TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2017-00086-02 (29-09-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Providencia Sentencia No. 115

Medio de control REPARACIÓN DIRECTA Demandante JUSTINA MENA CÓRDOBA Demandado LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA Radicado 27001333300320170008602

Instancia Segunda Temas y subtemas i) Responsabilidad del Estado por error judicial, requisitos para su configuración. Decisión Confirma sentencia

MAGISTRADA PONENTE: ADELA YRIASNY CASAS DUNLAP

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la señora JUSTINA MENA CÓRDOBA, contra la Sentencia No. 282 del veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la cual negó las súplicas de la demanda, y en tal sentido se resolvió:

“PRIMERO: DECLÁRESE no probada la excepción de cosa juzgada, propuesta por la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLÁRESE probadas las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, ausencia de causa pretendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido, propuestas por la entidad demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

de causa pretendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido, propuestas por la entidad demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: NIÉGUENSE las súplicas de la demanda...”

I. ANTECEDENTES Por conducto de apoderado judicial la señora JUSTINA MENA CÓRDOBA, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa consagrado en el artículo 140 del CPACA instauró demanda contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para que, con audiencia y citación del Agente del Ministerio Público, previo los trámites de un proceso ordinario, se pronuncie mediante sentencia sobre las siguientes:

1.1. PRETENSIONES.

En la demanda se formulan las siguientes pretensiones:

1.1.1. Se declare patrimonialmente responsable a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por los hechos antijurídicos cometidos por el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó, dentro del t rámite del proceso ejecutivo promovido por el señor CRISOSTOMO HINESTROZA MOSQUERA contra la señora JUSTINA MENA CORDOBA. 1.1.2. Como consecuencia de la anterior se reconozca a título de reparación o indemnización las siguientes sumas: por perjuicios materiales d año emergenteMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 001 2017 00086 02

DEMANDANTE: JUSTINA MENA CÓRDOBA

DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2 de 25

DEMANDANTE: JUSTINA MENA CÓRDOBA

DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2 de 25 estimada en $14.000.000, que corresponden al valor del bien inmueble, y por concepto de perjuicios morales la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes para la demandante y la suma de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los hijos de la demandante, JAIDY YURANI PALOMEQUE

MENA y KEVIN JAIR PALOMEQUE MENA.

1.2. HECHOS

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el apoderado de la parte demandante hizo el relato de los siguientes hechos:

1.2.1. Ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó se tramitó proceso ejecutivo promovido por el señor CRISOSTOMO HINESTROZA MOSQUERA en contra de la señora JUSTINA MENA CÓRDOBA bajo el radicado 2010-00454.

1.2.2. El proceso se rituó en forma regular hasta cuando se convocó para remate el único bien de propiedad de la demandante, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 180-5166 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó.

1.2.3. La providencia por la cual se ordenó el remate señaló que el aviso debía publicarse en un periódico de amplia circulación de la ciudad de Quibdó y por una radio difusora local bajo las previsiones del artículo 525 del hoy derogado Código de Procedimiento Civil. Dicho aviso judicial se agregó al expediente en fotocopia, que no contiene la página completa, ni la fecha, ni el nombre del periódico.

bajo las previsiones del artículo 525 del hoy derogado Código de Procedimiento Civil. Dicho aviso judicial se agregó al expediente en fotocopia, que no contiene la página completa, ni la fecha, ni el nombre del periódico.

1.2.4. Al indagar sobre el periódico en el que se hizo la publicación, se conoció que fue en “El Mundo” de la ciudad d e Medellín, medio que como se certificó en el expediente, no es de amplia circulación en el Departamento del Chocó.

1.2.5. Se realizó audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 41 Judicial II para Asuntos Administrativos del Chocó, la cual se declaró fallida el día 3 de marzo de 2017 por falta de ánimo conciliatorio.

1.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Citó las siguientes Normas:

• Artículo 29 y 90 de la Constitución Política - Artículo 66 y 71 de la ley 270 de 1996 - Decreto 1716 de 2009 - Ley 640 de 2001 - Ley 446 de 1998

Expuso el apoderado de la parte actora que con la actuación se vulneró el derecho fundamental al debido proceso y se ha dado un desmedro patrimonial a su mandante lo que le ha causado además de perjuicios morales, porque ese bien tení a como propósito construir su vivienda de interés social, pues no cuenta con ninguna otra clase de bienes inmuebles.

