TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2022-00655-01 (26-03-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

SENTENCIA No. 028

Quibdó, Veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

RADICADO: 27001333300320220065501

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: NOHORA INÉS RIVAS CAICEDO

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES

DEL MAGISTERIO

MAGISTRADA PONENTE: NORMA MORENO MOSQUERA Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia 284 del 03 septiembre del 2024 1, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en la que se resolvió: “PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad del Oficio del 22 de noviembre de 2022, por cuanto niega el reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación presentada por la señora NOHORA INES RIVAS CAICEDO.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, ordénese al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar a la señora NOHOR A INES RIVAS CAICEDO, una pensión de jubilación, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, y la Ley 33 de 1985 a partir del 16 de enero de 2021, en un monto equivalente al 75% del promedio de todos los

de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, y la Ley 33 de 1985 a partir del 16 de enero de 2021, en un monto equivalente al 75% del promedio de todos los factores de salarios devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de adquisición del status de pensionada y sobre los que realmente hubiere realizado los aportes que le correspondían en su calidad de empleada y que estén establecidos como factores salariales en la normatividad arriba señalada. Si no se hicieron de manera oportuna los aportes de ley sobre todos los factores salariales que se deban incluir para determinar el IBL, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio al momento de efectuar el reconocimiento hará los descuentos oportunos. TERCERO. ORDENASE al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a cancelar el retroactivo de la pensión causada a favor de la señora NOHORA INES RIVAS CAICEDO, desde el 16 de enero de 2021. CUARTO. DENIÉGUENSE las demás súplicas de la demanda. QUINTO. Sin costas. SEXTO. A la sentencia se le dará cumplimiento, en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.”.

1019Sentencia_2022655pensiondocent (expediente electrónico primera instancia)RADICADO: 27001-33-33-003-2022-00655-01

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ANTECEDENTES

La señora Nohora Inés Rivas Caicedo, por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó a esta jurisdicción declarar la nulidad del oficio fechado el 22 de noviembre de 2022, a través del cual la Secretaría De Educación Del Departamento Del Chocó , le negó el reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación.

1.1 Pretensiones2.

En la demanda se indicaron las siguientes pretensiones: “1. Que es nulo el oficio fechado el 22 de noviembre de 2022 emanado de la Secretaría De Educación Del Departamento Del Chocó en cuanto niega la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación y en favor de la docente NHORA INÉS RIVAS CAICEDO.

2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO para que reconozca y pague la pensión de jubilac ión ordinaria debidamente actualizada a que tiene derecho la profesora NHORA INÉS RIVAS CAICEDO y a partir de la fecha en que adquirió su status pensional por haber laborado como docente en el servicio público educativo estatal

debidamente actualizada a que tiene derecho la profesora NHORA INÉS RIVAS CAICEDO y a partir de la fecha en que adquirió su status pensional por haber laborado como docente en el servicio público educativo estatal durante más de 20 años y tener más de 55 años de edad.

3. Que se ordene que dicha pensión de jubilación es compatible con el salario que devengó y devenga actualmente mi poderdante.

4. Que se condene en costas a los demandados.

5. Que se ordene darle cumplimiento a la sentencia que c omo consecuencia de la presente demanda se dicte en el presente proceso y de conformidad con el art. 192 del C.P.A.C.A”. 1.2. Hechos En la demanda se indican como hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, los siguientes: La señora Nohora Inés Rivas Caicedo fue vinculada como docente del municipio de Istmina, mediante varios contratos de prestación de servicios , desde el 1° de marzo de 1994 hasta el 21 de marzo de 2000 , prestando sus servicios para en la I.E. Manuel E. Rivas Lobón del corregimiento de Bebedó, que hoy en día pertenece al municipio del Medio San Juan.

