TA COR - 23001-33-33-002-2021-00376-02-(26-04-2024)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, veintiséis (26) de abril del año dos mil veinticuatro (2024)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación 23001333300220210037602

Demandante AMALIA EDUBIGE GARCÍA SIERRA

Demandado NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG Y

MUNICIPIO DE SAHAGÚN Tipo de providencia SENTENCIA

Tema SANCIÓN MORATORIA LEY 50 DE 1990

Decisión CONFIRMA

I. ASUNTO

Procede el Tribunal a desatar el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia dictada en audiencia inicial de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veinti dós (2022), proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería1.

II. LA DEMANDA

2.1. Hechos

2.1.1. Aduce la parte actora que funge como docente nacionalizado y se vinculó en vigencia de la Ley 91 de 1989. Actualmente se encuentra al servicio de la Secretaría de Educación del municipio de Sahagún, afiliada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2.1.2. Manifiesta que la consignación del auxilio de cesantías y los intereses a las mismas correspondientes al año 2020, se hicieron por fuera de los términos legales, por ende, se le

2.1.2. Manifiesta que la consignación del auxilio de cesantías y los intereses a las mismas correspondientes al año 2020, se hicieron por fuera de los términos legales, por ende, se le debe pagar la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual equivale a un día de salario por cada día de retardo, contados a partir del 15 de febrero de 2021 hasta el día en que fue realizado el pago y, desde el 1 de enero de 2021 hasta el día en que fueron consignados, respectivamente.

2.1.3. Expone que el día 12 de julio de 2021, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y sus intereses a Fiduprevisora S.A. – Fomag bajo radicado 20211012 164882. La petición fue resuelta negativamente mediante Oficio No. 20210172224951 del 2 de septiembre de 2021, expedido por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.

1La presente sentencia se profiere alterando el orden de los expedientes que se encuentra para fallo, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 115 de las Leyes 446 de 1998 y 1395 de 2010, toda vez que el tema debatido ha sido decantado por esta Corporación.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro Apelación de sentencia

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2.2. Pretensiones

Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro Apelación de sentencia

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2.2. Pretensiones

2.2.1. Que se declare la nulidad del acto administrativo Oficio No. 20210172224951 del 2 de septiembre de 2021, a través del cual se niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías y los intereses a las mismas del año 2020.

2.2.2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y a la Secretaría de Educación del municipio de Sahagún reconocer y pagar la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual equivale a un día de salario por cada día de retardo contados desde el 15 de febrero de 2021 hasta el día en que se realizó el pago de las cesantías correspondi entes a la vigencia 2020.

2.2.3. Condenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y a la Secretaría de Educación del municipio de Sahagún a reconocer y pagar la sanción moratoria mencionada, desde el 1 de enero de 2021 hasta el día en que fueron consignados los intereses a las cesantías, junto con la indexación a que haya lugar.

2.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

La parte actora estima vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 15 de la Ley 91 de

haya lugar.

2.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

La parte actora estima vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 15 de la Ley 91 de 1989, artículo 99 de la Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 , Ley 244 de 1995, Ley 1071 de 2006 y Acuerdo 39 de 1998.

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veinti dós (2022), se resolvió negar las pretensiones de la demanda. El a quo se refirió a la Ley 91 de 1989, Decreto 196 de 1995, Ley 812 de 2003, Ley 6 de 1945, Decreto 1160 de 1947, Decreto 3118 de 1968, Ley 344 de 1996, Ley 50 de 1990, Decreto 1582 de 1998, sentencia de la Corte Constitucional SU – 098 de 2018 y sentencia del Consejo de Estado del 24 de enero de 2019, dentro del radicado interno 4854-14, entre otros.

Adujo que, conforme el sustento normativo y jurisprudencial, los docentes afiliados al Fomag no disponen de una cuenta individual en la que le sean pagadas las prestaciones, sino que, de manera global, los recursos son girados del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Educación y de dicho ministerio al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de cubrir los gastos en materia de derechos laborales de los docentes.

En concordancia con lo anterior, manifestó que los recursos a favor del fondo son apropiados de manera anual y global para la totalidad de los docentes afiliados al Fomag

Magisterio con el fin de cubrir los gastos en materia de derechos laborales de los docentes.

En concordancia con lo anterior, manifestó que los recursos a favor del fondo son apropiados de manera anual y global para la totalidad de los docentes afiliados al Fomag mediante traslados mensuales conforme al programa anual de caja. Así, no existen pagos a favor de un docente específico, sino del pasivo de todas las secretarías de educación con miras a cubrir la totalidad de las prestaciones del personal docente a su cargo.

