia de fecha de 7 de marzo de 2025, e l Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros: (i) negar las pretensiones de la demanda y (ii) no condenar en costas.

9. Lo anterior al considerar que la parte actora no cumplió con la carga probatoria exigida para demostrar el título de imputación de error jurisdiccional, específicamente en cuanto a la demostración y argumentación de los supuestos yerros atribuibles a la providencia cuestionada. Por tal razón, concluyó que no se

exigida para demostrar el título de imputación de error jurisdiccional, específicamente en cuanto a la demostración y argumentación de los supuestos yerros atribuibles a la providencia cuestionada. Por tal razón, concluyó que no se logró acreditar que la sentencia objeto de análisis fuera contraria a derecho ni que incurriera en el referido error y menos que se hubiese presentado vulneración de los derechos de acceso a la administración de justicia ni a la tutela judicial efectiva de los demandantes.

2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

10. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que la providencia del 27 de agosto de 2014 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Quibdó mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda, dentro del proceso radicado bajo el No. 27001333300120120015900 tan solo fue conocida en el mes de febrero de 2015, cuando se actualizó el Sistema de Gestión Judicial respecto de dicho expediente . Por tal razón, sostuvo que, al advertir dicha actuación, procedió de manera inmediata a presentar el respectivo recurso de apelación, en tanto la sentencia no había sido notificada a las partes conforme lo dispuesto en el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo CPACA.

11. En virtud de ello, afirmó que dicha sentencia no ha adquirido firmeza, dado que no fue debidamente notificada. A su juicio, la notificación por estrados no suple la formalidad exigida en el citado artículo 203 del CPACA, lo que impide considerar surtido el traslado procesal correspondiente.

que no fue debidamente notificada. A su juicio, la notificación por estrados no suple la formalidad exigida en el citado artículo 203 del CPACA, lo que impide considerar surtido el traslado procesal correspondiente.

12. Conforme lo expuesto, mediante auto interlocutorio No. 171 del 19 de mayo de 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

CONTROL DE LEGALIDAD

13. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

CONSIDERACIONESSentencia RD (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170002701

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Contenido: 4.1 Competencia ; 4.2. Cuestión Previa; 4.3. Problema jurídico de instancia; 4.4. Tesis de la Sala; 4.5. Metodología y estructura de la decisión: 4.5.1

La r esponsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional ; 4.5.2. La notificación de sentencias dictadas en audiencia conforme el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de

La r esponsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional ; 4.5.2. La notificación de sentencias dictadas en audiencia conforme el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), norma vigente para la época de los hechos; 4.6. El análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso y 4.7. La condena en costas.

4.1. Competencia

14. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, en virtud del artículo 153 del CPACA, el cual dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las Sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos.

4.2. Cuestión previa

15. Previo a resolver e l fondo de este asunto, la Sala estima conveniente pronunciarse respecto de la excepción de cosa juzgada propuesta por la entidad demandada.

16. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se les otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, advirtiéndose que los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversi as y alcanzar un estado de seguridad jurídica1.

17. De esta definición, se derivan dos consecuencias importantes:

1. Los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandato constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y

17. De esta definición, se derivan dos consecuencias importantes:

1. Los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandato constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y

1. El objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las pro videncias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio.

18. Adicionalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 303 del CG P, para que una sentencia tenga fuerza de cosa juzgada deben concurrir los siguientes requisitos, a saber: (i) identidad jurídica de partes, lo que implica que al proceso concurran las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada; (ii) identidad de objeto, esto es, que la demanda verse sobre la misma “pretensión material o inmaterial” sobre la cual se predica la cosa juzgada e (iii) identidad de causa, que conlleva a que la demanda y la dec isión que hizo tránsito a cosa juzgada tengan los mismos fundamentos o hechos como sustento.

19. En ese sentido, se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de febrero de 2013. Radicación número: 11001-0325-000-2007-0011600(2229-07). M.P Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.Sentencia RD (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170002701

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resuelto y como función positiva dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.

20. La fuerza vinculante de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes trabaron la Litis como partes o intervinientes dentro del proceso, es decir, produce efecto inter -partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente les impone a ciertas decisiones efecto erga omnes, es decir, que el valor de cosa juzgada de una providencia obliga en general a la comunidad.

21. Ejemplo de ello, es el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “CPACA”, que en relación con las sentencias de

nulidad de los actos administrativos dispone:

“Artículo 189. - Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes”.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada. (…)” (Subraya la Sala).

omnes”.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada. (…)” (Subraya la Sala).

22. De esta manera, al operar la cosa juzgada no solamente se predican los efectos procesales de la inmutabilidad y el carácter definitivo de la decisión, sino que igualmente se producen efectos sustanciales consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio.

23. Ahora bien, en el presente asunto, la entidad demandada alegó que lo aquí pretendido ya fue debatido y decidido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Quibdó, dentro del proceso identificado bajo el radicado No. 27001333300120120015900, argumentando que no es posible reabrir instancias ya agotadas a través de este medio de control.

24. En atención a lo anterior, corresponde a la Sala establecer s í, en el presente caso, resulta p rocedente declarar la existencia de l fenómeno de cosa juzgada respecto del proceso radicado No. 27001333300120120015900 adelantado por el referido juzgado.

25. En relación con los sujetos procesales, se observa que en ambos procesos figuran como demandant es los señores María Olivia Minotta Murillo, Luisa Vanessa Copete Minotta, Keidy Elisa Copete Minotta, Yiseth Copete Minotta, Omar Fernando Minotta Murillo, Marian Cecilia Minotta Murillo, Daniel Eduardo Minotta Murillo, Daniel Eduardo Copete Minotta, Ceyl er Antonio Copete Minotta y Alba Lucía Copete Minotta. No obstante, en el proceso radicado bajo el No.

