TA COR - 23001-33-33-006-2019-00511-01-(22-05-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, veintidós (22) de mayo del año dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: Reparación directa Radicación: 23-001-33-33-006-2019-00511-01

Demandante (s): Yanelis Guerra Pérez y otros Demandado (s): Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia Tema: Privación injusta de la libertad Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia dictada en audiencia el 4 de septiembre de 2024 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda

1.1 Pretensiones

La parte demandante pretende declarar administrativa y patrimonialmente responsables a las demandadas por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes , como consecuencia de la privación injusta de la señora Yanelis Guerra Pérez durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 2 de septiembre de 2015.

En consecuencia , de lo anterior se condene al pago por concepto de perjuicios materiales representados en daño emergente y lucro cesante, así como perjuicios morales.

1.2 Fundamentos fácticos

En consecuencia , de lo anterior se condene al pago por concepto de perjuicios materiales representados en daño emergente y lucro cesante, así como perjuicios morales.

1.2 Fundamentos fácticos

En la demanda se relata que , el 1 de marzo de 2013, la señora Yanelis Guerra Pérez fue capturada por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes . Posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía 5 Seccional de Montería, la cual la presentó ante el Juzgado Promiscuo Penal Municipal de Canalete, legalizándole su captura, imputándole cargos e imponiéndole medida de aseguramiento domiciliaria en el lugar de su residencia.

Posteriormente, se radicó por parte de la fiscalía escrito de acusación el 25 de abril de 2013 ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento el cual se le imparte aprobación por parte del juez de conocimiento.

Luego se realiza la audiencia preparatoria el 31 de julio de 2017 y el 30 de abril de 2018 se da inicio al juicio oral, el cual se suspendió por solicitud de la fiscalía de prescripción de la acción penal, solicitud que acogió el juez de conocimiento decretando la preclusión de la investigación a favor de la demandante.

1. Contestación de demanda

2.1 Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial: Contestó oportunamente la demanda oponiéndose a las pretensiones y manifestando que los hechos no le constan.

Como argumentos de defensa indica que el Juez de Garantías debe resolver lo atinente a la legalidad de los actos previos de: solicitud de orden de captura, legalización de captura,

Como argumentos de defensa indica que el Juez de Garantías debe resolver lo atinente a la legalidad de los actos previos de: solicitud de orden de captura, legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, actuaciones que inician a petición de la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal, la cual se sustentaRadicación N° 23-001-33-33-006-2019-00511-01 2

en la información oportuna y legalmente recogida por parte de la policía judicial, bajo su propia coordinación, que habilita la adopción de las medidas necesarias para evitar que la acción penal resulte inane.

Señala que en el asunto que nos ocupa se observa que si bien el Juzgado Promiscuo Municipal de Canalete – Córdoba impartió legalidad a la captura de la demandante, formuló la imputación hecha por la Fiscalía General de la Nación, e impuso la medida de aseguramiento por dicho ente solicitada, tales decisiones se produjeron en un estadio procesal en el que no se hizo ninguna valoración probatoria en punto de la responsabilidad penal del imputado.

Indica que las decisiones adoptadas por el Juez de Control de Garantías, s e fundaron en la inferencia razonable a la cual arribó de acuerdo a los elementos materiales probatorios que se le presentaron como respaldo a las solicitudes en el momento de la audiencia por parte de la Fiscalía General de la Nación, los cuales gozaban de presunción de autenticidad y veracidad. Y si bien el procesado resultó absuelto, debe insistirse en que la medida de aseguramiento se adopta en la etapa preliminar del proceso penal, en la que aún no se han recopilado todas las pruebas, de

procesado resultó absuelto, debe insistirse en que la medida de aseguramiento se adopta en la etapa preliminar del proceso penal, en la que aún no se han recopilado todas las pruebas, de modo que, por su misma naturaleza cautelar, su imposición no desconoce la presunción de inocencia, en cuanto allí no se decide sobre la responsabilidad penal del procesado, sino que se adopta en cumplimiento de unos objetivos constitucional y legalmente legítimos.

Propone como excepciones la de Inexistencia de Antijuridicidad del Daño y culpa exclusiva de la víctima.

2.2 Nación – Fiscalía General de la Nación: Contestó oportunamente la demanda manifestando que se opone a las pretensiones de la misma y en cuanto a los hechos estipula que no le constan.

