TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2020-00133-01 (28-08-2025)

Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300320200013301

GRACIELA MATALLANA VIVAS

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Quibdó, veintiocho (28) de Agosto de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 123

RADICADO: 27001333300320200013301

DEMANDANTE: GRACIELA MATALLANA VIVAS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE QUIBDÓ

MEDIO DE CONTROL:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

TEMA:

NIVELACIÓN SALARIAL Y

PRESTACIONAL

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó resuelve la apelación presentada por la parte demandante, contra la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2021, a través de la cual el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, negó las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Tesis de la parte demandante; 2.2. Tesis de la parte demandada; 2.3. Sentencia de primera instancia ; y, 2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

Contenido: 2.1. Tesis de la parte demandante; 2.2. Tesis de la parte demandada; 2.3. Sentencia de primera instancia ; y, 2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

2.1. Tesis de la parte demandante

2. La señora GRACIELA MATALLANA VIVAS, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del MUNICIPIO DE QUIBDÓ , con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios de fecha 31 de octubre de 2019 y 14 de abril de 2020 expedidos por la Secretaría de Educación Municipal de Quibdó y el Municipio de Quibdó, respectivamente, y, como consecuencia de lo anterior , se condene al ente territorial demandado a pagar la diferencia salarial y prestacional causada entre el cargo de profesional universitario por ella desempañado, desde el 28 de enero de 2009 hasta la fecha y el cargo de auxiliar administrativo en el cual fue nombrada , así como la diferencia salarial y prestacional entre el cargo de auxiliar administrativo y las funciones de pagadora que desempeña y que corresponden al nivel profesional.

3. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones, las cuales se

trascriben con todo y errores:

“Solicito la nulidad del oficio del 31 de octubre de 2019, expedido por el señor JHON JAIRO MENA HURTADO, en su condición de líder del área administrativa y financiera SEMQ.

Solicito la nulidad, del oficio del 14 de abril de 2020, expedido por el señor

JHON JAIRO MENA HURTADO, en su condición de líder del área administrativa y financiera SEMQ.

Solicito la nulidad, del oficio del 14 de abril de 2020, expedido por el señor alcalde de Quibdó, señor Martin Sanchez (sic) Valencia, mediante el cual negóSentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300320200013301

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la reclamación administrativa presentada por mi representada señora GRACIELA MATALLANA VIVAS, frente a la diferencia salarial y prestacional existente entre el cargo de auxiliar administrativo y las funciones de pagadora que corresponde al nivel profesional.

Y que, como consecuencia de las nulidades anteriores, se condene al municipio a pagar la diferencia salarial y prestacional existente entre los cargos de auxiliar administrativo y profesional universitario desde el 28 de enero de 2009 a la fecha”.

4. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan, incluso con errores:

“PRIMERO: El 25 de mayo de 1994, mediante la resolución No. 756, el gobernador del Chocó, nombró a mi representada en el cargo de auxiliar administrativo en el fondo educativo regional - FER, vigente para esa época, dependencia del Ministerio de Educación Nacional, con presencia en los

gobernador del Chocó, nombró a mi representada en el cargo de auxiliar administrativo en el fondo educativo regional - FER, vigente para esa época, dependencia del Ministerio de Educación Nacional, con presencia en los departamentos. Y se posesionó el 3 de junio de 1994. (ver folios 15 y 16).

SEGUNDO: Mediante decreto No. 016 del 09-I de 2008, fue incorporada a la nueva planta de personal administrativo del Municipio de Quibdó, esto en virtud al proceso de certificación de la educación que recibió el municipio de Quibdó. Y tomo posesión el 11 de marzo de 2008, para ejercer funciones como auxiliar administrativo en la Institución Educativa SANTO DOMINGO SAVIO.

(ver folios 17 y 18).

TERCERO: EI 27 de enero de 2009, la secretaria de Educación Municipal de Quibdó, le comunicó a mi representada, la decisión administrativa de asignarle las funciones de pagad ora, en la Institución Educativa Santo Domingo Savio, cargo del nivel profesional, en razón a que, mi representada se formó y obtuvo el título (sic) de administradora de empresas en la

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. (ver follo 19).

