TA CHO - Sentencia 27001-33-33-005-2022-00920-01 (25-11-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veinticinco (25) noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia No. 188

RADICACIÓN 27001333300520220092001

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE

DEMANDADO:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

"CODECHOCÓ"

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia núm. 206 del 14 de febrero de 2024 , proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por el señor JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE , contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ "CODECHOCO", a través de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes (se transcribe incluso con posibles errores):

“PRIMERO: Mediante auto núm. .842 del 15 de junio de 2012, la Corporación AutónomaRegional para el desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCÓ, ordenó abrir proceso

errores):

“PRIMERO: Mediante auto núm. .842 del 15 de junio de 2012, la Corporación AutónomaRegional para el desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCÓ, ordenó abrir proceso sancionatorio ambiental en contra de mi prohijado, señor LUIS ANGEL VALDERRAMA COPETE, por presunta infracción ambienta l relacionada con la explotación de material de construcción, en una finca de su propiedad, denominada Hacienda María Paz, ubicada en el casco urbano del municipio de Tadó.

SEGUNDO: De conformidad con lo indicado en el auto de apertura de proceso sancionatorio en mención, el mismo tuvo origen en un informe de seguimiento que se realizó a la licencia otorgada a mi poderdante, se constató que el usuario utilizaba dos zonas de extracción de material de construcción por fuera del área de construcción que le co ncedió CODECHOCÓ.

"(SIC).

TERCERO: La C orporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó Codechocó, vulneró ostensiblemente el derecho fundamental al debido proceso de mi poderdante; en virtud a que si cuenta con licencia ambiental, dentro de las labores de seguimiento, dicha entidad al encontrar que el usuario ha incumplido uno de los requisitos y condiciones de la misma, debió hacer el requerimiento pertinente para que el usuario hiciera las correcciones de rigor, de conformidad con lo indicado en el Decreto 2820 de 2010 y con el Código Contencioso Administrativo, vigente para la época en que se impuso la medida preventiva y se inició el proceso sancionatorio (decreto 01 de 1984).RADICACIÓN: 27001333300520220092001

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

preventiva y se inició el proceso sancionatorio (decreto 01 de 1984).RADICACIÓN: 27001333300520220092001

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE

DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

"CODECHOCO"

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Página 2 de 18

La entidad accionada, le había otorgado licencia ambi ental a mi poderdante mediante resolución núm. 0010 de 2004, la cual fue ampliada por la resolución 874 de 2011.

CUARTO: Mediante fallo de fecha 21 de abril de 2014 Codechocó sancionó a mi poderdante con una multa equivalente a $133.966.009, oo (ciento tres y tres millones novecientos sesenta y seis mil nueve pesos).

QUINTO: Mi poderdante interpuso recurso de reposición, a través de su apoderada, en contra del fallo indicado en el punto anterior, aduciendo los siguientes argumentos:

1. Que no es cierto que se hayan realizado explotaciones de material de construcción por fuera del área permisionada, toda vez que al momento de la vista la maquinaria se encontraba aplana ndo montículos dejadas por antiguas explotaciones minera, situación que fue malinterpretada por los funcionario de C odechocó, y llegaron a la conclusión equivocada de que mi prohijado estaba realizando explotación de material

encontraba aplana ndo montículos dejadas por antiguas explotaciones minera, situación que fue malinterpretada por los funcionario de C odechocó, y llegaron a la conclusión equivocada de que mi prohijado estaba realizando explotación de material de arrastre en un área no permitida, sin tener en cuenta que en la misma la compañía minera Chocó Pacífico realizó extracción de metales preciosos.

2. Que la tala de árboles aludida por C odechocó en el fallo impugnado no se presentó, porque se trataba de unos arbustos derribados por la maquinaria al momento de aplanar los montículos de vieja data.