De este modo, ante la inexistencia de cuentas individuales, lo que resta es verificar si existió algún retardo en el giro de esos recursos que conlleve a concluir que el dinero no estuvoMedio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro Apelación de sentencia

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CO-SC5780-99 disponible para la fecha límite que establece la norma, es decir, 15 de febrero de la siguiente anualidad lo que se resolvió de manera negativa teniendo en cuenta que el cronograma de pagos se surte de manera puntual mediante la transferencia global de los recursos por parte del Ministerio de Educación al Fomag.

Puso de presente que, los recursos del fondo provienen del Sistema General de Participaciones para educación, los cuales son girados anualmente para la prestación de servicio. De igual forma, resaltó que los valores que gira el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Ministerio de Educación son girados bajo el concepto de unidad de caja en el cual se traslada la totalidad del recurso para el pago del servicio docente y no mediante

Público al Ministerio de Educación son girados bajo el concepto de unidad de caja en el cual se traslada la totalidad del recurso para el pago del servicio docente y no mediante consignaciones a cuentas individuales. De este modo, para que el docente reciba materialmente el dinero por concepto de cesantías que tenga disponible, deberá adelantar un trámite independiente por intermedio de Fiduprevisora S.A. en el cual deberá demostrar la ocurrencia de los presupuestos que permitan retirar el dinero de su ahorro en cesantías, es decir, la financiación de la educación propia y de un dependiente, compra o reparación de vivienda etc., y una vez encontrado procedente lo pedido Fiduprevisora realizará una liquidación parcial de las cesantías y a realizar el pag o que tenga disponible o que haya solicitado.

Por consiguiente, si siempre existen recursos en la cuenta especial Fomag, es imposible operativamente que haya una consignación extemporánea del auxilio de cesantías, pues el dinero está disponible en la cuenta especial del fondo y lo que sucede antes del 15 de febrero de cada año no es la consignación sino la liquidación de la prestación a favor de cada docente. Así, para que opere la sanción moratoria pretendida, la parte actora debía probar que, para el 15 de febrero de la vigencia reclamada (sic), no s e hicieron los giros o transferencias de recursos que le permitieran disponer del dinero que por concepto de cesantías obraba a su favor en el fondo.

En cuanto al reconocimiento de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías dijo que, se advierte improcedente dado que , la liquidación y pago de dichos intereses se previeron en norma especial, es decir, Ley 91 de 1989. Y, mediante el Acuerdo

cesantías dijo que, se advierte improcedente dado que , la liquidación y pago de dichos intereses se previeron en norma especial, es decir, Ley 91 de 1989. Y, mediante el Acuerdo No. 039 de 1998, se previó el reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías de los docentes afiliados al FOMAG . Finalmente, adujo que la parte demandante no asumió la carga de la prueba que le correspondía, pues, debía allegar el respectivo certificado en que se hiciera constar la fecha en que el fondo efectuó el pago a su favor por concepto de intereses a las cesantías, documento que estaba a su alcance conforme lo informado por la Fiduprevisora en al acto acusado.

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN

Mediante memorial allegado el día primero (1) de diciembre del año dos mil veint idós (2022)2, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

El recurrente alega que el día 9 de mayo de 2022, dentro del expediente con radicación número 08001233300020170079501, el Consejo de Estado acogió la tesis de la Corte Constitucional de la sentencia 0 41 de febrero de 2018, donde se empleó el principio de favorabilidad al régimen docente anualizado para darle aplicabilidad al artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2 Ver archivos 35 CorreoArsSusteREcursoApel.pdf y 36 SustentacionRecurso.pdf del expediente digital.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

Demandante: Amalia Edubige García Sierra

Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro Apelación de sentencia

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Manifiesta que en el caso de marras ante la ausencia de prueba que acredite que se consignaron las cesantías y los intereses a las mismas dentro de los términos de ley, debe aplicarse el principio in dubio pro operario donde la duda debe favorecer a la demandante.

Solicita se haga uso de la facultad ultra y extra petita, aplicar el principio de favorabilidad y tener en cuenta como marco normativo la Ley 50 de 1990, Ley 52 de 1975, Ley 344 de 1996 y sentencia 098 de 2018 de la Corte Constitucional.

Arguye que el a quo no tuvo en cuenta que en este proceso ejerce una investidura meramente laboralista y no tuvo en consideración los principios de favorabilidad, in dubio pro operario, la carga de la prueba cuando el administrado no tenga acceso a ella y el convenio 98 de la OIT. Reitera su solicitud de aplicar el principio de in dubio pro operario ante cualquier duda de carácter probatorio en cuanto a la consignación de las cesantías y los intereses a las mismas.

Trae a colación los artículos 1, 3, 4 y 15 de la Ley 91 de 1989 . Señala los regímenes de liquidación de cesantías que existen en el sector docente y hace transcripción de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: César Palomino Cortés del 28 de octubre de 2019, dentro del proceso

sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: César Palomino Cortés del 28 de octubre de 2019, dentro del proceso con número de radicación: 70001-23-33-000-2015-00245-01(1163-17).