Añadió que el juez tiene el deber de poner en conocimiento de los sujetos procesales y de la comunidad en general los actos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación, sanción o multa, teniendo en

Añadió que el juez tiene el deber de poner en conocimiento de los sujetos procesales y de la comunidad en general los actos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación, sanción o multa, teniendo en cuenta que su operancia no constituye una simple formalidad procesal, sino un presupuesto de eficacia de dicha función y un mecanismo para propender por la efectividad de la democracia participativa. El principio de publicidad se ha estructurado como un elemento trascendental del Estado Social de Derecho, y de los regímenes democráticos ya que mediante conocimiento de las acciones judiciales administrativas, y de las razones de hecho y de derecho que le sirvenMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 001 2017 00086 02

DEMANDANTE: JUSTINA MENA CÓRDOBA

DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

3 de 25 de fundamento, se garantiza la imparcialidad y la transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades, alejándose de cualquier autoridad oculta o arbitrara contraria a los principios, mandatos y reglas que gobiernan la función pública.1

1.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA allegó contestación el día 14 de enero de 20202, en la que realizó un recuento de los hechos que dieron origen a la demanda, para seguidamente aducir que de ellos no se puede predicar la existencia de un error judicial objeto de reparación directa, pues en el caso la deuda

dieron origen a la demanda, para seguidamente aducir que de ellos no se puede predicar la existencia de un error judicial objeto de reparación directa, pues en el caso la deuda existía y la demandante no excepcionó en ningunas de las etapas que contempla el proceso ejecutivo, no realizó defensa de sus derechos. La publicación del remate que obliga la ley que se debe realizar en un periódico, está en el expediente con radicado 2010-0454.

Sostiene que el acuerdo es ley para las partes y con él se obligan recíprocamente, la Rama Judicial a través de sus operadores solo interviene para regular los desacuerdos conforme lo establece la ley y en el caso concreto, así lo hizo el operador judicial al ordenar que el deudor frente a su incumplimiento, pagara al acreedor lo correspondiente.

Añade que contra la decisión judicial que por esta vía se cuestiona, no se interpusieron los recursos de ley, siendo desacertado que se persiga la declaración de un error judicial, cuando la señora JUSTINA MENA MENA, no hizo uso de l presupuesto legal, para alegar cualquier descontento que tuviera frente a las decisiones del juez de primera instancia.

Propuso como excepciones las de AUSENCIA DE CAUSA PETENDI, INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO, COBRO DE LO NO DEBIDO, COSA JUZGADA y CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

Concluyó indicando que a la demandante no le asiste derecho alguno para incoar el presente medio de control en contra de la Rama Judicial, pues el hecho de guardar silencio ni hacer uso de los recursos que dispone la ley para controvertir las pruebas aportadas por

Concluyó indicando que a la demandante no le asiste derecho alguno para incoar el presente medio de control en contra de la Rama Judicial, pues el hecho de guardar silencio ni hacer uso de los recursos que dispone la ley para controvertir las pruebas aportadas por el señor CRISOSTOMO HINESTROZA, no le es atribuible a la Rama Judicial.

1.5. LA SENTENCIA APELADA El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante sentencia de instancia, negó las pretensiones de la demandada, al considerar que no se cumplen los requisitos legales para la prosperidad de la declaratoria de responsabilidad por error jurisdiccional, , cuales son: i) la conducta debe ser ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoria da, v) contra la cual el interesado haya interpuesto los recursos ordinarios, y vi) que sea una providencia contraria a la ley.

Particularmente, sobre al agotamiento de los recursos ordinarios como presupuesto de procedencia del error jurisdiccional, citó el artículo 66 que remite expresamente al artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en los casos en que el afectado no haya interpuesto los recursos de ley, o haya actuado con culpa grave o dolo, el daño se entenderá como causal de exoneración por culpa exclusiva de la víctima. Posición que ha avalado la Corte Constitucional, en sentencia de constitucionalidad C -037 del 5 de febrero de 1996, donde consideró que dicha norma contiene una sanción por el incumplimiento del deber

Corte Constitucional, en sentencia de constitucionalidad C -037 del 5 de febrero de 1996, donde consideró que dicha norma contiene una sanción por el incumplimiento del deber de colaboración para el buen funcionamiento de la justicia previsto en el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución Política que, además del respeto hacia los funcionarios judiciales, comprende el compromiso y mínimo interés en la atención oportuna y diligente de los asuntos que se someten a consideración de los jueces de la república.

1 C.E. Sent. 726, febrero 22/2007. Rad. 41001233100020040072601. M.P. Alier Eduardo Hernandez Enriquez. 2 Folios 187 a 193 Expediente SAMAIMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 001 2017 00086 02

DEMANDANTE: JUSTINA MENA CÓRDOBA

DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

4 de 25 En igual sentido se ha pronunciado la Sección Tercera del Consejo de Estado al señalar que “la conformidad o complacencia tácita del usuario de la administración de justicia frente al contenido de una decisión judicial implica la pérdida de la oportunidad de solicitar, a través del ejercicio del medio de control de reparación directa, el reconocimiento de una indemnización por el presunto daño antijurídico derivado del actuar del funcionario judicial dado que es principio del derecho que nadie puede beneficiarse de su propia negligencia3. Y, segundo, que los recursos de ley se refieren a los medios ordinarios de impugnación de las providencias "que permiten el examen limitado de la decisión c on el

judicial dado que es principio del derecho que nadie puede beneficiarse de su propia negligencia3. Y, segundo, que los recursos de ley se refieren a los medios ordinarios de impugnación de las providencias "que permiten el examen limitado de la decisión c on el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, y pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda” 4.

Por las anteriores razones, el A-quo concluyó que no se cumpl ieron los presupuestos exigidos para determinarse en sede judicial que el daño alegado es atribuible a la Rama Judicial, por cuanto la parte actora no interpuso los recursos ordinarios que tenía a su alcance, para advertir las presuntas irregularidades relacionadas con la publicación del aviso de la diligencia de remate , máxime cuando el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil, establece que, las irregularidades que puedan afectar la validez del remate, se considerarán saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación, y que las solicitudes de nulidad que se formulen después de esta, no serán oídas. A raíz de lo dicho, declaró probadas las excepciones de culpa exclusiva de la ví ctima, ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido, propuestas por la entidad demandada, y como consecuencia de ello, negó las súplicas de la demanda.

1.6. EL RECURSO DE APELACIÓN.

El apoderado de la demandante JUSTINA MENA CÓRDOBA , dentro del término legal presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto

1.6. EL RECURSO DE APELACIÓN.

El apoderado de la demandante JUSTINA MENA CÓRDOBA , dentro del término legal presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, para lo cual hace una exposición del contenido, finalidades y desarrollo jurisprudencial s obre el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Argumentó que el principio de publicidad se ha consolidado como un elemento fundamental del Estado Social de Derecho y de los regímenes democráticos, en tanto que, a través del conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, así como de las razones de hecho y de derecho que las sustentan, se garantiza la imparcialidad y la transparencia en las decisiones adoptadas por las autoridades. De esta manera, se evita toda forma de autoridad oculta o arbitraria, contraria a los principios, mandatos y reglas que rigen la función pública.

Asimismo, aludió a la obligatoriedad que recae sobre el juez de poner en conocimiento de los sujetos procesales y de la comu nidad en general aquellos actos que conlleven la creación, modificación o extinción de un derecho, o la imposición de una obligación, sanción o multa. Esto, considerando que su cumplimiento no constituye una mera formalidad procesal, sino un presupuesto esencial para la eficacia de la función judicial y un mecanismo que promueve la efectividad de la democracia participativa.

Concluyó afirmando que “el proceso hipotecario seguido en contra de la señora JUSTINA MENA CÓRDOBA en el Juzgado Primero Civil Munici pal de Quibdó, reviste de muchas

Concluyó afirmando que “el proceso hipotecario seguido en contra de la señora JUSTINA MENA CÓRDOBA en el Juzgado Primero Civil Munici pal de Quibdó, reviste de muchas ambigüedades procesales, tal como se observa a lo largo del expediente, pareciera, un proceso amañado casi que, ocultando actos procesales , donde el más relevante y que

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de abril de 2012, expediente 23266, reitera tesis expuesta en sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15128. Esta última providencia es citada en sentencias del 9 de abril de 2015, expediente 26323; de 2 de mayo de 2016, expediente 40781 y del 16 de febrero de 2016, expediente 33193. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 13164. En el mismo sentido, sentencia de l 14 de agosto de 2008, expediente 16594, reiterada en sentencia del 26 de julio del 2012, expediente 22581.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 001 2017 00086 02

DEMANDANTE: JUSTINA MENA CÓRDOBA

DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

5 de 25 considera la defensa muy importante fue el hecho que publicaran el aviso de remate en un periódico de circulación exclusivamente en la ciudad de Medellín”.

1.7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

5 de 25 considera la defensa muy importante fue el hecho que publicaran el aviso de remate en un periódico de circulación exclusivamente en la ciudad de Medellín”.

1.7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

Mediante auto del 28 de marzo de 2023 se admitió el recurso interpuesto contra el fallo de primera instancia y se advirtió a las partes que de conformidad con los numerales 4 y 6 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, podrían alegar de conclusión, desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, y al Ministerio Público se le recordó que podría rendir concepto hasta antes de que ingres ara el proceso al Despacho para sentencia.

Al plenario sólo se allegaron los alegatos de conclusión de la NACIÓN -RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a través de su apoderada judicial quien reiteró que los requisitos para que se configure el error judicial, derivando en la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, se encuentran regulados por los artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996, en tal medida, con lo expresó la entidad al contestar la demanda y como lo acogió el juzgado de instancia, es claro que en el caso concreto se configuró la culpa exclusiva de la víctima, ante la falta de interposición de los recursos de ley que estaban al alcance, en contra de las providencias atacadas.

Sostiene que no es dable que ante la omisión en el actuar de la accionante en el proceso judicial origen del present e proceso, se pretenda mediante la demanda de reparación

estaban al alcance, en contra de las providencias atacadas.

Sostiene que no es dable que ante la omisión en el actuar de la accionante en el proceso judicial origen del present e proceso, se pretenda mediante la demanda de reparación directa obtener, cual si fuera una tercera instancia, una indemnización por un supuesto daño que nunca se materializó.

Citó el pronunciamiento del Consejo de Estado, donde se indicó:

“…El error ju dicial, se configura o materializa a través de una providencia proferida en ejercicio de la función de impartir justicia. La ley 270 de 1996 recoge esta figura en nuestro derecho y la define como: “el cometido por una autoridad investida de facultad jurisd iccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.” (artículo 66). Son presupuestos para que se produzca el error judicial generador de responsabilidad estatal, los siguientes: -Que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes. Mediante el ejercicio de los recursos procedentes contra la providencia judicial el interesado solicita al órgano judicial que corrija el y erro, de manera que cuando no agota estos medios de defensa judicial el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del estado. -Que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria5.”

Consideró por tanto que se ha aplicado correctamente el precedente del Consejo de Estado en la sentencia de primera instancia, por lo cual, solicita sea confirmada en su totalidad.

contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria5.”

Consideró por tanto que se ha aplicado correctamente el precedente del Consejo de Estado en la sentencia de primera instancia, por lo cual, solicita sea confirmada en su totalidad.

II. CONSIDERACIONES

PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

2.1 COMPETENCIA.

5 Consejo de Estado, Exp 13164 y Exp. 13258 de la Sección Tercera y Sentencia C -037 de 1996 de la Corte Constitucional.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 001 2017 00086 02

DEMANDANTE: JUSTINA MENA CÓRDOBA

DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

6 de 25 El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos (…)”.

Respecto a los límites de la decisión de segunda instancia, el Honorable Consejo de Estado, en providencia del 25 de marzo de 2015, C.P. Dr. HERNAN ANDRADE RINCON, expediente 41001-23-31-000-1999-00435-01 (28425) dijo:

“Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se a ducen y

41001-23-31-000-1999-00435-01 (28425) dijo:

“Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se a ducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo6.”

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá exclusivamente al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, en concordancia con el artículo 328 del C.G.P., aplicable al caso concreto por el artículo 306 del CPACA, y la jurisprudencia citada.

