TA COR - 23001-33-33-004-2024-00395-01-(14-11-2024)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: MARIA BERNANDA MARTINEZ CRUZ.

Montería, catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

SENTENCIA ACCION DE TUTELA

Acción TUTELA Radicado 2300133330420240039501 Accionante Stella Maris Herrera Pérez Accionado (s) ARL positiva, Colpensiones, Coosalud E.P.S. Decisión Confirma sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir sobre la impugnación interpuesta por la parte accion adaColpensiones, contra el fallo de tutela de fecha cuatro (04) de octubre del dos mil veinticuatro (2024) , proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, mediante el cual se ampararon los derechos invocados como vulnerados.

I. ANTECEDENTES

a) Hechos

De conformidad con el escrito de tutela y la presentación de la subsanación requerida, los hechos se sintetizan así:

Se señala que la accionante está afiliada al Régimen contributivo de la E.P.S Coosalud, al fondo de pensiones Colpensiones y usuaria de la ARL positiva.

Se logra determinar que el día 25 de mayo de 2023 la accionante solicitó a Coosalud E.P.S la práctica de un dictamen para la determinación del origen y/o perdida de su capacidad laboral, con el fin de establecer el origen de las patologías que padece. El 27 de junio de

la práctica de un dictamen para la determinación del origen y/o perdida de su capacidad laboral, con el fin de establecer el origen de las patologías que padece. El 27 de junio de 2023, se recibió los resultados en el dictamen N° 202306270093, en el cual se diagnosticó a la accionante con G441 CEFALEA VASCULAR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE y M797 FIBROMIALGIA, como de origen común, y F412 TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION como de origen laboral.

Que, en fecha de 28 de junio de 2023, la parte actora r emitió un correo electrónico a Coosalud E.P.S, ARL Positiva y a Colpensiones, bajo el asunto: “Apelación CC50.921.974

DIAGNOSTICO: CEFALEA”, donde manifiesta adjuntar copia de apelación remitida a la Junta Regional De Invalidez Bolívar para el trámite correspondiente.

Posteriormente, el 30 de junio de 2023, la actora reenvío correo electrónico a Coosalud E.P.S, con el asunto: “Apelación CC50.921.974 DIAGNOSTICO: CEFALEA” , donde Adjunta copia del recurso de reposición en subsidi o de apelación “ (diagnostico G441 CEFALEA VASCULAR de acuerdo a Neurología G433 MIGRAÑA COMPLICADA)” en el cual expreso su inconformidad con el dictamen N° 202306270093 . En respuesta, el día 4 de julio de 2023, Coosalud E.P.S informó que se había recibido la controversia interpuesta por la accionante, precisando que aguardaban los pronunciamientos de las partes

de julio de 2023, Coosalud E.P.S informó que se había recibido la controversia interpuesta por la accionante, precisando que aguardaban los pronunciamientos de las partes (Colpensiones y la ARL Positiva), dentro del término correspondiente, así como el pago deImpugnación Acción de Tutela Radicado N° 2300133330042020039501 2

los honorarios por parte de la ARL, para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez pudiera dirimir la controversia y emitir el dictamen de calificación de origen en segunda instancia.

Que el 31 de agosto del 2023, Coosalud E.P.S envío oficio a la ARL Positiva solicitando el pago de honorarios de la junta Regional de Calificación de Invalidez para el diagnóstico F412 TRANSTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION de origen laboral , y a Colpensiones solicitando el pago de honorarios de la junta Regional de Calificación de Invalidez para el diagnóstico G441 CEFALEA VASCULAR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE y M797 FIBROMIALGIA de origen Común.

El día 21 de junio de 2024, la ARL Positiva emitió dictamen N° 2797442, respecto del diagnóstico F412 TRANSTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION, concluyendo pérdida de capacidad laboral de 18.1%, cuyo dictamen fue notificado el día 24 de junio de

2024. Además de ello, el día 25 de junio de 2024, dicha entidad envío oficio a la accionada informando el envío del expediente ba jo radicado SAL2024 01 005 308017 de fecha de

2024. Además de ello, el día 25 de junio de 2024, dicha entidad envío oficio a la accionada informando el envío del expediente ba jo radicado SAL2024 01 005 308017 de fecha de 22 de junio de 2024 a la Junta De Calificación De Invalidez De Bolívar, y el pago de los honorarios bajo ID330.000.081.286, Numero de OP 8503289327, fecha de pago

08/07/2024.