El tiempo laborado por la demandante fue el siguiente: desde el 1º de marzo de 1994 hasta el 1º de diciembre de 1994, para un total de 9 meses durante dicho año; en el año de 1995 laboró desde el 3 de abril hasta el 1º de diciembre, para un total de 7 meses y 27 días; en el año de 1996 laboró desde el 12 de febrero hasta el 30

2 Ver documento 01DEMANDA (expediente primera instancia)RADICADO: 27001-33-33-003-2022-00655-01

de 7 meses y 27 días; en el año de 1996 laboró desde el 12 de febrero hasta el 30

2 Ver documento 01DEMANDA (expediente primera instancia)RADICADO: 27001-33-33-003-2022-00655-01

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de noviembre, para un total de 9 meses y 10 días; en el año de 1997 laboró desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, para un total de 12 meses; en el año de 1998 laboró desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, para un total de 12 meses; en el año de 1999 laboró desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, para un total de 12 meses y en el año 2000 laboró desde el 1º de enero hasta el 20 de marzo, fecha en la cual fue nombrada como docente de planta y para un total de 2 meses y 19 días. En total, laboró como docente contratada por el término de 5 años, 4 meses y 26 días. Como docente de planta y al servicio del municipio de Istmina laboró desde el 22 de marzo del año 2000 hasta el 17 de enero del año 2001, para un total de 9 meses y 25 días. Laboró como docente de planta del municipio del Medio San Juan, desde el 18 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2002, para un total de 1 año, 11 meses y 12 días.

y 25 días. Laboró como docente de planta del municipio del Medio San Juan, desde el 18 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2002, para un total de 1 año, 11 meses y 12 días. En el año 2003 fue incorporada a l a nómina única de docentes del D epartamento del Chocó, laborando de manera continua e ininterrumpida hasta la fecha . D e acuerdo con el certificado de salarios e xpedido el 14 de septiembre de 2021 , ha laborado durante más de 18 años, 6 meses y 11 días al servicio de esta entidad territorial. Indica el apoderado de la demandante, que la demandante ha laborado como docente durante 26 años, 8 meses y 14 días. Adujo que el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la sentencia 104 del 25 de septiembre de 2003 declaró que la docente Nohora Ines Rivas Caicedo , tenía derecho al reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, tal como se las cancelaban y pagaban a los docentes de planta de dicho municipio, reconociendo que bajo el ropaje de una relación contractual lo que existió fue una verdadera relación de carácter laboral. Señaló que la demandante el 15 de enero de 2021, cumplió la edad de 55 años, cumpliendo con los requisitos para que se le reconozca la pensión de jubilación, conforme al artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en concordancia con el art. 1º de la ley 33 de 1985. La docente reclamó el reconocimiento de la pensión el 1° de noviembre de 2022 y ésta fu e negada por la Secretaría de Educación Departamental del Chocó, mediante oficio del 22 de noviembre de 2022.

La docente reclamó el reconocimiento de la pensión el 1° de noviembre de 2022 y ésta fu e negada por la Secretaría de Educación Departamental del Chocó, mediante oficio del 22 de noviembre de 2022. 1.3. Normas violadas Considera la parte demandante que con el acto acusado la entidad demandada trasgrede normas constitucionales y legales como se enlista a continuación: La Ley 812 de 2003 Art. 24 de la Ley 100 de 1993. Art. 48 de nuestra Carta Política Decreto 1278 del año 2002 Decreto ley 2277 de 1978 La Ley 91 de 1989 La Ley 33 de 1985RADICADO: 27001-33-33-003-2022-00655-01

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La Ley 6ª de 1994

En el concepto de violación, explica el apoderado de la parte demandante que:

“El caso en cuestión se centra en el derecho de mi poderdante a pensionarse a los 55 años con más de 20 años de servicio en el ámbito educativo estatal, incluyendo su labor como docente contratada en Istmina y Medio San Juan, a pesar de que estos municipios no han realizado las cotizaciones requeridas al fondo prestacional. Es fundamental destacar que, al contabilizar su tiempo como docente, reconocido por una sentencia del tribunal administrativo del

pesar de que estos municipios no han realizado las cotizaciones requeridas al fondo prestacional. Es fundamental destacar que, al contabilizar su tiempo como docente, reconocido por una sentencia del tribunal administrativo del Chocó (sic), mi poderdante ha trabajado un total de 26 años, 8 meses y 14 días. Esto respalda su derecho a una pensión de jubilación ordinaria, ya que sus servicios como docente se prestaron antes de la implementación del régimen de transición conforme a la ley 812 de 2003, y alcanzó la edad de 55 años el 15 de enero de 2021.”

