TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2024-00031-01 (20-10-2025)

Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300320240003101

ELEANA ORTIZ HINESTROZA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Palacio de Justicia (Quibdó) – Oficina 414 des05tadmcho@cendoj.ramajudicial.gov.co

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Quibdó, veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 153

RADICADO: 27001333300320240003101

DEMANDANTE: ELEANA ORTIZ HINESTROZA

DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES “COLPENSIONES”

MEDIO DE CONTROL:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

TEMA:

RELIQUIDACIÓN DE PENSION DE VEJEZ (ACUERDO 049 DE 1990)

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: ACUERDO 049 DE 1990 – Consagra la pensión de vejez con una tasa de reemplazo del 90% para quienes cumplan la edad mínima (60 años hombres y 55 mujeres) y acrediten 1.000 semanas en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Su aplicación procede incluso respecto de afiliados que ingresaron al ISS después de 1993, siempre que estén amparados por el régimen de transición/ RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – Artículo 36 de la Ley 100 de

anteriores al cumplimiento de la edad. Su aplicación procede incluso respecto de afiliados que ingresaron al ISS después de 1993, siempre que estén amparados por el régimen de transición/ RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – Artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y Acto Legislativo 01 de 2005 permiten conservar edad, tiempo y monto del régimen anterior si al 1° de abril de 1994 la afiliada tenía 35 o más años de edad o 15 o más años de servicios cotizados. En el Sub-lite, la actora tenía más de 35 años para esa fecha y aportes previos a la Ley 100 de 1993/ ACUMULACIÓN DE TIEMPOS – La j urisprudencia constitucional admite sumar semanas cotizadas al ISS con tiempo laborado o cotizado a cajas y fondos de previsión social del sector público, aun cuando no existan aportes directos al ISS antes de la Ley 100 de 1993 - En este caso, se acreditó que la demandante mantuvo el régimen de transición hasta el 2014 ya que acreditó tener más de 750 semanas al 25 de julio de 20 05/ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD – La Corte Constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado han precisado que, en casos de concurrencia normativa, debe aplicarse el régimen más favorable al afiliado. En el caso concreto, la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 resultaba más benéfica que la Ley 797 de 2003 utilizada inicialmente por Colpensiones.

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia No. 105 del 14 de agosto de 2025, a través de la cual el Juzgado Noveno

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia No. 105 del 14 de agosto de 2025, a través de la cual el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Quibdó concedió las súplicas de la demanda.

2. La controversia versa sobre la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nros. SUB 177220 del 10 de julio de 2023 y la SUB 315039 de 14 de noviembre de 2023, mediante las cuales Colpensiones reconoció y reliquidó la pensión de vejez de la señora Eleana Ortiz Hinestroza. Como restablecimiento del d erecho, se pretende la reliquidación pensional con inclusión de todos los tiempos laborados, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, regulado por el Decreto 758 del mismo año.Sentencia N/R 2da instancia

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I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia de fecha 14 de agosto de 2025 , el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , resolvió, entre otros , (i) declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad demanda da, (ii) declarar la

3. Mediante Sentencia de fecha 14 de agosto de 2025 , el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , resolvió, entre otros , (i) declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad demanda da, (ii) declarar la nulidad parcial de las Resoluciones Nros. SUB 177220 del 10 de julio de 2023, y la SUB 315039 de 14 de noviembre de 2023 , mediante las cuales se reconoció y reliquidó una pensión de vejez a la señora Eleana Ortiz Hinestroza, (iii) ordenar a Colpensiones a título de restablecimiento del derecho reliquidar la pensión de la demandante, teniendo como base de liquidación lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 del 1993, con tasa de reemplazo correspondiente al 90%, (iv) ordenar a Colpensiones pagar a favor de aquella las nuevas sumas y las diferencias de las mesadas pensionales resultantes entre lo reconocido en precedencia y lo pagado por la entidad demandada, a partir del 1 de noviembre de 2023 en adelante , (v) disponer que las sumas reconocidas serían indexadas conforme al artículo 187 del CPACA, (vi) dar cumplimiento al fallo en los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y (vii) abstenerse de condenar en costas.

Pretensiones

4. La parte actora solicita que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones Nros. SUB 177220 del 10 de julio de 2023 y SUB 315039 del 14 de noviembre de 2023, mediante las cuales se reconoció y reliquidó su pensión de vejez por los

Nros. SUB 177220 del 10 de julio de 2023 y SUB 315039 del 14 de noviembre de 2023, mediante las cuales se reconoció y reliquidó su pensión de vejez por los valores de $2.787.233 y $2.802.500 respectivamente, amb as a partir del retiro definitivo.

5. En consecuencia, solicita que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a COLPENSIONES reliquidar su pensión de vejez desde el 10 de junio de 2023, tomando como base el 90% del salario base de cotización equivalente a $3.548.816, para fijar la mesada pensional en $3.193.934, conforme a las 1.914 semanas cotizadas reconocidas en la Resolución No. SUB 177220 del 10 de julio de 2023 .

Asimismo, requiere que la condena sea actualizada conforme al artículo 1 87 del CPACA, aplicando la inde xación desde la fecha de reconocimiento del estatus pensional hasta el pago efectivo, junto con los intereses moratorios correspondientes, y que se impongan las costas procesales y agencias en derecho a la parte demandada.

Hechos

6. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

7. La señora Eleana Ortiz Hinestroza cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985. En efecto, para el 1 de abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, ya contaba con más de 36 años de edad, por lo cual es beneficiaria del régimen de transición, habiendo cumplido los 55

que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, ya contaba con más de 36 años de edad, por lo cual es beneficiaria del régimen de transición, habiendo cumplido los 55 años el 3 de enero de 2013. En consecuencia, la Administrad ora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, le reconoció la pensión de vejez mediante la Resolución No. SUB 177220 del 10 de julio de 2023, fijando su cuantía en $2.787.233, con efectos a partir del momento en que se produzca el retiro definitivo. Dicha liquidación se efectuó con fundamento en las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.

8. Posteriormente, mediante Resolución No. SUB 315039 del 14 de noviembre de 2023, COLPENSIONES modificó la decisión inicial y procedió a reliquidar laSentencia N/R 2da instancia

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pensión, estableciendo su valor en $2.802.500, con un ingreso base de cotización de $3.548.816 y una tasa de reemplazo del 78,97 %, manteniendo como fecha de causación el retiro definitivo. No obstante, esta nueva liquidación también se realizó con base en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, sin aplicar la norma más favorable a la interesada.

causación el retiro definitivo. No obstante, esta nueva liquidación también se realizó con base en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, sin aplicar la norma más favorable a la interesada.

9. Refiere la demandante que como quiera que cuenta con un total de 1.914 semanas cotizadas, equivalentes a 13.403 días o 36 años, 8 meses y 11 días de servicio, la tasa de reemplazo aplicable debió ser del 90%, conforme al artículo 20 del Decreto 758 de 1990. Sin embargo, COLPENSIONES reconoció la pensión bajo el régimen de la Ley 797 de 2003, desconociendo el principio de favorabilidad y la ley 33 de 1985 que regula su estatus pensional.

Normas violadas y concepto de la violación

10. La parte actora invocó como normas violadas el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y artículos 12,13 y 20 del Decreto 758 de 1990.

11. En el concepto de la violación manifestó : “(…) Teniendo en cuenta en la cuenta normativa citada la jurisprudencia constitucional y legal, es procedente para la aplicación y la reliquidación solicitada aplicando el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de 1990, el cual establece el derecho a la

PENSION DE VEJEZ. (…)”.

Contestación de la demanda

12. La entidad demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” al ejercer su derecho de defensa y/o contradicción solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, argumentando que no resulta aplicable el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma

“COLPENSIONES” al ejercer su derecho de defensa y/o contradicción solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, argumentando que no resulta aplicable el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en la medida en que la actora fue afiliada al Instituto de Seguros Sociales con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, concretamente el 1 de julio de 1995. En efecto, conforme a la jurisprudencia, para la aplicación del citado Acuerdo en virtud del régimen de transición era necesario encontrarse amparado por este antes de la entrada en vigor del sistema de seguridad social.

13. Adicionalmente, se concluyó que, en el presente asunto, el reconocimiento de la pensión de vejez de la demandante fue realizado teniendo en cuenta la totalidad de los tiempos públicos cotizados a fondos diferentes al ISS, hoy COLPENSIONES, con base en el p recedente jurisprudencial consolidado tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia. Dicho precedente establece que, en el marco del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, deben computarse para el reconocimiento y/o reliquidación de la pensión de vejez todos los tiempos laborados o cotizados en los sectores público y privado, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. En consecuencia, se argumenta que una nueva reliquidación carece de fundamento y no resulta procedente, toda vez que ya se habrían tenido en cuenta, sin discriminación alguna, la totalidad de las semanas cotizadas por la señora Ortiz

Hinestroza.

consecuencia, se argumenta que una nueva reliquidación carece de fundamento y no resulta procedente, toda vez que ya se habrían tenido en cuenta, sin discriminación alguna, la totalidad de las semanas cotizadas por la señora Ortiz Hinestroza.

14. En virtud de ello, propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, buena fe de Colpensiones, presunción de legalidad de los actos administrativos, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios ni indemnización moratoria, no configuración del derecho alSentencia N/R 2da instancia

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pago del I.P.C., ni de indexación o reajuste alguno, pago, carencia de causa para demandar, prescripción, compensación, no procedencia al pago de costas en instituciones administradoras de seguridad social del orden público e innominada o genérica.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

15. Para fundamentar la decisión de conceder las pretensiones, el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Quibdó indicó que la demandante cumplía con el requisito de edad conforme al régimen de transición. En ese sentido, precisó que la administración, en cumplimiento de los principios que rigen la seguridad social, está obligada a garantizar las condiciones más favorables a los afiliados. Por lo

de edad conforme al régimen de transición. En ese sentido, precisó que la administración, en cumplimiento de los principios que rigen la seguridad social, está obligada a garantizar las condiciones más favorables a los afiliados. Por lo tanto, la aplicación de una tasa de reemplazo inferior a la que le correspondería en virtud del régimen de transición constituye una vulneración de sus derechos. Además, refirió que, la documentación aportada al plenario demuestra de manera clara y suficiente que se han cumplido los presupuestos legales para acceder a la prestación económica con una tasa de reemplazo superior a la reconocida.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

16. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que la parte demandante no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de vejez. Sostuvo que, conforme a la jurisprudencia, el beneficio del régimen inmediatamente anterior al previsto por la Ley 100 de 1993, exigido por el artículo 36 de la misma para proteger a ciertos sectores de trabajadores con expectativa pensional bajo las normas entonces vigentes, solo procede respecto de quienes se encontr aban afiliados a alguno de los regímenes pensionales existentes antes de la entrada en vigor del nuevo sistema. En consecuencia, indicó que la afiliación posterior al 1º de abril de 1994 se entiende realizada al régimen elegido, ya fuera el de prima media con prestación definida o el de ahorro individual con solidaridad.

Actuaciones en segunda instancia

17. Mediante auto interlocutorio de fecha 30 de septiembre de 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

Actuaciones en segunda instancia

17. Mediante auto interlocutorio de fecha 30 de septiembre de 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

III. CONSIDERACIONES

18. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

Problema jurídico de instancia

19. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente so bre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar: si la señora ELEANA ORTIZ HINESTROZA tiene derecho a que la entidad demandada le reliquide su pensión de vejez teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del noventa por ciento (90%), conforme lo prevé el Acuerdo No. 090 de 1990, aprobado por el Decreto No. 758 de 1990 , o por si el contrario, se encuentran probadas las excepciones propuestas por la entidadSentencia N/R 2da instancia

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demandada y por ello, debe revocarse la sentencia de primera instancia y negarse las súplicas de la demanda?.

Tesis de la Sala

20. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que concedió las súplicas de la demanda, pues las pruebas arrumadas al plenario dan cuenta que la señora ELEANA ORTIZ HINESTROZA cumple los requisitos para que su pensión de vejez le sea reliquidada conforme a los parámetros establecidos en el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1 990, es decir, con una tasa de reemplazo del 90%.

La Aplicación del Acuerdo 049 de 1990 respecto de quienes no se encontraban afiliados al instituto de seguros sociales a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones y la posibilidad de acumular tiempo de servicios laborados con entidades públicas

21. La Corte Constitucional frente al tema del reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990 y la posibilidad de acumular tiempo de servicios laborado con entidades públicas y cotizados en Cajas o Fondos de Previsión Social, consideró que era necesario asumir una posición unificada, a efectos de evitar pronunciamientos contradictorios en las distintas jurisdicciones y en las Salas de Revisión de la Corporación.

22. En efecto, en la sentencia SU-769 de 2014 se estudió el caso de un afiliado a Colpensiones que no cumplió con el requisito de las 1000 semanas exigidas en el

y en las Salas de Revisión de la Corporación.

22. En efecto, en la sentencia SU-769 de 2014 se estudió el caso de un afiliado a Colpensiones que no cumplió con el requisito de las 1000 semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, por lo que se analizó si cumplía con el requisito de las 500 semanas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad. En dicho asunto, el tiempo de servicio que se solicitaba tener en cuenta, fue trabajado en el sector público, específicamente, con entidades territoriales y con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte concluyó que la interpretación que más se acompasaba con los principios de favorabilidad y pro homine, es la que “la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y a empleadores privados, par a que aquellas personas que acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la pensión de vejez”.

23. Se hace claridad en la sentencia de unificación que es posible acumular los tiempos de servicios aportados a las Cajas o Fondos de Previsión Social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, lo anterior, por cuanto la exclusividad en los aportes a dicha entidad, constituye un requisito no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.

24. Advirtió el precedente citado que impedir la acumulación del tiempo de servicios, constituye una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social. De igual manera, determinó que el hecho que la

24. Advirtió el precedente citado que impedir la acumulación del tiempo de servicios, constituye una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social. De igual manera, determinó que el hecho que la entidad pública no hubiera realizado las respectivas cotizaciones o descuentos, no es una conducta que deba ser imputable al trabajador, más aún, cuando era ella quien asumía dicha carga prestacional, razón por la cual los periodos laborados y no cotizados con las entidades estatales se pueden contabilizar a efectos de cumplir el tiempo requerido por dicha normativa.

25. Se precisa que la Jurisprudencia Constitucional ha decantado que el Sistema General de Pensiones buscó crear un sistema integral de seguridad social queSentencia N/R 2da instancia

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permitiera acumular semanas y tiempos de trabajo. Es así como el legislador hace énfasis en que las personas que se encuentran afiliadas al Sistema, realizan cotizaciones al mismo y no a una de las entidades administradoras que lo integran, argumento que ha tenido en cuenta la Corte Constitucional para ordenar el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas cuando se presentan cambios de afiliación y, por consiguiente, disponer en estos eventos, los respectivos traslados de aportes1.

argumento que ha tenido en cuenta la Corte Constitucional para ordenar el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas cuando se presentan cambios de afiliación y, por consiguiente, disponer en estos eventos, los respectivos traslados de aportes1.

26. De otra parte, se observa que el precedente de unificación ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990 a una persona que prestó sus servicios con un municipio, hasta el 30 de junio de 19952, sin que se evidencien cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales durante dicho periodo. Y es que los argumentos que sustentan la aplicación de tal norma se resumen en que: 1) es factible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a las personas que no contaban con cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales , con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero sí vinculadas a algún otro régimen pensional, como quiera que dicha exigencia no se encuentra contemplada en el acuerdo, 2) los requisitos para acceder a los beneficios del Sistema General de Pensiones se acreditan ante el sistema y no ante las entidades que lo conforman, y 3) resulta válida la acumulación del tiempo laborado y no cotizado o cotizado a cajas y fondos de previsión social a efectos de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, en sus dos supuestos, tanto para el requisito de 1000 semanas de cotizaciones en cualquier tiempo, así como para el cumplimiento de las 500 semanas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad3.

27. Por último, cabe destacar que el ser beneficiario del régimen de transición permite la aplicación de las normas que se encontraban vigentes al momento de

las 500 semanas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad3.

27. Por último, cabe destacar que el ser beneficiario del régimen de transición permite la aplicación de las normas que se encontraban vigentes al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, de conformidad con el régimen al que se encontraban afiliados. Al respecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, ha señalado que al estudiar cuáles serían las condiciones más favorables que se harían prevalecer frente a las exigencias de una nueva ley, en relación con el régimen de transición, si la persona no está vinculada a ningún régimen pensional, no existe una expectativa de derecho a pensionarse. “ Luego, por elementales razones de lógica jurídica, era necesario establecer el condicionamiento de estar afiliado a algún régimen pensional para efectos de ser acreedor al beneficio derivado del régimen de transición, consistente en poder pensionarse de conformidad con los requisitos y condiciones previstos para el régimen anterior.

(resaltado fuera del texto)”.4 Es así como la condición para acceder al beneficio de la transición, es estar afiliado a algún régimen pensional, lo que permite entonces la aplicación de los requisitos exigidos en el sistema pensional anterior, sin especificar, ni condicionar la escogencia de la norma, atendiendo a la entidad de seguridad social a la que se encontrará afiliado.

28. En conclusión: i) la acumulación de tiempo de servicios del sector público cotizado o no a cajas o fondos territoriales de previsión, debe tenerse en cuenta a efectos de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, para quien, habiendo solicitado la pensión de vejez, pretende acreditar el cumplimiento de las 1000 semanas en

efectos de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, para quien, habiendo solicitado la pensión de vejez, pretende acreditar el cumplimiento de las 1000 semanas en cualquier tiempo o las 500 semanas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad y ii) La condición para acceder al beneficio de la transición es estar afiliado a algún régimen pensional, lo que permite entonces la aplicación de los requisitos exigidos en el sistema pensional anterior, sin especificar, ni

1 T-760-2010. 2 Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en el sector público (artículo 151 de la Ley 100 de 1993). 3 SU-769-2014, (cita entre otras sentencias T-100-2012). 4 C-596-1007.Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300320240003101

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condicionar la escogencia de la norma, atendiendo a la entidad de seguridad social a la que se encontrara afiliado.

El análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso

29. Conforme las pruebas válidamente aportadas al proceso, la Sala encuentra acreditadas las siguientes situaciones fácticas relevantes:

30. La señora Elena Ortiz Hinestroza nació el día 3 de enero de 19585.

29. Conforme las pruebas válidamente aportadas al proceso, la Sala encuentra acreditadas las siguientes situaciones fácticas relevantes:

30. La señora Elena Ortiz Hinestroza nació el día 3 de enero de 19585.

31. Mediante Resolución No. SUB177220 del 10 de julio de 2023, la entidad demandada reconoció a favor de la actora una pensión de vejez bajo la Ley 797 de 2003, con un total de 13.403 días, equivalentes a 1.914 semanas cotizadas y por ello, le estableció un ingreso base de liquidación de $3.529.036 y una tasa de reemplazo del 78,98%, lo que arrojó como resultado una mesada pensional de

$2.787.2336.

32. Inconforme con la decisión adoptada, la señora Ortiz Hinestroza interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. En virtud d e ello, mediante Resolución No. DPE 647 del 18 de enero de 2024, la entidad procedió a modificar la Resolución del 10 de julio de 2023, en el sentido de reliquidar la pensión reconocida, con un total de 13.580 días, equivalentes a 1.940 semanas cotizadas.

Se mantuvo la normatividad aplicada inicialmente, determinándose un ingreso base de liquidación de $3.555.295 y una tasa de reemplazo del 78,97 %, lo que arrojó como resultado una mesada pensional por valor de $2.807.6167.

33. En el acto administrativo mencionado, se indicó que la actora prestó sus servicios en los periodos que a continuación se relacionan:

ENTIDAD EN LA QUE

LABORÓ

PERIODO

CONTRALORÍ DEL

CHOCÓ

33. En el acto administrativo mencionado, se indicó que la actora prestó sus servicios en los periodos que a continuación se relacionan:

ENTIDAD EN LA QUE

LABORÓ

PERIODO

CONTRALORÍ DEL CHOCÓ Entre el 4 de febrero de 1981 hasta el 30 de mayo de 1984 DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Entre el 13 de abril de 1987 al 30 de junio de 1997, 1 de enero de 1998 hasta el 6 de abril de 2020 y desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de octubre de 2023

34. Ahora bien, descendiendo al caso bajo estudio, se advierte que la entidad demandada considera que la providencia recurrida debe ser revocada, pues contrario a lo sostenido por el A quo, la señora Elena Ortiz Hinestroza no cumple con los requisitos establecidos en el acuerdo 049 y el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, para que se le reliquide su pensión de vejez con una tasa de remplazo del

90%.

35. Conforme la valoración probatoria efectuada en este asunto, se advierte que, la demandante a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, esto es, el 1º de abril de 1994, ya contaba con 35 años de edad, requisito exigido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, la demandante era beneficiaria del régimen de transición.

5 Visible en el expediente digital archivo denominado “01DEMANDA.pdf” página 15 6 Visible en el expediente digital archivo denominado “01DEMANDA.pdf” páginas 17-27

régimen de transición.

5 Visible en el expediente digital archivo denominado “01DEMANDA.pdf” página 15 6 Visible en el expediente digital archivo denominado “01DEMANDA.pdf” páginas 17-27 7 Visible en el expediente digital archivo denominado “01DEMANDA.pdf” páginas 29-36Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300320240003101

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36. En ese contexto, conserva, en principio, la posibilidad que le sean aplicables, a efectos de pensionarse por vejez, la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, de conformidad con el régimen anterior al cual se encuentra afiliada.

37. En concordancia, teniendo en cuenta que el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció la vigencia del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010 y, que en todo caso, se extendería hasta el año 2014, siempre y cuando se cuente con 750 semanas a la entrada de su vigencia, es necesario verificar lo siguiente, para

resolver el quid del asunto:

1. ¿La demandante cumplió los requisitos de la pensión de vejez con anterioridad al 31 de julio de 2010? y ii) ¿La demandante tiene un derecho adquirido, frente al Acto Legislativo 01 de 2005?

38. Se parte de la premisa de que la fecha de vigencia del régimen de transición, es

anterioridad al 31 de julio de 2010? y ii) ¿La demandante tiene un derecho adquirido, frente al Acto Legislativo 01 de 2005?