Señala que la Fiscalía General de la Nación actuó conforme a la Constitución Política y a la normativa vigente en el momento de los hechos , actuación de la cual no es ajustado a derecho predicar una falla del servicio, ni mucho menos un daño que revista de antijurídico por la investigación penal adelantada en contra de la señora Yanelis Guerra Pérez.

De acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, la Fiscalía tiene la obligación de ejercer la acción penal e investigar los delitos que le sean conocidos, siempre que existan suficientes indicios fácticos. En cumplimiento de esas funciones, también debe solicitar medidas al juez de control de garantías para garantizar la comparecencia del imputado, conservar pruebas y proteger a las víctimas y a la comunidad.

Propone como excepción la de inexistencia del daño antijuridico precisando que la medida

del imputado, conservar pruebas y proteger a las víctimas y a la comunidad.

Propone como excepción la de inexistencia del daño antijuridico precisando que la medida impuesta a la demandante fue razonable y proporcional, lo primero en t anto cumplía con los requisitos indicados en los artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 2004, contando en ese momento con elementos materiales probatorios tales como el Informe rendido por el patrullero Wilfredo Murillo Bocanegra en el que se indica que lueg o del registro y allanamiento se dio captura a la señora Yanelis Guerra Pérez por haberse encontrado en el patio de su residencia una caja de cartón, una bolsa que contenía en su interior dos bolsas, una de ellas, con sustancia de origen vegetal de un peso de 229 gramos, y en la otra bolsa, se encontró tres bolsas que contenían sustancia color beige con un peso de 3 gramos que luego de realizarle la prueba PIPH resultó la sustancia positivo para cocaína y derivados, y cannabis sativa conocida comúnmente com o marihuana.

Además, la pena prevista para el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefaciente tiene como pena mínima superior a 4 años, por lo que la solicitud de medida de aseguramiento era perfectamente procedente y teniendo en cuenta el bien j urídico que lesiona el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefaciente, el cual corresponde a la salud pública, se hacía necesario la imposición de la medida de aseguramiento.

1. La sentencia apelada

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante sentencia emitida en audiencia el 4 de septiembre de 2024, decidió negar las pretensiones de la demanda.

1. La sentencia apelada

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante sentencia emitida en audiencia el 4 de septiembre de 2024, decidió negar las pretensiones de la demanda.

El A quo señaló que, con el caudal probatorio obrante en el cartulario, se tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, pues se encuentra acreditado en razón al proceso penalRadicación N° 23-001-33-33-006-2019-00511-01 3

tramitado en contra de la señora Yanelys Guerra Pérez, quien estuvo privada de su libertad con detención con beneficio domiciliario a órdenes del Ce ntro Carcelario Las Mercedes de esta ciudadde la que fue objeto la señora, desde el 4 de marzo de 2013 y hasta el 2 de septiembre de 2015, sindicada del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Precisó que desde el punto de vista jurídico, se estima que atendiendo las circunstancias propias del presente caso, sí existían indicios para endilgar responsabilidad penal en contra la señora Yanelys Guerra Pérez, al momento que se decidiera sobre la procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario suplida luego de ello, sumado a que se cumplía con los causales para su procedencia, pues se trataba del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Precisa que es evidente que, si bien existió un daño que sufrió la hoy demandante, también lo es que, este no podría catalogarse como antijurídico, en el entendido, que el ente investigador y la

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Precisa que es evidente que, si bien existió un daño que sufrió la hoy demandante, también lo es que, este no podría catalogarse como antijurídico, en el entendido, que el ente investigador y la jurisdicción penal, actuaron dentro del margen de sus competencias, y en concordancia c on los mandatos constitucionales y legales establecidos que les imponen a la Fiscalía, la obligación de ejercer la acción penal e investigar todas aquellas conductas que puedan constituir una conducta punible e identificar a los presuntos autores, y los ju eces penales adoptar en derecho las decisiones que impliquen la restricción de la libertad personal.

Indica que el daño alegado está desprovisto de la antijuridicidad requerida para que pueda abrirse paso a la responsabilidad estatal, puesto que dadas las específicas condiciones en que se desenvolvió el proceso penal es claro que las actividades desplegadas por la Administración fueron respetuosas del debido proceso y de las garantías procesales, esto es, estuvieron ajustadas a la Ley. En razón a lo expuesto, no se advirtió una conducta constitutiva de falla en el servicio atribuible a la Fiscalía General de la Nación y/o a la Rama Judicial, de ahí que no sea posible endilgarle responsabilidad, puesto que sus actuaciones fueron el resultado de la convergencia de los requisitos que el estatuto procesal penal vigente para esa época exigía, y en ese orden de ideas se impone la negación de las pretensiones de la demanda, de conformidad con los considerandos abordas en la presente providencia.

