TA COR - 23001-33-33-002-2017-00635-01-(28-10-2024)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: Reparación Directa Radicación: 23-001-33-33-002-2017-00635-01

Demandante (s): Ana Isabel Gaviria Mendoza y otros Demandado (s): Departamento de Córdoba Tema: Responsabilidad en accidente de tránsito por falta de señalización en la vía Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia emitida el 15 de mayo de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

1.1 Pretensiones.

La parte demandante solicita que se declare administrativa y patrimonialmente responsable al Departamento de Córdoba por el daño antijuridico causado como consecuencia del accidente de tránsito en el que perdieron la vida los señores Elmer García Gaviria e Isaid Daniel Coneo Ruiz. En consecuencia, se condene a la entidad al pago de una reparación integral por los daños ocasionados, cubriendo los perjuicios materiales y morales, tanto subjetivos como objetivos, presentes y futuros.

En particular, se solicita el pago de 100 salarios mínimos por concepto de perjuicios morales para las madres y hermanos de las víctimas . Que los perjuicios sufridos se reparen

subjetivos como objetivos, presentes y futuros.

En particular, se solicita el pago de 100 salarios mínimos por concepto de perjuicios morales para las madres y hermanos de las víctimas . Que los perjuicios sufridos se reparen integralmente en los términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Que el valor de las condenas sea actualizado conforme al IPC, se dé cumplimient o a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y se condene al pago de costas y agencias en derecho.

1.2 Fundamentos fácticos.

La parte demandante manifiesta que, en la madrugada del 3 de enero de 2015, los jóvenes Elmer García Gaviria e Isaid Daniel Coneo Ruiz se desplazaban en una motocicleta marca Yamaha y, línea YW126, modelo 2013, color verde negro, placa TJA -31C y sufrieron un accidente de tránsito alrededor de las 4:30 a.m.2

Medio de control: Reparación Directa Expediente radicado: 23001333300220170063501

El incidente ocurrió mientras viajaban por la vía que conecta el municipio de Valencia con la ciudad de Montería, a la altura de la curva de entrada al corregimiento de Río Nuevo, dentro de la jurisdicción del municipio de Valencia. En ese punto, perdieron el control, se salieron de la vía y chocaron contra un árbol.

Establece que la curva cerrada se encuentra después de una recta de más de 1.5 kilómetros en dirección de Valencia a Río Sinú y Montería, lo que permite a los conductores alcanzar una velocidad superior a 60 km/h. Debido a la ausencia de señalización preventiva de curva

en dirección de Valencia a Río Sinú y Montería, lo que permite a los conductores alcanzar una velocidad superior a 60 km/h. Debido a la ausencia de señalización preventiva de curva cerrada hacia la derecha, las víctimas fueron sorprendidas por la misma, lo que provocó el accidente.

Afirman que en ese lugar se han registrado varios accidentes de tránsito y, a pesar de ello, no se han tomado medidas correctivas ni se ha instalado las señales de tránsito preventivas de información de la vía y de riesgo de accidente. Además, no contaba con las líneas blancas que delimitan la vía a lo largo de ambos bordes. Tampoco disponía de flechas reflectivas sobre estas líneas, que permiten visualizar los límites laterales de la vía, esenciales para la conducción segura durante el día, la noche y la madrugada en zonas de curvas.

Manifiesta que la entidad demandada es responsable del mantenimiento y conservación de la vía donde se produjo el accidente y que e l riesgo que esta situación generaba era previsible, sin que la entidad no tomara alguna medida preventiva para evitar el accidente que resultó en la muerte de las víctimas , por lo que existió una falla en la prestación del servicio por parte de la demandada, al no mantener la vía en buen estado ni implementar las acciones preventivas necesarias para evitar o mit igar el riesgo previsible que causó el accidente.

1.3 Fundamentos de derecho y normas violadas.

Como fundamentos de derecho se tiene las siguientes disposiciones: los artículos 89 y 90 de la Constitución Política; el numeral 6 del artículo 152, el numeral 6 del artículo 156, y los

accidente.