El 11 de septiembre de 2024, Co lpensiones emite respuesta bajo radicado N°. BZ2024_17649841-2416551, en la cual señala que deduce que el pago de los honorarios será asumido por la ARL Positiva conforme lo informó en el radicado 2024_15204013, toda vez que esta entidad negó el pago por ser una calificación de origen mixto.

Manifiesta la accionante que ha venido realizando mediante derecho de petición solicitud a Colpensiones, ARL Positiva y E.P.S Coosalud para que acepten realizar el pago de los honorarios de la Junta Regional de Califi cación de Invalidez respecto del diagnóstico de G441 CEFALEA VASCULAR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE, dictaminado de origen común por Coosalud E.P.S en primera instancia , y hasta el momento no aceptan realizar el mismo, mientras su salud se ha venido deteriorando con otras comorbilidades que aún no han sido calificadas de forma integral y que la EPS y la ARL se han negado a hacerlo hasta que la presente controversia se resuelva, pero ninguno de ellos quiere asumir el pago de los honorarios a la Junta Regional Calificación de Invalidez.

b) Pretensión

hacerlo hasta que la presente controversia se resuelva, pero ninguno de ellos quiere asumir el pago de los honorarios a la Junta Regional Calificación de Invalidez.

b) Pretensión La parte accionante solicitó que se le tutele el derecho fundamental a la salud, vida digna y seguridad social, y, en consecuencia, se determine a que entidad accionada le corresponde realizar el pago de los honorarios a la Junta Regional de Invalidez por la controversia en la calificación del origen de la enfermedad.

c) Derechos invocados como violados Según el acciónate se vulneró sus derechos a la salud, vida digna y seguridad social.

d) Fundamentos de derecho Como sustento jurídico de las pretensiones, el accionante fundament ó su solicitud en el artículo 86 de la constitución política, artículos 17, articulo 2.2.5.1.16 de la ley 100 de 1993, articulo 16 y articulo 23 de la ley 1122 de 2007, articulo 53 y 121 de la ley 1438 de 2011, articulo 10 decreto 1757 del 3 de agosto de 1994, decreto 1616 de 1995, Resolución 1446 de 8 el mayo de 2006, artículo 3 del decreto 1011 del 3 de abril de 2006.Impugnación Acción de Tutela Radicado N° 2300133330042020039501 3

Estando en curso el trámite en primera instancia, la parte accionante presento memorial el día 20 de septiembre de 2024, donde aporta los diferentes correos enviados a las accionadas solicitado se realizará el pago de los honorarios de la junta regional de calificación de invalides.

e) Contestación

• Colpensiones

día 20 de septiembre de 2024, donde aporta los diferentes correos enviados a las accionadas solicitado se realizará el pago de los honorarios de la junta regional de calificación de invalides.

e) Contestación

• Colpensiones La accionada Colpensiones envía escrito de contestación el día 25 de septiembre de 2024, indicando que, la acción de tutela no es el mecanismo pertinente e idóneo para el reconocimiento de los derechos invocados.

Sostiene que, una vez revisada su base de datos se evidencia que la entidad promotora de Salud, Coosalud E.P.S, mediante radicado 2023_10684827 del 30 de junio de 2023, envió dictamen No 202306270093 de 27 de junio de 2023, donde se determinó el origen de los siguientes diagnósticos: ❖ Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión (F412) – Enfermedad Laboral. ❖ Fibromialgia (M797) Enfermedad Común. ❖ Cefalea Vascular, No Clasificada En Otra Parte (G441) Enfermedad Común. Se adiciona que, respecto del dictamen emitido, la parte accionada manifestó su inconformidad. Informa además que, con el propósito de dar una respuesta de fondo a la solicitud presentada, se procedió a tramitarla ante el área competente, la cual comunicó que el valor serí a asumido por la ARL Positiva, de acuerdo con lo indicado por la misma ARL en el radicado No. 2024_15204013, dado que Colpensiones negó el pago al considerar que la calificación correspondía a un origen mixto. Esta decisión fue notificada a la

ARL en el radicado No. 2024_15204013, dado que Colpensiones negó el pago al considerar que la calificación correspondía a un origen mixto. Esta decisión fue notificada a la accionante mediante oficio No. SAL-2024 01 005 309080 del 23 de julio de 2024 por parte de la ARL Positiva, advirtiendo asimismo que los documentos pertinentes a su caso fueron remitidos a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar el 22 de julio de 2024, con el fin de obtener una calificación en relación con la pérdida de capacidad laboral derivada del accidente sufrido.

En virtud de lo anterior, considera la parte accionada que no se encuentra incursa en una vulneración de derechos fundamentales, razó n por la cual solicita se declare su desvinculación en el presente trámite constitucional. Que, decidir de fondo las pretensiones del accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, y excede las competencias del jue z constitucional, en la medida que no se probó la vulneración de un derecho constitucional, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger un derecho alguno.

Argumenta que si bien, la razón de la tutela radica en la vulneración de los derechos fundamentales como consecuencia de una acción u omisión imputable, no es pos ible jurídica y materialmente atribuir a Colpensiones dicha responsabilidad cuando el interesado pretende acudir a esta instancia judicial sin haberlo hecho antes a la entidad competente. Lo anterior en razón que la entidad accionada no tiene petición o tr amite pendiente por resolver a favor de la accionada. Indica que la acción de tutela debe ser declarada improcedente ante la consagración del

Lo anterior en razón que la entidad accionada no tiene petición o tr amite pendiente por resolver a favor de la accionada. Indica que la acción de tutela debe ser declarada improcedente ante la consagración del patrimonio público como un derecho colectivo, y ante el carácter subsidiario de la acción de tutela., alegando que el actor pretende desnaturalizar la acción de tutela intentando que, porImpugnación Acción de Tutela Radicado N° 2300133330042020039501 4

medio de un proceso caracterizado por la inmediatez y subsidiaridad , sean reconocidos derechos que deben ser de conocimiento del juez ordinario competente, a través de los mecanismos legales establecidos para ello. Por último, señala que existe f alta de legitimación en la causa pues en el marco de su competencia, Colpensiones solamente puede asumir asuntos relativos a la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en materia pensional. Por lo anteriormente expuesto, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, solicita que, en el fallo de tutela se disponga la desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

- ARL POSITIVA.

Manifiesta que, validando los presupuestos facticos y jurídicos de la tutela, confrontado con el sistema de información de la compañía, se evidencia que la accionante se reporta como activa en dicho ente, desde el 5 de noviembre de 2021 hasta la fecha, bajo cotización dependiente del banco Coomeva S.A – NIT 900406150; periodo en el cual se reportó evento tipo Enfermedad Laboral registrado en Siniestro No 453146282 de fecha de 27 de junio de 2023, con los siguientes diagnósticos: Diagnóstico de origen laboral: F412 TRANSTORNO

tipo Enfermedad Laboral registrado en Siniestro No 453146282 de fecha de 27 de junio de 2023, con los siguientes diagnósticos: Diagnóstico de origen laboral: F412 TRANSTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION y Diagnóstico de origen común: M797

FIBROMIALGIA - G441 CEFALEA VASCULAR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE.

Sostiene que, para la determinación del origen, la primera calificación fue realizada por Coosalud EPS, mediante el dictamen No 202306270093 de fecha 27 de junio de 2023, quedando en firme el 19 de septiembre de 2023, sin que se presentaran objeciones. Así mismo, mediante dictamen No 2797442 de fecha 21 de junio de 2024, la ARL Positiva otorgó una pérdida de capacidad laboral del 18,10%, notificada a través del radicado SAL-2024 01 005 261187. Dicho dictamen fue controvertido por la accionante el 26 de junio de 2024, por lo que el caso fue remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, generándose el pago de honorarios y el envío del expediente mediante el radicado SAL2024 01 005 308017 de fecha 22 de julio de 2024. Afirma que, la accionante fue notificada bajo radicado de salida SAL2024 01 005 309080 de fecha de 23 de julio de 2024 , del envío del expediente realizado por parte de ARL a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar. Además, estando en trámite la acción de tutela, la ARL Positiva remite a través de radicado SAL – 2024 01 005 418359 de fecha

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar. Además, estando en trámite la acción de tutela, la ARL Positiva remite a través de radicado SAL – 2024 01 005 418359 de fecha 25 de septiembre de 2024, a la accionante un oficio mediante el cual le informa el pago de honorarios realizando por dicha ARL. Considera que no se evidencia vulneración de derechos fundamentales , por ende, se configura la carencia actual del objeto, adicionalmente, manifiesta que dicha administradora no está legitimidad en la causa por pasiva. Por último, solicita que se declare improcedente la presente acción de tutela en razón a los postulados constitucionales y del material probatorio allegado, y se proceda declarar la Desvinculación y no vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.

f) Sentencia de primera instancia El Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, mediante providencia de fecha 4 de octubre de 2024, procedió a tutelar los derechos a la salud, vida digna y seguridad social de la señora Stella Maris Herrera Pérez. En consecuencia, ordenó a la Administradora Colo mbiana de Pensiones – Colpensiones que, en un término improrrogable de 48 horas, realice el “pago de los honorarios correspondientes a la Junta Nacional de Calificación” (sic) en relación con la enfermedad denominada “6441 Cefalea Vascular, no clasificada en otra parte” que padece la señora Stella Maris Herrera Pérez.Impugnación Acción de Tutela Radicado N° 2300133330042020039501 5

La providencia indica que, una vez analizado el material probatorio, se constató que la ARL

Radicado N° 2300133330042020039501 5

La providencia indica que, una vez analizado el material probatorio, se constató que la ARL Positiva remitió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar el expediente de la demandante, así como el pago de honorarios, con el fin de resolver una controversia sobre la "pérdida de capacidad laboral". La entidad determinó una pérdida de capacidad laboral del 18,10%, conforme al dictamen No 2797442 del 21 de junio de 2024, vinculado al dictamen previo No 202306270093 del 27 de junio de 2023, que adquirió firmeza el 21 de septiembre de 2023. El diagnóstico en cuestión es “ Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión” (código F41.2), el cual fue controvertido por la demandante el 26 de junio de 2024 y cuyo origen fue determinado como laboral. Asimismo, la decisión judicial sostiene que la solicitud de la accionante versa sobre el pago de honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar (sic), para que esta resuelva la controversia en cuanto a la calificación del origen de la enfermedad denominada “6441 Cefalea Vascular, no clasificada en otra parte”, inicialmente determinada por Coosalud como de origen común. En este caso, Colpensiones, como fondo de pensiones al cual se encuentra afiliada la accionante, es la entidad responsable. Finalmente, se ordena desvincular del trámite a la ARL Positiva y a Coosalud EPS, al no haberse verificado vulneración de los derechos de la accionante por parte de dichas entidades. g) Impugnación

Finalmente, se ordena desvincular del trámite a la ARL Positiva y a Coosalud EPS, al no haberse verificado vulneración de los derechos de la accionante por parte de dichas entidades. g) Impugnación Inconforme con la decisión de primera instancia , la parte accionada - Colpensiones presenta escrito de impugnación indicando que una vez revisada la base de datos , la entidad promotora de salud, Coosalud EPS, a través de radicado 2023 10684827 del 30 de junio del 2023, notifica ante Colpensiones la emisión del dictamen No 202306270093 del 27 de junio del 2023 mediante el cual se determinó el origen de los siguientes diagnósticos: Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión (F412) — Enfermedad Laboral - Fibromialgia (M797) — Enfermedad Común y Cefalea Vascular, No Clasificada En Otra Parte (G441) — Enfermedad Común. Sostiene que, posterior a la notificación del dictamen la parte actora manifiesta inconformidad frente al diagnóstico allegado, por ende, esta entidad procedió a indagar con el área correspondiente, quienes indicaron que, de acuerdo con la información emitida por la ARL, dedujeron que el valor será asumido por dicha entidad, toda vez que, Colpensiones se negó a hacer el pago por ser una calificación de origen mixta.

Argumenta que, según lo establecido por el artículo 4 del Decreto 1352 de 2013, las juntas de calificación de invalidez son entidades autónomas e independientes, con personería jurídica, por tal razón Colpensiones no tiene injerencia es sus decisiones. Asimismo, Indica

de calificación de invalidez son entidades autónomas e independientes, con personería jurídica, por tal razón Colpensiones no tiene injerencia es sus decisiones. Asimismo, Indica que, de conformidad con el artículo 1 de la ley 1562 de 2012, y el pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante Sentencia – 140 de 2016, Colpensiones no es la entidad competente para pagar los honorarios reclamados por la accionante, ya que corresponde a una manifestación de inconformidad en contra de un dictamen de origen laboral.

Manifiesta que, Colpensiones no está legitimado en la causa por pasiva, para atender lo solicitado por la accionante en el presente tramite de tutela, teniendo en cuenta que dicha entidad no es la competente.

Finalmente, considera que, decidir de fondo las pretensiones de la accionante y acceder a las mismas, excede las competencias del juez constitucional y resta autonomía al juez ordinario, en la medida que no se pro bó la vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno. Siguiendo esa línea, alega que la tutela debe ser declara improcedente, en defensa del patrimonio público como derecho colectivo, y ante el carácter subsidiario de la acción de tutela.Impugnación Acción de Tutela Radicado N° 2300133330042020039501 6

h) Otras actuaciones

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

a. Admisión

Por auto de fecha 10 de octubre de 2024, se admitió la impugnación presentada por la parte

6

h) Otras actuaciones

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

a. Admisión

Por auto de fecha 10 de octubre de 2024, se admitió la impugnación presentada por la parte accionada, contra el fallo de fecha 4 de octubre de 2024, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería, por lo ya expuesto, notificándose en debida forma al señor Agente del Ministerio Público, y a las partes por el medio más expedito.

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

a. Competencia El Tribunal Administrativo de Córdoba es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

b. Problema jurídico Corresponde a la Sala en esta oportunidad, determinar de conformidad con lo impugnando si en el presente caso la accionada - Colpensiones, se encuentra legitimada por pasiva en el presente asunto para sufragar los honorarios fijados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, con el fin de realizar la respectiva valoración a la accionante y determinar el origen de las enfermedades que le aquejan. Así mismo, se deberá establecer si hay lugar a declarar la improcedencia de la misma por afectación a l patrimonio público como derecho colectivo. En procura de resolver el problema jurídico, la Sala se pronunc iará de los siguientes aspectos: i) procedencia de la acción de tutela, ii) marco normativo y jurisprudencial referente al pago de honorarios a las juntas de calificación y, iii) caso concreto.

En procura de resolver el problema jurídico, la Sala se pronunc iará de los siguientes aspectos: i) procedencia de la acción de tutela, ii) marco normativo y jurisprudencial referente al pago de honorarios a las juntas de calificación y, iii) caso concreto. c. Procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Carta Política, desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, establece que toda persona puede interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y que es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En los casos relacionados con la solicitud de pago de los honorarios la H. Corte Constitucional ha estudiado estos mismos requisitos.

De acuerdo con lo anterior, para la procedencia de la tutela la Corte ha determinado que debe estudiarse (i) legitimación en la causa por activa y por pasiva, (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad.Impugnación Acción de Tutela Radicado N° 2300133330042020039501 7

Frente al requisito de la Legitimación en la causa por activa este se encuentra plenamente acreditado, pues la señora Stella Maris Herrera Pérez, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del decreto 2591 de 1991, a fin de proteger sus derechos fundamentales a la salud , vida digna y seguridad social present ó en nombre propio la

plenamente acreditado, pues la señora Stella Maris Herrera Pérez, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del decreto 2591 de 1991, a fin de proteger sus derechos fundamentales a la salud , vida digna y seguridad social present ó en nombre propio la presente acción resaltándose de las pruebas allegadas que es el titular del derecho al ser la persona que se encuentra presuntamente afectado con el actuar de la accionada por el no pago de los honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar.

Igual situación acontece frente a la legitimación en la causa por pasiva , pues las entidades accionadas satisfacen ese requisito, por ser entidades públicas o p rivadas que prestan un servicio público y son aquellas a quienes se les atribuye la posible vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, en atención a las funciones legales y reglamentarias que les corresponde cumplir. En este caso se observa que Colpensiones es a quien se le reclama el pago de los respectivos honorarios para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, proceda a revisar las inconformidades del diagnóstico del origen de la enfermedad emitido por COOSALUD EPS.

En cuanto al requisito de inmediatez, se tiene que se satisface, en tanto la presente acción de tutela fue impetrada el 19 de septiembre de 2024, conforme da cuenta el acta de reparto al juzgado de instancia, es decir, que se hizo dentro de un término razonable a partir del momento en que, según se afirma en el escrito de tutela y las probanzas allegadas, se presentaron los hechos que originaron el detrimento de los derechos fundamentales a la salud y conexos de la acota.

En cuanto al requisito de subsidiariedad, la Sala considera que este se encuentra

presentaron los hechos que originaron el detrimento de los derechos fundamentales a la salud y conexos de la acota.

En cuanto al requisito de subsidiariedad, la Sala considera que este se encuentra plenamente acreditado, puesto que la Corte Constitucional ha reiterado en múltiple s oportunidades la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho a la salud. La jurisprudencia constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud, especialmente cuando su afectación compromete la vida, la integridad p ersonal o la dignidad humana (Sentencia T-760 de 2008).

En el presente caso, la accionante argumenta que su salud ha sido perjudicada debido a la falta de una calificación integral de sus diagnósticos y a la controversia existente sobre el origen de sus patologías, lo cual representa un riesgo para su integridad física y bienestar general. Esta situación justifica el uso de la tutela como mecanismo idóneo y urgente para salvaguardar el acceso a la atención médica que su condición requiere.

Es pertinente aclarar que la controversia objeto de revisión no se relaciona con el acceso a una pensión de invalidez, sino con la omisión del pago de honorarios durante el proceso de calificación, los cuales han sido solicitados en múltiples ocasiones tanto por la accio nante como por la EPS Coosalud, sin que se haya demostrado el cumplimiento de dicho requisito. Por lo tanto, no resultaría adecuado remitir el caso a la jurisdicción ordinaria laboral para la resolución de un asunto de trámite, lo que evidencia la ausencia de un mecanismo judicial efectivo alternativo. En consecuencia, la tutela se erige como el recurso definitivo y necesario para resolver el asunto en cuestión

resolución de un asunto de trámite, lo que evidencia la ausencia de un mecanismo judicial efectivo alternativo. En consecuencia, la tutela se erige como el recurso definitivo y necesario para resolver el asunto en cuestión

d) Marco normativo y jurisprudencial relacionado con el pago de honorarios a las Juntas de CalificaciónImpugnación Acción de Tutela Radicado N° 2300133330042020039501 8

El articulo artículo 17 de la Ley 1562 de 2012, establece que:

“(…) los honorarios que se deben cancelar a las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, de manera anticipada, serán pagados por la Administradora del Fondo de Pensiones en caso de que la calificación de origen en primera oportunidad sea común ; en caso de que la calificación de origen sea laboral en primera oportunidad el pago debe ser cubierto por la A dministradora de Riesgos Laborales, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Trabajo.

Con relación al pago de los honorarios de las juntas de calificación, la H. Corte Constitucional en sentencia T-160 de 2021 señaló:

(…) 5.5. El artículo 20 del Decreto 1352 de 2013, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, señala que “las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez recibirán de manera anticipada por la solicitud de dictamen, sin importar el número de patologías que se presenten y deban ser evaluadas” el pago de los honorarios que la misma norma define. Así también, el artículo 17 de la Ley 1562 de 2012 dispone que “los honorarios

anticipada por la solicitud de dictamen, sin importar el número de patologías que se presenten y deban ser evaluadas” el pago de los honorarios que la misma norma define. Así también, el artículo 17 de la Ley 1562 de 2012 dispone que “los honorarios que se deben cancelar a las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, de manera anticipada, serán pagados por la Administradora del Fondo de Pensiones en caso de que la calificación de origen en primera oportunidad sea común…”. En consecuencia, frente a la claridad de la norma, no es dable una interpretación diferente y aislada que permita a la Administración descargar su responsabilidad en los usuarios. 5.6. En suma, a juicio de la Corte, el diseño legal dispuesto para los trámites de calificación de invalidez “responde al doble propósito de otorgar eficacia al derecho al debido proceso administrativo de los usuarios y proteger los derechos constitucionales de quienes, al ver gravemente disminuida su capacidad laboral, quedan imposibilitados para prodigarse las condiciones económicas mínimas, propias y de su núcleo familiar dependiente”[45].” (…) Así mismo, la Corte Constitucional indicó en sentencia T-265 de 2023:

(…) “45. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993 indica cuáles son las entidades que tienen a su cargo la calificación de pérdida de capacidad laboral. Según dicha norma, esta competencia está asignada, en principio, a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a las administradoras de riesgos Laborales (ARL)[51], a las compañías de seguros que asuman el riesgo de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% y de muerte, y a las entidades promotoras de

Laborales (ARL)[51], a las compañías de seguros que asuman el riesgo de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% y de muerte, y a las entidades promotoras de salud (EPS). Igualmente, en caso de que el interesado no esté conforme con la calificación de las anteriores entidades, la norma habilita para realizar la valoración, en primera y segunda instancia, a las juntas regionales y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, respectivamente.

46. Ahora bien, respecto de los honorarios de las juntas de calificación, el artículo 20 del Decreto 1352 de 2013 dispone que cuando el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral es realizado por las juntas regionales o por la Jun