TA COR - Sentencia 23-001-33-33-008-2024-00243-01 (19-12-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, diecinueve (19) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23-001-33-33-008-2024-00243-01

Demandante: Suad Elena Tapias Flórez Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Córdoba Tema: Diferencia en incremento salarial Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia

El Tribunal procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2025 , emitido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Montería , mediante la cual declaró probada la excepción denominada legalidad del acto administrativo y procedió a negar las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. Demanda

La parte demandante relata que para los años 2006 y 2007 se realizaron incrementos salariales iguales para todos los docentes oficiales que pertenecían al nuevo escalafón docente, sin embargo, para los años 2008 y 2009 se determinaron incrementos de manera indiscriminada para los grados 1B en relación con el 1A, de la siguiente forma:

2008: Grado 1A – incremento del 14.11%, Grado 1B – incremento del 10.23%. 2009: Grado 1A – incremento del 15.61%, Grado 1B – incremento del 12.11%.

2008: Grado 1A – incremento del 14.11%, Grado 1B – incremento del 10.23%. 2009: Grado 1A – incremento del 15.61%, Grado 1B – incremento del 12.11%.

Manifestó que si se hubiese realizado un incremento del salario igual tanto para el grado 1A como para el 1B el salario quedaba de la siguiente forma:

2008: Grado 1A – Salario de 804.993, Grado 1B – Salario 1.095.441, diferencia salarial – 37.225 2009: Grado 1A – Salario de 930.658, Grado 1B – Salario 1.266.440, diferencia salarial – 80.110

En ese sentido, señaló que esta variación en la base salarial de los años 2008 y 2009 afectó de manera directa los salarios futuros, ya que cada año el aumento se aplica sobre la base salarial anterior, por lo que se ha decretado un salario inferior en la categoría a la que pertenece la demandante, esto sin justificación legal. Conforme a ello, indicó que radicó ante el Ministerio de Educación Nacional y al Departamento de Córdoba la reclamación Administrativa, la cual fue negada por las entidades.

Conforme a lo expuesto, solicitó la inaplicación del Decreto Nacional No. 284 de 20241 y que se declare la nulidad de aquellos decretos que lo modifiquen, adicionen, aclaren o revoquen en relación con la asignación salarial correspondiente a la categoría 1B de docente al considerar que los salarios de los 3 años anteriores a la fecha de pre sentación de la reclamación administrativa debieron ser superiores a lo ordenado, esto de conformidad con el artículo 46 del Decreto-Ley No. 1278 de 2002.

considerar que los salarios de los 3 años anteriores a la fecha de pre sentación de la reclamación administrativa debieron ser superiores a lo ordenado, esto de conformidad con el artículo 46 del Decreto-Ley No. 1278 de 2002.

1 El cual derogó el Decreto No. 887 del 2 de junio de 2023, que derogó a su vez el Decreto No. 449 de 2022 y que a si mismo derogó el Decreto Nacional 965 de 2021 y que con posterioridad derogó el Decreto Nacional 319 de 2020.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente No. 23-001-33-33-008-2024-00243-01 2

Igualmente, solicit ó la nulidad de l oficio No. 2024 -EE-058205 del 2 8 de febrero de 2024 proferido por la Nación – Ministerio de Educación a través de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, del acto administrativo No. COR2024EE007302 y el oficio No. AF-2024-0228 del 4 de marzo de 2024, emitido por el Área Administrativa y Financiera del Departamento de Córdoba, por medio de los cuales negaron a la demandante las diferencias en los incrementos salariales que fueron decretados de manera indiscriminada y desigual en los años 2008 y 2009 para el grado de escalafón 1B en comparación con el incremento realizado al grado 1A, es por ello que la docente tiene derecho a que las entidades demandadas le reconozcan y paguen las diferencias salariales causadas en los últimos 3 años anteriores a la reclamación administrativa por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal.

Finalmente, pide que se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de

paguen las diferencias salariales causadas en los últimos 3 años anteriores a la reclamación administrativa por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal.

Finalmente, pide que se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima de navidad, de servicios, de vacaciones, la bonificación pedagógica, horas extras, diferencias salariales que por concepto de cesantías anualizadas se hubieren causado, igualmente que las entidades reconozcan y paguen los ajuste de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo, al pago de lo los intereses moratorios y a que se dé cumplimiento al fallo de conformidad con el artículo 192 y siguientes del CPACA.