1.3 Fundamentos de derecho y normas violadas.

Como fundamentos de derecho se tiene las siguientes disposiciones: los artículos 89 y 90 de la Constitución Política; el numeral 6 del artículo 152, el numeral 6 del artículo 156, y los artículos 157, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 192 y 211 del CPACA. Asimismo, se citan como vulnerados los artículos 1613, 1614 y 1615 del Código Civil; el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; los artículos 16 y 19 de la Ley 105 de 1993; y los artículos 107, 110, 112 y 115 del Código Nacional de Tránsito.

1. Contestación de demanda.

2.1 Departamento de Córdoba.

En la contestación de la demanda se opone a las pretensiones y argumen ta que el Departamento de Córdoba no tiene la obligación legal de responder por los daños derivados de la muerte de los señores Isaid Daniel Coneo Ruiz y Elmer García Gaviria, en la medida que considera no hubo falla en el servicio, como lo afirman los demandantes, ya que la colisión que causó la muerte de las víctimas fue resultado de la imprudencia del conductor, quien perdió el control, se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Ademá s, sostiene que ambos se encontraban en estado de embriaguez e indica que en el momento de la inspección técnica del lugar de los hechos, no se encontró ningún documento del vehículo, y señala que la escena había sido alterada.3

Medio de control: Reparación Directa Expediente radicado: 23001333300220170063501

y señala que la escena había sido alterada.3

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La apoderada también menciona que en el sitio del accidente había dos señales de tránsito: una que indicaba una velocidad máxima de 30 km/h y otra, ubicada cerca de la curva y de tamaño adecuado, con la advertencia de “No adelantar”. Además, la vía estaba pavimentada y demarcada con una línea amarilla continua.

Concluye que el accidente fue consecuencia de la conducta del conductor, y no de un mal estado de la vía ni de una falta de señalización o iluminación. Por lo tanto, considera que no se configura responsabilidad a cargo del estado, ya que el accidente fue causado por la ejecución de una actividad peligrosa en la que los involucrados no actuaron con la suficiente diligencia.

Plantea las siguientes excepciones: “no está demostrada la falla del servicio”, “culpa exclusiva de la víctima” y “exoneración de responsabilidad: inexistencia de la obligación de indemnizar”.

1. La sentencia apelada.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería emitió sentencia de primera instancia el 15 de mayo del 2020 accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda y consideró que en caso se presentó concurrencia de culpas. Por tanto, ordenó lo siguiente:

“PRIMERO.- DECLÁRASE al DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, administrativa y patrimonialmente responsable de la muerte de los señores ELMER GARCÍA GAVIRIA y ISAID DANIEL CONEO RUIZ, ocurrida el día 3 de enero de 2015, en la

patrimonialmente responsable de la muerte de los señores ELMER GARCÍA GAVIRIA y ISAID DANIEL CONEO RUIZ, ocurrida el día 3 de enero de 2015, en la forma y proporción expuesta en la parte motiva.

SEGUNDO.- CONDÉNESE al DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, a pagar las

siguientes sumas de dinero:

Por daño moral, las sumas de dinero que se determinan a continuación, todas ellas expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V.):

Para IRENE ISABEL RUIZ DURANGO, la suma equivalente a 50 SMMLV Para ANA ISABEL GAVIRIA MENDOZA, la suma equivalente a 50 SMMLV Para MAIRA LUZ RUIZ DURANGO, la suma equivalente a 25 SMMLV Para ALEXANDRA RUIZ DURANGO, la suma equivalente a 25 SMMLV Para FERNANDO GARCÍA GAVIRIA, la suma equivalente a 25 SMMLV Para JESSICA GARCÍA GAVIRIA, la suma equivalente a 25 SMMLV

TERCERO.- DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.”

