TA COR - 23001-33-33-011-2024-00115-01-(30-04-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, treinta (30) de abril del año dos mil veinticinco (2025)

Resuelve Apelación de Auto

Medio de Control: Nulidad Radicación: 23-001-33-33-011-2024-00115-01

Demandante: Devier Acosta Pimienta Demandado: Municipio de Montería y Concejo Municipal de Montería Tema: Suspensión provisional del acuerdo 006 del 21 de febrero de 2024

Decisión: Revoca la decisión de primera instancia

El Tribunal procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia del 24 de enero de 2025, proferida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante el cual se negó la suspensión provisional del acto demandado.

I. Antecedentes

1. Demanda.

1.1 Pretensiones. Se pretende la declaratoria de nulidad de l Acuerdo No. 00 6 del 21 de febrero de 2024 expedido por el Concejo Municipal de Montería y, asimismo, se ordene la suspensión inmediata y transitoria de todos los efectos derivados de este acto, en general de las autorizaciones que otorga. 1.2 Hechos.

Relata que el 21 de febrero de 2024, posterior al estudio y aprobación del Concejo Municipal de Montería, el alcalde del municipio de Montería sancionó el acuerdo No. 006 de la misma fecha, por medio del cual se autoriza a la Administración Municipal de Montería un cupo de

de Montería, el alcalde del municipio de Montería sancionó el acuerdo No. 006 de la misma fecha, por medio del cual se autoriza a la Administración Municipal de Montería un cupo de endeudamiento de hasta “doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000)”.

1. Solicitud de medida cautelar.

De manera conjunta en el escrito de la demanda, la parte demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado, indicando que basta una simple lectura del acto administrativo demandado con las disposiciones constitucionales y legales invocadas para establecer la violación de la nor ma superior frente a dichos actos administrativos, toda vez que fue expedido de forma irregular y con infracción en las normas en que debería fundarse y que en ese sentido se incurrió en una vía de hecho, agregando que en caso de que este acto administrativo llegara a ejecutarse; se generaría un perjuicio patrimonial, el cual puede ser evitado con la imposición de la medida cautelar solicitada.

Es de anotar que si bien no se expone un argumento concreto que sustente la medida cautelar, de la interpretación íntegra de la demanda y atendiendo a que se trata de una acción pública se puede determinar que, a juicio del accionante, la medida se fundamenta en la violación del numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política, así como de los artículos 32 de la Ley 136 de 1994 y 18 de la Ley 1551 de 2012 sobre las facultades pro tempore que los concejos otorgan a los alcaldes.

1. Trámite de primera instancia con relación a la medida cautelar.

Mediante auto de fecha 15 de noviembre de 2024 se corrió traslado de la medida cautelar

tempore que los concejos otorgan a los alcaldes.

1. Trámite de primera instancia con relación a la medida cautelar.

Mediante auto de fecha 15 de noviembre de 2024 se corrió traslado de la medida cautelar al municipio de Montería.Medio de control: Nulidad Expediente nro. 23-001-33-33-011-2024-00115-01. 2

La apoderada judicial del municipio de Montería manifestó que, contrario a lo expresado por el demandante , el Acuerdo 006 de 2024 es un acto administrativo que contiene una decisión motivada y ajustada al ordenamiento jurídico en general. Por otra parte, indica que, con la simple confrontación o análisis de las normas expuestas con el acto administrativo acusado y las pruebas allegadas, no se advierte que el acto controvertid o desconozca en ninguno de sus artículos el ordenamiento legal y concluye que, no se lograron acreditar los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar solicitada, conforme a lo establecido por el inciso 1° del artículo 231 de CPACA, en ese sentido para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo, deberá surtirse el debate jurídico y probatorio, y resolverse en sentencia, toda vez que se trata del fondo del asunto.

1. Providencia objeto de recurso.

El Juzgado Once Administrativo de Montería a través de auto de fecha 24 de enero de 2025 resolvió negar la medida cautelar de suspensión provisional del Acuerdo No. 006 de 21 de febrero de 2024 expedido por el Concejo Municipal de Montería, “Por medio del cual se autoriza a la Administración Municipal de Montería un cupo de endeudamiento de hasta

DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($200.000.000.000)”.

febrero de 2024 expedido por el Concejo Municipal de Montería, “Por medio del cual se autoriza a la Administración Municipal de Montería un cupo de endeudamiento de hasta

DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($200.000.000.000)”.

El A quo señaló que los requisitos de análisis para decretar la suspensión provisional de un acto administrativo se establecen en el artículo 231 de la ley 1437 de 2011 , de la cual se extrae que:

“en estos casos, se deberá analizar si existe: (i) violación de las disposicion es invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado (ii) cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o (iii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.”

Aunado a lo anterior, trajo a colación lo expuesto por el H. Consejo de Estado en providencia del veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023), C.P Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001 -03-24-000-2020-00297 00 , de la cual se extrajo el procedimiento mediante el cual el juez realiza el estudio de la presunta vulneración , resaltando de dicha providencia:

“los requisitos establecidos para el decreto de toda medida cautelar consisten en la verificación de los criterios (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y estos se entienden implícitos cuando se logra probar que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas.”

periculum in mora, o perjuicio de la mora, y estos se entienden implícitos cuando se logra probar que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas.”

Finalmente, el A quo advierte que las pruebas aportadas en relación al acuerdo N° 006 del 21 de febrero de 2024, los informes de ponencia y los conceptos de la Alcaldía de Montería no son suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos en atención a lo establecido por el Art. 88 de la ley 1437 de 2011, por ende, se procedió a negar la solicitud de medida cautelar.

1. El recurso de apelación.

El Demandante presentó recurso de apelación contra el auto de fecha 24 de enero de 2025 mediante el cual se negó el decreto de la medida cautelar, argumentando que el análisis realizado por el juzgado de conocimiento carece de profundidad y omite el carácter restrictivo de las facultades pro tempore y la vulneración al numeral 3 de Art. 313 de la Constitución Política.

Argumenta que mediante el acto administrativo demandado se le otorgan facultades al alcalde del municipio por un término de tres años y nueve meses, lo que excede el carácter temporal y transitorio que exige la norma constitucional. Por otro lado, explica que el acto administrativo demandado autoriza un cupo de endeudamiento por un monto de hasta $200.000.000.000, no obstante, no se precisa el monto exacto ni el destino de dichosMedio de control: Nulidad Expediente nro. 23-001-33-33-011-2024-00115-01. 3

$200.000.000.000, no obstante, no se precisa el monto exacto ni el destino de dichosMedio de control: Nulidad Expediente nro. 23-001-33-33-011-2024-00115-01. 3

recursos, lo que vulnera el principio de precisión y claridad, según lo dispuesto en el artículo 313 - 3 de la Constitución.

Adicionalmente, considera que la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos no es absoluta, y puede ser desvirtuada confrontando las normas superiores con el acto acusado. Por último, explica que la presunción de legalidad debe ceder ante el peligro de afectación del interés público, toda vez que, al no decretar la suspensión provisional del acto, se expondría al municipio a un riesgo de endeudamiento desproporcionado, lo que compromete la estabilidad financiera del mismo, configurándose un periculum in mora.

En consecuencia, solicita la revocatoria del auto que negó el decreto de la medida y en su lugar se ordene la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

1. Concesión del recurso.

A través de providencia de fecha 26 de febrero de 2024 el Juzgado Once Administrativo de Montería resolvió conceder el recurso de apelación interpuesto por el demandante y se ordenó remitir el expediente al superior.

II. Consideraciones del Tribunal

a) La competencia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA, e l Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de un auto susceptible de dicho recurso, proferido en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA, e l Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de un auto susceptible de dicho recurso, proferido en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería.

b) Problema jurídico.

Atendiendo a los recursos de apelación , la Sala deberá dar respuesta a l siguiente cuestionamiento:

• Si es procedente declarar la suspensión provisional del Acuerdo N° 006 del 21 de febrero de 2024 por la presunta vulneración del numeral 3 del Art. 313 de la

Constitución Política

Resuelto lo anterior, se determinará si hay lugar a conceder la medida de suspensión provisional el Acuerdo No. 006 del 21 de febrero de 2024 expedido por el Concejo Municipal de Montería.

c) Marco normativo y jurisprudencial.

Para resolver el problema jurídico fijado, l a Sala procederá a abordar los siguientes aspectos: i) del límite temporal para otorgar autorizaciones a los alcaldes para contrata r, enajenar bienes fiscales y ejercer pro tempore funciones que les corresponden a los concejos municipales.

1. Del límite temporal para otorgar autorizaciones a los alcaldes para contratar , enajenar bienes fiscales y ejercer pro tempore funciones que les corresponden a los concejos municipales.

El artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política establece:

“Artículo 313. Corresponde a los concejos:

(…)

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo. (…)”Medio de control: Nulidad

“Artículo 313. Corresponde a los concejos:

(…)

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo. (…)”Medio de control: Nulidad Expediente nro. 23-001-33-33-011-2024-00115-01.

4

El artículo 315 de la Constitución Política en su numeral 3 señala que es atribución del alcalde, “Dirigir la acción adminis trativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo” y en su numeral 9 señala “Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto …”

Por su parte, el Decreto 1333 de 1986 “ por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”, en su artículo 92 señala:

Artículo 92. Son atribuciones de los Concejos, que ejercerán conforme a la ley, las siguientes:

1º Ordenar por medio de acuerdos, lo conveniente para la administración del Distrito;

2º Votar, en conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas, las contribuciones y gastos locales;

3º Determinar la estructura de la administración municipal, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos;

4º Crear, a iniciativa del alcalde, los establecimientos públicos, sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales, conforme a las normas que determine la ley;

5º Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio, con base en el proyecto presentado por el alcalde;

economía mixta y empresas industriales y comerciales, conforme a las normas que determine la ley;

5º Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio, con base en el proyecto presentado por el alcalde;

6º Elegir Personeros y Contralores Municipales cuando las normas vigentes lo autoricen, y los demás funcionarios que la ley determine;

7º Autorizar al alcalde para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes municipales y ejercer, pro témpore, precisas funciones de las que corresponden a los Concejos, y

8º Ejercer las demás funciones que la ley le señale. (Artículo 197 de la Constitución Política).

A su turno, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 señala:

“Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. (…)

3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo. (…) Parágrafo 4°. De conformidad con el numeral 3 0 del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde

para contratar en los siguientes casos:

1. Contratación de empréstitos.

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.

5. Concesiones.

6. Las demás que determine la ley.”

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.

5. Concesiones.

6. Las demás que determine la ley.”

Conforme a lo anterior, la interpretación armónica de las normas referenciadas con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, se tiene que corresponde a los concejos autorizar al alcalde para celebrar contratos , lo que no puede comprender todos los contratos que d eba suscribir el alcalde, sino únicamente y de manera excepcional los que la corporación disponga mediante un reglamento razonable y que se ajuste a la Constitución Política y la Ley. Asimismo, le corresponde a dicha corporación autorizar a losMedio de control: Nulidad Expediente nro. 23-001-33-33-011-2024-00115-01. 5

alcaldes pa ra enajenar bienes inmuebles y transferir bienes fiscales, sin que dicha autorización deba entenderse como un desconocimiento de las competencias dadas por el legislador al representante del ente territorial , quien es el facultado para comprometer y disponer de los bienes del municipio.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo expresado por el Consejo de Estado en la sentencia de fecha 18 de abril de 20241, en la cual distinguió entre la autorización al alcalde para celebrar contratos y la autorización para ejercer pro tempore funciones precisas de las que corresponden al Concejo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política. Así señaló, el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo indicó:

que corresponden al Concejo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política. Así señaló, el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo indicó:

“91. Como se indicó supra, el artículo 313, numeral 3, de la Constitución Política, establece que corresponde a los Concejos: “[…] 3. Autorizar al alcalde para celebrar con tratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo […]”. Por su lado, el numeral 7º del artículo 92 del Decreto Ley 1333 de 1986, determina que es atribución de los concejos municipales “[…] 7º Autorizar al alcalde para celebrar contratos, negociar, empréstitos, enajenar bienes municipales y ejercer, pro témpore, precisas funciones de las que corresponden a los Concejos […]”.

92. De las disposiciones antes transcritas se desprende que existen dos clases de autorizaciones bi en diferenciadas que los Concejos Municipales pueden conferir a los alcaldes, por un lado, para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes municipales y, por otro lado, para ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden a l os Concejos. En cuanto a las primeras, las normas en comento no señalan exigencias especiales, no establecen si dicha autorización debe ser general o específica, ni hace distinción alguna, en tanto que, respecto de las segundas, exigen que deben ser precisas y limitadas en el tiempo.

93. En lo que tiene que ver con las autorizaciones que los Concejos Municipales otorgan a los alcaldes para contratar, conforme al artículo 313, numeral 3, de la Constitución

deben ser precisas y limitadas en el tiempo.

93. En lo que tiene que ver con las autorizaciones que los Concejos Municipales otorgan a los alcaldes para contratar, conforme al artículo 313, numeral 3, de la Constitución Política, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:

“[…] De lo anteriormente expuesto se colige que, frente a la facultad para celebrar contratos creadores de situaciones jurídicas concretas, la Constitución faculta al Legislador para que permita al Gobierno que se vincule j urídicamente y por ende se obligue en el campo contractual. Sin embargo, la Carta no autoriza que el Legislador le imponga al Ejecutivo la celebración de un contrato específico, pues la autorización del Congreso está sometida a la realización de un acto de naturaleza administrativa. Por lo tanto, los artículos impugnados transgreden la Constitución".

“El anterior razonamiento es aplicable, mutatis mutandi, a las autorizaciones que los concejos municipales otorgan a los alcaldes para contratar, y por lo mi smo, a la reglamentación que sobre el particular expidan tales Corporaciones, en ejercicio de lo dispuesto en la norma acusada. Por lo mismo, no podrán los Concejos, so pretexto de reglamentar el tema de las autorizaciones, extralimitarse en sus atribucion es e intervenir sobre la actividad contractual propiamente dicha; dirección que corresponde al alcalde, en tanto jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 315-3 de la Carta” […]”

Por otra parte, respecto de la delegación pro tempore de funciones propias de los concejos a los alcaldes, resulta aplicable las consideraciones dadas por la Corte Constitucional en la

el artículo 315-3 de la Carta” […]”

Por otra parte, respecto de la delegación pro tempore de funciones propias de los concejos a los alcaldes, resulta aplicable las consideraciones dadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-036 de 2023 al referirse a las facultades de las Asambleas Departamentales para delegar a los Gobernadores la co mpetencia sobre modificación del presupuesto departamental. Sostuvo el máximo órgano constitucional que:

“(…) 51. La facultad que tienen las asambleas departamentales de despojarse de sus competencias para delegarlas a los gobernadores está sujeta a dos presupuestos que se derivan directamente del tenor literal del artículo 300.9 de la

1 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera, sentencia de fecha 18 de abril de 2021 C.P. Hernando Sánchez Sánchez proferida dentro del radicado 15-001-23-31-001-2010-01537-01Medio de control: Nulidad Expediente nro. 23-001-33-33-011-2024-00115-01. 6

Constitución, a saber: el criterio temporal y el criterio de precisión 2. El primero implica que la asamblea no puede delegar sus funciones por un tiempo indeterminado, sino que debe establecer un periodo específico para que el gobernador ejerza las competencias respectivas; el segundo se refiere a que las facultades delegadas al gobernador deben ser determinadas y concretas. En relación con la posibilidad de delegación, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la separación de funciones es uno de los principios medulares de la organización del Estado Social de Derecho3. Esta separación funcional pretende

En relación con la posibilidad de delegación, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la separación de funciones es uno de los principios medulares de la organización del Estado Social de Derecho3. Esta separación funcional pretende evitar la concentración del poder político en una persona o institución, que lo ejerza de manera abusiva o arbitraria, bajo el entendido de que “[s]ólo la restricción o limitación en el ejercicio del poder políti co permite superar el peligro inherente a un gobierno de hombres y no de leyes”4. Por lo tanto, la posibilidad de delegación de competencias está sometida a límites temporales y sustanciales, y no puede implicar en ningún caso el vaciamiento de las compet encias asignadas directamente en la Constitución Política, pues la separación de funciones garantiza el correcto funcionamiento del aparato estatal, y el ejercicio de controles recíprocos5.

52. En lo que respecta a la facultad de delegación temporal de c ompetencias por parte de los concejos y los alcaldes, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el constituyente separó estrictamente las funciones del control político y de administración o gestión pública, lo cual significa que únicamente de fo rma excepcional, las corporaciones administrativas pueden autorizar, por un tiempo definido, al jefe del gobierno departamental o local para que ejerza precisas funciones de las que son titulares6. En este sentido, las asambleas y concejos no tienen permitido delegar funciones de las que no son titulares, como la función administrativa o de gestión, por vía de la designación de delegados en las juntas directivas de las entidades descentralizadas7.

Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estad o ha señalado que la

administrativa o de gestión, por vía de la designación de delegados en las juntas directivas de las entidades descentralizadas7. Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estad o ha señalado que la delegación de funciones de asambleas a gobernadores cuenta con tres limitantes, a saber: (i) una de orden temporal, que implica que la asamblea no puede habilitar indefinidamente al gobernador para ejercer las funciones, sino que en la ordenanza debe determinarse el plazo en el que el gobernador puede actuar; (ii) una de carácter sustancial, que exige que el otorgamiento de la facultad se haga de forma detallada y precisa, de tal manera que no haya duda sobre su contenido y de que “por fuera de lo encomendado, no le es permitido al ejecutivo local pronunciamiento alguno” 8, y (iii) que la asamblea solo puede delegar funciones que efectivamente le correspondan y solo puede hacer esa delegación una única vez, sin que haya lugar a prórrogas o ampliaciones9.

53. A partir de todo lo anterior, se puede concluir que los órganos colegiados de representación plural y elección directa tienen la facultad de delegar funciones precisas en las autoridades administrativas por un tiempo determinado. Es ta posibilidad se prevé tanto en el nivel nacional, como en el departamental y el municipal, y está sujeta a importantes restricciones que buscan garantizar el principio de separación de poderes y el respeto por las competencias definidas directamente por la Carta Política.” De lo anterior se concluye que, la delegación de las funciones que le son propias de los concejos municipales que se realice de forma pro tempore al alcalde debe tener un plazo máximo dentro del cual ha de ejercerse la potestad delegad a, la cual expira vencido el

concejos municipales que se realice de forma pro tempore al alcalde debe tener un plazo máximo dentro del cual ha de ejercerse la potestad delegad a, la cual expira vencido el mismo, pues no puede entenderse que la delegación se puede hacer por tiempo indeterminado, pues ello conllevaría a desconocer la distribución de competencias establecidas por el constituyente y el legislador entre las corporaciones administrativas y el administrador territorial y además, a que se dé un vaciamiento de las funciones propias de las primeras.

2 El artículo 300.9 de la Carta Política reza: “ Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: (…) 9. Autorizar al Gobernador del Departamento para (…) ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.” 3 Sentencia C-082 de 1996, reiterada por la sentencia C-518 de 2007. 4 Sentencia C-082 de 1996. 5 Sentencia C-082 de 1996. 6 Sentencia C-082 de 1996, reiterada por la sentencia C-518 de 2007. 7 Sentencia C-082 de 1996, reiterada por la sentencia C-518 de 2007. 8 Consejo de Estado, sen tencia del 21 de febrero de 2011. Radicación: 2007 -00011 (34756). C.P. Enrique Gil Botero. Reiterada por la sentencia del 16 de

febrero de 2012. Radicación: 05001-23-31-000-2004-03952-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 9 Consejo de Estado, sentencia del 12 de abril de 2012. Radicación: 23001-23-31-000-1999-01518-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso.Medio de control: Nulidad Expediente nro. 23-001-33-33-011-2024-00115-01. 7

En tal sentido, atendiendo a los principios que se pretenden proteger con la limitación temporal de funciones propias de las corporaciones administrativas al ejecutivo, por analogía resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, el cual prescribe:

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia publica lo aconseje. Tales facultades d eberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.

(…)

Es decir que de la misma forma en que se estableció para el nivel nacional, por analogía la posibilidad de delegación de funciones propias de los concejos municipales en los alcaldes, debe darse hasta por seis meses para no desnaturalizar la distribución de funciones previstas en el ordenamiento jurídico entre dichas corporaciones y los alcaldes y superado dicho término esas facultades se revierten automáticamente al concejo , perdiendo el alcalde competencia sobre los asuntos que le fueron delegados.

d) Solución del caso.

dicho término esas facultades se revierten automáticamente al concejo , perdiendo el alcalde competencia sobre los asuntos que le fueron delegados.

d) Solución del caso.

Procede la Sala a dar respuesta a los problemas jurídicos planteados en los siguientes términos:

• Si es procedente declarar la suspensión provisional del Acuerdo N° 006 del 21 de febrero de 2024 por la presunta vulneración del numeral 3 del Art. 313 de la

Constitución Política.

Al respecto, se tiene que de acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial, para la Sala a fin de garantizar la distribución de competencias entre las corporaciones administrativas y el ejecutivo dadas por la constitución y la ley, permite que por analogía resulte aplicable el término máximo de seis (6) meses previsto en el numeral 10 del artículo 152 de la Carta Política para el nivel nacional, a las corporaciones administrativas del orden territorial, concretamente a los concejos municipales cuando delegan de forma pro tempore funciones propias al alcalde municipal.

Ahora bien, en el presente caso, se observa que en el Acuerdo 006 del 21 de febrero de 2024 se dispuso:Medio de control: Nulidad Expediente nro. 23-001-33-33-011-2024-00115-01. 8

De lo anterior se advierte que lo dispuesto en el artículo primero y sus parágrafos y el artículo segundo del acuerdo demandado se refiere a las operaciones de crédito público, respecto de las cuales el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 señala: “PARÁGRAFO 2o. OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO. Sin perjuicio de lo

respecto de las cuales el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 señala: “PARÁGRAFO 2o. OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO. Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, para efectos de la presente ley se consideran operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la contrata ción de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales. (…)Medio de control: Nulidad Expediente nro. 23-001-33-33-011-2024-00115-01. 9

Las operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales y sus descentralizadas se regularán por las disposiciones contenidas en los Decretos 1222 y 1333 de 1986, que continúan vigentes, salvo lo previsto en forma expresa en esta Ley. En todo caso, con antelación al desembolso de los recursos provenientes de estas operaciones, éstas deberán regis trarse en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con las condiciones generales que establezca la autoridad monetaria, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública interna de las entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y concepto previo favorable de los organismos departamentales o distritales de planeación, según el caso. Cada uno de los concept os y autorizaciones requeridos deberá producirse dentro del término de dos meses,

Hacienda y Crédito Público y concepto previo favorable de los organismos departamentales o distritales de planeación, según el caso. Cada uno de los concept os y autorizaciones requeridos deber