Las funciones de pagadora corresponden a un cargo del nivel profesional, toda vez que, para desempeñarlo se requiere título universitario, cumpliendo con el perfil profesional, como lo señala el Decreto 4791 de 2008, en su artículo 15, el cual establece (…).

Mi representada obtuvo el título de administradora de empresas el 26 de junio de 1998; título profesional que se ajusta al área del conocimiento: economía,

15, el cual establece (…).

Mi representada obtuvo el título de administradora de empresas el 26 de junio de 1998; título profesional que se ajusta al área del conocimiento: economía, administración, contaduría y afines, correspondiente al núcleo básico del conocimiento, Administración, Contaduría Pública, Economía, en atención a lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005, reglamentado por el Decreto 2484 de 2014, en el artículo 5. (ver folios 40 y 50).

(…)

Mi representada no podría haber asumido las funci ones de pagadora sin acreditar el titulo (sic) de administradora de empresas, por corresponder a un cargo del nivel profesional, el cual corresponde al núcleo básico del conocimiento que le permite desempeñar dichas funciones, por lo tanto, lo que debió ha ber hecho la administración municipal en cumplimiento de la legalidad y del ejercicio eficiente de la función pública, era encargarla o nombrarla en provisionalidad, del cargo vacante de profesional universitario existente en la planta de cargos del munici pio de Quibdó, y asignarle lasSentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300320200013301

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funciones de pagadora, reconociéndole el salario y las prestaciones

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funciones de pagadora, reconociéndole el salario y las prestaciones correspondientes a dicho cargo; no asignarle las funciones de pagadora aprovechando su formación profesional y continuar pagándole el salario correspondiente al cargo de auxiliar administrativo, como injustamente e ilegalmente aconteció.

TERCERO (SIC) : No conforme la administración municipal con violar las disposiciones establecidas por el legislador, relacionadas con la situación administrativa de encargo y la figura del nombramiento en provisionalidad; en una clara violación del principio de igualdad, consagrado en el artículo (sic) 13 constitucional, dio trato un trato privilegiado a los señores JESUS ALFONSO RIOS MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4831925, WALTER ALEXANDER MORENO PALACIOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 11800034, DIOSTILIA CAICEDO CAÑIZALES, identificado con cedula de ciudadanía No. 54.253.463 y CARLOS ENRIQUE MOSQUERA LEDEZMA, identificado con cedula de ciudadanía No. 82360446, quien falleció con ocasión de un accidente de tránsito (sic), el día 7 de octub re de 2018; lo cual demuestra una vez más que si existía un cargo vacante del nivel profesional, en la planta de cargos del municipio. Mi representada y las personas señaladas anteriormente, desempeñaban la misma función de pagador, en la misma planta de cargos. A estos, si se les reconoció y pagó los salarios y prestaciones, con el salario correspondiente al nivel profesional, no

personas señaladas anteriormente, desempeñaban la misma función de pagador, en la misma planta de cargos. A estos, si se les reconoció y pagó los salarios y prestaciones, con el salario correspondiente al nivel profesional, no así a mi representada. Lo anterior constituye una violación del principio de igualdad, toda vez, que no existe una justificación razonable y proporcional que justifique dicho trato desigual. (ver folios 38, 39, 80).

CUARTO: Mediante oficios fechados el 13 de marzo de 2011 y 23 de marzo de 2012, se le ordenó a mi representada continuar desempeñando las funciones de pagador en la Institución Educativa José del Carmen Cuesta, sin que la administración municipal se haya dignado a pagar la diferencia salarial existente, entre el cargo de auxiliar administrativo para el que fue designada inicialmente y el cargo de profesional universitario con funciones de pagador, apoyada en su formación profesional. (ver folios 20 y 21).

