TA COR - 23001-33-33-004-2017-00311-01-(18-11-2024)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300420170031101

Demandante: Wilmer Ramon De la Ossa Vega Demandado: Departamento de Córdoba Tema(s): Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

Funciones de Contador Publico

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ada contra la sentencia proferida el día 13 de julio de 2015, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de Montería.

I. ANTECEDENTES

a) La demanda.1

El demandante pretende que se emitan las siguientes declaraciones y condenas:

Que se declare la nulidad del Oficio nro. 01739 de septiembre 30 de 2013, mediante el cual se negó la existencia de una relación laboral e ntre Wilmer De la Ossa Vega y el Departamento de Córdoba.

A título de restablecimiento del derecho, pide se declare la existencia de una relación laboral entre las partes y, en consecuencia, se ordene al Departamento de Córdoba a reconocer y pagar prestaciones sociales tales como: cesantías, intereses de la cesantías, prima de servicios, prima de navidad, indemnización por no gozar de las vacaciones, indemnización por la cotización de la pensión, riesgos profesionales y salud, subsidio de transporte, auxilio

pagar prestaciones sociales tales como: cesantías, intereses de la cesantías, prima de servicios, prima de navidad, indemnización por no gozar de las vacaciones, indemnización por la cotización de la pensión, riesgos profesionales y salud, subsidio de transporte, auxilio de alimentación y sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.

Asimismo, pide que se le reconozcan los salarios dejados de cancelar durante los periodos en que no tuvo vínculo contractual, pero seguía laborando.

Finalmente, solicitó que las sumas reconocidas sean indexadas y que se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

Como fundamentos fácticos relevantes, se afirmó en la demanda que:

El demandante laboró al servicio del Departamento de Córdoba , desempeñando las funciones de apoyo como contador público para brindar soporte al almacén general de la entidad, y al mismo tiempo en el proceso de ejecución de compras.

Las funciones las realizó en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. bajo subordinación y en virtud de tres contratos de prestación de servicios suscritos por las partes entre el 30 de marzo de 2009 a 15 de noviembre de 2009, de 22 de enero de 2010 a 21 de noviembre de 2010 y de 3 de febrero a 18 de noviembre de 2011.

El día 9 de septiembre de 2013 , el accionante presentó solicitud al Departamento de Córdoba para que reconociera la existencia de la relación laboral y se efectuara la cancelación de las prestaciones sociales adeudadas. En respuesta, la petición fue resuelta

Córdoba para que reconociera la existencia de la relación laboral y se efectuara la cancelación de las prestaciones sociales adeudadas. En respuesta, la petición fue resuelta

1 Fol. 1 al 14, expediente físico hoy digitalizado.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro.23001333300420170031101 2

desfavorablemente por el accionado mediante Oficio nro. 01739 del 30 de septiembre de 2013.

Como normas violadas, la parte actora en su demanda señaló las siguientes: artículos 13, 23, 53 y demás concordantes con la Constitución Política, Decreto 3135 de 1968, Decreto 1848 de la ley 1969, Ley 100 de 1993, Ley 446 de 1998, Ley 244 de 1955, convenios 87, 98, 1000 y 111 de la OIT.

Como concepto de la violación, se señaló que el acto enjuiciado, por medio del cual se negó la solicitud de re conocimiento y pago de las prestaciones sociales a favor del solicitante desconoció las mencionadas normas y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, pues, en su criterio, el ejercicio de las actividades como contador público para brindar soporte a dicha entidad y al mismo tiempo al proceso de ejecución de compras, encubría una ve rdadera relación laboral, puesto que su labor se ejecutó de manera continua, permanente, subordinada y remunerada. Así, porque el servicio lo prestó de manera personal y se prolongó con el cumplimiento de un horario que iba de lunes a viernes de 8:00 a 12: 00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m. De este modo le asiste el derecho de

de manera personal y se prolongó con el cumplimiento de un horario que iba de lunes a viernes de 8:00 a 12: 00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m. De este modo le asiste el derecho de obtener todas las prestaciones y demás pagos laborales derivados del vínculo laboral que existió con el Departamento de Córdoba.

b) Contestación de la demanda.2

El Departamento de Córdoba , por intermedio de su apoderado se opuso a las pretensiones del demandante , argumentando que la relación existente fue regida por un contrato de prestación de servicios el cual no da lugar a los reclamos de la demanda . Además, aduce que no se puede equiparar los cargos de los empleados del departamento con un contrato de prestación de servicios que previamente fue pactado con obligaciones y honorarios.