Seguidamente alude que el régimen anualizado de liquidación de cesantías consagrado en la Ley 50 de 1990, se hizo extensivo para los servidores públicos que se vincularan a partir de su vigencia y que la Corte Constitucional a través de la sentencia SU-41 del 6 de febrero de 2020, estableció que, en aplicación del principio de favorabilidad es viable aplicar a los docentes la disposición mencionada.

Aunado solicita la aplicación de la sanción mora deprecada tanto para el año 2020 como para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2021, por cuanto ésta petición no se puede consagrar desde una óptica meramente administrativa, pues, lo que se busca es el resarci miento de unas acreencias laborales, por ende, se debe acudir a los principios extra y ultra petita en aras de que el eventual fallo sea congruente con la realidad, acogiendo también el principio de economía procesal, dado que, para el reclamo de los demás años se generaría otra serie de demandas con un objeto jurídico que ya está zanjado en esta discusión. Además, expone que la Ley 344 de 1996 solo excluyó a las fuerzas armadas y a la policía, por tanto, al no prohibirse la carrera docente se debe dar aplicabilidad al artículo 99 de la Ley 50 de 199.

Reitera que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han considerado que,

prohibirse la carrera docente se debe dar aplicabilidad al artículo 99 de la Ley 50 de 199.

Reitera que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han considerado que, en virtud del principio de favorabilidad es viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990 en materia de sanción moratoria por la consi gnación extemporánea de las cesantías anuales, de manera que, para éstos el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación también debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.

Pone de presente que, al aplicarse el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, dicha normatividad debe aplicarse en su totalidad incluyendo los plazos estipulados en la norma. En ese sentido, independientemente de que el Ministerio de Educación y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tengan sus acuerdos internos, no es menos cierto que en ninguna etapa procesal se probó que la actora tuviera conocimiento sobre dichos acuerdos.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro Apelación de sentencia

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Para concluir, solicita se revoque la sentencia recurrida y se acceda a las pretensiones de la demanda.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue admitido mediante auto de

la demanda.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue admitido mediante auto de fecha 1 de abril del 2024, sin que previo a ingresar al despacho para fallo las partes y el Ministerio Público intervinieran en esta instancia.

VI. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

6.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

6.2. Problema jurídico

Determinar si la parte actora, en calidad de docente afiliada al Fomag, tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por falta o inoportuna consignación de sus cesantías del año 2020. De igual manera, establecer si tiene derecho a la indemnización por pago tardío de los intereses de cesantías señalada en la Ley 52 de 1975.

Para resolver el asunto se deberán analizar los siguientes aspectos: i) Marco normativo y, ii) Caso concreto.

6.2.1. Marco normativo

Este Tribunal había adoptado la tesis consistente en que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG no tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como tampoco a la indemnización por pago tardío de los intereses de cesantías

reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como tampoco a la indemnización por pago tardío de los intereses de cesantías señalada en la Ley 52 de 19753.

Dicho criterio ha sido acogido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, a través de sentencia de unificación SUJ-032-CE-S220234, providencia en la cual se adopta la siguiente regla jurisprudencial:

“156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consig nación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento.

3 Ver sentencia del 30 de junio de 2023, ponente Dr: Eduardo Javier Torralvo Negrete. Expediente 23001333300320220012201. Sentencia del 25 de agosto de 2023, M.P. Nadia Patricia Benítez Vega. Expediente 23001333300320220019401. 4 Consejero Ponente Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro Apelación de sentencia

Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

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157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el reconocimiento de intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no ex istiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del empleador.

158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del siste ma general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la

no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del siste ma general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la sentencia SU098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU573 de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpretación aquí definida.

Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y razonado de los sistemas administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir que el primero resulta incompatible con la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las cesantías”. -Subrayado de la SalaEn relación con el reconocimiento de la indemnización prevista en la Ley 52 de 1975, por el pago tardío de los intereses sobre las cesantías en la providencia de unificación citada se expone: “183. Sobre la sanción en mención y su extensión al sector público, el Consejo

el pago tardío de los intereses sobre las cesantías en la providencia de unificación citada se expone: “183. Sobre la sanción en mención y su extensión al sector público, el Consejo de Estado sostuvo que «[...] por expreso mandato del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, solo son beneficiarios los trabajadores a quienes se apliquen las normas del Código Sustantivo de Trabajo relacionadas con el auxilio de cesantías » … “188. En esas condiciones, es razonable concluir que a los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho al reconocimiento de la indemnización estipulada en la Ley 52 de 1975 por el pago tardío de los intereses a las cesantías”.