1. El recurso de apelación

La parte demandante, solicita se revoque la sentencia apelada y en su lugar se acceda a las

con los considerandos abordas en la presente providencia.

1. El recurso de apelación

La parte demandante, solicita se revoque la sentencia apelada y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

Como argumento alega que los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, con que se imputó el delito a la demandante Yanelys Guerra Pérez, en el citado proceso penal, en este caso capturada y que se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, no fue con verdaderas pruebas penales, sino con elementos materiales que deberían tener la vocación de convertirse en prueba dentro de la fase de juzgamiento del proceso penal, decretadas en la audiencia preparatoria y practicadas y valoradas en la gran audiencia del Juicio Oral.

Señala que la privación del derecho fundamental a la libertad es la excepción según el Art. 295 del C.P.P, Ley 906 del 2004 y por ello, tanto la captura y su legalización, como la imposición de una medida de ase guramiento de detención preventiva del derecho fundamental a la libertad, debe ser un acto de mucha responsabilidad por parte de los entes demandados al ser solicitada por la Fiscalía y decretada la legalidad de la captura y la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva por parte del Juez de Control de Garantías; sobre todo, cuando a la persona que perseguía la Fiscalía y su Policía Judicial, para capturarla y encontrarle elementos materiales probatorios era a un señor de nombre Yilber Carvajal, mas no a la hoy demandante Yanelys Guerra Pérez.

Considera que no hay prueba que indique un actuar de la demandante a título de culpa grave,

elementos materiales probatorios era a un señor de nombre Yilber Carvajal, mas no a la hoy demandante Yanelys Guerra Pérez.

Considera que no hay prueba que indique un actuar de la demandante a título de culpa grave, porque reitera los actos de investigación o documentos de la investigación con que se impuso la medida de aseguramiento ni el escrito de acusación tuvieron la vocación de convertirse en prueba en el juicio y por lo tanto no son pruebas sino actos de investigación.

Tampoco comparte el apoderado, las razones que expone el A -quo, en el sentido que advierte que no se configura una conducta constitutiva de falla en el servicio atribuible a los estes estatales demandados, cuando por el contrario, es evidente la falla en la p restación del servicio deRadicación N° 23-001-33-33-006-2019-00511-01 4

administración de justicia, que se prescribió la acción penal por morosidad de la administración de justicia, que al perder competencia solicitó la Fiscalía preclusión por la imposibilidad de no poder continuar con la persecución penal. Considerando el suscrito y contrario a lo expuesto por el A-quo, que, si es posible endilgarles responsabilidad a los entes estatales demandados, puesto que sus actuaciones fueron el resultado de una negligencia o falta de eficiencia de la dinámica del proceso penal acusatorio.

1. El trámite en segunda instancia

Mediante auto de 11 de abril de 2025 el Despacho 006 admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en este asunto y se ordenó notificar personalmente al ministerio público y por estado electrónico a las partes.

Las partes demandadas Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación presentaron escrito de

por la parte demandante contra la sentencia proferida en este asunto y se ordenó notificar personalmente al ministerio público y por estado electrónico a las partes.

Las partes demandadas Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación presentaron escrito de alegatos. Por su parte, la parte actora y el señor Agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad.

Cumplido el trámite pertinente y sin que se avizore irregularidad o causal que afecte la legalidad de la actuación se procede a proferir la sentencia que en derecho corresponda previas las siguientes

II.Consideraciones del Tribunal 2.1.- La competencia

El Tribunal es competente para conocer del asunto por tratarse de la apelación de una sentencia proferida en primera instancia por un Juez Administrativo del Circuito Judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

De otra, parte, y en cuanto a la competencia del superior, de cara al recurso de apelación, se recuerda que el artículo 328 del CGP, indica que “ el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.” Y agrega la norma, que el juez “no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.”

2.2.- Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala, conforme al contenido del recurso de apelación presentado por la parte demandante, resolver el siguiente cuestionamiento:

¿Si en el presente caso se encuentra acreditado con las pruebas aportadas al

2.2.- Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala, conforme al contenido del recurso de apelación presentado por la parte demandante, resolver el siguiente cuestionamiento:

¿Si en el presente caso se encuentra acreditado con las pruebas aportadas al plenario que la señora Yanelis Guerra Pérez estuvo privado injustamente de su libertad por causas atribuibles a las entidades demandadas y como consecuencia se deben indemnizar por los perjuicios reclamados?

