TA COR - 23-001-23-33-000-2020-00011-00-(03-02-2023)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

Montería, tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Resuelve Recurso de Reposición

Medio de control: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A

UN GRUPO -ACCIÓN DE GRUPO Radicación: 23.001.23.33.000.2020.00011.00

Demandantes: ARISTÓBULO MANUEL TAPIAS PIMIENTA Y

OTROS

Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBACORPORACIÓN AUTÓNOMA DE LOS VALLES DEL SINÚ Y

SAN JORGE - CVS.

Tema: CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL – IMPOSIBILIDAD

JURIDICA PARA DEMANDAR - CONTABIIZACIÓN DE

TERMINOS

Decisión: REPONER AUTO ADMISORIO Y EN SU LUGAR RECHAZAR

DEMANDA

Procede la Sala a resolver el recurso de reposición presentado por el Ejército Nacional, contra el auto admisorio de la demanda.

Fundamentos del recurso de reposición

A manera de síntesis, se tiene que la apoderada del Ejército Nacional arguye que la demanda fue admitida con desconocimiento del término de caducidad; para el efecto trae a colación lo dispuesto en el artículo 164 numeral 2 literal i) del CPACA, respecto a la oportunidad en que debe presentarse el medio de control de reparación directa; esto es,

colación lo dispuesto en el artículo 164 numeral 2 literal i) del CPACA, respecto a la oportunidad en que debe presentarse el medio de control de reparación directa; esto es, dos (2) años a parti r del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Y refiere que la Ley 472 de 1998, dispone también de un término de 2 años para interponer la demanda, en acciones de grupo.

En virtud de lo anterior, indica que la parte actora debió interponer la presente acción judicial dentro de los dos años siguientes a la fecha de los hechos que originan la presente acción; esto es, dos años posteriores a los “despidos injustos”, “supresión de cargos”, por lo que a juicio de la parte recurrente, tenían hasta el año 2002, 2003, 2004 y 2005, respectivamente según cada caso , para hacerlo y no se hizo; estimando entonces que ha operado el fenómeno de la caducidad, lo cual afirma debe ser declarado.

Explica que los demandantes reconocen la ocurrencia del hecho dañino, así como las presuntas fallas de la Fuerza Pública; de manera que, a partir de lo anterior, se reconoce que sabían de la ocurrencia del hecho dañino, estimando entonces, que no se puede modificar o flexibilizar el término de caducidad. Seguidamente, se refiere a la diferencia entre caducidad y prescripción, pues, señala que en la demanda se hace alusión a uno y otro como si fueran similares.Radicación N° 23-001-23-33-000-2020-00011-00

entre caducidad y prescripción, pues, señala que en la demanda se hace alusión a uno y otro como si fueran similares.Radicación N° 23-001-23-33-000-2020-00011-00 Seguidamente, plantea el siguiente interrogante “¿no exis te “imprescriptibilidad de la acción” para demandar la reparación de perjuicios causados en vía contenciosa administrativa en casos de lesa humanidad?” Así entonces, aduce que no tiene asidero jurídico la tesis de la parte demandante, en cuanto a que no existe término para demandar en vía contencioso administrativa, cuando se trata de casos de lesa humanidad, ello en razón del alcance de los términos de prescripción y caducidad, y las diferencias existentes entre estos. Aduce que la “imprescriptibilidad” a la que hace referencia la parte actora, es aquella que se ha venido estudiando en materia penal, respecto a la facultad y obligación del Estado de investigar las conductas punibles en los que se encuentran inmersos delitos de lesa humanidad desde el derecho penal internacional; sosteniendo que aquello no puede trasladarse al derecho contencioso, ya que de por medio se encuentran normas de estricto cumplimiento, que involucran intereses generales . Cita providencia del 10 de febrero de 2016 del Consejo de Est ado con radicado 05001-23-33-000-2015-00934-01(AG), que solicita sea aplicada, y en la que se analiza la definición de los delitos de lesa humanidad; y que transcribe in extenso. Al igual que solicita se aplique sentencia de unificación del Alto Tribunal de 29 de enero de 2020.

De conformidad con lo anterior, pide se declare la caducidad del medio de control, y se

y que transcribe in extenso. Al igual que solicita se aplique sentencia de unificación del Alto Tribunal de 29 de enero de 2020.