Fernando Minotta Murillo, Marian Cecilia Minotta Murillo, Daniel Eduardo Minotta Murillo, Daniel Eduardo Copete Minotta, Ceyl er Antonio Copete Minotta y Alba Lucía Copete Minotta. No obstante, en el proceso radicado bajo el No. 27001333300120120015900 la entidad demandada era la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, mientras que en el sub judice lo es la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , razón por la cual no se satisface el requisito de identidad de partes, exigido para que opere la cosa juzgada.

26. Respecto al objeto y la causa petendi de los procesos en cuestión , la Sala advierte que tampoco se configura la cosa juzgada alegada , en tanto que las pretensiones son sustancialmente distintas. Lo anterior, por cuanto, en el expediente radicado No. 2012 -00159 la demanda perseguía la declaratori a de responsabilidad del Estado y el consecuente reconocimiento y pago de los perjuicios irrogados a los demandantes con la muerte del Soldado Profesional

Óscar Leiver Minotta Murillo.Sentencia RD (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170002701

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27. Mientras que, en el presente proceso, la parte actora pretende que se declare

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27. Mientras que, en el presente proceso, la parte actora pretende que se declare la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, el cual considera que está representado en la orden dada de notificar la Sentencia No. 12 del 27 de agosto de 2014, proferida en audiencia, en estrados y no conforme lo dispuesto en el artículo 203 del CPACA, lo que le impidió presentar de manera oportuna el respectivo recurso de apelación.

28. En ese orden de ideas, la Sala declarará no probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la entidad demandada.

29. Respecto a la excepción de culpa exclusiva de la víctima invocada por la entidad demandada, comoquiera que guarda relación directa con el fondo del asunto, su análisis se efectuará en la correspondiente valoración sustancial del caso.

4.3. Problema jurídico de instancia

30. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar: si la parte demandada es responsable administrativa y extracontractualmente por los daños y perjuicios alegados por los demandantes, con la orden dada de notificar la sentencia No. 26 del 27 de agosto de 2014 proferida en audiencia de alegaciones y juzgamiento por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Quibdó, en estrados y en la

de 2014 proferida en audiencia de alegaciones y juzgamiento por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Quibdó, en estrados y en la forma prevista en el artículo 203 del CPACA, esto es, a través del envío de su contenido mediante mensaje de datos al correo electrónico suministrado par a notificaciones judiciales y por ello debe revocarse la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda o si por el contrario, la decisión recurrida debe ser confirmada por no estar acreditad a la alegada responsabilidad del Estado?.

4.4. Tesis de la Sala

31. La Sala modificará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda , para en su lugar, declarar además no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada.

32. Lo anterior, al considerar que el presente asunto no reúne los requisitos previstos en el artículo 303 del C.G.P para la procedencia de la excepción de cosa juzgada, como tampoco se advierte que la conducta imprudente o negligente de la víctima haya sido la causa única y determinante del daño sufrido para que se configure el medio exceptivo de culpa exclusiva de la víctima.

33. Aunado a ello, las pruebas arrumadas al plenario no permiten inferir la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, pues la orden de notificar en estrados la sentencia proferida el día 27 de agosto de 2014 dentro del proceso radicado bajo el No. 27001333300120120015900 se adoptó conforme lo establece el ordenamiento jurídico cuando se trata de providencias dictadas en audiencia pública o en el transcurso de una diligencia, por tal razón, dicha actuación no fue

radicado bajo el No. 27001333300120120015900 se adoptó conforme lo establece el ordenamiento jurídico cuando se trata de providencias dictadas en audiencia pública o en el transcurso de una diligencia, por tal razón, dicha actuación no fue arbitraria ni contraria al orden jurídico.

4.5. Metodología y estructura de la decisiónSentencia RD (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170002701

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34. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala analizará la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional (4.5.1), la notificación de sentencias dictadas en audiencia conforme el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) (4.5.2) y, posteriormente, se examinará el caso concreto a partir de lo probado (4.6).

4.5.1. La Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional

35. responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado derivada del error jurisdiccional, se encuentra regulada por los artículos 66 y 67 de la Ley 270 de

19962, los cuales disponen lo siguiente:

“Artículo 66. Error Jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un

19962, los cuales disponen lo siguiente:

“Artículo 66. Error Jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

Artículo 67. Presupuestos del Error Jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.

36. Según las normas legales transcritas, el legislador estableció los siguientes requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) contra la cual el interesado haya interpuesto los recursos ordinarios, y vi) que sea una providencia contraria a la Ley.

37. La responsabilidad por la actuación judicial, derivada del error judicial, se refiere a aquellos yerros emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo y que causa un daño antijurídico al destinatario de la decisión,

proceso determinado, que se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo y que causa un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado confor me al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría causado la afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad.

38. El error judicial, entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al que naturalmente debió llegar” . Es por ello, que la dec isión que se reputa errada puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción” 3.

39. Conforme lo anterior, es claro para la Sala que el problema jurídico en este asunto debe analizarse bajo el título de imputación de error jurisdiccional y no bajo

2 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 3 IbídemSentencia RD (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170002701

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la modalidad del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto, esta última solo es procedente de manera residual en los supuestos de los daños antijurídicos que no constituyen error jurisdiccional. Por lo que, teniendo en cuenta que el daño antijurídico aquí alegado se deriva de la orden judicial de decla