1. Contestación de la demanda

Departamento de Córdoba: Se debe indicar que el demandado en su escrito de contestación hizo referencia al incremento salarial del año 2011 otorgado a los grados 2 y 3 del nivel A, situación fáctica que no es debatida en la presente demanda.

Argumentó que en virtud de que los actos administrativos recurridos son expedidos por el Ministerio de Educación, es esta la entidad responsable de la motivación de los mismos. Indicó que la competencia para reglamentar y expedir los decretos de fijación salarial de los servidores públicos docentes recae únicamente en el Gobierno Nacional y no en las entidades territoriales, pues el Departamento de Córdoba carece de competencia para modificar cualquier aspecto de la normatividad salarial aplicable a los docentes.

Por otra parte, señaló que los decretos de los años 2008 y 2009 mediante los cuales se dispusieron incrementos salariales específicos para los educadores con títulos de posgrados,

Por otra parte, señaló que los decretos de los años 2008 y 2009 mediante los cuales se dispusieron incrementos salariales específicos para los educadores con títulos de posgrados, responde a un enfoque de estímulo y reconocimiento del esfuerzo realizado por los docentes al mantener una formación continua, siendo esta política salarial completament e válida y justificada, ya que los incrementos salarios dispuestos no solo cumplen con los objetivos de profesionalización del sector docente, sino también se alinean con el marco de la Ley 4 de 1992, es por ello que concluye que el Decreto No. 0284 de 202 1 junto con sus decretos predecesores se encuentran conformes al marco de legalidad aplícale, sin que se incurra en una transgresión a las normas que regulan el gasto público.

Como excepciones propuso las siguientes, caducidad de la acción, falta de legitimación en la causa por pasiva, legalidad del acto administrativo demando , inexistencia del derecho reclamado y prescripción.

Nación-Ministerio de Educación Nacional: La entidad se opone a cada una de las pretensiones de la demanda y como fundamento realizó un análisis de la competencia del legislador y el Poder Ejecutivo para regular el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la administración central, así mismo, hace un recuento de las normas aplicables al caso como la Ley 91 de 1989, la cual estableció que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 seguirían bajo el régimen que venían gozando en cada entidad territorial y aquellos nacionales y nacionalizados que fueran vinculados a partir del 1° de enero de 1990 se regirían por la normatividad vigente del sector público.

entidad territorial y aquellos nacionales y nacionalizados que fueran vinculados a partir del 1° de enero de 1990 se regirían por la normatividad vigente del sector público.

Explicó que de conformidad con el artículo 20 del Decreto-Ley No. 1278 de 2002 el escalafón docente oficial está conformado por tres grados (1, 2 y 3), cada grado cuenta con 4 niveles salariales (A, B, C y D) y para determinar en qué grado y nivel se inscribe a un docente se tienen en cuenta ciertos criterios, además indicó que el docente puede acceder a laMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente No. 23-001-33-33-008-2024-00243-01 3

reubicación de nivel o ascenso de grado2 esto previo a una acreditación de requisitos y que el docente supere las evaluaciones de desempeño y de competencias , así mismo, señaló que debe existir disponibilidad presupuestal.

Señaló que es importante que se tenga claro el grado y nivel de cada docente puesto que no se pueden equiparar las condiciones de formación y de experiencia del grado 1A con las del grado 1B, es por ello que ante la supuesta vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, el demandado indicó que no se está ante un juicio de igualdad, ya que el esca lafón de los docente contempla diferencia entre los grados que lo integran, por lo que no sería posible aplicar el principio a trabajo igual salario igual para así justificar que el porcentaje de aumento del salario deba ser el mismo.

Así mismo, señaló que se buscó que los decretos que efectuaron los ajustes equipararan los salarios de los nuevos docentes con los de profesionales de las ciencias sociales que se

aumento del salario deba ser el mismo.

Así mismo, señaló que se buscó que los decretos que efectuaron los ajustes equipararan los salarios de los nuevos docentes con los de profesionales de las ciencias sociales que se desempeñaban fuera del servicio oficial educativo, en ese sentido indicó que los aument os salariales correspondientes al año 2008 tienen su base en que se buscó superar en algunos casos el IPC del año 2007, esta situación se dio particularmente para los salarios de los grados 1 y 2 nivel A, teniendo en cuenta que en estos grados se encontrab a la mayor población docente y con lo cual se pretendía retribuirle el esfuerzo realizado por continuar con su formación académica y el incremento salarial del año 2009 se debió a que durante ese año se llevaron a cabo los procesos de ascensos de grados y de reubicación en el escalafón, es por ello que era importante establecer la asignación básica mensual que le correspondiera a la gran mayoría de los docentes que ascendían o fueran reubicados de nivel.

Finalmente, propuso como excepciones el indebido med io de control de legalidad de actos administrativos de carácter general, presunción de legalidad de los actos administrativos, prescripción, falta de requisitos en la respuesta dada por el Ministerio de Educación, inexistencia de norma violada, inexistencia de vulneración del principio de igualdad, aplicación debida de los principios del derecho por parte del gobierno nacional, abuso del derecho, legalidad del gasto público, improcedencia del principio de favorabilidad, caducidad del medio de control y rest ablecimiento del derecho, falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional, aplicación estricta del principio de seguridad jurídica y buena fe.

1. La sentencia apelada.

de control y rest ablecimiento del derecho, falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional, aplicación estricta del principio de seguridad jurídica y buena fe.

1. La sentencia apelada.

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería declaró probada la excepción denominada legalidad del acto administrativo demandado propuesta por el Departamento de Córdoba y, en consecuencia, ordenó negar las pretensiones de la demanda. Como fundamento de la decisión, señaló que los actos administrativos recurridos no se encuentran afectados por las causales alegadas por la parte demandante, pues se logró determinar que las normas que se alegan como vulneradas no establece que el aumento anual que realiza el G obierno Nacional deba ser en un mismo porcentaje para todos los docentes.

Así mismo, explicó que en cuanto a la diferencia en los incrementos salariales para los grados de escalafón 1A y 1B en los años 2008 y 2009 sobre los cuales señala la demandante que se fundamentaron en criterios subjetivos, no se logró probar dentro del proceso, ya que no se acreditó como los artículos 13 y 53 de la Constitución Política y los artículos 1, 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992 le imponen al Gobierno Nacional una obligación de fijar un mismo incremento salarial a los docentes de diferentes niveles salariales.

Por otra parte, aclaró que aquellos docentes en los niveles 1B y 1A del escalafón si bien realizan las mismas funciones y dependen del mismo ente nominador, no se les puede aplicar un test de igualdad de conformidad con lo establecido por el Consejo de Estado . Ahora,

realizan las mismas funciones y dependen del mismo ente nominador, no se les puede aplicar un test de igualdad de conformidad con lo establecido por el Consejo de Estado . Ahora, teniendo en cuenta que la demandante alega la desigualdad salarial , el A quo citó un pronunciamiento del Consejo de Estado donde se relaciona la carga de la prueba que debe ejercer el reclamante para estructurar la desigualdad alegada, conforme a lo expuesto,

2 Explicó que el ascenso hace referencia al paso de un grado a otro dentro del escalafón docente esto es del 1 al 2 del 2 al 3 y del 3 al 4, pero conservando el nivel salarial. La reubicación es cuando se pasa al nivel siguiente dentro del grado en que e l docente se encuentre ubicado, es decir pasar del grado 2A al grado 2B.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente No. 23-001-33-33-008-2024-00243-01 4

concluyó que no le asistía razón a la demandante en cuanto a la existencia de un incremento descoordinado entre los niveles 1A y 1B para el año 2008 y 2009 ya que estos son grados totalmente diferentes y no pueden equipararse, igualmente, señaló que el incremento de los salarios de todos los docentes fue superior al índice de precios del consumidor.

Igualmente, indicó que el Gobierno Nacional no está en la obligación de incrementar en la misma proporción porcentual a los servidores públicos y que además ese puede limitar el aumento anual siempre que el empleado devengue un sa lario igual o inferior a 2 SMLMV, situación que se configura en el presente caso, además, señaló que el incremento

misma proporción porcentual a los servidores públicos y que además ese puede limitar el aumento anual siempre que el empleado devengue un sa lario igual o inferior a 2 SMLMV, situación que se configura en el presente caso, además, señaló que el incremento del año 2009 no afectó el derecho a la remuneración mínima vital y móvil, toda vez que no se afectó el poder adquisitivo del salario de los docente en el escalafón 1B.

Así mismo, consideró que los actos acusados no vulneran los artículos 46 y 49 del DecretoLey 1278 de 2022, puesto que el hecho de no haberse aumentado el salario de los docentes oficiales correspondientes al grado de escalafón 1B en un porcentaje igual a los del 1A durante los años 2008 y 2009, no significa que se esté ante la vulneración de derechos y principios constitucionales.

Finalmente, en cuanto a la excepción de inconstitucionalidad alegada concluyó que no se acreditó que la inaplicación por vía de excepción del Decreto No. 284 de 2024 implique necesariamente que el incremento salarial de los docente ubicados en el escalafón 1B deba efectuarse en la misma proporción porcentual que el de los docentes del escalafón 1A, esto debido a que para la vigencia del año 2024 todos los salarios de los docentes fueron ajustados en un mismo porcentaje, superando la variación del índice de precios al consumidor correspondientes al 2023.

1. Recurso de apelación3.

El apoderado de la parte deman dante solicitó que se revocará la sentencia de primera instancia de fecha 19 de septiembre de 2025 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo

1. Recurso de apelación3.

El apoderado de la parte deman dante solicitó que se revocará la sentencia de primera instancia de fecha 19 de septiembre de 2025 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Montería, el cual negó las pretensiones de la demanda; considera que se presenta una disparidad salarial injustificada entre los escalafones, ya que para los años 2006 y 2007 el Gobierno Nacional incrementó los salarios de formas iguales para todos los docentes oficiales sin efectuar distinción alguna entre cada grado. A su vez indicó que este tratamiento igualitario obedeció al reconocimiento de que los docentes ingresados bajo el Decreto -Ley No. 1278 de 2002 se encontraban en condiciones equivalentes en cuanto a su vinculación legal, su régimen prestacional y sobre todo en relación con las funciones que les eran asignadas por el Estado.

Frente a esto, explicó que los incrementos realizados durante esos años presuponen el reconocimiento tácito de una homogeneidad funcional entre los docentes del decreto en mención, r eflejando que, si bien existen niveles en razón del mérito y la formación, las funciones esenciales del cargo son compartidas por todos los educadores oficiales. A pesar de ello, alegó que para el año 2009 el tratamiento salarial que venía siendo uniforme entre los grados del escalafón fue abruptamente modificado por el Gobierno Nacional, conllevando a la vulneración de los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, los mandatos establecidos en la Ley 4 de 1992 y lo establecido en el Decreto-Ley 1278 de 2002, además argumentó que tal incrementó careció de una justificación técnica y clara.

la Ley 4 de 1992 y lo establecido en el Decreto-Ley 1278 de 2002, además argumentó que tal incrementó careció de una justificación técnica y clara.

La demandante resaltó que a pesar de que los docentes ubicados en el grado 1B cumplen con mayores exigencias formativas y de evaluación que los del grado 1A, la administración para el año 2009 optó por asignarle a estos últimos un incremento salarial mayor sin ninguna justificación. A juicio de la parte actora esta situación no solo desincentiva la profesionalización y el ascenso dentro del escalafón docente, sino que además vulnera los derechos adquiridos por los docentes que, con fundamento en su esfuerzo y mérito, accedieron legítimamente a un nivel salarial superior.

Por otra parte, trae a colación una sentencia emitida por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín de fecha 25 de marzo de 2025 con radicado No. 05001 -33-333 Expediente digital – 23RecursoApelaciónSentenciaDte – folio 3 al 36Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente No. 23-001-33-33-008-2024-00243-01 5

023-2024-00171-00, por medio de la cual al momento de resolver un asunto con los mismos presupuestos de esta demanda resolvió conceder las pretensiones, al considerar que, si se presentaba un trato salarial discriminatorio e injustificado, lo que violaba derechos fundamentales y principios laborales ; indicó que esta providencia merece una especial revisión por parte del juez de instancia.