2.2 OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

El medio de control de Reparación Directa se encuentra definido en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

“ARTÍCULO 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa

del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.”

A su turno el literal i) del artículo 164 ibídem respecto a la oportunidad de presentar la demanda, indica:

6 Dicho principio ha sido d efinido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarl o a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.” (Negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 001 2017 00086 02

DEMANDANTE: JUSTINA MENA CÓRDOBA

Pág. 106.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 001 2017 00086 02

DEMANDANTE: JUSTINA MENA CÓRDOBA

DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

7 de 25 “i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia…”

Para el caso bajo análisis, la demanda fue presentada dentro del término, pues si bien la decisión judicial respecto de la cual se predica el error jurisdiccional se encuentra integrada en decisión del 25 de noviembre de 20147 relativa a la diligencia de remate de un bien inmueble así como el auto interlocutorio No. 4146 del 15 de diciembre del 2014 8 por el cual se aprueba la diligencia de remate y se adjudica el bien inmueble , ha de tenerse en cuenta que la demandante alega el desconocimiento de dicha providencia, por lo que el término debe contarse a partir del día siguiente al que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de la acción u omisión causante del daño.

Así, aunque existe en el plenario una constancia que da cuenta de una notificación personal de la demanda ejecutiva a la señora JUSTINA MENA CÓRDOBA, en aras de no impedirle a la ciudadana el acceso a la administración de justicia, se considerará como

Así, aunque existe en el plenario una constancia que da cuenta de una notificación personal de la demanda ejecutiva a la señora JUSTINA MENA CÓRDOBA, en aras de no impedirle a la ciudadana el acceso a la administración de justicia, se considerará como fecha cierta en la cual la demandante debió tener conocimiento del daño alegado, el día 12 d e febrero de 2016 , cuando obtuvo copia del proceso ejecutivo con radicado 270014003001 2010 00454 00 tal como lo certifica la secretaria del JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE QUIB DÓ. Por tanto, los dos (2) años siguientes para presentar la demanda de reparación, se cumplían el 13 de febrero de 2018 y la demanda fue radicada el 07 de marzo de 2017, esto es, dentro del término de ley9.

2.3. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

La persona titular del interés jurídico que se debate en este proceso es la señora JUSTINA MENA CÓRDOBA, quien se dice ser afectada directa por un error jurisdiccional, al no haberse dado publicidad a la diligencia de remate de bien inmueble dentro del proceso ejecutivo con radicado 2010 -00454 adelantado por el señor CRISOSTOMO HINESTROZA MOSQUERA en su contra, y que correspondió al JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE QUIBDÓ, resultando así acreditada la legitimación en la causa por activa.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, de manera que la Nación se

en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, de manera que la Nación se encuentra legitimada por pasiva en este asunto.

2.4. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a esta Sala establecer si en el caso objeto de estudio, procede o no confirmar la Sentencia No. 282 del 29 de noviembre de 202 2, emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que negó las pretensiones de la demanda ; para lo cual se debe analizar si la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, es administrativa y extracontractualmente responsable por los daños y perjuicios que aduce la señora JUSTINA MENA CÓRDOBA le fueron causados por el remate del bien inmueble identificado con folio de Matrícula Inmobiliaria No. 180 -5168 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, que fuera ordenado dentro del proceso ejecutivo con radicado 27001400300120100045400 adelantado en su contra ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó, o si por el contrario, no existe mérito para acceder tales pretensiones por no cumplirse con los requisitos específicos determinados en la ley aplicable.

Para dar respuesta al problema planteado se hace necesario el siguiente análisis.

7 Folios pdf 116 y 117 del expediente cargado a SAMAI 8 Folios pdf 126 y 127 del expediente cargado a SAMAI 9 Ver constancia secretarial a folio 168 pdf del expediente cargado a SAMAI.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 001 2017 00086 02

9 Ver constancia secretarial a folio 168 pdf del expediente cargado a SAMAI.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 001 2017 00086 02

DEMANDANTE: JUSTINA MENA CÓRDOBA

DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

8 de 25

2.5. MARCO TEÓRICO.

2.5.1. DE LOS FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES.

2.5.1.1. De la responsabilidad del Estado por error judicial y los requisitos para su declaración. Como una manifestación del principio de responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala:

A