TA COR - 23001-33-33-001-2023-00164-01-(31-03-2025)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Dra. María Bernarda Martínez Cruz

Montería, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

APELACIÓN DE SENTENCIA

Medio De Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23-001-33-33-001-2023-00164-01

Demandante: Matilde del Carmen Nisperuza Vergara.

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG y Departamento de

Córdoba Tema: Sanción Moratoria Por No Pago Oportuno De Cesantías Decisión: Adiciona y confirma sentencia de primera instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia emitida el día 16 de octubre de 2024, por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

I. ANTECEDENTES

a) Fundamentos Fácticos

La parte actora laboró como docente en los servicios educativos estatales en el Departamento de Córdoba, por lo que, p resentó solicitud ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FNPSM – Departamento de Córdoba, para reconocimiento y pago de cesantías el día 19 de junio del 2021 , l a cual fue reconocida por la Secretaria de Educación de Córdoba mediante la Resolución No 002429 de 23 de octubre del 2020, y pagada por la entidad correspondiente el día 19 de diciembre del 2020, esto es, por fuera del término de 70 días establecidos en la ley.

Resolución No 002429 de 23 de octubre del 2020, y pagada por la entidad correspondiente el día 19 de diciembre del 2020, esto es, por fuera del término de 70 días establecidos en la ley.

Se señala que el día 01 de septiembre del 202 2 se solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, la cual fue resuelta negativamente a través de l acto, oficio sin número, con fecha 14 de octubre del 2022.

b) Pretensiones

Con la demanda se pretende la nulidad del acto administrativo, Oficio sin número, de fecha 01 de diciembre del 2022, frente a la petición presentada el día 01 de septiembre del 2022, en cuanto negó el derecho a pagar la sanción moratoria por pago tardío de sus cesantías parciales, establecidos en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantías ante la entidad demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

A título de r establecimiento del derecho, pide que se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM) y al Departamento de Córdoba – Secretaría de Educación Departamental, a que le reconozca y pague al demandante la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006 , equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70)

al demandante la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006 , equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.Radicado Nº 23-001-33-33-001-2023-00164-01 2

Asimismo, solicita que se dé cumplimiento al fallo de acuerdo con el artículo 192 y subsiguientes del CPACA, se den los ajustes al valor conforme al IPC, se reconozca el pago de intereses moratorios, y se condene al pago de costas.

c) Contestaciones de la demanda

• Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG1

Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones presentadas; tanto a las declarativas como a las de condena aduciendo que, razón por la cual, aduce que es únicamente responsabilidad del ente territorial remitir a tiempo la información y documentación p ara que la entidad Fiduciaria proceda con el pago dentro del término que le es concedido para hacerlo, situación que no ocurrió en el presente caso, por lo que es necesario que al interior del presente proceso se analice la responsabilidad de esa entidad a nte su acción tardía para informar a la Fiduciaria sobre el reconocimiento de las cesantías al demandante.

Resalta dicha entidad, el acto administrativo de reconocimiento y pago No. 2429 emitida por el secretario de Educación del Departamento del Departamento de Córdoba, frente a la solicitud de pago de cesantías parciales realizada el 26 de julio de 2020, fue emitido fuera del tér mino para

secretario de Educación del Departamento del Departamento de Córdoba, frente a la solicitud de pago de cesantías parciales realizada el 26 de julio de 2020, fue emitido fuera del tér mino para hacerlo, ya que la fecha máxima fenecía el 18 de agosto, pero tan solo hasta el 23 de octubre de 2020 fue emitido. De ahí que se pueda concluir que la entidad territorial ya había excedido el término por más de dos meses para emitir y notificar el acto de concesión.

De lo anterior , ante la falta del cumplimiento del requisito procesal para realizar la respectiva condena en costas, la misma no procede, quien ha actuado en el curso del proceso en buena fe conforme a la jurisprudencia y a los principios constitucionales.

Así las cosas, concluye esta entidad solicitando sean negadas las pretensiones de la accionante y, en consecuencia, esta entidad sea desvinculada del proceso.

• Departamento de Córdoba2

El apoderado del Departamento de Córdoba contesta la demanda y se opone a las declaraciones y condenas solicitadas por la parte demandante, toda vez que no existe responsabilidad del Departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que, no hubo mora o retardo por parte de esta entidad debido que se dio cumplimiento a los plazos previstos en la ley.

Manifiesta esta entidad, que la docente MATILDE DEL CARMEN NISPERUZA VERGARA, bajo radicado 2020-CES-036608 del 19 de agosto de 2020, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales a las que tienen derecho por ser docente adscrito a la Secretaría de Educación Departamental y afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Aduce

cesantías parciales a las que tienen derecho por ser docente adscrito a la Secretaría de Educación Departamental y afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Aduce dicha entidad que mediante Resolución No. 002429 del 23 de octubre de 2020, re conoció y ordenó el pago de las cesantías parciales que había solicitado el demandante. De tal manera, en relación con las pruebas que reposan en el expediente y los hechos aquí plasmados, a l Departamento de Córdoba no le asiste responsabilidad, pues el ac tor está realizando una mala contabilización de los términos, ya que el trámite se realizó dentro de los 70 días hábiles. Por tal razón, esta entidad solicita le exonere de las pretensiones exigidas por la accionante.

De otra parte, si el demandante al momento de ser notificado no estaba de acuerdo con el contenido de la resolución que reconoció sus cesantías, debió interponer recurso por considerar que la fecha de radicación de la documentación no coincidía con la que este presentó al momento de realizar dicha solicitud, sino que guardó silencio.

1 PDF 07contestación del cuaderno primera instancia 2 Pdf.08 contestación cuadernillo primera instanciaRadicado Nº 23-001-33-33-001-2023-00164-01 3

Así las cosas, plantea esta entidad las excepciones de inexistencia del derecho reclamado e inexistencia de la obligación; por lo tanto, al no existir obligación alguna en cabeza de la entidad pública respecto de los derechos rogados por el demandante resultará obvio que él esté solicitando el cumplimiento de una obligación que no se le debe, lo cual hace que sus pretensiones sean infundadas.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

pública respecto de los derechos rogados por el demandante resultará obvio que él esté solicitando el cumplimiento de una obligación que no se le debe, lo cual hace que sus pretensiones sean infundadas.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante sentencia fechada 16 de octubre del 2024 , declar ó la nulidad del oficio sin número, con fecha 14 de diciembre del 2022, expedido por el Secretario de Educación del Departamento de Córdoba a través de l cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, y a título del restablecimiento del derecho, condenó al Departamento de Córdoba al reconocimiento y pago de dicha sanción, advirtiendo que la asignación básica será invariable conforme la regla enunciada en la sentencia de unificación.

A la anterior decisión se llegó luego de encontrarse demostrado que la entidad demandada Departamento de Córdoba, incurrió en la conducta que da lugar a la aplicación de la san ción prevista en la ley , puesto que no expidió el acto administrativo de reconocimiento de cesantías dentro del término otorgado por la disposición normativa aplicable (Ley 1071 de 2006), y además, la Resolución de reconocimiento fue enviada a la Fiduprev isora S.A., extemporáneamente, haciendo entonces que se superara el término de los 70 días que se tiene para ello.

En ese orden, visto que la reclamación de la cesantía fue elevada el 26 de julio del 2020 , los setenta (70) días llegan al 19 de agosto del 2020 ; comenzando a correr la sanción moratoria a

En ese orden, visto que la reclamación de la cesantía fue elevada el 26 de julio del 2020 , los setenta (70) días llegan al 19 de agosto del 2020 ; comenzando a correr la sanción moratoria a partir del día siguiente: 20 de agosto del 2020 , hasta el día antes del pago de las cesantías al actor, es decir, el día 18 de diciembre del 2020, lo que arroja un retardo de 121 días, a los cuales tiene derecho de pago de sanción moratoria.

III. RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte demandante inconforme con lo decidido en primera instancia presentó recurso de apelación manifestando que la inconformidad radica en la interpretación de la Indexación en la condena. Respecto a lo anterior, hace referencia a la sentencia SUJ -SII-012-2018 del H. Consejo de Estado, donde se trató el quinto problema a resolver ajustes de la sanción reclamada, y que, tomando en análisis, de dicha sentencia se desprende que hay lugar a la aplicación del artículo 187 del CPACA respecto a este caso en concreto de ajuste de condena. De lo anterior , solicita sea revocada parcialmente la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se ordene conceder el total de las prestaciones de la demanda , teniendo en cuanta que las sumas reconocidas sean ajustad as tomando como base el índice de precio al consumidor según lo señalado por el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, a partir del día siguiente hábil que cesó la causación de la sanción hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.

IV. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

siguiente hábil que cesó la causación de la sanción hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.

IV. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del día 19 de marzo del 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación ya identificada.

3 Pdf.16 sentencia primera instanciaRadicado Nº 23-001-33-33-001-2023-00164-01 4

5.1. Problema jurídico

Conforme los antecedentes, la sentencia y el argumento del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el problema jurídico consiste en establecer si en el presente asunto procede el ajuste a la condena conforme lo dispuesto en el artículo 187 CPACA. De la respuesta a su formulación, dependerá la confirmación, modificación o revocatoria de la sentencia apelada.

5.2.- Premisa Normativa y jurisprudencial.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a revisar fuentes normativas y jurisprudenciales sobre la indexación y ajuste de valor de condena en la sanción moratoria.