Seguidamente, manifestó que el estado en su rol de empleador está en la obligación de

fundamentales y principios laborales ; indicó que esta providencia merece una especial revisión por parte del juez de instancia.

Seguidamente, manifestó que el estado en su rol de empleador está en la obligación de demostrar la objetividad de los incrementos salariales, esto es que los ajustes porcentuales se apliquen de forma equitativa y que no incurran en desigualdad frente a otros . En ese sentido, deben exist ir criterios técnicos o normativos que expliquen estos incrementos, conforme a ello, expuso que los actos administrativos demandados adolecen de causales de nulidad ya que fueron proferidos con infracción de las normas superiores al momento de ordenar un i ncremento porcentual salarial diferenciado para los años 2008, 2009 y 2011, desconociendo los principios constitucionales y legales, lo que ha generado que en la actualidad los docentes estén percibiendo un salario inferior al que deberían estar percibiendo.

Si bien el A quo adujó que el incremento salarial estuvo fundamentado en una variable objetiva relacionada con la posición en el escalafón docente y no en una determinación arbitraria o caprichosa de la autoridad competente, tal argumento no es admisi ble para la demandante, refirió que la sentencia de primera instancia adolece de un análisis exhaustivo y razonado en relación a la ausencia de justificación sobre la limitación de los incrementos porcentuales diferenciado en los años 2008, 2009 y 2011. El fallo recurrido omitió indagar sobre las razones de hecho y de derecho, así como el fundamento técnico que tuvo en cuenta la administración para aplicar incrementos desiguales en distintas anualidades.

De igual manera, aclaró que en ningún momento se ha negado la competencia que la

de hecho y de derecho, así como el fundamento técnico que tuvo en cuenta la administración para aplicar incrementos desiguales en distintas anualidades.

De igual manera, aclaró que en ningún momento se ha negado la competencia que la Constitución Política y la ley le otorgan al Gobierno Nacional para establecer el régimen salarial y prestacional de los docentes. Tampoco cuestiona las atribuciones que tienen para ordenar y decretar los incrementos salariale s porcentuales diferenciados para los docentes del escalafón, esto en virtud de los factores que incidente en la política salarial, como los factores socioeconómicos y financieros.

En ese orden de ideas, expresó que el Decreto Nacional No. 284 de 2024 el cual regula la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos tiene un defecto estructural en el cálculo de la anualidad de los años 2008, 2009 y 2011, toda vez que los incrementos salariales porcentuales fijados para esos años fueron aplic ados de manera desigual, así mismo, alegó que la base salarial errónea ha sido replicada año tras año lo que ha afectado no solo a los trabajadores en ese momento sino que se ha acumulado en el tiempo, es por ello que insistió en que los actos demandados vulneran los derechos de los docentes lo cual conlleva a la nulidad de los mismos.

Además, señaló que la respuesta dada por el Ministerio de Educación en cuanto a que los incrementos salariales buscaban la dignificación de la carrera docente mediante el reconocimiento de la formación académica y el avance profesional resulta incoherente con la realidad; la entidad en cuestión no logro demostrar que los incrementos salariales hubiesen sido aplicados de manera justa y equitativa. 5) Trámite del proceso

reconocimiento de la formación académica y el avance profesional resulta incoherente con la realidad; la entidad en cuestión no logro demostrar que los incrementos salariales hubiesen sido aplicados de manera justa y equitativa. 5) Trámite del proceso El recurso de apelación fue admitido mediante auto de fecha 25 de noviembre de 2025.

II. Consideraciones del Tribunal a) La competencia.

La Sala es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 152 numeral 2 del C.P.A.C.A., dado que las pretensiones de la demanda superan el monto de cincuenta (50) salar ios mínimos legales mensuales vigentes estipulados en dicha normatividad. Norma que estaba vigente al momento de la presentación de la demanda.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente No. 23-001-33-33-008-2024-00243-01 6

b) Problema jurídico. Corresponde a la Sala, conforme al contenido del recurso de apelación presentado por la parte demandante, resolver el siguiente cuestionamiento:

Determinar si es procedente declarar la nulidad de los actos administrativos demandados los cuales negaron el reconocimiento y pago a la docente de las diferencias causadas en los últimos tres (3) a ños a partir de la presentación de la reclamación administrativa, al considerar que los incrementos salariales realizados al escalafón docente en el grado 1B frente al 1A para los años 2008 y 2009 fueron injustificados, por lo que habría lugar a inaplicar el Decreto Nacional No. 284 de 2024, o si por el contrario el incremento salarial realizado en esos años se dio conforme a la norma.

injustificados, por lo que habría lugar a inaplicar el Decreto Nacional No. 284 de 2024, o si por el contrario el incremento salarial realizado en esos años se dio conforme a la norma.