QUINTO: Mi representada mediante derecho de petición, del 8 de mayo de 2019, radicó reclamación administrativa para que se le reconociera y pagara la diferencia salarial entre el cargo de auxiliar administrativo para el que fue nombrada inicialmente y el cargo d e profesional universitario que venia (sic) desempeñando en virtud de una decisión de la administración municipal. (ver folios 22 al 30).

SEXTO: La administración municipal, guardó silencio frente a la reclamación de mi representada, incumpliendo el termino establecido en la ley estatutaria No. 1755 de 2015, articulo 13; motivo por el cual, tuvo que hacer uso de la acción de tutela, la cual fue admitida por el Juez Primero Penal Municipal de

de mi representada, incumpliendo el termino establecido en la ley estatutaria No. 1755 de 2015, articulo 13; motivo por el cual, tuvo que hacer uso de la acción de tutela, la cual fue admitida por el Juez Primero Penal Municipal de Control de Garantías, y ante la notificación de la misma procedie ron a pronunciarse a través de un funcionario que carecía de competencia para hacerlo. (ver folios: 31 al 34).

SEPTIMO: Debido a que quien se pronunció frente a la reclamación administrativa presentada por mi representada, carecía de competencia, recurrí a la acción de tutela para lograr el pronunciamiento del representante legal y nominador del municipio, como lo es el señor alcalde, tutela que fue fallada por el juzgado primero penal municipal de conocimiento del distritoSentencia N/R 2da instancia

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judicial de Quibdó, ordenándole pronunciarse frente a la petición. (Ver folios 35, 36 y 66 al 79)”.

2.2. Tesis de la parte demandada

5. La entidad demandada MUNICIPIO DE QUIBDÓ, no contestó la demanda o por lo menos no existe constancia procesal de ello1.

2.3. Sentencia de primera instancia

2.2. Tesis de la parte demandada

5. La entidad demandada MUNICIPIO DE QUIBDÓ, no contestó la demanda o por lo menos no existe constancia procesal de ello1.

2.3. Sentencia de primera instancia

6. Mediante Sentencia de fecha 15 de diciembre de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó resolvió, entre otros aspectos: (i) negar las pretensiones de la demanda y (ii) abstenerse de condenar en costas.

7. Lo anterior, al considerar que, si bien se alega una diferencia salarial entre la señora Graciela Matallana Vivas y los profesionales universitarios que ejercen las funciones de pagador en otras instituciones educativas, en virtud del principio “a trabajo igu al, salario igual”, lo cierto es que en el proceso no se acreditó que desempeñen las mismas labores. Por lo tanto, solo quedó demostrado que cumplen la función de pagadores de los fondos educativos, sin que exista prueba de que esa sea su única función o tarea que realicen.

2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

8. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, argumentando que, la decisión allí contenida está fundamentada en débiles argumentos legales y jurisprudenciales, además manifiesta que es inaceptable que el A quo concluya erróneamente que la administración municipal está facultada para desconocer los derechos y garantías reconocidas por el legislador y los precedentes jurisprudenciales vigentes aplicables a mi representada.

9. Adicionalmente, indicó que contrario a lo indicado por el A quo, en el presente

derechos y garantías reconocidas por el legislador y los precedentes jurisprudenciales vigentes aplicables a mi representada.

9. Adicionalmente, indicó que contrario a lo indicado por el A quo, en el presente caso el problema jurídico consiste en determinar, sí es jurídicamente procedente, que el municipio de Quibdó se enriquezca sin justa causa del trabajo y de la formación profesional de la demandante, señora Graciela Matallana Vivas, durante más de una década negándole el derecho que le asiste a desempeñarse en el cargo de profesional universitario con funciones de pagador cuando se originaron las vacantes y no sobre la creación de nuevos cargos de conformidad con el Decreto 4791 de 2008.

10. También afirmó que la citada providencia vulnera el principio de congruencia, al no existir concordancia entre las pretensiones formuladas en la demanda y lo decidido por el Juez, omisión que desconoce el deber del fallador de analizar los hechos, las pruebas y las normas jurídicas aplicables para resolver el asunto de manera integral, lo cual afecta gravemente la seguridad jurídica y la coherencia de las decisiones judiciales.