De conformidad con lo anterior, pide se declare la caducidad del medio de control, y se rechace la demanda al tenor del artículo 169 del CPACA, así como señala que el juez de conocimiento tiene la posibilidad de dictar sentencia anticipada ante la caducidad probada1.

Del traslado del recurso

Con auto de 26 de enero de 2022, se ordenó dar traslado del recurso a la Nación – Ministerio del Interior2, surtiéndose el mismo mediante traslado Secretarial N° 08 de 27 de enero de 2022, el cual finalizó el 01 de febrero de 2022.

Escrito descorriendo traslado del recurso3

La parte actora descorrió el traslado del recurso interpuesto por el Ejército Nacional, oponiéndose a la prosperidad del mismo, aludiendo básicamente, que i) se desconocen los principios de convencionalidad; ii) desconoc e las sentencias proferidas por la H. Corte Interamericana, inaplica la normatividad internacional sobre la caducidad por graves violaciones de derechos humanos; iii) no valoró el hecho a partir del cual tuvieron conocimiento las demandadas; iv) desconoce el contexto, reconfiguración y consolidación de grupos paramilitares en el Departamento de Sucre y en especial San Onofre ; porque afirma v) desconoce los efectos y consecuencias que causa el desplazamiento en las víctimas; y vi) porque arguye desconoce las alertas tempranas, notas de seguimiento e informes de riesgo de la Defensoría, que fueron allegadas con la demanda.

víctimas; y vi) porque arguye desconoce las alertas tempranas, notas de seguimiento e informes de riesgo de la Defensoría, que fueron allegadas con la demanda.

Seguidamente sostiene “ Tal como como se ha dicho en los hechos de este medio de control, la imputación de la responsabilidad extracontract ual por el daño resarcible, es atribuible o deviene de las entidades accionadas que actuaron por acción, ora por omisión o connivencia con grupos paramilitares que, mediante coacción, despojaron a los demandantes, de sus derechos laborales, logrando el des plazamiento de su domicilio, y con ello incurriendo en un acto de lesa humanidad a la luz del Estatuto de Roma.

1 Archivo “RecReposicionAutoAdte.pdf” recibido el 5 de marzo de 2021 2 Respecto a las demás entidades no se ordenó, dado que la entidad recurrente les había remitido el recurso a los buzones judiciales, así como al actor. 3 Archivo “44MemorialDescorreTraslDte.pdf” Recibido el 12 de marzo de 2021Radicación N° 23-001-23-33-000-2020-00011-00 Si bien es cierto, que lo s hechos que dieron lugar al despojo de derechos laboral, y en consecuencia al desplazamiento de los actores, ocurrieron entre los años 2000 a 2003, no es menos cierto que aún no está develada toda la estructura integrada entre paramilitares, fuerza, publica y políticos que dieron lugar a los hechos dañinos.

En efecto, importantes auspiciadores y determinadores paramilitarismos en Córdoba, responsables de atroces hechos y de quienes se ha dicho en esta demanda “tienen una

fuerza, publica y políticos que dieron lugar a los hechos dañinos.

En efecto, importantes auspiciadores y determinadores paramilitarismos en Córdoba, responsables de atroces hechos y de quienes se ha dicho en esta demanda “tienen una responsabilidad” han sido admitidos1 por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No repartición. Tal es el caso de JAIME

GARCIA EXBRAYA, MUSA BESAILE, JULIO MANZUR2.”

Resalta que los actores no pudieron presentar con anterioridad el proceso para obtener la reparación del daño, dado que “sus perpetradores además de los paramilitares, fueron ciudadanos de gran poder político y económico del departamento”, de los cuales muchos están libres, por lo que ante el temor fundado de reta liaciones omitieron el deber de demandar en las fechas que aduce la entidad ; que contrario a lo expuesto por la entidad recurrente, está demostrado que después de la desmovilización del Bloque Córdoba, surgieron otras organizaciones armadas lideradas por a ntiguos ex paramilitares; que la violencia contra la población civil no ha cesado, a tal punto, que refiere que en el año 2016, hubo un paro armando, que obligó al cierre de calles y comercio en el Departamento de Córdoba. Que con la demanda no se persigue simplemente una reparación del daño antijurídico, sino además el esclarecimiento de la verdad, a partir de la orden que se de en este asunto, de reparar integralmente a las víctimas y se investigue a quienes por acción u omisión permitieron la comisión de actos que atentaron contra la humanidad y el derecho internacional humanitario.

De otro lado agrega (se transcribe aun con errores):

omisión permitieron la comisión de actos que atentaron contra la humanidad y el derecho internacional humanitario.

De otro lado agrega (se transcribe aun con errores):

“De los anterior se concluye, que entre los años 2000 y 2021, el departamento de Córdoba, ha estado sometida a la presencia y actuación de grupos armados que atentan con tra los derechos humanos de la p oblación civil sujeta de protección constitucional, y que no existían ni existen las garantías para impetrar las acciones judiciales por las siguientes situaciones y riesgos: a) Existe persistencia y reconfiguración del conflicto con otros actores armados b) Existencia de daño continuado c) Ausencia o debilidad en la política pública de seguridad y protección d) Acontecimientos de violencia permanentes y sucesivos, e) Extorsiones, amenazas, homicidios, cobros de exacciones, y otros actos de violencia contra la población f) Control social sobre la población g) Miedo a represalias por parte de políticos y miembros de la fuerza pública que apoyaron a los grupos de autodefensas y que jamás fueron investigados.

(…)

De lo anterior se concluye, que al no poder los actores disfrutar de su proyecto de vida en condiciones de dignidad, ni gozar de los derechos fundamentales conculcados con el desplazamiento, es evidente, que la conducta dañina aún persiste y, por tanto, cobra vigencia la acción de grupo, tal como lo ha venido definiendo el Consejo de Estado en su jurisprudencia. En síntesis, la realidad que hoy rodean a los demandantes está determinados por las sucesivas viola ciones a sus derechos fundamentales situación, que persisten a la fecha, razón por la cual no estamos de

Estado en su jurisprudencia. En síntesis, la realidad que hoy rodean a los demandantes está determinados por las sucesivas viola ciones a sus derechos fundamentales situación, que persisten a la fecha, razón por la cual no estamos de acuerdo con el criterio de la parte demandada, que considera que ha fenecido el termino de caducidad para incoar la acción.”Radicación N° 23-001-23-33-000-2020-00011-00 Respecto al conteo de la caducidad, alega que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, tienen posturas encontradas, e indica que no comparte la tesis de esta última Corporación; insistiendo que no fue posible para l os actores demandar dentro del término de 2 años siguientes al conocimiento del hecho dañoso, dado que “la gran mayoría de las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos, fueron recluidas por la fiscalía que actuaba en sede de impunidad a favor de los actores violentos con muy pocas excepciones. En efecto en Córdoba la directora la Sijin hacia parte de la nómina que tenía Salvatore Mancuso”. En ese orden sostiene “¿QUE GARANTIAS TENIAN LAS VICTIMAS DE ACUDIR A LA JUST ICIA SI QUIENES INICIABAN LAS INVESTIGACIONES TENIAN

ALIANZAS CON LOS PARAMILITARES?”

Para finalizar, concluye que los actores no gozaron de condiciones materiales para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, alegando entonces, que atendiendo a los acontecimientos de violencia sucesivos y permanen tes, no ha operado la caducidad del medio de control de la referencia.

Decisión

Tal como se ha dejado sentado, el accionado Ejército Nacional, presentó recurso de

acontecimientos de violencia sucesivos y permanen tes, no ha operado la caducidad del medio de control de la referencia.

Decisión

Tal como se ha dejado sentado, el accionado Ejército Nacional, presentó recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, solicitando su revocatoria, para en consecuencia rechazar la demanda por caducidad del medio de control.

Por su parte, los actores, a través de apoderado judicial, se oponen a dicha solicitud, alegando que no contaban con las garantías para interponer la presente acción judicial, pues, las autoridades encargadas de iniciar las investigaciones tenían alianzas con los paramilitares, y en todo caso, aducen que los hechos de violencia han sido sucesivos y permanentes, estimando entonces que no ha operado la caducidad.

Sea lo primero, traer a co lación la normativa que regula el término de caducidad en las acciones de grupo, a saber, el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, y el artículo 164 del CPACA, así:

“ARTICULO 47. CADUCIDAD. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo.” (Negrilla de la Sala)

Por su parte la Ley 1437 de 2011 dispone:

“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La

demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo; (Negrilla fuera del texto original).Radicación N° 23-001-23-33-000-2020-00011-00

Cabe destacar que, la Sección Tercera del Alto Tribunal, ha precisado que en materia de caducidad de acciones de grupo, debe darse aplicación a la regla contenida en la Ley 1437 de 2011.4

Pues bien, da cuenta el plenario, que los actores ale gan la configuración de un daño, en razón de los desplazamientos forzados y amenazas de las que afirman fueron víctimas durante los años 2001 a 2003, cuando laboraban al servicio d e la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge; momento para el que afirman conocían que tales persecuciones y amenazas provenía n de grupos paramilitares, en conjunto con el entonces director de la entidad pública en mención; así como se afirma, que era un hecho notorio que los dirigentes políticos de la región, así como la fuerza pública, acudían a rendir

tales persecuciones y amenazas provenía n de grupos paramilitares, en conjunto con el entonces director de la entidad pública en mención; así como se afirma, que era un hecho notorio que los dirigentes políticos de la región, así como la fuerza pública, acudían a rendir cuentas a dichos grupos ar mados. En ese orden, se aduce que no les fue posible a los demandantes interponer en los términos de ley, las acciones judiciales “por falta de garantías y ante las aseveraciones de los paras que a vox popular expresaban que ellos tenían el control sobre todas las instituciones del departamento”; cuestionando a su vez “c) qué garantías de protección podía tener la población y los demandantes de la fuerza pública (Policía, Ejército, y Armada), si sabían que existían acuerdos entre los agentes paramilitares y los órganos de seguridad del Estado (Policía, Ejército, Armada), que de manera permanente brindaban información confidencial al grupo paramilitar y actuaban conjuntamente.”5

Teniendo en cuenta esta última manifestación, esto es, que los actores alegan no haber contado con las garantías para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, por temor a represalias de los grupos armados, para la Sala es claro, que no es posi ble contabilizar a efectos de determinar la caducidad del medio de control, a partir de los desplazamientos forzados que sostienen aquellos sufrieron entre el año 2001 a 2003.

Respecto a dicho tópico, resulta relevante destacar, que la Corte Constituciona l en sentencia SU-320 de 2020, unificó jurisprudencia en relación a la aplicación del término de caducidad del medio de control de reparación direct a en delitos de lesa humanidad;

sentencia SU-320 de 2020, unificó jurisprudencia en relación a la aplicación del término de caducidad del medio de control de reparación direct a en delitos de lesa humanidad; indicando entonces, que si es aplicable el fenómeno en cita, y que i) el término de dos años de que trata la norma, no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el perjuicio, “sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuent re en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional” y precisa ii) que la procedencia del medio de control “ debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto”.

Por su parte, la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, en sentencia de unificación de jurisprudencia por importancia jurídica, de 29 de enero de 20206, también unificó su postura frente al fenómeno de caducidad en torno a procesos en los que se pretenda la indemnización como consecuencia de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad del Estado bajo las siguientes premisas:

“i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la part icipación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido

debieron conocer la part icipación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

4 Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 2013-00298-01(AG) providencia de 12 de agosto de 2014 , C.P. Dr. Enrique Gil Botero 5 Pagina 32 escrito de demanda 6 Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033)Radicación N° 23-001-23-33-000-2020-00011-00 Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen imped ido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia.

Con fundamento en lo antes expuesto, se itera no es posible contabilizar el término de dos años, con los que contaban los actores para interponer la acción de grupo, desde la ocurrencia de los hechos, pues, ellos han manifestado que se encontraban imposibilitados para el efecto, dado que, fueron desplazados de manera forzosa, aunado a que “sus perpetradores además de los paramilitares, fueron ciudadanos de gran poder político y

ocurrencia de los hechos, pues, ellos han manifestado que se encontraban imposibilitados para el efecto, dado que, fueron desplazados de manera forzosa, aunado a que “sus perpetradores además de los paramilitares, fueron ciudadanos de gran poder político y económico del departamento”, de los cuales muchos están libres, por lo que ante el temor fundado de retaliaciones omitieron el deber de demandar en forma oportuna.

En todo caso, debe la Sala expresar, que contrario a lo expuesto por la parte actora al descorrer el recurso, en este caso si hay lugar a aplicar el fenómeno de la caducidad; ahora, lo que ocurre es que no se puede aplicar desde el día siguiente a la ocurr encia de los hechos que originan la demanda, sino que ante la situación alega da, que afirman les imposibilitó accionar ante la jurisdicción contencioso administrativa, hay lugar que tener en cuenta el momento a partir del cual aquellas fueron superadas, y desde allí contabilizar dicho fenómeno jurídico. Al respecto ha señalado el Alto Tribunal7:

“La Sección enfatiza en que se trata de supuestos objetivos, como secuestros, enfermedades o cualquier situación que no permita materialmente acudir a esta jurisdicción, pues lo referente a la imposibilidad de conocer la relación del Estado con el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación de las reglas de caducidad, sino al cómputo a partir del momento en el que, dado el conocimiento de los hechos, surge el interés para reclamar la indemnización de los perjuicios causados, como se explicó en el acápite precedente.

En síntesis, el juez de lo contencioso administrativo debe, excepcionalmente, inaplicar

el interés para reclamar la indemnización de los perjuicios causados, como se explicó en el acápite precedente.

En síntesis, el juez de lo contencioso administrativo debe, excepcionalmente, inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa c uando advierta que la no comparecencia ante la administración de justicia se encuentra justificada por razones materiales, pues el paso del tiempo no puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, lo cual, se insiste, depende de las circunstancias especiales de cada sujeto.

En las condiciones analizadas, el plazo para demandar no se computará mientras subsistan dichas situaciones especiales y, una vez superadas, empezará a correr el término de ley.”

En esa línea de consideraciones, encuentra la Sala que, cada uno de los demandantes – víctimas directas, en razón a que fungieron como empleados de la CVS -, presentaron denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, el 26 de septiembre de 2014 , en contra de Salvatore Mancuso Gómez, Eduar Cobos Tellez, Jhon Cobos Tellez, Juan Pablo Vásquez, Jaime Augusto García Exbrayat, en razón del desplazamiento forzado al que fueron sometidos, amenazas, delitos contra la libertad individual y otras garantías , actos violentos que afirmaron fueron realizados “por los grupos paramilitares que actuaron en el Departamento de Córdoba bajo la toleración, orientación y orden del director de la (…) CVS” (fls 290-329); denuncia en la que narran con toda claridad cada u no de los hechos, en los cuales hoy fundan la presente acción de grupo, para el reconocimiento y pago de perjuicios.

(fls 290-329); denuncia en la que narran con toda claridad cada u no de los hechos, en los cuales hoy fundan la presente acción de grupo, para el reconocimiento y pago de perjuicios.

7 IbídemRadicación N° 23-001-23-33-000-2020-00011-00 De manera que, a partir de la presentación de la mentada denuncia penal -26 de septiembre de 2014 , es factible y razonable entender que l as partes estimaban encontrarse en condiciones de acceder al aparato judicial, superando la imposibilidad material que hasta ese momento no les permitía demandar para obtener el reconocimiento y pago de perjuicios. Por tanto, el término de caducidad, inició el 27 de septiembre de 2014 hasta el 27 de septiembre de 2016, no obstante, la demanda solo se radicó el 22 de enero de 2020, evidentemente cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad.

Cabe anotar, que si bien la denuncia penal está suscrita solo por los jefes de núcleos, y quienes alegan ser víctimas directas, pues, fueron quienes estuvieron vinculados laboralmente a la CVS; para la Sala es plausible tener en cuenta dicha fecha, con respecto de todos y cada uno de los integrantes de los grupos familiares, pues, i) están integrados por núcleos familiares (padres, esposas (o) o compañeras (o), hijos o hermanos), respecto de quienes se alega lazos de cercanía, solidaridad, apoyo mutuo; ii) así como se aduce ser víctimas indirectas del presunto daño causado, ya que algunos tuvieron que desplazarse a otras ciudades, separarse de familiares y amigos 8; hechos que para la Sala son

víctimas indirectas del presunto daño causado, ya que algunos tuvieron que desplazarse a otras ciudades, separarse de familiares y amigos 8; hechos que para la Sala son susceptibles de ser conocidos o evidenciados por todos los miembros de una familia, debido precisamente a los lazos fraternales cercanos, y por cuanto, debieron sufrir la separación o el desplazamiento que se expone; sin que se adviert a manifestación algu na de imposibilidad de dichas víctimas indirectas para conocer de los sucesos en que se funda la demanda.

Ahora bien, de llegar a estimarse en todo caso, que para el momento en que los actores presentaron la denuncia penal el 26 de septiembre de 2014, aquéllos no contaban con garantías para interponer el medi o de control correspondiente ante la jurisdicción contencioso administrativo; advierte la Sala que el H. Consejo de Estado, con fundamento en la misma providencia judicial citada, en otros casos de contornos fácticos similares, que han sido tramitados por el medio de control de reparación directa, ha resuelto tener como fecha inicial para contabilización de la caducidad, el momento a partir del cual los demandantes confirieron poder a un profesional del derecho, para iniciar el proceso correspondiente ante dicha jurisdicción, que para el caso concreto, sería el poder conferido para iniciar la presente acción de grupo, pues, interpreta que desde ese momento, estimaron haber superado las condiciones que los imposibilitaban para accionar el aparato judicial.

Así entonces, si en gracia de discusión aplicara la Sala esta última postura, revisado el expediente, se observa que cada uno de los núcleos familiares que componen la parte

judicial.

Así entonces, si en gracia de discusión aplicara la Sala esta última postura, revisado el expediente, se observa que cada uno de los núcleos familiares que componen la parte actora (11 grupos en total), confirieron los mandatos en fechas distintas; pero en todo caso, también estaría caducado el medio de control de la referencia, como pasa a explicarse:

Grupo 1. Jefe de núcleo Aristóbulo Manuel Tapia Pimienta y su grupo familiar. El señor Tapia Pimienta confirió poder para presentar demanda –Acción de Grupoel 15 de marzo de 2017 (fl 58). De manera que, el término de dos años transcurrió desde el 16 de marzo de 2017 hasta el 16 de marzo de 2019; sin embargo, la demanda se radicó el 22 de enero de 2022, esto es, cuando había operado la caducidad.

Se destaca que si bien, otros de los miembros del grupo familiar, confirieron poder el 10 y 11 de febrero de 2021 (archivo “06EscritoCorrigeDemanda.pdf”), ello fue así, en razón del requerimiento efectuado mediante auto inadmisorio 9, por lo que no hay lugar a tener e n cuenta esta fecha para efectos de la contabilización de la caducidad, máxime cuando, tal como se dejó sentado, la víctima directa, señor Tapia Pimienta, conocía de tales hechos, desde el año 2017, y al tratarse los demás actores, de su núcleo familiar, r especto de quienes se aduce también haber sido afectados por el desplazamiento forzado, es factible inferir que conocían desde aquél momento de los hechos que originan esta demanda.

8 Folio 3 del escrito de demanda.

quienes se aduce también haber sido afectados por el desplazamiento forzado, es factible inferir que conocían desde aquél momento de los hechos que originan esta demanda.

8 Folio 3 del escrito de demanda. 9 Por cuanto no habían adjuntado poder.Radicación N° 23-001-23-33-000-2020-00011-00 Grupo 2. Jefe de núcleo José Luis Morales Mendoza y su grupo familiar. Confirieron poder para presentar demanda –Acción de Grupoel 10 de febrero de 2017 y el 13 de febrero de 2017 (fl 94 -98). En este caso, también operó la caducidad, dado que, los dos años de que trata el artículo 164 del CPACA, transcurrieron hasta el 14 de febrero de 2019, y la demanda se presentó el 20 de enero de 2022.

Grupo 3. Jefe de núcleo María Rosmery Peralta Mattos y su grupo familiar. Confirieron poder para presentar demanda –Acción de Grupoel 23 de marzo de 2017 (fl 120-123). En ese caso, tenían hasta el 24 de marzo de 2019, para demandar, y lo hicieron hasta el 20 de enero de 2022, por fuera del término de ley.

Grupo 4. Jefe de núcleo Vicente Ortiz Peñafiel y su grupo familiar. Confirieron poder para presentar demanda –Acción de Grupoel 10 y el 22 de febrero de 2017 (fl 154-159). En este caso, también operó el fenómeno de la caducidad, pues tenían hasta el 23 de febrero de 2019 para interponer la