1.4. Contestación de la demanda.

La apoderada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio contestó la demanda oponiéndose a todas las pretensiones, indicando que no es procedente reconocer a la señora Nohora Rivas Caicedo, la pensión de jubilación bajo la Ley 33 de 1985, dado que la información de la Secretaría de Educación del Chocó indica que no tiene afiliación al magisterio antes de la Ley 812 de 2003, siendo su afiliación al Fondo Nacional a partir del 21 de julio de 2004, razón por la cual, está sujeta a la Ley 812 de 2003, ya que no se prueban vínculos previos que justifiquen que se pensione con el régimen anterior.

Propuso las excepciones de inexistencia de la ob ligación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y genérica. 1.5. La sentencia apelada El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la sentencia apelada, concedió las súplicas de la demanda, considerando lo siguiente:

prescripción, buena fe y genérica. 1.5. La sentencia apelada El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la sentencia apelada, concedió las súplicas de la demanda, considerando lo siguiente:

“(..) para el despacho queda claro que la señora NOHORA INES RIVAS CAICEDO, ingresó por primera vez a prestar sus servicios como docente en el sistema educativo oficial, el primero de marzo de 1994, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, y que al momento en que entró a regir la Ley 812 de 2003, es decir el 26 de junio de 2003, ella se encontraba vinculada en el cargo de docente en propiedad por el Departamento del Chocó, nombrada a través del Decreto No.386 del 21 de abril de 2003.

Teniendo claridad sobre la fecha de vinculación de la docente demandante, es claro que el régimen de la pensión ordinaria de jubilación que le sería aplicable, es el contemplado en la Ley 33 de 1985 (…). En conclusión, conforme al artículo 1 de la Ley 33 de 19 85, los requisitos que debe cumplir la actora para acceder a la pensión de vejez son: i) 20 años de servicios y, ii) tener cincuenta y cinco (55) años de edad.

Así las cosas, en cuanto al requisito de la edad, se tiene que la señora NOHORA INES RIVAS CAICEDO, nació el 15 de enero de 1966, cumpliendo los 55 años, el 15 de enero de 2021.RADICADO: 27001-33-33-003-2022-00655-01

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de enero de 2021.RADICADO: 27001-33-33-003-2022-00655-01

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el presente asunto se tiene que la señora NOHORA INES RIVAS CAICEDO, cotizó para pensión en la Caja de Previsión Social Municipal de Istmina, en el tiempo comprendido ent re el 1 de marzo de 1994 y el 31 de octubre de 2000, según certificación e historia laboral visibles a folios 17 y 18 del expediente. Que está afiliada al FNPSM, desde el 18 de enero de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2022, visible a folio 37-47.”

1.7. El recurso de apelación3. a. Parte demandada El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, presentó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, señalando que la docente Nohora Inés Rivas Caicedo, solo tiene vínculo legal y r eglamentario posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 , por lo cual , el régimen pensional que le corresponde es el de la Ley 100 de 1993. Alega que la demandante no acreditó a cuál entidad de previsión y por qué valores efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales fungió como docente contratista del Municipio de Istmina, lo que a todas luces refleja la falta de

Alega que la demandante no acreditó a cuál entidad de previsión y por qué valores efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales fungió como docente contratista del Municipio de Istmina, lo que a todas luces refleja la falta de requisitos pasa que le sea reconocida la pensión ordinaria de jubilación. Ratifica que la docente ingresó en vigencia de la ley 812 de 2003 a partir del 04 de junio de 2010, por lo que debe darse aplicación al régimen de prima media consagrado en la ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 9 y subsiguientes de la ley 797 de 2003. Por lo que deben aplicarse los requisitos consagrados en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, es decir haber cumplido 57 años y haber cotizado 1300 semanas a la fecha. 1.8. Alegatos de conclusión en segunda instancia. Parte demandante No existe en el plenario memorial que dé cuenta la parte demandante ha ya presentado alegatos de conclusión en segunda instancia. Parte demandada En el expediente no existe constancia que la parte demandada haya alegado de conclusión en esta instancia. Concepto del Ministerio Público. En el expediente no existe constancia que el Ministerio Público se haya pronunciado en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

3Ver 020_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACIONExpediente electrónico en SamaiRADICADO: 27001-33-33-003-2022-00655-01

dispone:

3Ver 020_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACIONExpediente electrónico en SamaiRADICADO: 27001-33-33-003-2022-00655-01

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“ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”.

2.2 Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la señora Nohora Inés Rivas Caicedo , en calidad de docente, es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y por tanto, tiene derecho a que se reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes con los requisitos de tiempo cotizado y edad contemplados en la Ley 33 de 1985 , por haber l aborado como docente, a través de contratos u órdenes de prestación de servicios con los Municipios de Istmina y Medio San Juan y con posterior vinculación en provisionalidad y en propiedad, por el Departamento del Chocó y el Municipio de Quibdó.

de contratos u órdenes de prestación de servicios con los Municipios de Istmina y Medio San Juan y con posterior vinculación en provisionalidad y en propiedad, por el Departamento del Chocó y el Municipio de Quibdó.

Para el efecto de resolver el anterior problema jurídico, se hace necesario analizar la existencia del derecho a la luz de todo el ordenamiento jurídico.

2.3. Marco legal aplicable para el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación de docentes oficiales.4

En lo que corresponde a este tema, tenemos que la Ley 6ª de 1945 sobre prestaciones oficiales, consagró:

“Art. 17 Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: (…) b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a…”.

En principio esta ley rigió para los empleados del sector público nacional y del sector privado, que luego se extendió al territorial. En materia de jubilación esta ley se aplicó en el ámbito nacional hasta la expedición del Decreto 3135 de 1968. Para los servidores territoriales fue remplazada por la Ley 33 de 1985.

El Decreto Ley No. 3135 de 1968, disponía:

“Art. 27 El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la res pectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios

derecho a que por la res pectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio”.5

4 Se pueden consultar sobre el marco jurídico de la pensión ordinaria de docentes oficiales las siguientes providencias de la Sección Segunda, subsección B del Consejo de Estado: sentencia del 7 de febrero de 2008, radicado interno 0280-07, CP Dr. Jesús María Lemos Bustamante; sentencia de 18 de agosto de 2011, radicado interno 1887-08, y del 14 de febrero de 2013, radicado interno 1048 -2012, CP Dr. Gerardo Arenas Monsalve. De la Subsección “A” de la Corporación: sentencia del 6 de marzo de 2008, radicado in terno 0941-07, CP Dr. Jaime Moreno García, y sentencia del 23 de junio de 2011, radicado interno 0007-2011, CP Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, por mencionar algunas. 5 Derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.RADICADO: 27001-33-33-003-2022-00655-01

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Tanto el Decreto Ley 3135 de 1968, como su Reglamentario el 1848 de 1969, se

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Tanto el Decreto Ley 3135 de 1968, como su Reglamentario el 1848 de 1969, se expidió y aplicó para servidores de la Rama Ejecutiva Nacional del poder público.

Entre tanto los servidores de los entes territoriales en materia pensional continuaron sometidos a la Ley 6ª de 1945 y normas complementarias y modificatorias, hasta la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985. Esta ley exceptuó de su aplicación, entre otros, a los empleados oficiales que disfrutaban de un régimen especial de pensiones.

El Decreto Ley No. 2277 de 1979 6, estatuto docente, incuestionablemente comprende un régimen “ especial” de los educadores, pero, esta disposición no regula las pensiones de jubilación ordinarias de los mismos, de modo que es preciso remitirse a la regulación general de la Ley 33 de 19857.

La Ley 33 de 1985 rige desde el 13 de febrero de 1985, fecha de su promulgación8, y es aplicable a los empleados oficiales de todos los órdenes, exigiendo para la pensión ordinaria de jubilación que se haya servido 20 años continuos o discontinuos y contar con 55 años de edad, sin distinción que sea hombre o mujer, sin embargo de su aplicación se exceptúan tres casos: 1) los empleados oficiales que trabajen en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, y aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones; 2) los empleados oficiales que a la fecha de entrar a regir

que trabajen en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, y aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones; 2) los empleados oficiales que a la fecha de entrar a regir hayan cumplido 15 años de servicio, a quienes se les aplicarán las disposiciones sobre edad pensional que regían con anterioridad, y 3) los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de la Ley, hayan cumplido los requisitos para ob tener pensión de jubilación, quienes se continuarán rigiendo por las normas anteriores.

Con posterioridad a la Ley 33 de 1985 se expidió la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esta última ley sobre el tema dispone en sus artículos 1º, 4º y 15 numeral primero, lo siguiente:

“Art. 1º . Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

6 “Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”. 7 El artículo 1º de la Ley 33 de 1985, establece:

“Art. 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. No quedan sujetos a esta r egla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su

pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. No quedan sujetos a esta r egla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. (…) Parágrafo. 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres y cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro. Par. 3º. En todo caso los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de esta ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta ley. ”. 8 La Ley 33 fue publicada en el Diario Oficial No. 36856 del 13 de febrero de 1985RADICADO: 27001-33-33-003-2022-00655-01

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Personal Nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal Nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal Territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin en el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1975.

PARÁGRAFO. Se entiende que una prestaci ón se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad.”

“Artículo 4º.- El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los requisitos formales que se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya

a la fecha de la promulgación de la presente Ley, quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los requisitos formales que se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante, deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica.”

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990, será regido por las siguientes disposiciones:

24. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley. (…)”

En este punto destaca la Sala que el artículo 15 inciso primero numeral 1 de la Ley 91 de 1989 señala que, “1. Los docentes nacionalizados que fi guren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y

En este punto destaca la Sala que el artículo 15 inciso primero numeral 1 de la Ley 91 de 1989 señala que, “1. Los docentes nacionalizados que fi guren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.”

Resalta la Sala que la Ley 33 de 1985, en su artículo 25, derogó los artículos 27 y 28 del Decreto Extraordinario 3135 de 1968 y las demás disposiciones que le fueren contrarias, con el siguiente tenor literal:RADICADO: 27001-33-33-003-2022-00655-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: NOHORA INÉS RIVAS CAICEDO

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

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“Esta ley rige a partir de su sanción y deroga los artículos 27 y 28 del Decreto extraordinario 3135 de 1968 y las demás disposiciones que le sean contrarias”.

Entonces las disposiciones que en materia pensional se encontraban vigentes para

“Esta ley rige a partir de su sanción y deroga los artículos 27 y 28 del Decreto extraordinario 3135 de 1968 y las demás disposiciones que le sean contrarias”.

Entonces las disposiciones que en materia pensional se encontraban vigentes para el personal nacional y nacionalizado en la fecha en que se expidió la Ley 91 de 1989 (29 de diciembre de 1989), eran sin lugar a dudas las consignadas en la Ley 33 de 1985, aplicables al sector público sin distinción salvo las exc epciones expresamente consagradas en ella y el régimen de transición contemplado en el parágrafo 2º de su artículo 1º, y no el régimen en gracia de discusión dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, ni en normas anteriores como la Ley 6ª de 1945