Lo anteri or, fundado en que la responsabilidad del mantenimiento de la vía entre los municipios de Valencia y Montería recae sobre el Departamento de Córdoba conforme al Plan Vial Departamental, lo que implica que la entidad debe garantizar la seguridad de la vía, incluyendo la instalación de señalización adecuada. Además, según el Código Nacional de Tránsito las autoridades de tránsito deben asegurar la seguridad de los usuarios y contar con señales reglamentarias, preventivas e informativas para advertir sobre posibles riesgos.4

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de Tránsito las autoridades de tránsito deben asegurar la seguridad de los usuarios y contar con señales reglamentarias, preventivas e informativas para advertir sobre posibles riesgos.4

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Determinó que de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso es clara la existencia de una falla del servicio, representada en la ausencia absoluta de señalización que pusiera en advertencia a los transeúntes de la existencia próxima de una curva en la vía que del Municipio de Valencia conduce al Municipio de Montería, la cual se encuentra después de una recta de 1.5 kilómetros y que carecía para el momento del accidente de las señalizaciones verticales y horizontales que advirtieran a conductores de la proximidad de la curva, a la altura de la entrada del Corregimiento Río Nuevo, que fue el lugar del accidente. Aunado a ello, el día del accidente el clima contenía bastan te neblina, lo cual impidió determinar si el trayecto continuaba recto, o si se aproximaba una curva cerrada, dado que no existían señales horizontales (líneas amarillas y blancas) ni verticales (la señal de curva cerrada a la derecha), con lo cual se estima que la entidad responsable de la vía en mención, esto es, el Departamento de Córdoba, desconoció el principio de señalización.

No obstante, advirtió que también se acreditó que la producción del hecho dañoso se debió a una imprudencia del conductor de la motocicleta, al conducir en estado de embriaguez, alta velocidad y sin portar elementos de seguridad que fijan el reglamento para los pasajeros

a una imprudencia del conductor de la motocicleta, al conducir en estado de embriaguez, alta velocidad y sin portar elementos de seguridad que fijan el reglamento para los pasajeros de moto. En ese sentido, encontró que de acuerdo con el resultado del informe pericial de toxicología forense , elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los señores Elmer García Gaviria e Isaid Daniel Coneo se les detectó etanol en sangre y la interpretación de los resultados de acuerdo con la Resolución 000414 de 27 de agosto de 2002, l leva a que se encontraban en tercer y primer grado de embriaguez respectivamente. Además, indicó que l a prueba testimonial aportada el proceso, no esclareció quien iba conduciendo la moto, desconociendo con exactitud dicho hecho.

Por lo tanto, dado que en la producción del hecho dañoso también intervino la imprudencia del conductor de la moto y de su acompañante, quien decidió acompañarlo a sabiendas de su precario estado de juicio, encontró procedente aplicar concurrencia de culpas tanto de la administración como de las víctimas, concluyendo que la responsabilidad era compartida, lo que tuvo efectos al momento de fijar los per juicios morales reconocidos en la parte resolutiva de acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de Estado, reducidos en un 50%.

1. El recurso de apelación.

La parte dema ndada recurre manifestando que se encuentra en desacuerdo con la sentencia de primera instancia y solicita que se revoque en su totalidad.

Alega que en el dictamen traído con la demanda señala que existen dos señales de tránsito verticales que indican que la velocidad máxima es de 30 km y la señal número 2 indica

Alega que en el dictamen traído con la demanda señala que existen dos señales de tránsito verticales que indican que la velocidad máxima es de 30 km y la señal número 2 indica prohibido el sobre paso. Por lo que considera que, si existiendo una línea blanca antes de la curva que demarca la vía y otra que indica la velocidad máxima, si el conductor acata la velocidad y sigue la línea blanca lo más probable es que al momento de tomar la curva no hubiese tenido el desenlace fatal, situación que se generó única y exclusivamente por su alto estado de embriaguez, velocidad y al no tomar las precauciones de todo conductor en una vía que se encuentra en neblina y por obvias razones oscuras.

A su juicio, si bien la prueba pericial hace referencia a las demás señales que deben existir en la vía, no es posible asegurar que esto fue lo que generó el accidente, teniendo en cuenta que el croquis ni siquiera muestra en sus observaciones lo que oca sionó el accidente ,5

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pudiéndose dar por alta velocidad, micro sueño. Además, no existe ningún testigo del hecho, siendo todos de oídas.

Por otra parte, considera que no existe un nexo causal entre el daño reclamado y con la actuación u omisión de la entidad, como quiera que éste se generó por la alta velocidad y estado de embriaguez de las víctimas, hechos que fueron probados en el proceso , por lo que no resulta procedente responder pecuniariamente como lo ordenó el juez de primera instancia. A su juicio, no existió falla de la entidad y está probado en el expediente que se

que no resulta procedente responder pecuniariamente como lo ordenó el juez de primera instancia. A su juicio, no existió falla de la entidad y está probado en el expediente que se desconoció el cuidado que se debe tener en el ejercicio de la actividad riesgosa, la neblina de la noche, violado el aviso de no sobrepasar y no exceder la velocidad de 30 km, constituyendo culpa exclusiva de la víctima y no compartida como lo consideró el A quo.

1. El trámite en segunda instancia

Mediante auto de 10 de diciembre de 2021 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Posteriormente, a través de auto de 15 de febrero de 2022 se corrió traslado para alegar, de tal derecho hizo uso la parte demandante solicitando que se confirme la sentencia de primera instancia.

Por su parte, la demandada y el Agente del Ministerio Público guard aron silencio en esta oportunidad.

II. Consideraciones del Tribunal a) La competencia.

El Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de una sentencia proferida en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto. b) Problema jurídico.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de la parte recurrente, corresponde a este Tribunal determinar: - Si están probados los elementos de la falla en el servicio con relación al daño

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de la parte recurrente, corresponde a este Tribunal determinar: - Si están probados los elementos de la falla en el servicio con relación al daño cuya reparación pretenden los demandantes , como consecuencia de l fallecimiento de los jóvenes Isaid Daniel Coneo Ruiz y Elmer García Gaviria en un accidente de tránsito que se atribuye a la falta de señalización de la vía pública. - Si en el presente caso se configuró la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima o, por el contrario, se presenta una concurrencia de culpas como lo determinó el A quo. En ese orden, se procederá a analizar los siguientes aspectos: i) De la responsabilidad del Estado en eventos de accidentes de tránsito por falta de señalización en la vía ; ii) De la6

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concurrencia de culpas; iii) De la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima. Seguidamente se analizará el caso concreto.

1. De la responsabilidad del Estado en eventos de accidentes de tránsito por falta de señalización en la vía.

El artículo 90 de la Constitución Política consigna que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Dicha norma consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial pública conforme a la cual la jurisprudencia ha decantado los elementos estructurales de la responsabilidad estatal, como son el daño antijurídico y la imputación a la entidad pública.

patrimonial pública conforme a la cual la jurisprudencia ha decantado los elementos estructurales de la responsabilidad estatal, como son el daño antijurídico y la imputación a la entidad pública.

Ahora bien, en los eventos en que el daño antijurídico que se alega es producto de un accidente de tránsito, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado1:

“En atención a lo anterior, la Sección Tercera ha desarrollado un marco jurisprudencial del análisis de responsabilidad del Estado en eventos de accidentes de tránsito por falta de señalización en la vía. Ha sostenido que el Estado está obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial, de manera que d eberá responder en los siguientes eventos: i) cuando conozca las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el desprendimiento de materiales de las montañas aledañas a las carreteras y, sin embargo, no adopte las medidas necesarias par a evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes de tránsito y ii) cuando incurra en omisión de sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial, responsabilidad que acarreará mayor exigencia si se demuestra que los daños u obstáculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiera efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación nor mal en la vía, evento en el cual se deberán evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, valoración que será más

remoción, reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación nor mal en la vía, evento en el cual se deberán evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, valoración que será más estricta si se llega a demostrar que el hecho anormal que presentaba la vía fue puesto en conocimiento de la accionada y que ésta omitió el cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad2.”

Por otra parte, recientemente la misma Corporación señaló:

“Ahora bien, para que la atribución administrativa de indemnizar el daño ocasionado por un accidente de tránsito sea procedente, además de demostrarse la falla del servicio –la cual no es objeto de presunción – “es preciso determinar si la desatención o atención deficiente de los deberes legales en que incurrió la administración tuvo relevancia jurídica en el curso causal del daño, pues todos los eventos que producen un resultado lesivo no puede considerarse su causa, [ya que] únicamente se configura como tal aquella que de acuerdo con la experiencia sea adecuada para producirlo”. En consecuencia, la demostración de la inexistencia de señalización por sí sola no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse

1 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A Consejera ponente: María Adriana Marín Bogotá, D.C., veintiuno (21)

de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 23001-23-31-000-2007-00453-03 (48254)

2 Criterio reiterado por la Subsección en Sentencia de 21 de septiembre de 2016, Exp. 42492.7

Medio de control: Reparación Directa Expediente radicado: 23001333300220170063501

un daño, pues se requiere la acreditación del nexo causal entre éste y la acción u omisión en que la administración pudo incurrir en el manejo de la malla vial, incluido lo atinente a la señalización de la ejecución de una obra.”3 Conforme a lo anterior, en casos de accidente de tránsito en los cuales se alegue la responsabilidad del Estado por falta de señalización en la vía o mantenimiento, el análisis del caso parte del régimen de responsabilidad subjetiva o de fal la en el servicio bajo cuya óptica, la parte demandante deberá probar la omisión en la señalización y mantenimiento de la vía, así como el nexo de causalidad entre ésta y el daño.

1. De la concurrencia de culpas.

Respecto a la concurrencia de culpas, la Sección Tercera Subsección A ha reiterado:

“(…) Esta Sección ha reiterado que “para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del

trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”. (…) en materia contencioso administrativa, para la determinación de la responsabilidad de la parte demandada, reviste especial importancia el análisis de facto y jurídico del comportamiento de la víctima en la producción de los hechos, con miras a establecer -de conformidad con el grado, importancia, eficacia, previsibilidad, irresistibilidad, entre otros aspectos de esa conducta - si hay lugar a la exoneración del ente acusado –hecho exclusivo de la víctima - o a la disminución del quantum de la indemnización en el evento en que se presente la concurrencia de culpas.”4

De lo anterior, se tiene que en los casos donde existe participación de la víctima en la causación del daño y ello no dé lugar a la exoneración de la responsabilidad patrimonial de la entidad pública, es necesario que en la sentencia se destaque la actitud asumida por aquella, a fin de determinar la relevancia de su actuación y el porcentaj e de participación en el daño causado, el cual debe descontarse del valor de la indemnización de perjuicios a que hubiere lugar. En ese sentido, la participación de la víctima debe ser cierta y eficaz en la producción del daño, a efectos de que pueda concl uirse que parte de los perjuicios causados no deben ser asumidos por el Estado.

1. De la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.

Respecto de la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, el Consejo

causados no deben ser asumidos por el Estado.

1. De la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.

Respecto de la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, el Consejo de Estado ha precisado que para que esta prospere se requiere determinar si el proceder de la víctima activo u omisivo tuvo o no injerencia en la producción del daño, así como que la conducta desplegada sea la causa y raíz determinante del daño. Así, ha establecido una serie de supuestos para encuadrar dicha causal como son: “i) Se concreta por la experiencia de la víctima en el manejo de objetos, o en el despliegue de actividades.

3 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C Consejera ponente: María Adriana Marín Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) Radicación número: 76001-23-31-000-2008-00412-01 (63429) 4 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A Consejera ponente: María Adriana Marín Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 18001-23-31-000-2010-00396-01 (56.876)8

Medio de control: Reparación Directa Expediente radicado: 23001333300220170063501

1. La ausencia de valoración del riesgo por parte de las víctimas puede constituir una conducta negligente relevante.

1. Puede constituirse en culpa de la víctima el ejercicio por los ciudadanos de “labores que no les corresponden”.

1. La ausencia de valoración del riesgo por parte de las víctimas puede constituir una conducta negligente relevante.

1. Puede constituirse en culpa de la víctima el ejercicio por los ciudadanos de “labores que no les corresponden”.

1. El actuar de la víctima debe contribuir decisivamente al resultado final.

1. Para que la conducta de la víctima exonere de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la administración. En los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad.

1. La violación por parte de la víctima de las obligaciones a las cuales está sujeta en calidad de administrada, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño cuando ésta es exclusiva. Esto no sólo opera por virtud del consenti miento de un acto ilícito, sino al despliegue de una conducta que es violatoria de las obligaciones a las que está llamado a cumplir (v.gr., en la conducción de vehículos a la velocidad ordenada, a la distancia de seguridad, a la realización de maniobras n o autorizadas, al respeto de la señalización, etc.).

1. No se configura como eximente cuando no hay ni conocimiento de un elemento o actividad que entraña peligro, ni hay imprudencia de la víctima.

1. Debe demostrarse además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatenci ón a

directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatenci ón a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

1. Se deben acreditar los elementos objetivos de la conducta gravemente culposa de la víctima.

1. Que la víctima por sus propios hechos y actuaciones se puso en condiciones de soportar el daño.”5

c) Caso concreto.

En el presente caso, el daño que se persigue se sustenta en el hecho de la muerte de los jóvenes Isaid Daniel Coneo Ruiz y Elmer García Gaviria quienes fallecieron a causa de un accidente de tránsito.

Al respecto, se encuentra acreditado que el 03 de enero del 2015 siendo las 4:30 am, los jóvenes Isaid Daniel Coneo Ruiz y Elmer García Gaviria fallecieron producto de un accidente de tránsito mientras conducían una motocicleta, ocurrido en la vía que del municipio de Valencia que conduce a la ciudad de Montería, a la altura de la Ye, corregimiento de Río Nuevo, jurisdicción del Municipio de Valencia. Hecho que se demuestra con los registros civiles de defunción, Informe de Accidente de Tránsito No. 012, las inspecciones técnicas y protocolos de necropsia realizada a los cadáveres.

5 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C Consejera ponente: María Adriana Marín Bogotá, D.C., veintitrés

(23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) Radicación número: 76001-23-31-000-2008-00412-01 (63429)9

Medio de control: Reparación Directa Expediente radicado: 23001333300220170063501

Por tanto, al no existir discusión entre las partes sobre la ocurrencia del daño reclamado procederá la Sala a relacionar los hechos relevantes probados a fin de dar respuesta a los problemas jurídicos relacionados con la acreditación de la falla del servicio y la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.

Hechos relevantes probados: - Mediante oficio de Fecha 25 de agosto de 2016 suscrito por el secretario de infraestructura de la Gobernación de Córdoba, se informa que de acuerdo con el Plan Vial Departamental de Córdoba 2009 -2018, el responsable de la vía Los Morales -Rio NuevoValencia (Valencia-Rio Sinú) es el Departamento de Córdoba.

Asimismo, en el documento correspondiente al Plan Vial Departamental de Córdoba 2009-2018, se consignó que dicho tramo corresponde a una vía secundaria a cargo del dicho ente territorial.

• De acuerdo con el informe de accidente de tránsito No. 012 suscrito por el Agente Yasmit Samir Negrete Castilla las víctimas se transportaban en una motocicleta en la vía que del municipio de Valencia conduce a la ciudad de Montería, a la altura de Ye corregimiento de Rio Nuevo, donde fallecieron al salirse de la carretera y chocar contra un árbol. Se indica en dicho informe: “Quienes al parecer se encontraban en estado de embriaguez. No se les encontró ningún tipo de documento de la

Ye corregimiento de Rio Nuevo, donde fallecieron al salirse de la carretera y chocar contra un árbol. Se indica en dicho informe: “Quienes al parecer se encontraban en estado de embriaguez. No se les encontró ningún tipo de documento de la motocicleta”.

• De acuerdo con el croquis realizado por el agente José Alfredo Flórez de la