Así, mediante el numeral 4 del artículo 187 del C.P.A.C.A se indica lo siguiente:

ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas

ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. (...) Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor. PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 61 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. E l pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción. En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. (negrillas fuera del texto original) Sobre el particular, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 18 de julio del 2018, precisó respecto a la indexación:

(negrillas fuera del texto original) Sobre el particular, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 18 de julio del 2018, precisó respecto a la indexación: La indexación se constituye en uno de los instrumentos para hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones dinerarias, es decir, aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de una cantidad de moneda determinada entre las que se cuentan, por supuesto, las de índole laboral, en la medida que el fenómeno inflacionario produce una pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda. Esta figura, nace como una respuesta a un fenómeno económico derivado del proceso de depreciación de la moneda, cuya finalidad última es conservar en el tiempo su poder adquisitivo, de manera que, en aplicación de principios como el de equidad y de justicia, de reciprocidad contractual, el de integridad del pago y el de reparación integral del daño, el acreedor de cualquier obligación de ejecución diferida en el tiempo esté protegido contra sus efectos nocivos. Asimismo, es pertinente hacer referencia a la sentencia de 26 de agosto de 2019 emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado2, mediante la cual se da mayor claridad en cuanto a los términos de indexación y ajuste de condena en relación con la sanción moratoria, así: Por consiguiente, en razón a que la indemnización moratoria constituye una penalidad ante el incumplimiento de los plazos previstos en la ley para el reconocimiento y pago de las cesantías, en consecuencia, no está sujeta a una indexación monetaria.Radicado Nº 23-001-33-33-001-2023-00164-01 5

En virtud de lo anterior y en acatamiento del precedente de unificación, en el presente caso no

consecuencia, no está sujeta a una indexación monetaria.Radicado Nº 23-001-33-33-001-2023-00164-01 5

En virtud de lo anterior y en acatamiento del precedente de unificación, en el presente caso no procede la indexación del valor a cancelar por sanción moratoria a la demandante, en los términos solicitados en la demanda. No obstante, es importante precisar la frase consignada en la sentencia de unificación reseñada, cuando indica que “[…] Sin embargo, ello no implica el a juste a valor de la condena eventual, en los términos descritos en el artículo 187 del CPACA .[…]”, porque ha dado lugar a varias interpretaciones entre quienes consideran que 1) sí hay lugar a aplicar el artículo 187 desde que termina de causarse la sanción, 2) quienes señalan que la indexación opera luego de la ejecutoria de la sentencia y 3) aquellos que entienden que en ningún caso hay lugar a la indexación de la sanción moratoria como tal. Por tanto, según el contexto de la sentencia de unificación, aquella quiso precisar que no es posible indexar la sanción moratoria mientras esta se causa, sin que ello sea obstáculo para aplicar el artículo 187 del CPACA por tratarse de una condena al pago de una cantidad líquida de dinero. De lo anterior se colige qu e la interpretación que más se ajusta a la sentencia de unificación es la siguiente: Por lo tanto, a) mientras se causa la sanción moratoria día a día esta no podrá indexarse. b) cuando termina su causación se consolida una suma total, ese valor total sí e s objeto de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora hasta la ejecutoria de la sentencia – art. 187 – y

b) cuando termina su causación se consolida una suma total, ese valor total sí e s objeto de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora hasta la ejecutoria de la sentencia – art. 187 – y c) una vez queda ejecutoriada la condena no procede indexación, sino que se generan los intereses según lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA (se destaca). En virtud de lo anterior, se modificará la orden que al respecto dio el a quo frente a la indexación, en el sentido de que el valor total generado por sanción moratoria se ajustará en su valor tomando como base el índice de precios al co nsumidor conforme lo dispone el art. 187 del CPACA a partir del día siguiente que cesó la causación de la sanción moratoria su causación (…) hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en adelante correrán los intereses consagrados en los artículos 192 y 195 del CPACA. (negrilla fuera del texto original) De lo anterior se concluye que, no es procedente la indexación del valor a pagar por sanción moratoria durante el día a día de su causación, dada la naturaleza de dicha indemnización, sin embargo, el valor total generado sí se ajustará en su valor desde le fecha que cesó dicha mora hasta la ejecutoria de la sentencia.

5.3. Caso Concreto

En la sentencia apelada, el juez de instancia estableció que la parte demandante le asiste el derecho a la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas, transcurridos desde el 30 de septiembre del 2021 al 14 de diciembre del 2021, cuya res ponsabilidad exclusiva se encuentra en cabeza del Departamento de Córdoba. Además de ello negó el ajuste de valor, como los intereses moratorios.

30 de septiembre del 2021 al 14 de diciembre del 2021, cuya res ponsabilidad exclusiva se encuentra en cabeza del Departamento de Córdoba. Además de ello negó el ajuste de valor, como los intereses moratorios.

Sobre la decisión, se presentó recurso de apelación manifestando que la inconformidad radica en la interpretación de la Indexación en la condena. Haciendo referencia a la sentencia SUJ-SII012-2018 del H. Consejo de Estado, donde se trató el problema de ajustes de la sanción reclamada, y que, con fundamento en dicha sentencia concluye que hay lugar a la aplicación del artículo 187 del CPACA respecto al caso en concreto de ajuste de la condena de la sanción moratoria. Por tanto, solicita que las sumas reconocidas sean ajustadas a partir del día siguiente que cesó la causación de la sanción hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, y que en adelante corran los intereses consagrados en los artículos 192 y 195 ibidem.

Sobre el particular, esta Sala considera que hay lugar a ordenar el ajuste de las sumas reconocidas con base en el IPC, a partir del día siguiente que cesó la causación de la sanción moratoria, por ser el día en que se puso a disposición del demandante el valor de sus cesantías, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia y en adelante correrán los intereses consagrados en los artículos 192 y 195 ibidem, en tanto tal como se dejó sentado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, la improcedencia de la indexación recae sobre el reconocimiento de la sanción moratoria por tratarse de una penalidad económica por la negligencia de la entidad en el

18 de julio de 2018, la improcedencia de la indexación recae sobre el reconocimiento de la sanción moratoria por tratarse de una penalidad económica por la negligencia de la entidad en el pago de las cesantías; lo cual no implica, que dicha sanción sea incompatible con el ajuste de valor de la condena eventual en los términos del artículo 187 ibidem. El anterior criterio ha sido reiterado en la sen tencia del 26 de agosto de 2019 citada, donde se sostuvo que si bien noRadicado Nº 23-001-33-33-001-2023-00164-01 6

procede la indexación del capital base de liquidaciónesto es, los salarios tenidos en cuenta para el cálculo de la sanción - ello no impide la actualización de las sumas o valores en los que se condena al pago a las entidades.

De acuerdo con lo anterior, las sumas reconocidas se ajustarán de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A., para lo cual se aplicará:

R = Rh Índice final Índice inicial

El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) valor dejado de pagar (sanción mora) por el resultado que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente en la fecha en que cesó la causación de la sanción mora).

Bajo las anteriores consideraciones, es conveniente adicionar un ordinal a la sentencia proferida en primera instancia, en que la a quo concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, para precisar sobre el respectivo ajuste de la condena.

Bajo las anteriores consideraciones, es conveniente adicionar un ordinal a la sentencia proferida en primera instancia, en que la a quo concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, para precisar sobre el respectivo ajuste de la condena.

Se ordenará que las sumas reconocidas sean ajustadas tomando como base el índice de precios al consumidor de acuerdo con lo estipulado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, a partir del día siguiente que cesó la causación de la sanción moratoria, esto es, el 12 de diciembre de 2020 día en el que se realizó el pago de las cesantías hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en adelante correrán los intereses consagrados en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011

- CPACA.

5.4 Condena en costas

Si bien el recurso de apelación prosperó, y se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia, la Sala no condenará en costas a la parte demandada, en la medida en que no se observan causadas. Esto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los lineamientos previstos en el artículo 365.84 del CGP,

En mérito de lo expuesto, a través de su Sala Cuarta de Decisión, el Tribunal Administrativo de Córdoba administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: Adicionar un ordinal a la sentencia de fecha dieciséis (16 ) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de

Montería, el cual quedará así:

PRIMERO: Adicionar un ordinal a la sentencia de fecha dieciséis (16 ) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, el cual quedará así: “DECIMO: Ordenar que las sumas reconocidas sean ajustadas tomando como base el índice de precios al consumidor según lo señalado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, a partir del día siguiente que cesó la causación de la sanción moratoria, esto es, el 12 de diciembre de 2020 día en el que se realizó el pago de las cesantías hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en adelante correrán los intereses consagrados en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.”

SEGUNDO: Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.

4 En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurs o de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. (…)

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. (…)

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. (…)Radicado Nº 23-001-33-33-001-2023-00164-01

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TERCERO: Sin condena en costas en segunda instancia.

CUARTO: En firme esta providencia, devolver el proceso al juzgado de origen, previas las anotaciones de rigor.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue estudiada, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados, (Firmada electrónicamente)

MARÍA BERNARDA MARTÍNEZ CRUZ

(Firmada electrónicamente) (Firmada electrónicamente)

PEDRO OLIVELLA SOLANO LUZ ELENA PETRO ESPITIA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Córdoba en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Puede validar la autenticidad del documento ingresando en el siguiente link: https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx