TA COR - Sentencia 23-001-33-33-006-2022-00595-01 (22-08-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, veintidós (22) de agosto del año dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23-001-33-33-006-2022-00595-01

Demandante: Neder Francisco Lemos Mármol Demandado: Departamento de Córdoba Tema: Reintegro al cargo empleado en provisionalidad Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 2 de mayo de 2025 emitida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual negó a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

La parte demandante solicita la nulidad del parcial del Decreto No. 000375 de 29 de abril de 2022 expedido por el Departamento de Córdoba, respecto de la terminación del nombramiento en provisional de la demandante en el empleo celador, código 477, grado 02.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene el reintegro del demandante sin solución de continuidad al cargo de celador código 477 grado 02, así como el pago de los salarios, cotización al sistema de seguridad social y las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado del empleo.

Se condene a la entidad demandad a al reconocimiento y pago de los perjuicios

477 grado 02, así como el pago de los salarios, cotización al sistema de seguridad social y las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado del empleo.

Se condene a la entidad demandad a al reconocimiento y pago de los perjuicios extrapatrimoniales a título de indemnización por concepto de daño moral a la suma equivalente a 100 SMLMV.

1.2. Fundamentos fácticos.

El demandante fue nombrado en el cargo de celador código 477 grado 2 en el Departamento de Córdoba a través del decreto No. 000777 de 18 de julio de 2001 y tomó posesión del cargo el 21 de agosto del mismo año.

El Departamento de Córdoba mediante el Decreto 890 de 6 de octubre de 2016 sin realizar estudios técnicos basados en las met odologías de diseño organizacional y ocupacional, con el respectivo análisis de los procesos técnicos basado en las metodologías de diseño organizacional y ocupacional, con el respectivo análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo, evaluación d e la prestación de los servicios y la evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleados y por tal motivo se presentó acción de nulidad contra dicho acto administrativo.

Pese a lo anterior, se adelantó procesos de selección No. 1106 de 2019 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil según el acuerdo No. CNSC -20191000002006 del 5 de marzo de 2019.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-006-2022-00595-01 2

Posteriormente, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería,

Expediente nro. 23-001-33-33-006-2022-00595-01 2

Posteriormente, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, profirió la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2021 dentro del proceso con radicación No. 23001333300320190047800, a través de la cual declaró la nulidad de los actos administrativos referidos a la planta de empleos y manual de funciones que sirvieron de base al proceso de selección del departamento de Córdoba.

Refiere que el demandante fue desvinculado a través del decreto No. 000375 de 29 de abril de 2022, notificado el 3 de mayo de la misma anualidad, lo que demuestra que la persona que nombraron en su reemplazo no alcanzó a cumplir el período de prueba antes de que aplicara la nulidad del decreto de la planta de empleos y manual de funciones, debido a la pérdida de ejecutoriedad del mencionado decreto de insubsistencia. Adicionalmente, señaló que el Departamento de Córdoba omitió dar protección constitucional en su condición de prepensionado por tener 59 años y 1051 semanas cotizadas.

Mediante petición solicitó al Departamento de Córdoba que expidiera el acto administrativo ordenando la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo demandado, obteniendo respuesta negativa mediante el acto administrativo No. 002909 de 11 de julio de 2022.

Finalmente, manifiesta que el demandante es quien sufraga los gastos de manutención de su familia y tiene a cargo tres hijos menores de edad quienes se encuentran directame nte afectados por la pérdida del empleo.

1. Contestación de la demanda.

su familia y tiene a cargo tres hijos menores de edad quienes se encuentran directame nte afectados por la pérdida del empleo.

1. Contestación de la demanda.

2.1. Departamento de Córdoba. Se opuso a las pretensiones argumentando que la terminación del nombramiento en provisionalidad del demandante se produjo para proveer el cargo en virtud del concurso de méritos realizado. Señaló que si bien el Juzgado Tercero Administrativo de Montería, declaró la nulidad del Decreto No. 0890 del 06 de octubre de 2016, por medio del cual se establece la Planta Global, Escal a Salarial y Sistema de Nomenclatura y Clasificación de Empleos del Nivel Central de la Gobernación de Córdoba y Administrativos de la Secretaría de Educación Departamental. Así como la nulidad de los Decretos No. 0952 del 31 de octubre de 2016 por medio d el cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y Competencia Laborales de la Planta Global de la Gobernación de Córdoba y Decreto No. 0529 del 06 de noviembre de 2018, por medio del cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta Global de la Gobernación de Córdoba, esta declaratoria no conllevó a la suspensión o la modificación del concurso merito adelantado con ocasión a la convocatoria 1106 de 2019 (Acuerdo CNSC-20191000002006 del 5 de marzo de 2019). De a cuerdo a lo anterior, el concurso de méritos no fue suspendido ni modificado, por lo tanto, la desvinculación del convocante se hizo conforme a derecho.

Formuló como excepciones las denominadas inexistencia del derecho, presunción de

concurso de méritos no fue suspendido ni modificado, por lo tanto, la desvinculación del convocante se hizo conforme a derecho.

Formuló como excepciones las denominadas inexistencia del derecho, presunción de legalidad del acto administrativo, legitimación en la causa por activa.

1. La sentencia apelada.

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Montería emitió sentencia de primera instancia el 2 de mayo de 2025, a través de la cual decidió negar las pretensiones de la demanda. El A quo argumentó que de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso es dable concluir que la declaratoria de insubsistencia del actor obedeció a una razón objetiva y suficiente, justificada en razón a la provisión del cargo ante la existen cia de una lista de elegibles generada en el concurso de méritos regido por la Convocatoria No. 1106 de 2019 – Territorial 2019 de la CNSC, por lo que no cabe duda que la desvinculación obedeció a la existencia de una causal objetiva, esto es, la previa realización de un concurso de méritos por parte de la CNSC para proveer los cargos que se encontraban en vacancia definitiva en la entidad territorial.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-006-2022-00595-01 3

Resaltó que si bien con la demanda se aportó la aludida sentencia del Juzgado 3° Administrativo de Monterí a a través de la cual se declaró la nulidad de los decretos contentivos de la planta de empleos y manual de funciones expedidos por el Departamento de Córdoba, esa misma providencia da cuenta de la falta de prosperidad del cargo expuesto

Administrativo de Monterí a a través de la cual se declaró la nulidad de los decretos contentivos de la planta de empleos y manual de funciones expedidos por el Departamento de Córdoba, esa misma providencia da cuenta de la falta de prosperidad del cargo expuesto por el demandante, puesto que, en su parte considerativa se mencionó expresamente que los efectos jurídicos generados por los actos demandados con anterioridad a la decisión judicial mantienen vigencia y, por tanto, conservan su validez. Y, en la resolutiva, ese despacho dispuso “que la anterior declaratoria de nulidad no conllevan la suspensión o la modificación del concurso merito adelantado con ocasión a la convocatoria 1106 de 2019 (Acuerdo CNSC-20191000002006 del 5 de marzo de 2019).” Además, no se observa que, previo a la declaratoria de insubsistencia, el demandante hubiere enterado a la Administración de alguna circunstancia excepcional que lo ubicara como sujeto de especial protección o que hubiere solicitado acciones afirmativas para su caso. Concluyó que al no desv irtuarse la presunción de legalidad que gobierna al acto administrativo acusado, debían negarse las pretensiones de la demanda. 4) El recurso de apelación. La parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Señaló que la interpretación que da el juzgado de primera instancia al afirmar que no hubo violación de los derechos de representado al mome nto de desvinculado de su cargo de trabajo, es errada, dada la condición de especial protección de las personas que ostentan

Señaló que la interpretación que da el juzgado de primera instancia al afirmar que no hubo violación de los derechos de representado al mome nto de desvinculado de su cargo de trabajo, es errada, dada la condición de especial protección de las personas que ostentan la calidad de pre pensionado, lo cual le otorga al demandante el cumplimiento de los requisitos para que proceda su reintegro y se ordene con la indemnización por los perjuicios causados.

Sostiene que el demandante nació el 12 de noviembre de 1962 y cumplió 59 años de edad en la misma fecha en el año 2021, acumuló un total de 20 años, 8 meses, y 11 días en su vida laboral, lo cual corresponde aproximadamente a 1051 semanas, las cuales tenía cotizadas hasta esa fecha en que fue retirado del servicio, en razón a que la entidad demandada le cotizó aportes a pensión en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en el fondo privado PORVENIR S.A., por lo que le faltaban menos de 3 años para reunir los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, situación de la que era conocedora el Departamento de Córdoba al momento de retirarlo del servicio, por lo que se le vulneraron sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social, la salud y en consecuencia a la vida digna, por cuanto la entidad accionada decidió omi tir la aplicación de las normas procesales contempladas en la Ley 1415 de 2021, numeral segundo del artículo 1 que modifica el artículo 2.2.12.1.2.2 del decreto 1083 de 2015, incurriendo en una actuación inconstitucional de acuerdo a lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia T

modifica el artículo 2.2.12.1.2.2 del decreto 1083 de 2015, incurriendo en una actuación inconstitucional de acuerdo a lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia T – 063 del 23 de febrero de 2022.

Además de lo anterior, a que la desvinculación fue realizada de forma irregular fundada en una falsa motivación del acto acusado, esto en razón a que inicialmente la Gobernación de Córdoba hizo parte de la convocatoria Territorial 2019, por medio del proceso de selección No. 1106 de 2019, adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y aun existiendo irregularidades en el decreto de la planta de empleos y en el decreto del ma nual de funciones del Departamento de Córdoba, este decidió seguir adelante con el concurso de méritos, sin embargo, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería profirió sentencia el 11 de noviembre de 2021 dentro del proceso d e radicación No. 2019-00478 declaró la nulidad de los actos administrativos de planta de empleos y manual de funciones que sirvieron de base para el proceso de selección del Departamento de Córdoba, a partir de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la misma, los cuales se cumplieron el 31 de mayo de 2022.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-006-2022-00595-01 4

Adicionalmente, la norma que regula la carrera administrativa establece que durante los seis (6) meses del periodo de prueba, las personas nombradas, no pueden realizar funciones diferentes a las que fueron nombradas como resultado del concurso de méritos,

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Adicionalmente, la norma que regula la carrera administrativa establece que durante los seis (6) meses del periodo de prueba, las personas nombradas, no pueden realizar funciones diferentes a las que fueron nombradas como resultado del concurso de méritos, para el caso que nos ocupa, es claro que los empleos y las funciones para las que concursaron los participantes del proceso de selección No. 1106 de 2019 desaparecen el 1 de junio de 2022, por tanto, esos nombramientos quedan sin efectos jurídicos de acuerdo a lo establecido en la ley 1437 de 2011, por lo que teniendo en cuenta la fecha de desvinculación del demandante, es claro que la persona que nombraron en su reemplazo no alcanzó a cumplir el periodo de prueba.

1. Trámite en segunda instancia.

El recurso de apelación se admitió mediante auto del 15 de julio de 2025.

La parte demandante, la demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. Consideraciones del Tribunal

a) La competencia.

El Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de una sentencia emitida en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de la parte recurrente, corresponde a este Tribunal determinar:

b) Problema jurídico.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de la parte recurrente, corresponde a este Tribunal determinar:

• Si el acto demandado es nulo al haber desaparecido los fundamentos de derecho que sustentaron la convocatoria al concu rso de méritos que conllevó a proveer en propiedad el cargo que ocupaba la demandante en provisionalidad dentro de la planta de personal del Departamento de Córdoba.

• Si la entidad demandada desconoció la condición de prepensionado del actor y si su inobse rvancia conlleva a la declaratoria de nulidad parcial del acto demandado.

Resuelto lo anterior, se deberá determinar si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

En ese orden, se procederá a analizar: (i) Del decaimiento del acto administrativo; (ii) Efectos de las sentencias de nulidad; (iii) La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados que ocupan cargos en provisionalidad frente a la realización de un concurso de méritos. Seguidame nte, se dará respuesta al primer problema jurídico planteado.

1. Del decaimiento del acto administrativo y sus efectos en concurso de méritos.

El artículo 91 del CPACA, en torno a la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos dispone: “ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

“ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligator iedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-006-2022-00595-01 5

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (05) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan vigencia.”

Sobre la pérdida de ejecutoria del acto administrativo o decaimiento del acto administrativo, el Consejo de Estado ha señalado de manera reiterada que ocurre cuando después de su expedición, sobreviene la ausencia de obligatoriedad de ejecución por alguna de las causales enlistadas en el artículo 91 del CPACA. Ahora bien, refiriéndose concretamente a la causal contenida en el numeral 2º de la norma citada, se ha sostenido que dicha causal contempla el supuesto en el cual no hay lugar a ejecutar una decisión administ rativa cuando desaparecen los fundamentos jurídicos de la misma; esto es, cuando el fundamento de la decisión examinada se encontraba en otro acto o norma que ha sido retirada del ordenamiento1.

cuando desaparecen los fundamentos jurídicos de la misma; esto es, cuando el fundamento de la decisión examinada se encontraba en otro acto o norma que ha sido retirada del ordenamiento1. Sobre los efectos de la pérdida de fuerza ejecutoria, en rec iente providencia la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado2 señaló:

“Al respecto, es adecuado indicar que el denominado decaimiento de los actos administrativos, en esencia es equivalente a lo que normativamente se concibió como el fenómeno y excepción de “pérdida de fuerza ejecutoria” de las manifestaciones expresas de la administración. Tal concepto corresponde a la falta de obligatoriedad de lo resuelto por la autoridad mediante determinado acto definitivo, es decir, la imposibilidad de la manifestación de voluntad estatal de seguir produciendo efectos jurídicos hacia futuro, ello en los términos del artículo 91 del CPACA que consagra lo siguiente:(…)

En tal sentido, es claro que con la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, no se discute ni se afecta su presunción de legalidad, así como tampoco se corrigen errores formales en la actuación, sino que, ante la configuración de alguna de las causales de la norma en comento, lo que se concreta finalmente es una excepción a la firmeza del acto, la cual puede ser planteada tanto por la administración como por el particular afectado cuando se materialice alguno de los mencionados supuestos habilitantes, ello con el fin de tener una causa legal y justificada para dejar de cumplir lo resuelto por la entidad.

Por esa misma razón, resulta consecuente afirmar que el aludido decaimiento opera

habilitantes, ello con el fin de tener una causa legal y justificada para dejar de cumplir lo resuelto por la entidad.

Por esa misma razón, resulta consecuente afirmar que el aludido decaimiento opera ipso iure (o de pleno derecho), esto es, sin que sea necesaria su declaratoria en vía administrativa o judicial, pues la consecuencia de su estructuración únicamente implica la ineficacia de la decisión administrativa, sin afectar su existencia ni su validez, dado que las causales en comento se concretan de manera posterior a la expedición del acto y no son inherentes a su propia esencia, sino a circ unstancias externas que imposibilitan el acatamiento material de la situación jurídica previamente creada, extinguida o modificada por la autoridad, tanto así que sus efectos siempre serán a futuro y no retroactivos como sucedería con una eventual nulidad”.

(ii) Efectos de las sentencias de nulidad.

Respecto de los efectos de las sentencias proferidas dentro del medio de control de nulidad simple contra actos administrativos de carácter general, el artículo 189 del CPACA se ocupó de regular lo concernien te a sus efectos de cosa juzgada erga omnes sin referirse a sus efectos en el tiempo, puesto que sobre este punto, en el inciso 3 se refirió a que tendrían efectos hacia futuro salvo que el juez indicara un efecto diferente, las dictadas sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artícul o 237 de la Constitución Nacional, esto es, las dictadas dentro del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad sobre los

1 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta - Consejero Ponente: Milton Chaves García, Nulidad y Restablecimiento del

es, las dictadas dentro del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad sobre los

1 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta - Consejero Ponente: Milton Chaves García, Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 76001-23-33-000-2018-00244-00 (28060). 2 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección A Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicac ión: 18001-23-33-000-2017-00170-01 (63012018)Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-006-2022-00595-01 6

decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.

Sin embargo, en vía jurisprudencial el Consejo de Estado ha señalado que para definir los efectos de una sentencia de nulidad hacia futuro -ex nunco hacia el pasado -ex tunc-, habrá que atenderse si se está frente a situaciones jurídicas consolidades o no. Así, en sentencia proferida por la Sala Plena de dicha Corporación en virtud del mecanismo de eventual revisión en acción de grupo sostuvo:

“4.4.1 Efectos «ex nunc» y «ex tunc» en la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo general

44. Respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de carácter

“4.4.1 Efectos «ex nunc» y «ex tunc» en la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo general

44. Respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de carácter general, demandado a través del medio de control previsto en el artículo 137 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el artículo 189 ibidem no señala ningún efecto en el tiempo que deba dársele a esa decisión; tema que ha sido abordado por la jurisprudencia de esta Corporación, a partir de las diferencias que existen entre declaración de nulidad y de inexequibilidad.

45. Concretamente, la declaración de nulidad conlleva una consecuencia restitutoria, como lo

señala el artículo 1746 del Código Civil:

La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita.

46. Esta consecuencia resarcitoria implica, en materia contenciosa administrativa, que los efectos de los fa llos que declaran la nulidad sean hacía el pasado, esto es ex tunc, ya que no basta que el acto ilegal sea retirado del ordenamiento jurídico a partir de la decisión judicial, sino que es necesario que las situaciones particulares que surgieron en su vigen cia queden como estaban ab initio, ya que no de otra manera podrían restituirse las cosas a su estado anterior.

47. Sin embargo, estos efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones jurídicas

que es necesario que las situaciones particulares que surgieron en su vigen cia queden como estaban ab initio, ya que no de otra manera podrían restituirse las cosas a su estado anterior.

47. Sin embargo, estos efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones jurídicas particulares que no están consolidadas, es decir, de aqu ellas que surgieron en virtud del acto declarado nulo, pero que aún no se han definido, porque se encuentran cuestionadas en sede administrativa o judicial.

48. No ocurre lo mismo respecto de las situaciones consolidadas que ya no son susceptibles de ser discutidas en vía administrativa y/o judicial, por cuanto los fallos de nulidad no las pueden afectar, porque sus efectos son ex nunc. (…)

50. Esta decisión también indicó que los actos administrativos particulares derivados, subsisten por sí mismos con todos sus atributos 16 sin que se vean afectados por la decisión de anulación del acto general en que se fundamentaron, pues no existe la figura de la «nulidad consecuencial o por consecuencia» o «nulidad ex officio». En otras palabras, la anulación del ac to general no conlleva la nulidad de los actos particulares derivados, pues es indispensable que sean cuestionados en sede administrativa y judicial. (…)

51. Así las cosas, la declaración de nulidad de un acto administrativo general no necesariamente afecta las decisiones particulares o derivadas, por cuanto ello pende de si están o no consolidadas y, mucho menos, conlleva su invalidación automática, consecuencial o ex oficio.”3

Ahora bien, tratándose de los efectos de la nulidad del acto administrativo general expedido en el marco de un concurso de méritos, resulta del caso señalar el Consejo de Estado en

Ahora bien, tratándose de los efectos de la nulidad del acto administrativo general expedido en el marco de un concurso de méritos, resulta del caso señalar el Consejo de Estado en sentencia de fecha 27 de abril de 2017 al pronunciarse sobre la legalidad de un artículo del acuerdo que convocó al proceso para proveer por concurso e l empleo de dragoneante, código 4141 de grado del Inpec y encontrar que había lugar a declarar la nulidad parcial de la norma que establecía un requisito de admisión, luego de realizar un análisis sobre los efectos -ex nunco -ex tuncy concluir que debí a realizarse un estudio en cada caso en concreto, indicó que la sentencia tendría efectos ex nunc, respecto de aquellos participantes que habían sido incluidos en listas de elegibles o que ya habían sido nombrados en período de prueba o en propiedad y efec tos ex tunc, es decir, con efectos retroactivos, desde el momento mismo de la expedición del acuerdo, respecto de las listas de elegibles que se

3 Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sala Novena Especial De Decisión Consejero ponente: Gabriel Val buena Hernández Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radi cación número: 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG)REVMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-006-2022-00595-01 7

encontraran pendientes por elaborar, para las cuales no se podía aplicar el aparte normativo demandado y que fue declarado nulo.

1. La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados que ocupan cargos en

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encontraran pendientes por elaborar, para las cuales no se podía aplicar el aparte normativo demandado y que fue declarado nulo.

1. La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados que ocupan cargos en provisionalidad frente a la realización de un concurso de méritos.

Al respecto, se tiene que el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 dispone: Artículo 12. Protección especial. De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley. Dicha norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C044 de 2004, en el entendido de que la protección debe extenderse a los padres que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen. Por su parte, en la sentencia SU-003 de 2018 la Corte Constitucional estableció que el requisito para acreditar la condición de prepensionado y ser beneficiario de esta protección constitucional es que, “las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que estén próximos (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos

protección constitucional es que, “las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que estén próximos (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas –o tiempo de servicio requerido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión”. De igual manera, en sentencia T-055 de 2020 la misma corporación al hacer un recuento de las circunstancias que pueden darse en los casos de personas próximas a pensionarse, fijó unos supuestos para determinar cuándo se está frente a casos de estabilidad reforzada así: “…Habida cuenta de esta última consideración, estas serían las situaciones que podrían presentarse con quien asegure ser un prepensionado en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida: Condición de la personal Condición de prepensionado a) Está a tres años o menos de cumplir edad y semanas cotizadas. Si b) Está a tres años o menos de cumplir la edad, pero ya cuenta con las semanas mínimas requeridas. No c) Está a tres años o menos de completar las semanas, pero ya cuenta con la edad. Si d) Está a tres años o menos de cumplir la edad, pero a más de tres años de cumplir las sem