Para resolver el anterior planteamiento, la Sala procede rá a estudiar lo siguiente: i) Del sistema de escalafón de los docentes, ii) Régimen salarial de los docentes, iii) Del principio “a trabajo igual, salario igual” y iv) Caso concreto.

1. Del sistema de escalafón de los docentes

Los Decretos-Ley No. 2277 de 1979 y 1278 de 2002 rigen el sistema especial de carrera de los docentes, el primero de ellos establece el régimen especial para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de aquellos que desempeñan la profesión de docente en los distintos niveles y modalidades que integran al sistema educativo nacional, el capítulo III de este decreto regulo lo relacionado con el escalafón nacional docente y lo define en su artículo 8° como aquel sistema de clasificación de los educadores de conformidad con su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos, así mismo, el artículo 9° establece la creación y grados, indicando que el escalafón nacional docente estará constituido por catorce grados en orden ascendente, del 1 al 14, este decreto es aplicable aquellos docentes que fueron nombrados en propiedad antes del año 2002. Ahora, el Decreto -Ley No. 1278 del 2002 tiene por objeto establecer el estatuto de profesionalización docente el cual regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, lo que garantizaría que el ejercicio de la docencia se ejerciera por educadores

profesionalización docente el cual regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, lo que garantizaría que el ejercicio de la docencia se ejerciera por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias, esto atributos serían los que orientarían todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servicio. (artículo 1°) El decreto en mención solo será aplicable para aquellos que se vinculen a partir de la vigencia del decreto, así mismo el artículo 2° establece que los educadores estatales deberán ingresar primero al servicio y en caso de superar satisfactoriamente el periodo de prueba, se inscribirán en el escalafón docente, el capítulo II establece los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal y clases de nombramiento, ARTÍCULO 7. Ingreso al servicio educativo estatal. A partir de la vigencia de este decreto, para ingresar al servicio educativo estatal se requiere poseer título de licenciado o profesional expedido por una institución de educación superior debidamente reconocida por el Estado o título de normalista superior y, en ambos casos, superar el concurso de méritos que se cite para tal fin, debiendo ejercer la docencia en el nivel educativo y en el área de conocimiento de su formación. Quienes posean título de normalista superior expedid o por una escuela normal superior reestructurada, expresamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, podrán ejercer la docencia en educación primaria o en educación preescolar. (…) ARTÍCULO 8. Concurso para ingreso al servicio educativo estatal. El concurso para ingreso al servicio educativo estatal es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de

ARTÍCULO 8. Concurso para ingreso al servicio educativo estatal. El concurso para ingreso al servicio educativo estatal es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente, se determina su inclusión en el listado de elegibles y se fija su ubicación en el mismo, con el fin de garantizar disponibilidad permanente para la provisión de vacantes que se presenten en cualquier nivel, cargo o ár ea de conocimiento dentro del sector educativo estatal.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente No. 23-001-33-33-008-2024-00243-01 7

(…) ARTÍCULO 12. Nombramiento en período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspo ndiente año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses. Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será sujeto de una evaluación de desempeño lab oral y de competencias. Aprobado el período de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo docente adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Escalafón Docente, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto. Con la entrada en vigencia del presente decreto es requisito para ingresar al servicio educativo estatal tener un título de licenciado o profesional el cual debe ser expedido por una institución educativa superior la cual debe estar debidamente reconocida por el Estado o en su defecto

en el presente decreto. Con la entrada en vigencia del presente decreto es requisito para ingresar al servicio educativo estatal tener un título de licenciado o profesional el cual debe ser expedido por una institución educativa superior la cual debe estar debidamente reconocida por el Estado o en su defecto un título de normalista superior, no obstante, se debe superar el concurso de mér