Con base en la postura de unificación descrita se resolverá la alzada, pues al tenor expreso del resolutivo cuarto5, el fallo tiene aplicación inmediata respecto de todos los procesos que se encuentren en curso. Lo anterior, con el fin de garantizar los principios de igualdad y equidad.

5 “Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación, de manera que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro

Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro Apelación de sentencia

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CO-SC5780-99 6.2.2. Solución del caso

La parte demandante pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y sus intereses establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el art. 1° de la Ley 52 de 1075, con ese fin elevó reclamación admini strativa el 12 de julio de 2021.

A través del Oficio No. 2021 0172224951 del 2 de septiembre de 2021, expedido por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A, se deniega lo pedido con el argumento de que la liquidación y pago de intereses a las cesantías se encuentra regulado por la Ley 91 de 1989 y desarrollado su trámite por el Acuerdo 39 de 1998, disposiciones vigentes aplicables a los afiliados al Fomag, por lo tanto, no existe fundamento legal para acceder a lo solicitado.

En este caso, se advierte y no es motivo de discusión que la parte actora ostenta la calidad de docente afiliado al Fomag, sobre el particular basta leer el escrito introductorio y el acto enjuiciado. En consecuencia, la parte demandante no tiene derecho a la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 debido a la incompatibilidad con el sistema de liquidación anualizada de cesantía que administra el Fomag. Tampoco le asiste el derecho

en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 debido a la incompatibilidad con el sistema de liquidación anualizada de cesantía que administra el Fomag. Tampoco le asiste el derecho al reconocimiento de la indemnización que consagra la Ley 52 de 1975 por el pago tardío de los intereses a las cesantías, pues, la misma no está prevista por la Ley 91 de 1989.

Ahora, aún en gracia de discusión de la aplicabilidad de la sanción por pago tardío de los intereses, lo cierto es que en el caso de marras se advierte que dicha prerrogativa económica correspondiente al año 2020 fue pagada el día 31 de marzo de 2021, segú n lo manifestó la parte actora en el escrito de demanda 6, esto es dentro del plazo que rige en forma especial para el Fomag.

Se reitera, la sentencia de unificación SUJ -032-CE-S2-2023 del once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023), constituye precedente de carácter obligatorio y de aplicación inmediata, de manera que, las reglas fijadas en ella se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial a través de acciones ordinarias, salvo los eventos en que haya operado la «cosa juzgada»7.

Finalmente, la Colegiatura se abstendrá de pronunciarse respecto a la sanción mora deprecada para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2021, toda vez que, la parte demandante no elevó en sede administrativa ni con el escrito de demanda dicha petición. La reclamación laboral fue formulada en vía judicial al momento de presentar el recurso de apelación, tal y como se observa a continuación:

laboral fue formulada en vía judicial al momento de presentar el recurso de apelación, tal y como se observa a continuación:

6 Ver folio 4 del archivo 01 Demanda.pdf del expediente digital. 7 En el artículo quinto de la sentencia de unificación se lee: “(…) Quinto: Precisar que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.”Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro Apelación de sentencia

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AGOTAMIENTO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA8:

PRETENSIONES DE LA DEMANA9:

8 Ver folio 14 del archivo 01 Demanda.pdf del expediente digital. 9 Ver folio 2 del archivo 01 Demanda.pdf del expediente digital.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro Apelación de sentencia

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Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro Apelación de sentencia

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PETICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN10:

Frente al particular el Consejo de Estado ha dicho11:

“(…) La Sala reitera que en virtud de los principios de lealtad procesal, contradicción y de defensa y la congruencia que debe existir entre el recurso, la sentencia censurada, el concepto de violación de la demanda y los argumentos expuestos en la contestación de la misma, imponen que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación hechos, cargos y presentar pretensiones nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la contestación, Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso.”

-Negrilla y subrayado de la SalaBajo las consideraciones brevemente consignadas, lo procedente es confirmar la decisión de primera instancia, en virtud de la cual el a quo negó las pretensiones de la demanda.

6.3. Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18812 de la Ley 1437 de 2011 -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 -, en concordancia con los lineamientos previstos en el artículo 365 del C.G.P., en el sub-lite no hay lugar a imponer condena en costas en segunda

artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 -, en concordancia con los lineamientos previstos en el artículo 365 del C.G.P., en el sub-lite no hay lugar a imponer condena en costas en segunda instancia, toda vez que la demanda no carece de manera evidente de fundamento jurídico.

VII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Córdoba, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

10 Ver folio 18 del archivo 36 SustentacionRecurso.pdf del expediente digital. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 7 de diciembre de 2017, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, número de radicado: 08001233100020090112201. 12 Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: <En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.>Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300220210037602

Demandante: Amalia Edubige García Sierra Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro Apelación de sentencia

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CO-SC5780-99

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR l