TA COR - Sentencia 23-001-33-33-007-2020-00224-01 (18-07-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, dieciocho (18) de julio del año dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23-001-33-33-007-2020-00224-01

Demandante: Abraham de la Barrera Valero

Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Tema: Reconocimiento pensión de jubilación.

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia emitida el 3 de noviembre de 2023 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda

1.1 Pretensiones

En la demanda se solicita que se declare la ocurrencia del silencio administrativo negativo, por la no respuesta a la petición de reconocimiento de pensión de jubilación presentada por el actor el 17 de febrero de 2020. A su vez, que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto producto de la respuesta negativa a la petición de reconocimiento de la pensión de jubilación del actor y en consecuencia que se condene a la entidad demandada al reconocimiento aludido desde que el actor cumplió su estatus pensional (55 años de ed ad y 20 de servicios) de conformidad con la Ley 33 de 1985.

actor y en consecuencia que se condene a la entidad demandada al reconocimiento aludido desde que el actor cumplió su estatus pensional (55 años de ed ad y 20 de servicios) de conformidad con la Ley 33 de 1985.

Adicionalmente, pretende el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas, así como el pago de intereses moratorios.

Pretensión subsidiaria: Pretende que se reconozca el derecho pensional obviando el tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Finalmente, que se condene en costas a las demandadas.

1.2 Fundamentos fácticos

Se relata en la demanda que el docente demandante nació el 3 de enero de 1953, por lo que, cumplió cincuenta y cinco (55) años de edad el 3 de enero de 2008. Además, señala que laboró en el Departamento de Córdoba por espacio de 5 añ os, 7 meses y 17 días , mediante distintos decretos.

Luego, laboró en el Ministerio del Interior en el cargo de técnico administrativo, Código 4065, grado 12 de la planta global por 6 años, 5 meses y 11 días. Además, precisa que laboró por contratos de prestación de servicios en el Municipio de Lorica por 9 meses y 18 días, desde el 28 de agosto de 2000. Luego, fue nombrado docente en provisionalidad en el Municipio de Lorica desde el 5 de mayo de 2005 y nombrado con posterioridad durante el año 2006 y 2008 para

de agosto de 2000. Luego, fue nombrado docente en provisionalidad en el Municipio de Lorica desde el 5 de mayo de 2005 y nombrado con posterioridad durante el año 2006 y 2008 para finalmente ser nombrado en propiedad mediante Decreto N° 056 de 2009.Radicación Nº 23-001-33-33-007-2020-00224-01 2

Manifiesta que solicitó ante la NaciónMinisterio de Educación -FOMAG el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en la ley 33 de 1085 al tener vinculación con anterioridad a la ley 812 de 2003 , petición que no fue resuelta, configurándose el acto administrativo ficto o presunto.

1. Contestación de demanda

2.1 Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Contestó oportunamente la demanda oponiéndose a las pretensi ones de la demanda en la medida en que el Ministerio de Educación Nacional, no es la Entidad llamada a responder sobre estos temas, que versan sobre el reconocimiento, liquidación y pago de pensiones de los afiliados.

Como fundamento de defensa advirtió que las normas que alega el demandante no aplican a su situación jurídica, por cuanto se encontraban, en ese momento en una antinomia con el régimen general de pensiones, considera que si bien en un principio al actor, no le aplicarían las normas contenidas en la ley 812 de 2003, sí le aplican las normas contenidas en la ley 100 de 1993, por cuanto es en vigencia de estas normas que el docente se vinculó al servicio docente.

Agrega que aun teniendo en cuenta la vinculación más antigua celebrada p or el docente, no es

cuanto es en vigencia de estas normas que el docente se vinculó al servicio docente.

Agrega que aun teniendo en cuenta la vinculación más antigua celebrada p or el docente, no es posible aplicar la ley 33 de 1985. Esto pues, la norma se encontraba derogada por parte de la ley 100 de 1993 desde el año en que esta norma entró en vigor. Ahora, como la vinculación que pretende el demandante se tenga en cuenta comie nza el día 02 de febrero de 1996, bajo la vigencia de la ley 100 de 1993, el actor asume que por estar por fuera de la vigencia de la ley 812 de 2003, debería aplicársele la ley 33 de 1985. Sin embargo, la norma que deroga la ley 33 de 1985, no es la 812 de 2003, la cual solo armoniza el régimen docente de la ley 91 de 1989, con la ley 100 de 1993, sino que es la ley 100, la que deroga la ley 33 de 1985. Siendo así, el régimen especial al cuál hace alusión el docente, con el propósito de que se le otorgue una pensión ordinaria de jubilación, tipología errónea por lo demás ya que debe es perseguir la pensión de vejez contenida en la ley 100 de 1993.

Propuso como excepciones de fondo las de legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, buena fe e improcedencia de condena en costas.

1. La sentencia apelada

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Montería emitió sentencia de primera instancia el 3 de noviembre de 2023, decidiendo negar las pretensiones de la demanda.

1. La sentencia apelada

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Montería emitió sentencia de primera instancia el 3 de noviembre de 2023, decidiendo negar las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de la decisión y luego del recuento probatorio señaló la juez de instancia que se acreditó que el docente tomo posesión como docente oficial en provisionalidad desde día 03 de junio de 2004, pues a través del Decreto No. 093 del 25 de mayo de 2004 donde se vinculó al Magisterio hasta el año 2005, se interrumpe su vinculación en este, ingresando nuevamente como docente nombrado en periodo de prueba vinculado desde el día 01 de agosto de 2008 fecha en que tomó posesión, a través del Decreto 404 del día 23 de julio de 2008.

Señala que, si bien en la demanda la parte actora aporta vinculaciones por órdenes de prestación de servicios desempeñándose como docente y otros cargos con el Ministerio del Interior y el municipio de Santa Cruz de Lorica, sobre las mismas no existe prueba que se hayan realizado aportes a seguridad social y no es posible sumar este tiempo al que lleva en el Magisterio desde el 23 de julio de 2008 y mucho meno s considerar que haya cumplido su estatus pensional en el 17 de abril de 2011 ; contrario a ello, s e encuentra probado en el expediente que el docente se encuentra vinculado al magisterio desde la fecha antes señalada, esto es desde el 25 de mayo de 2004, es decir, después de la ent rada en vigencia de la Ley 812 de 2003, si bien el Departamento de Córdoba certificó que mediante Decreto N° 000367 de fecha 22 de febrero de

de 2004, es decir, después de la ent rada en vigencia de la Ley 812 de 2003, si bien el Departamento de Córdoba certificó que mediante Decreto N° 000367 de fecha 22 de febrero de 1978 con posesión el 1º de marzo el actor prestó servicios como docente no se probó los aportes a la seguridad soc ial. Por lo que no le es aplicable la Ley 33 de 1985 y por lo anterior, decidió negar las pretensiones de la demanda.

1. El recurso de apelaciónRadicación Nº 23-001-33-33-007-2020-00224-01

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4.1 parte demandante

La parte actora a través de apoderado presentó recurso de apelación en contra de la decisión adoptando precisando que se incurren en contradicciones en la sentencia cuando en el acápite de lo probado en el expediente se enlistan las vinculaciones laborales que tuvo el demandante con diferentes entidades, desde el año 1978 hasta 2003, y luego durante los años 2006, 2007 y parte del 2008 con el municipio de Lorica; pero, luego, en el caso concreto se indica que el docente se encuentra vinculado al magisterio des de el 25 de mayo de 2004, es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Señala que se debe tener en cuenta, que la mora o la falta de cotizaciones no se le puede trasladar al trabajador, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, a ñade, que conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo referente a los aportes en materia del régimen de seguridad social en pensiones de los contratistas de prestación de servicios, que, estos solo

jurisprudencia del Consejo de Estado en lo referente a los aportes en materia del régimen de seguridad social en pensiones de los contratistas de prestación de servicios, que, estos solo tienen la obligación de efectuar dichos aportes a partir de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, lo cual ocurre el 29 de enero de 2003, cuando se reforma el artículo 15 de la ley 100 de 1993, sobre afiliados al mencionado sistema.

Además, considera que el A quo no debe desconocer que la obli gación de efectuar las cotizaciones al sistema de seguridad social integral corresponde al empleador, quien debe, además de efectuar el aporte que le corresponde descontar lo correspondiente al trabajador, citando los artículos 4° de la Ley 797 de 2003 y el artículo 22 de la ley 100 de 1993.

De otro lado, alude que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 establece una corresponsabilidad de las entidades de los diferentes regímenes, quienes deben adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador. Y, la s dotan de instrumentos de cobro, pudiendo efectuar la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, la cual prestará mérito ejecutivo, a través de cobro coactivo, establecido en el artículo 57 de la citada ley. Siendo una obligación legal establecida en cabeza del empleador el efectuar los aportes al sistema de seguridad social, no le corresponde al empleador probar que efectivamente se hicieron, que ello ocurrió, y en caso de estar probado que no se hicieron aportes a seguridad social, esa no se le puede cargar al trabajador, pues no es posible que la demandada y las entidades empleadoras aleguen su propia omisión.

efectivamente se hicieron, que ello ocurrió, y en caso de estar probado que no se hicieron aportes a seguridad social, esa no se le puede cargar al trabajador, pues no es posible que la demandada y las entidades empleadoras aleguen su propia omisión.

Conforme lo señalado, solicita que se revoque la sentencia apelada y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

1. El trámite en segunda instancia

El 11 de abril de 2025 se admitió el recurso presentado por la parte demand ante dentro del presente proceso.

Las partes y el señor agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Cumplido el trámite pertinente y sin que se avizore irregularidad o causal que afecte la legalidad de la actuación se procede a proferir la se ntencia que en derecho corresponda previas las siguientes,

II.Consideraciones del Tribunal

a) La competencia.

El Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de una sentencia proferida en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico.Radicación Nº 23-001-33-33-007-2020-00224-01 4

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de la parte recurrente, corresponde a este Tribunal determinar el siguiente problema jurídico:

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Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de la parte recurrente, corresponde a este Tribunal determinar el siguiente problema jurídico:

¿Determinar si le asi ste el derecho al demandante a que la entidad demandada le reconozcan su pensión vitalicia de jubilación desde que cumplió su status pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta el tiempo que laboró a través de contratos de prestación de servicios? Para resolver el fondo del asunto, la Sala estudiará los siguientes aspectos: i) Del reconocimiento de pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 y ii) Caso concreto. i) Del reconocimiento de pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 La Ley 91 de 1989, en su artículo 3 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad esta que de acuerdo con su artículo 5 numeral 1 es la encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados a dicho fondo. Dicha normatividad en su artículo 1° hizo una distinción entre los docentes afilados a dicho fondo, así: los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales. Asimismo, el artículo 15 numeral 1º ibídem dispone que el régimen prestacional de los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, será el que han venido gozando en cada entidad territorial, de acuerdo a las normas vigentes, mientras que los docentes nacionales y los que se vinculen con posterioridad al 1º de enero de 1990, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y

y los que se vinculen con posterioridad al 1º de enero de 1990, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro. Por su parte, la Ley 60 de 1993, en cuanto al régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados, dispuso: “El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y l as nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial (…)” Posteriormente, el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que “(…) el régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público oficial es el establecido para e l Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de ésta”. A su vez, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, señaló en su artículo 81 que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio educativo, es el establecido para el

señaló en su artículo 81 que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio educativo, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley. Por lo anterior, para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que venían vinculados antes de la entrada en vigencia de la citada ley, esto es, el 27 de junio de 2003, el régimen pensional aplicable será el que se encontraba vigente para el Magisterio en esa fecha, como lo es la Ley 91 de 1989. De igual forma, es dable destacar que el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003, no le es aplicable a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), sino por el contrario, como ya se dijo, el régimen aplicable es el establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes; posición que ha sido reafirmada por el Consejo de Estado 1, cuando dispuso sobre el a rtículo 3 del Decreto 3752 de 2003 que: “ No resulta aplicable para el caso sub júdice, ya que el artículo 81 de la ley en mención establecía que “(…) el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”, situación en la que se encuentra el demandante como docente oficial vinculado desde el 1º de febrero de

encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”, situación en la que se encuentra el demandante como docente oficial vinculado desde el 1º de febrero de

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, veintitrés (23) de marzo del dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 66001-23-33000-2013-00417-01(0058-15)Radicación Nº 23-001-33-33-007-2020-00224-01 5

1980, de la misma manera lo reitera el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005”. Conforme lo dicho, a los docentes que se rigen por la Ley 91 de 1989, sin importar que sean nacionales, nacionalizados o territoriales, su régimen pensional es el establecido en la Ley 33 de 1985, la cual reguló una pensión de jubilación a todos los empleados públicos y en su artículo 1° estableció unos requisitos para acceder a la pensión ordinaria de jubilación y son que el empleado oficial: i) hubiere servido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos; y ii) tenga cincuenta y cinco (55) años de edad. En ese orden, se hace necesario indicar que el artículo 3º de la Ley 33 de 1985 -modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 - previó como factores salariales para liquidar la pensión los siguientes: “ asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo

salariales para liquidar la pensión los siguientes: “ asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio”. Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 25 de abril de 2019 2, unificó jurisprudencia en cuanto a la liquidación de las pensiones de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial, estableciendo que para establecer el ingreso base de liquidación pensional se deben tener en cuenta únicamente los factores en la norma que regula su pensión. De otra parte, es dable indicar que al momento de resolver sobre el reconocimiento pensional de los docentes el Consejo de Estado, al estudiar sobre las órdenes de prestación de servicios como tiempos computables para dicho reconocimiento, ha tenido en cuenta el principio de la primacía de la realizada sobre las formas3. En ese orden, el citado cuerpo colegiado ha sostenido que: “(…) De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se trata de maestros, la C orte Constitucional es del criterio que la «[ ... ] primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional [ ... ]» 9, y si el intérprete judicial, «[ ... ] en un caso concreto , decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP [...]». En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la

encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP [...]». En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia (…)” De igual forma, al estudiar específicamente una pensión de jubilación el citado cuerpo colegiado tuvo en cuenta el tiempo de vinculación de contratos de prestación de servicios: “(…) Así las cosas, toda vez que en el presente asunto la demandante se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, antes del 26 de junio de 2003, pues su vinculación a través de contratos de prestación de servicios se efectuó desde el 01/02/1990 y por nombramiento, el 09/08/1994. En consecuencia, se colige que a la demandante la rige lo dispuesto en la Ley 91 de 29 de diciembre de 19894 en lo referente al régimen pensional. (…)”5. Tesis que ha sido reiterada por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado en providencias de fecha 11 de febrero de 2021 6 y 17 de junio de 2022 7 como se aprecia a continuación, así:

Tesis que ha sido reiterada por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado en providencias de fecha 11 de febrero de 2021 6 y 17 de junio de 2022 7 como se aprecia a continuación, así: Providencia de fecha 11 de febrero de 2021 Del recuento previamente expuesto y en atención a la jurisprudencia constante de esta Corporación, es claro que procede contabilizar el tiempo durante el cual la demandante prestó sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, pues es evidente que tal vínculo no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajeno al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes – empleados públicos: (…)

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación, - SUJ-014CES2-2019, 25 de abril de 2019, Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortes. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017) 4 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C. P. William Hernández Gómez, Bogotá D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Radicación: 70001233300020130005201.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C. P. William Hernández Gómez, Bogotá D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Radicación: 70001233300020130005201. 6 Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D. C., Once (11) De Febrero De Dos Mil Veintiuno (2021). Radicación Número: 54001-23-33-000-2012-00047-01(1990-14) 7 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección A Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas Bogotá, D. C., Diecisiete (17) De Junio De Dos Mil Veintidós (2022)Radicación Nº 23-001-33-33-007-2020-00224-01 6

Así las cosas, es dable computar los tiempos laborados por la actora bajo la modalidad de «contratos de prestación de servicios» para efectos del reconocimiento prestacional; y la entidad demandada – en este caso el Departamento de Norte de Santander 8, quien a su vez deberá repetir contra el municipio de los Patios9tiene la responsabilidad de incluir el porcentaje que le correspondía al empleado, al no haberle realizado ningún descuento.10 (negrillas de la Sala)

Providencia de fecha 17 de junio de 2022 “Pues bien, para la Sala, el a quo incurre en un yerro al considerar que no es posible tener los tiempos laborados por la actora bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios para efectos pensionales, por las siguientes razones: (…)

“Pues bien, para la Sala, el a quo incurre en un yerro al considerar que no es posible tener los tiempos laborados por la actora bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios para efectos pensionales, por las siguientes razones: (…) En ese orden, en principio, los lapsos respecto de los cuales se celebraron contratos de prestación de servicios deben ser considerados como tiempos laborados para efectos pensionales, en razón a que la Sala, se reitera, ha defendido la tesis según la cual ante la existencia de este tipo de negocios jurídicos es posible tener en cuenta el período durante el cual subsistió esa relación contractual como tiempo de servicio efectivamente laborado y acumulable en materia de acreditación de requisitos para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación, bajo el entendido de que el interesado d esempeñó una función similar a aquella que realizan los docentes oficiales vinculados a través de una relación legal y reglamentaria.” (negrillas de la Sala).”

En ese mismo sentido, La Sección Segunda del Consejo de Estado11 realizó precisiones sobre la obligatoriedad de efectuar los aportes pendientes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por parte del docente y su entidad empleadora en orden de financiar la prestación», indicando lo siguiente: «… el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es quien debe cancelar las sumas y emolumentos que se pagan a los docentes afiliados a este y no las entidades territoriales certificadas a las cuales pertenece dicho personal, tal como se reitera en la línea de interpretación pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Este postulado se sintetiza en que las consecuencias económicas que se derivan de los actos administrativos proferidos en virtud de

pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Este postulado se sintetiza en que las consecuencias económicas que se derivan de los actos administrativos proferidos en virtud de la desconcentración funcional radicada en los entes certificados, se consolidan única y exclusivamente bajo la responsabilidad de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FNPSM. Como sustento de lo afirmado, es destacable el hecho de que el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, (el cual fue derogado por la Ley 1955 de 2019, y poster iormente modificado por el artículo 57 ejusdem), señala que las pensiones de los docentes oficiales serán reconocidas y pagadas por el aludido fondo mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien la administre, el cual en todo caso debe ser elaborado por el secretario de educación de la entidad territorial certificada a la que se encuentre vinculado el docente . Empero, a pesar de la referida conjugación de intervinientes en el íter administrativo descrito, resulta imperioso precisar qu e ello no despoja a la mentada entidad de previsión de la competencia para reconocer y pagar las prestaciones sociales de los educadores estatales, aun ante la suscripción de encargos fiduciarios para la administración y pago material de tales prestaciones , pues ello es constitutivo de una situación externa que determina un procedimiento para materializar un derecho, pero no desplaza las obligaciones impuestas legalmente a una autoridad para garantizarlo. […] A contrario sensu, tal como lo esgrimió el Departamento de Arauca en su recurso de apelación, este no es responsable ni se encuentra legitimado para asumir la carga económica de la referida prestación, así como tampoco para concurrir parcialmente

Departamento de Arauca en su recurso de apelación, este no es responsable ni se encuentra legitimado para asumir la carga económica de la referida prestación, así como tampoco para concurrir parcialmente en ella, debido a que su actuar de trámite en la actuació n administrativa no lo sujeta a lo decidido y menos a sus efectos cuando ello normativamente está asignado al FNPSM en virtud de su naturaleza jurídica. […] Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, y con la claridad de que la entidad territorial vinculada no debe ser condenada al pago concurrente de la pensión de jubilación objeto del litigio, sí debe destacarse que la orden específica de la sentencia respecto de dicha autoridad en el ordinal cuarto es: «[…] que el Departamento de Arauca concurra al pago d e la pensión, realizando los aportes correspondientes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo que (sic) atinente a las sumas que le corresponde aportar.» A partir de este planteamiento, estima la Subsección que en todo caso, una ve z enervada la responsabilidad de la parte apelante en cuanto al reconocimiento concurrente de la pensión debatida, es menester validar también la procedencia de la condena en su contra inherente al pago a favor del FNPSM de las cotizaciones a pensión a nom bre de la demandante por el período durante el cual esta se desempeñó como docente mediante contratos de prestación de servicios, de acuerdo con las previsiones del artículo 8.° de la Ley 91 de 1989, artículo 81, inciso 4.° de la Ley 812 de 2003, así como los artículos 9 y 1