11. A través del a uto interlocutorio No. 101 del 14 de marzo de 2022 , esta Corporación admitió la apelación interpuesta por la parte demandante y no existe constancia de pronunciamiento alguno con posterioridad.

1 Conforme quedó plasmado en la sentencia de primera instancia.Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300320200013301

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CONTROL DE LEGALIDAD

12. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

CONSIDERACIONES

Contenido: 4.1 Competencia ; 4.2. Cuestión previa; 4.3. Problema jurídico de instancia; 4.4. Tesis de la Sala; 4.5. Metodología y estructura de la decisión; 4.5.1.

Presupuestos exigidos jurisprudencialmente para verificar la equivalencia de características entre empleos a nivelar ; 4.5.2. Marco normativo y jurisprudencial de la figura del funcionario de hecho ; 4.5.3. El análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso; y 4.6. La condena en costas.

4.1. Competencia

13. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, en virtud del artículo 153 del CPACA, el cual dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las Sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos.

4.2. Cuestión previa

CPACA, el cual dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las Sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos.

4.2. Cuestión previa

14. Revisado el expediente digital disponible en la plataforma SAMAI , en especial la demanda, se advierte que la parte demandante a taca la legalidad de los actos administrativos de fecha 31 de octubre de 2019 y 14 de abril de 2020 expedidos por la Secretaria de Educación y el Municipio de Quibdó, respectivamente, sin embargo, del estudio efectuado al acta de conciliación extrajudicial se advierte que la misma fue celebrada el 30 de enero de 2020 , esto es, cuando aún no se había expedido el último acto demandado.

15. El numeral 1º del artículo 161 del CPACA antes de la modificacion efectuada por la Ley 2080 de 2021, exigía en los casos de pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, la conciliacion extrajudicial como requisito de procedibilidad p revio para demandar.

16. No obstante, el Consejo de Estado de manera reiterada ha sostenido que cuándo se trate de una controversia en materia laboral en donde se controviertan derechos ciertos , irrenunciales e indiscutibles , la conciliación extrajudicial no constituye un requisito previo de procedibilidad o por lo menos no es obligatorio agotarlo. Además, en su jurisprudencia ha reconocido otras excepciones a dicho requisito, tales como: (i) cuando la administración pretenda demandar un acto obtenido mediante medios ilegales o fraudulentos; (ii) en los procesos ejecutivos,

agotarlo. Además, en su jurisprudencia ha reconocido otras excepciones a dicho requisito, tales como: (i) cuando la administración pretenda demandar un acto obtenido mediante medios ilegales o fraudulentos; (ii) en los procesos ejecutivos, sin importar la jurisdicción en la que se tramiten; (iii) en aquellos en los que el demandante solicite medidas cautelares de carácter patrimonial; y (iv) cuando quien promueve la demanda sea una entidad pública, conforme a lo dispuesto en el Código General del Proceso.

17. En ese orden, es evidente que la exigibilidad del requisito de conciliación extrajudicial debe ser analizada en cada caso concreto, en atención a la calidad de los derechos reclamados y la posibilidad de que su debate sea objeto de conciliación.Sentencia N/R 2da instancia

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18. En el presente asunto, la parte actora pretende a través de este medio de control el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional causada entre el cargo de profesional universitario que desempeña desde el 28 de enero de 2009 y el cargo de auxiliar administrativo en el que se encuentra nombrada en propiedad, asunto que con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia por tratarse de unos beneficios mínimos estableci dos en las normas

el cargo de auxiliar administrativo en el que se encuentra nombrada en propiedad, asunto que con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia por tratarse de unos beneficios mínimos estableci dos en las normas laborales, es de carácter irrenunciable.

19. Luego entonces, es diafano para la Sala que la señora Graciela Matallana Vivas, no estaba obligada a agotar la conciliación extrajudicial frente al acto administrativo contenido en el oficio de fecha 14 de abril de 2020, pues que lo que pretende es el reconocimiento y pago de un derecho laboral de carácter irrenunciable. Por tal razón, se procederá a analizar el fondo del asunto.

4.3. Problema jurídico de instancia

20. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circu nscribe en determinar: si la señora GRACIELA MATALLANA VIVAS tiene derecho al pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre los cargos de Auxiliar Administrativo y profesional universitario desde el 28 de enero de 2009 , o si por el contrario, se encuentra probada alguna excepción que deba ser declarada de oficio y por tal razón, deb a confirmarse la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó que negó las súplicas de la demanda?.

4.4. Tesis de la Sala

21. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda, por cuanto el análisis probatorio efectuado no da cuenta que la señora

4.4. Tesis de la Sala

21. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda, por cuanto el análisis probatorio efectuado no da cuenta que la señora Graciela Matallana Vivas haya desempeñado de manera efectiva y permanente el cargo de Profesional Universitario, ni que se configure una identidad objetiva y material entre dicho empleo y el cargo de Auxiliar Administrativa en el cual se encontraba vinculada.

22. Aunado a ello, a juicio de la Sala, tampoco se acreditó la configuración de una situación de hecho que ameritara la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Tampoco se demostró que la demandante hubiese actuado bajo una apariencia de legalidad en un cargo distinto al que formalmente fue nombrada, por lo que no es posible predicar que ostentaba la condición de funcionaria de facto.

4.5. Metodología y estructura de la decisión

23. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala analizará los p resupuestos exigidos jurisprudencialmente para verificar la equivalencia de características entre empleos a nivelar (4.5.1.), el marco normativo y jurisprudencial de la figura del funcionario de hecho (4.5.2), y posteriormente, se examinará el caso concreto a partir de lo probado en el proceso (4.5.3).Sentencia N/R 2da instancia

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4.5.1. Presupuestos exigidos jurisprudencialmente para verificar la equivalencia de características entre empleos a nivelar

24. En materia de equiparación de esquemas remunerativos cuando se alega por la parte demandante el desempeño «de facto» de otro empleo con mejor nivel y grado en el esquema salarial de la propia entidad o incluso de una institución diferente, el Consejo de Estado ha precisado las condiciones para la procedencia de tal clase

de pretensiones, en los siguientes términos2:

“(…) Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo.

El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos. (…)”.

25. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido3:

lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos. (…)”.

25. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido3:

“(…) En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones desiguales...”

(....)

7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando v) las responsabilidades son iguales. (…)” (Negrilla de la Sala).

26. Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito de las controversias derivadas del trabajo no puede ser formal sino objetivo y material, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional así4:

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 9 de diciembre de 2019. Número de radicación : 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858 -18). Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

diciembre de 2019. Número de radicación : 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858 -18). Consejero Ponente: William Hernández Gómez. 3 Sentencias T027 de 1997, SU -111 de 1997 y T -272 de 1997 Corte Constitucional. El Consejo de Estado también señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A -2007 lo siguiente: «[…] Al respecto, se ha afirmado que ''en materia sa larial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patro no hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]» (Subraya y negrilla de la Sala). 4 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T -833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente: D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas es de revisión de tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se desarrolló una regla jurisprudencialSentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300320200013301

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“(…) De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de una regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia de la garantía superior al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades públicas o privadas. (…) Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial constituye una vulneración de la Constitución, pues se sigue aquí la re gla general la cual señala que un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio (y en esa medida en constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y razonables, mientras que el trato desigual es conforme a la Carta cuando la razón de la diferencia se fundamenta en criterios válidos constitucionalmente. En consecuencia , no toda diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera el principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es posible encon trar razones objetivas que autorizan el trato diferente.”

6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de

relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, reciben una remuneración diferente. Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación.

Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos pú blicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos. (Resaltado de la Sala)”.

27. Estas consideraciones implican que en los asuntos donde se afirma una presunta igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le corresponden a un empleo con mejor remuneración y bajo el cumplimiento exacto de requisitos o perfiles para desempeñar la misma actividad, tales hechos tendrán que valorarse en conjunto con todas las condiciones part