Resuelto lo anterior, se determinará si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Para resolver lo anterior, la Sala hará alusión a los siguientes temas: (i) Jurisprudencia y normativa aplicable a la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y (ii) Caso concreto.

2.3 Premisa normativa y jurisprudencial.

2.3.1 Del régimen de imputación aplicable En Consejo de Estado en sentencia de unificación de fecha 19 de abril 20121, sentó su posición para indicar que en lo que se refiere a los daños antijuridicos, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las

1 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012. Expediente: 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.Radicación N° 23-001-33-33-006-2019-00511-01 5

razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Así las

Rincón.Radicación N° 23-001-33-33-006-2019-00511-01 5

razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Así las cosas, se ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación para la solución de los casos, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación. En este sentido, en aplicación del principio iura novit curia, la Sala puede analizar el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable, de cara a los hechos probados en el proceso, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso o que se establezca un curso causal hipotético de manera arbitraria. 2.3.2 Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad De conformidad con el artículo 90 constitucional, el legislador profirió la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65 dispuso lo siguiente: “Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales” La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad.

razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad. En cuanto a esta última el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, consagró lo siguiente: “Artículo 68. Privación injusta de la l ibertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”. Ahora bien, en relación con este régimen de responsabilidad debe precisar la Sala que con anterioridad la jurisprudencia del Consejo de Estado consideraba que este tipo de procesos debía analizarse bajo una óptica de tipo objetivo en donde la determinación de los jueces se basaba en verificar los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del daño mi smo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado verificar si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico , régimen bajo el cual la única manera para el Estado de librarse de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima. No obstante, la jurisprudencia actual de la Sección Tercera del Consejo de Estado debió modificar dicho análisis para establecer en cada caso concreto un elemento de tipo subjetivo, es d ecir, el análisis debe realizarse no solo verificando la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo implica determinar que se haya act uado conforme el ordenamiento jurídico en la orden de detención o privación, y además, el estudio de la conducta de quien padece el daño.

indemnizable, que de suyo implica determinar que se haya act uado conforme el ordenamiento jurídico en la orden de detención o privación, y además, el estudio de la conducta de quien padece el daño. Al respecto la Sección Tercera d el Consejo de Estado 2 en sentencia reciente recordó el precedente pacifico de esta sección en relación con la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, señalando: “En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicid ad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento. Así, cuando el operador jurídico o el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute.

2 Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Nicolás Y epes

el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute.

2 Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Nicolás Y epes Corrales once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Reparación Directa Radicación: 68001233300020180005101 (68710)Radicación N° 23-001-33-33-006-2019-00511-01 6

En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida caut elar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la medida en que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este respon de únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que hallan amparo en el ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la detención, para estimar si debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar las bases para que se adoptara la medida restrictiva de su libertad” Ahora, conforme la sentencia de unificación emitida por la Sección Tercera 3 en el año 2018, la Sala en cada caso concreto deberá analizar i) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, ii) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente

o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, ii) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventi va y iii) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. En lo que tiene que ver con la legalidad de la medida de aseguramiento, los artículos 306, 308 y 314 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, -norma aplicable para la época de los hechos-, regulan lo concerniente a la solicitud, requisitos, y la respuesta de la sustitución preventiva de la medida de aseguramiento, señalando: “Artículo 306. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. <Artículo modificado por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios par a sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión. La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia. La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal. En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición”.

medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal. En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición”. “Artículo 308. requisitos . El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para e vitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

Parágrafo 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 de la Ley 1760 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La calificación jurídica provisional contra el procesado no será, en sí misma, determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El Juez de Control de Garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de asegurami ento, sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga.

no cumplirá la sentencia. El Juez de Control de Garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de asegurami ento, sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. “Artículo 314. Sustitución de la detención preventiva . <Ver Notas del Editor> <Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos: 1. <Ver Notas del Editor> Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será

3 Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera -Sala Plena Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947)Radicación N° 23-001-33-33-006-2019-00511-01 7

fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. (…) En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido y, adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada,

autoridades cuando fuere requerido y, adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, según lo disponga el juez. El control del cumplimiento de la detención en el lugar de residencia estará a cargo del Inpec, el cual realizará un control periódico sobre el cumplimiento de la detención domiciliaria y reportará a la Fiscalía sobre sus resultados para que si se advierte n violaciones a las condiciones impuestas por el Juez se puedan adoptar las correspondientes acciones”