En esta misma línea, presentó excepciones de fondo, teniendo en cuenta el principio de buena fe para soportar la exoneración de la sanción moratoria . Asimismo, mencionó la inexistencia de la sanción moratoria en el entendido de que en este caso se discute el vínculo laboral.

Finalmente, adujo que en los contratos de prestación de servicios no existe en una relación laboral, motivo por el cual es suficiente para que queden excluidas las prestaciones sociales y demás emolumentos que son propios de aquella.

c) La sentencia apelada3.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de Montería profirió sentencia de primera instancia el día 13 de julio de 2015, en la cual decidió:

PRIMERO: Declárese no probadas las excepciones denominadas “existencia de contratos

profirió sentencia de primera instancia el día 13 de julio de 2015, en la cual decidió:

PRIMERO: Declárese no probadas las excepciones denominadas “existencia de contratos de prestación de servicios de carácter estatal”, “buena fe excenta de culpa” (sic), “inexistencia de sanción moratoria”, “falta de fundamento jurídico y factico para pedir”, “inexistencia de la obligación” y de la “prescripción”, conforme con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declárase la nulidad del oficio No. 01739 de septiembre 30 de 2013, suscrito por el Gobernador, del Departamento de Córdoba, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales solicitadas por el demandante TERCERO: Como restablecimiento del derecho , se condena al departamento de Córdoba a reconocer y pagar al señor Wilmer de la Ossa Vega a título de reparación del daño, el valor equivalente a las prestaciones sociales que percibían los demás empleados de planta de la entidad demandada que desempeñan funciones similares en dicho ente, por los periodos comprendidos entre el día treinta y uno (31) de marzo de 2009 al (30) de diciembre de 2009, del veintidós (22) de enero del 2010 al veintidós (22) de noviembre de 2010, y del (9) de febrero de 2011 al veintinueve (29) de noviembre de 2011, tomando como base para

2 Fol. 97 a 106, expediente físico hoy digitalizadol. 3 Fol. 162 a 172, expediente físico hoy digitalizado.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro.23001333300420170031101 3

3 Fol. 162 a 172, expediente físico hoy digitalizado.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro.23001333300420170031101 3

la liquidación el valor cancelado en los contratos de prestación de servicios, de conformidad con la motivación CUARTO: Concédase al Departamento de Córdoba a pagar al actor los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los fondos respectivos, durante el periodo comprendido entre el día treinta y uno (31) de marzo de 2009 al treinta (30) de diciembre de 2009, del veintidós (22) de enero de 2010 al veintidós (22) de noviembre de 2010, y del nueve (9) de febrero de 2011 al veintinueve (29) de noviembre de 2011, en el porcentaje que le correspondía; o en sus defecto, en caso de no haber realizado el actor la respectiva cotización, la entidad efectuara las cotizaciones a que haya lugar, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia, aclarando que en todo caso el tiempo efectivamente laborado se computara para efectos pensionales.

QUINTO: Las sumas resultantes de esta condena se actualizarán en la forma con se indica en esta providencia, aplicando para ello la siguiente fórmula: R= RH Índice inicial Índice final En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (RH), que corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente.

a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente.

SEXTO: A la sentencia se le dará cumplimiento según lo previsto en los artículos 192, 194y 195 del CPACA.

SEPTIM0: Condénese en costas al Departamento de Córdoba, conforme lo estable ce el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por secretaría del despacho realícese la liquidación de conformidad con lo estipulado en el artículo 366 del Código General del Proceso; fíjense como agencias en derecho el 3% del valor resultante de las pretensiones concedidas al demandante en esta sentencia, conforme lo establecido en el acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.

OCTAVO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: En firme la presente providencia, archívese el expediente, previa anotación en los libros radicadores v en el Sistema Justicia Siglo XXI.

En sustento de lo decidido el A quo trae diversos precedentes jurisprudenciales de la Sección Segunda del Consejo de Estado respecto de la primacía de la realidad sobre las formas donde se promulgan condiciones indispensables para acreditar la existencia de una relación laboral, las cuáles obedece a que se cumpla con los tres requisitos que determinan una relación laboral.

Encontró probado la existencia de tres contratos de prestación de servicio el primero desde el 31 de marzo de 2009 al 30 de diciembre de 2009, el segundo desde el 22 de enero de

una relación laboral.

Encontró probado la existencia de tres contratos de prestación de servicio el primero desde el 31 de marzo de 2009 al 30 de diciembre de 2009, el segundo desde el 22 de enero de 2010 al 2 de noviembre de 2010, y el tercero del 9 de febrero de 2011 al 29 de noviembre de 2011, por lo que infirió acreditados los elementos de prestación personal del servicio y la remuneración del mismo.

En cuanto a la subordinación y dependencia, consideró que el demandante tuvo una dedicación temporal prolongada al repetirse los contrataos de prestación de servicios para el mismo fin, y para prestar un servicio requerido de manera permanente y constante en la entidad accionada como Contador Público para brindar soporte al almacén general del Departamento de Córdoba; lo que permite inferir que a pesar de haber sido vinculado por contrato de prestación de servicios, en la mayor parte del tiempo laborado, desempeñó una actividad de carácter estable relacionada con la prestación del servicio de la entidad.

Resaltó que el demandante estaba sujeto a las directrices y órdenes impartidas por los respectivos Jefe de Almacén, Jefe de Personal y Secretario de Gestión Administrativa del departamento de Córdoba, quienes le asignaban funciones y tareas a realizar.

Encontró desvirtuada tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio , como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios, y probados los elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración y la subordinación y dependencia en desarrollo de la actividad.

Advirtió que el Departamento de Córdoba utilizó equivocadamente la figura contractual para

probados los elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración y la subordinación y dependencia en desarrollo de la actividad.

Advirtió que el Departamento de Córdoba utilizó equivocadamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que, se configura en este casoMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro.23001333300420170031101 4

el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 y 53 de la Carta Política, en tanto el demandante prestó sus servicios en la entidad demandada de manera subordinada en las mismas condiciones que los demás empleados públicos de las mismas calidades al interior de esa entidad.

Concluyó, que de las prueb as relacionadas se colige que las labores desarrolladas por el demandante en el Almacén General del Departamento de Córdoba se cumplían bajo los presupuestos propios de la relación laboral, como son la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y dependencia, y una remuneración como contraprestación de la labor desempeñada, razón por la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

d) Recursos de apelación4

Inconformes con la sentencia de primera instancia, las partes presentaron recurso de apelación. La entidad demandada solicita se revoque la sentencia y en su lugar se absuelva al Departamento de Córdoba de todas las pretensiones de la demanda.

Argumenta que, el demandante fue contratado a través de contrato de prestación de servicios, por un lapso de tiempo determinado y en el mismo se señalaba que esta clase de vinculación no generaría prestaciones sociales; sost uvo que la subordinación no se

Argumenta que, el demandante fue contratado a través de contrato de prestación de servicios, por un lapso de tiempo determinado y en el mismo se señalaba que esta clase de vinculación no generaría prestaciones sociales; sost uvo que la subordinación no se demostró ya que no fueron citados a rendir testimonio el Jefe de Personal y el secretario de Gestión Administrativa de la época

Finalmente, sostiene que el último contrato de prestación de servicios expiró el 29 de noviembre de 201 1, y la solicitud de pago de las prestaciones sociales se hizo el 9 de septiembre de 2013. Por ende, cualquier derecho que eventualmente pudiera surgir de los contratos del 10 de septiembre de 2010, hacia atrás se encuentra prescritos.

Por su parte el demandante, solicita revocar la sentencia apelada en el sentido de reconocer las prestaciones sociales sin solución de continuidad y no como lo efectuó el despacho; además que se reconozcan los salarios dejados de percibir por el demandante en los periodos mientras se les suscribían nuevamente los contratos y que continuaba laborando.

e) El trámite en segunda instancia

Los recursos de apelación interpuestos por ambas partes se admitieron por auto de 13 de noviembre de 20155. Por auto de 14 de septiembre de 2017 se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y vencidos estos al Ministerio Público para rendir concepto6.

En esta etapa procesal intervino el demandante7, quien reiteró los argumentos del recurso de apelación.

Por su parte el Ministerio Público conceptuó que se debe confirmar la sentencia apelada, ya que se configuran los tres elementos necesarios para declarar la existencia de una

de apelación.

Por su parte el Ministerio Público conceptuó que se debe confirmar la sentencia apelada, ya que se configuran los tres elementos necesarios para declarar la existencia de una relación laboral entre el demandante y la entidad demandada, pues se encuentra probada la intensión de la administración de emplear de manera permanente los servicios del demandante como contador público en el área de almacén.

En cuanto a los argumentos del demandante concernientes al recono cimiento de las prestaciones sociales desde el 30 de marzo de 2009 hasta el 30 de noviembre de 2011 y los salarios dejados de cancelar por el ente territorial mientras legalizaba la contratación del demandante, considera que estuvo bien denegado por el A q uo, comoquiera que hubo interrupciones entre la celebración de los contratos que no permiten el reconocimiento de tiempos que no están debidamente soportados como laborados.

4 Fol. 176 a 178 y 179 a 183 expediente físico hoy digitalizado. 5 Fol. 14, cuaderno 2, expediente físico, hoy digitalizado. 6 Fol. 6, cuaderno 3 expediente físico hoy digitalizado. 7 Fol. 9 a 12 del cuaderno 2. Exp. físico.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro.23001333300420170031101 5

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

a) La competencia

Este Tribunal es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia dictada en el actual proceso, según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

Del mismo modo , se advierte que no se observa causa l de nulidad alguna que pueda

de primera instancia dictada en el actual proceso, según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

Del mismo modo , se advierte que no se observa causa l de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico

Para resolver el asunto sometido a consideración judicial, conforme a las competencias del Juez de segunda instancia, previstas en los artículos 3208 y 3289 del CGP10, deberá la Sala establecer si en el sub lite no se probó la subordinación debido a que no fueron citados a rendir testimonio el Jefe de Personal ni el secretario de Gestión Administrativa de la época. Definida esa cuestión, se revisará si se deben reconocer salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar durante la época en que el actor no estuvo vinculado mediante contrato de prestación de servicios, pero aun así seguía laborando.

c) Marco normativo y jurisprudencial

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a revisar fuentes normativas y jurisprudenciales sobre los presupuestos de la relación laboral y el principio de supremacía de la realidad sobre las formas en materia laboral.

Presupuestos de la relación laboral y el principio de supremacía de la realidad sobre las formalidades.

La Corte Constitucional, en sentencia C -154 de 199711, estableció las diferencias entre el contrato de carácter laboral y el de prestación de servicios. Al respecto, la Corte en la aludida sentencia, advirtió que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestre la subordinación o dependencia res pecto del empleador; evento en el cual surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en

aludida sentencia, advirtió que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestre la subordinación o dependencia res pecto del empleador; evento en el cual surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Constitución.

8 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. 9 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia. 10 Normas aplicables por la remisión normativa establecida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. 11 M.P. Hernando Herrera Vergara.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro.23001333300420170031101 6

En este mismo orden, el Consejo de Estado en sentencia del 8 de octubre de 2020 estableció varios conceptos referentes a los contratos de prestación de servicios, en este caso acotan la prohibición que tienen las entidades públicas para celebrar contratos de este tipo el cual vulneran los derechos y garantías que goza el trabajador, situación en la que existiría una desconfiguración del mismo cuando se cumplen los tres elementos esenciales de un contrato de trabajo, la corte expresamente de la siguiente manera12:

La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los

concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando s e comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en apli cación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la constitución política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En síntesis, lo que promulgó esta alta corte es que en virtud del cumplimiento de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo y la comprobación por parte del trabajador que las funciones son inherentes a la entidad, se declara la existencia de la relación laboral y el reconocimiento de los derechos económicos laborales que le corresponden, bajo el criterio de que en realidad existe una relación laboral. Igualmente, los presupuestos de la relación laboral han sido estudiados de forma reiterada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debido a que el aludido artículo 53

criterio de que en realidad existe una relación laboral. Igualmente, los presupuestos de la relación laboral han sido estudiados de forma reiterada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debido a que el aludido artículo 53 Constitucional preceptúa que los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales son irrenunciables y debe primar la realidad sobre las formalidades fijadas por los propios sujetos de la relación laboral.

Es así, como el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, estableció varios criterios de decisión acerca de los pre supuestos que permiten revelar que, tras un contrato de prestación de servicios, se encubre una relación laboral ; concretamente, sobre la subordinación, precisó esa Alta Corte que13:

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y e l modo de prestación del servicio.

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación -que aquí se consolida - ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas,

se destacan las siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que

indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones te cnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

12 Expediente 2014-90305 M.P. Carmelo Perdomo Cueter 13 Expediente 1317-2016. M.P. Rafael Francisco Suárez VargasMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro.23001333300420170031101 7

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o

en función del objeto contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desa rrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código