3. En el memorial de impugnación se solicitó prueba pericial, la cual no fue practicada en debida forma, toda vez que se vulneraron las normas vigentes para la práctica de dicha prueba, especialmente lo indicado en los artículos 223 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época, el cual fue remplazado por el Código

General del Proceso.

SEXTO: Mediante resolución 0979 del 7 de julio de 2014, Codechocó declaró la nulidad de lo actuado y ordenó practicar visita a la finca de mi poderdante, la cual se realizó sin las formalidades legales.

SÉPTIMO: Mediante resolución núm. 1018 del 20 de julio de 2015, la entidad accionada profirió el fallo por el cual se impuso sanción a mi poderdante, consistente en multa equivalente a $133.966.009 (ciento tres y tres millones novecientos sesenta y seis mil nueve pesos), el cual fue impugnado en la debida oportunidad procesal.

equivalente a $133.966.009 (ciento tres y tres millones novecientos sesenta y seis mil nueve pesos), el cual fue impugnado en la debida oportunidad procesal.

OCTAVO: La entidad accionada confirmó el fallo impugnado, mediante resolución núm.1105 de fecha 16 de agosto de 2016, notificado el 3 de septiembre hogaño.

NOVENO: El señor JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE, me ha conferido poder especial, amplio y suficiente para el ejercicio de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.

2. PRETENSIONES.

Teniendo en cuenta los supuestos fá cticos, la parte actora solicita (se transcribe incluso con posibles errores):

“1. Declarar nula las resoluciones núms. 1018 del 29 de julio de 2015, mediante la cual la entidad demandada profirió el fallo por el cual se impuso sanción a mi poderdante, consistente en multa equivalente a $133.966.009 ( ciento tres y tres millones novecientos sesenta y seis mil nueve pesos ) y 1105 de fecha 16 de agosto de 2016, mediante la cual fue confirmado dicho fallo.

2. A manera de restablecimiento del derecho se ordene:RADICACIÓN: 27001333300520220092001

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE

DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

"CODECHOCO"

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

"CODECHOCO"

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Página 3 de 18

2.1. Indemnizar a mi poderdante por perjuicios morales CIEN SALARIOS MINIMOS mensuales vigente y por perjuicios material es la suma de 133.966.009 (CIENTO TRES Y

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS.

2.3 Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de establecido por el señor juez.

2.4. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios hasta que se efectúe el pago debidamente indexado y actualizado al IPC”.

3. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante Auto Interlocutorio núm. 490 del 22 de junio de 2017 , y se ordenó notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio P úblico, como en derecho corresponde.

La entidad demandada, CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO "CODECHOCÓ ", contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentándose en las siguientes consideraciones (se transcribe incluso con posibles errores):

“(…) Así pues, se advierte que la prueba pericial que reclama el demandante, con la

las pretensiones de la misma, sustentándose en las siguientes consideraciones (se transcribe incluso con posibles errores):

“(…) Así pues, se advierte que la prueba pericial que reclama el demandante, con la observancia de las ritualidades de los artículo 237 y 238 del Código de Procedimiento Civil, JAMAS fue solicitada al interior del proceso administrativo sancionatorio adelantado en su contra bajo el radicado 2012 - 0013, pues, lo que se solicitó como prueb a pericial fue una nueva visita técnica a la zona con la presencia de los funcionarios de Codechocó y del propio investigado, visita ésta que reiteramos se practicó en la forma solicitada y de la cual se produjo un informe técnico que motivó el fallo adoptado en contra del hoy demandante, toda vez que en dicho informe se reafirmaron las infracciones ambientales cometidas por el para la época investigado - hoy demandante. (…)

Así pues, el pedido de anulación de los actos administrativos acusados, bajo el argumento de una presunta violación al derecho fundamental al debido proceso por no haberse practicado una prueba pericial dentro del expediente administrativo sancionatorio adelantado en contra del hoy demandante, no tiene vocación de prosperidad, en razón a que ha quedado demostrado que la prueba peticionada consistía en la práctica de una nueva visita técnica al sitio objeto de infracción ambiental; en donde se pudo verificar precisamente el incumplimiento de la normatividad ambiental, y el deterioro causa do al ambiente, como consecuencia de la explotación minera por fuera del polígono autorizado.(…)”

Posteriormente, en cumplimiento al Acuerdo PCSJA20 -11650 del 28 de octubre de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el asunto fue redistri buido al despacho

Posteriormente, en cumplimiento al Acuerdo PCSJA20 -11650 del 28 de octubre de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el asunto fue redistri buido al despacho Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, quien profirió la sentencia objeto de apelación.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La sentencia núm. 206 del 14 de febrero de 2024, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las súplicas de la demanda.

Para tomar esa decisión, el A quo argumentó:RADICACIÓN: 27001333300520220092001

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE

DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

"CODECHOCO"

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Página 4 de 18

“(…) Ahora bien, una vez valorado el material probatorio, se expidió la resolución número 1018 de 29 de julio de 2015 a través de la cual se declaró al señor JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE responsable de la comisión de infracciones a la normatividad ambiental vigente, así como de haber ocasionado daños al medio ambiente y a los recursos naturales, la cual, fue confirmada a través de la resolución número 1105 de 16 de agosto de 2016. Se duele la parte actora en el hecho que el acto admi nistrativo sancionatorio vulneró su

confirmada a través de la resolución número 1105 de 16 de agosto de 2016. Se duele la parte actora en el hecho que el acto admi nistrativo sancionatorio vulneró su derecho de defensa y contradicción y con ello el debido proceso administrativo en tanto la autoridad ambiental omitió la aplicaci ón de los artículos 237 y 238 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que omitió correr traslado del mismo a efecto de que el mismo fuere objetado, se hubiere solicitado su aclaración y/o adición. Frente a lo anterior debe partir por señalar el despacho que conforme lo dispone la Ley 1333 de 2009, efectúa remisión expresa al Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, hoy Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo que refiere a la notificación del acto que pone fin al proceso administrativo sancionatorio y a la interposición y resolución de los recursos formulados contra aquellas decisiones. (…) En tal contexto se tiene que conforme al procedimiento administrativo sancionatorio contemplado en la ley 1333 de 2009; luego de la etapa de descargos se podrá abrir a periodo probatorio el procedimiento, pero una vez cerrada la etapa probatoria, la Ley únicamente permite el análisis de responsabilidad, sin permitir ninguna contradicción por parte del investigado. Así las cosas, se tiene que una vez la autoridad ambiental decretó la nulidad dentro del proceso ambiental sancionatorio, a través de auto ordenó la práctica de visita técnica al lugar de ocurrencia de los hechos, la cual se realizó en presencia del señor José Ángel Valderrama Copete, de conformidad con lo solicitado en el escrito de descargos.

de ocurrencia de los hechos, la cual se realizó en presencia del señor José Ángel Valderrama Copete, de conformidad con lo solicitado en el escrito de descargos. En este orden de ideas, lo cierto es que para el despacho la entidad demandada en concordancia con la ley 1333 de 2009, no pretermitió las etapas a las que debía sujetarse en el adelantamiento del procedimiento sancionatorio puesto que, si bien la parte actora denomino su acápite de pruebas como pericial, en realidad, solicitó una visita técnica por parte de un funcionario de la corporación aut ónoma en conjunto con el hoy demandante y no, un concepto experto, informe u opinión emitido por un profesional especializado en determinada materia o una institución, es decir, un dictamen pericial, luego mal podría solicitarse contradicción, solicitar su aclaración y/o adición, pues como se señaló se trató de una visita técnica por personal de la autoridad ambienta l y con presencia del investigado, no de un dictamen pericial rendido por un perito especialista en la materia y ajeno al proceso administrativo. En efecto se tiene que, la accionada emitió un acto determinando la infracción ambiental de conformidad con los derechos de raigambre constitucional como los de audiencia y defensa, con todo el rigor del procedimiento que para casos como éstos debe ser observado. (…) En este orden de ideas, para el despacho es claro que el acto administrativo demandado no vulneró el derecho al debido proceso del actor, por cuanto la prueba correspondiente a visita técnica solicitada por el demandante se practicó conforme lo requerido por el señor José Ángel, en presencia del mismo y que, se dio cumplimiento a todas las etapas procesales

vulneró el derecho al debido proceso del actor, por cuanto la prueba correspondiente a visita técnica solicitada por el demandante se practicó conforme lo requerido por el señor José Ángel, en presencia del mismo y que, se dio cumplimiento a todas las etapas procesales definidas en la Ley 1333 de 2009 y Decreto 1594 de 1984, y en consecuencia negará las suplicas de la demanda. (…)” Y luego resolvió:RADICACIÓN: 27001333300520220092001

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE

DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

"CODECHOCO"

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Página 5 de 18

“PRIMERO: NIÉGUENSE las sú plicas de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriado este proveído archívese el expediente y cancélese su radicación, previa anotación y registro, en la plataforma de la Jurisdicción Contencioso Administrativa denominada SAMAI”.

5. RECURSO DE APELACIÓN.

Dentro del término legal establecido, la parte demandante interpuso recurso de apelación, manifestando que debía aplicarse el C ódigo General del Proceso para efectos de la contradicción de las pruebas practicadas. En ese sentido, señaló que lo

Dentro del término legal establecido, la parte demandante interpuso recurso de apelación, manifestando que debía aplicarse el C ódigo General del Proceso para efectos de la contradicción de las pruebas practicadas. En ese sentido, señaló que lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 establece que la autoridad ambiental debe ordenar la práctica de las pruebas solicitadas , siempre que cumplan con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, dichas pruebas debían practicarse en un término de treinta días, prorrogable por una sola vez hasta por sesenta días, siempre que exista un concepto técnico que justificara la necesidad de un plazo mayor para su ejecución.

Según lo planteado en el recurso, la parte demandada vulneró de manera ostensible el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Lo anterior, en tanto el procesado estaba en su derecho de solicitar todas las pruebas legales que condujeran a la defensa de sus intereses. Agregó que ese extremo de la Litis, en procura de recaudar ingresos para su sostenimiento financiero, actúa al mismo tiempo como investigadora y como evaluadora del caso, lo cual afectó de forma evidente la imparcialidad del proceso y convierte el procedimiento sancionatorio en un trámite subjetivo, generando una desventaja para el investigado.

Enfatizó que el Ministerio Público, como gar ante de los intereses de la sociedad, no asumió un papel activo dentro de estos procesos . Por tal razón, surge la necesidad de contar con una experticia externa, independiente tanto de la autoridad ambiental como de los presuntos infractores, que permita e quilibrar el desarrollo del procedimiento.

asumió un papel activo dentro de estos procesos . Por tal razón, surge la necesidad de contar con una experticia externa, independiente tanto de la autoridad ambiental como de los presuntos infractores, que permita e quilibrar el desarrollo del procedimiento.

El señor Valderrama, solicitó la práctica de una prueba pericial destinada a demostrar que no había infringido la normatividad ambiental vigente. Sin embargo, dicha prueba no fue practicada, a pesar de que en ese momento se encontraba vigente el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al trámite del proceso sancionatorio ambiental.

Por otra parte, aduce que los vacíos normativos presentes en la Ley 1333 de 2009 y en otras disposiciones de carácter administrativo no pueden ser llenados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ni por la Ley 1564 de 2011. Sostiene que, si bien la Ley 1333 de 2009 no contempla expresamente la prueba pericial, la Ley 1437 de 2011 sí la regula , por lo tanto, es a prueba debió practicarse a solicitud de la parte demandada, tal como lo dispone el artículo 272 de la norma en mención, que establece que las partes pueden presentar los dictámenes periciales necesarios para sustentar su derecho o solicitar la designación de perito en las etapas procesales correspondientes.RADICACIÓN: 27001333300520220092001

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE

DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

"CODECHOCO"

DEMANDANTE: JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE

DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

"CODECHOCO"

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Página 6 de 18

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio núm. 354 del 10 de abril de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, en contra de la sentencia núm. 206 del 14 de febrero de 2024 , y se ordenó notificar al Ministerio Público y a las partes procesales, conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Revisado el expediente, no se evidencia que las partes hayan presentado sus escritos de alegatos de conclusión ni que el señor agente del Ministerio Publico haya emitido concepto alguno.

8. CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

9. CONSIDERACIONES.

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, la Sala Primera de Decisión procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra la sentencia proferida en primera instancia.

10. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Primera de Decisión procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra la sentencia proferida en primera instancia.

10. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.

11. CUESTIÓN PREVIA.

Precisado lo anterior, pasa la Sala Primera de Decisión a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Quibdó, recordando los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto el ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelacio nes de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO

distinto del que corresponda.”

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Actor: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCÓN ; sentencia de julio de 2016, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01526-01(37533), Actor: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Referencia: Acción de Reparación Directa.RADICACIÓN: 27001333300520220092001

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE

DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

"CODECHOCO"

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Página 7 de 18

Así las cosas, para esta Sala es claro que el límite al juez de segunda instancia está circunscrito a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al juez de segunda instancia estudiar asuntos

Así las cosas, para esta Sala es claro que el límite al juez de segunda instancia está circunscrito a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al juez de segunda instancia estudiar asuntos de la providencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado3, al indicar:

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de principios axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez ocuparse t ambién del cargo de desconocimiento de normas superiores, planteado por el demandante en el escrito introductorio del proceso, pero no estudiado por el a quo ni señalado por el apelante único dentro de sus razones de disconformidad. Aun cuando ello supone apartarse de los límites que de forma tradicional enmarcan la competencia del fallador de segunda instancia, habitualmente restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por quien impugna, tal concepción de la intervención del ad quem resulta in aplicable en el presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el estudio del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el estudio de la competencia del Concejo Distrital para expedir el acto demandado comprometería la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución. Por lo tanto, es una opción que, aunque legítima en la mayoría de los casos, en la presente resulta incompatible con la

estudio de la competencia del Concejo Distrital para expedir el acto demandado comprometería la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución. Por lo tanto, es una opción que, aunque legítima en la mayoría de los casos, en la presente resulta incompatible con la eficacia y supremacía constitucional. En últimas, “el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría”4.

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada el numeral 4.º del artículo 137 del CCA, que exige como requisito para la presentación de las demandas de nulidad ante esta jurisdicción la formulación del concepto de la violación de la legalidad por el acto atacado, pese a tratarse de un derecho político reconocido a todo ciudadano. Ciertamente, en la sentencia C-197 de 1999 dicha Corporación resolvió “[d]declarar exequible el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demand a no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte

a su protección, aun cuando el actor en la demand a no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte

-Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; sentencia de 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Actor: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Referencia: Acción De Reparación Directa.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 -23-24-000-2007-90177-01, Actor: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo De Bogotá D.C, Referencia: Medio de control de Nulidad simple

Y ver sentencia de unificación:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH , San Antonio, Tolima, sentencia del 6 abril de 2018, Radicación Número: 05001 -23-31-000-2001-03068-01(46005), Actor: Darío de Jesús Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo. Sentencia del 13 de julio de 2020, SC 2222-2020, Radicación N.° 11001-31-10-002-2010-01409-01; Magistrado Ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

4 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.RADICACIÓN: 27001333300520220092001

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE

DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

"CODECHOCO"

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Página 8 de 18

incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.

Por considerar que se trata de un princip